Por Joaquín Olona. Publicado en iagua el 4 de mayo de 2018.
La protección permanente de los núcleos urbanos frente a avenidas debe ser una prioridad absoluta frente a cualquier otro interés.
No debemos limitarnos a lograr un cauce preferente y una la llanura de inundación más resilientes. También podemos y debemos reducir la probabilidad de inundación o de su periodo de retorno aumentando la capacidad de regulación del río en el marco de la unidad de cuenca.
Joaquín Olona. Zaragoza, 18 de junio de 2017.
Río Ebro a su paso por Zaragoza en junio de 2017.
Oponerse al trasvase del Ebro desde Aragón tiende a tacharse de insolidario desde el resto de España. Se trata de una valoración injusta consecuencia, fundamentalmente, de una política hidrológica que, en demasiadas ocasiones, atiende prioridades o intereses que poco o nada tienen que ver realmente con los problemas del agua y sus soluciones.
Los problemas del agua, al menos en la Cuenca del Ebro, no son consecuencia tanto de su escasez física como de las dificultades económicas, sociales y ambientales para acceder a la misma.
La extrema irregularidad hidrológica, tanto espacial como temporal, propia de la Cuenca del Ebro hace que el acceso al agua dependa de la disponibilidad de infraestructuras hidráulicas, tanto de regulación como de transporte que, necesariamente, alteran unas condiciones naturales hidrológicas que condicionan el desarrollo.
La aridez o falta permanente de agua en el suelo que también caracteriza a la Depresión Central del Ebro, y que no debe confundirse con la sequía, impide el aprovechamiento del elevado potencial agroalimentario de la zona. Este potencial sólo puede aprovecharse en su plenitud mediante el regadío, que sigue apreciándose como opcíón válida y deseable para el desarrollo socioeconómico y territorial de Aragón.
La transformación de secano en regadío es un proceso de desarrollo todavía inconcluso en Aragón y por el que, desde el Gobierno de Aragón apostamos junto a la modernización del regadío ya existente. Es el caso del Plan de Riegos del Alto Aragón (1916), los Regadíos del Canal de Bardenas (1932) o de los del Canal del Civán (968). Sin olvidar los que, respondiendo a reivindicaciones históricas, ni siquiera han llegado a iniciarse; es el caso de los Regadíos de La Litera Alta o del Canal de la Margen Derecha del Ebro. También hay que tener presentes los regadíos infradotados que dependen de mejoras en la regulación como es el caso, por ejemplo, de los Regadíos del Jalón.
Esta demanda de regadío insatisfecha lo es en tanto que depende de la construcción de obras hidráulicas (Yesa, Almudévar, Biscarrués, Mularroya y otras) competencia de la Administración General del Estado (AGE), que permitan utilizar caudales disponibles, ahora no utilizados, imprescindibles para el desarrollo de Aragón. Unas actuaciones que, acumulando años de retraso, vienen careciendo del compromiso presupuestario necesario en los Presupuestos Generales del Estado. Tampoco cuenta la AGE con el Gobierno de Aragón, que es quien tiene las competencias en materia de regadíos, todo lo que debería en la planificación y gestión de estos proyectos hidráulicos.
Las actuaciones hidráulicas, así como las del regadío propiamente dicho, además de inversión pública exigen innovaciones institucionales que se sumen a las tecnológicas. El Gobierno de Aragón ya la está adoptando con el desarrollo de un marco de financiación alternativo al derivado de la obsoleta Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 que apuesta por las Comunidades de Regantes. Porque el uso eficiente del agua, atendiendo a su naturaleza económica como bien comunal (elevada rivalidad y difícil exclusión), depende del acierto en la configuración de soluciones institucionales específicas, basadas en la cooperación y el acuerdo, distintas del mercado así como de la intervención.
También es preciso revisar el concepto de «cuenca excedentaria». Particularmente cuando, como ocurre en la del Ebro, la irregularidad temporal de caudales es extrema. Por ejemplo, el caudal del Ebro a su paso por Zaragoza oscila entre menos de 10 m3/s en estiaje y más de 2.000 m3/s, que es cuando se considera avenida extraordinaria. Pero, sobre todo, porque una cuenca sólo debería calificarse como excedentaria una vez aseguradas las necesidades y expectativas de desarrollo interno de la misma así como asegurados los caudales ecológicos circulantes, incluidos los que, necesariamente, deben llegar al mar. Unas condiciones que exigen conocimientos técnicos y capacidades políticas que distan mucho de las actuales.
El maltrato y desconsideración del que tradicionalmente ha sido objeto Aragón en materia de agua se refleja en el Estatuto de Autonomía, particularmente en dos de sus artículos:
Aragón acredita una generosidad y solidaridad no siempre correspondida desde los poderes centrales. No obstante, la solidaridad es deseable que la practique el fuerte en beneficio del débil. Cuando un territorio menos desarrollado como Aragón niega la transferencia de unos recursos que necesita para su desarrollo a otros que, como los litorales, están más desarrollados o pueden hacerlo con recursos alternativos, no practica la insolidaridad sino que apela a la justicia y a la sostenibilidad.
Joaquín Olona. Zaragoza, 14 de marzo de 2017.
El próximo 25 de marzo se reunirán en Roma los dirigentes de veintisiete Estados miembros de la Unión Europea para celebrar el 60 aniversario de los Tratados de Roma. Con ello se pondrá en marcha un debate sobre el futuro de la Unión Europa, recordándonos que Europa ha mejorado nuestras vidas, que debemos velar porque siga mejorando la de los que vendrán detrás de nosotros y que siempre nos ha ido mejor cuando nos hemos mantenido unidos.
Para orientar el debate, la Comisión acaba e publicar «El Libro Blanco sobre el futuro de Europa« en el que se exponen cinco escenarios y una serie de instantáneas sobre el posible estado de la Unión en 2025 en función de las decisiones que se tomen.
La hoja de ruta incluida en el Libro Blanco cuenta con que el Consejo Europeo pueda extraer las primeras conclusiones a finales de este mismo año determinando de ese modo una línea de actuación con vistas a las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2019.
Como temas objeto de reflexión durante el próximo trimestre se contemplan la dimensión social de Europa, el aprovechamiento de la globalización, la seguridad y defensa, la Unión Económica y Monetaria así como las Finanzas.
Como fortalezas de la Unión Europea se resalta el hecho de tener las sociedades más igualitarias del mundo, contar con los sistemas de seguridad social más avanzados, que pueden ofrecer soluciones a los retos sociales en todo el mundo, y el que la comunidad científica europea está a la vanguardia de la investigación mundial en materia de salud.
Entre los retos el Libro Blanco señala el despliegue de nuevos derechos sociales para adecuarse a la evolución del mundo laboral así como la modernización de los sistemas de protección social para asegurar su sostenibilidad y adaptarlos a las nuevas realidades demográficas y laborales en el contexto de una profunda digitalización de la sociedad en la que se desdibujan las diferencias entre los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, entre los bienes y los servicios o entre los consumidores y los productores.
También considera como desafíos la ambiciosa descarbonización de la economía, la reducción de las emisiones nocivas, la profundización en la adaptación a las crecientes presiones medioambientales y climáticas así como la configuración de nuevas funciones en la industria, las ciudades y los hogares y la aplicación de nuevas fuentes de energía. Todo ello ejerciendo el liderazgo en «ciudades inteligentes», en el uso eficiente de recursos naturales, en la lucha mundial contra el cambio climático y en las tecnologías energéticas renovables. Pero también, el hecho de que Europa tendrá, en 2030 y con una edad mediana de 45 años, la población más enevejcida del mundo.
Joaquín Olona. Zaragoza, 5 de marzo de 2017.
Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. De ahí el desarrollo legislativo sobre gestión de estas especies. Una legislación nacional que, a diferencia de la comunitaria, todavía no tiene en cuenta el contexto económico y social.
Tras la promulgación de la Sentencia 637/2016, de 16 de marzo de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que obliga a eliminar ciertas especies exóticas invasoras que sustentan una importante actividad económica en determinadas zonas en función del elevado valor piscícola alcanzado, es preciso consensuar nuevas estrategias que conduzcan el perfeccionamiento legislativo que impone la consideración de la realidad socioeconómica del medio sobre el que se pretende actuar. Particularmente en el Bajo Ebro, donde el río original fue convertido en embalse viéndose obligados los municipios afectados a reorientar su economía.
Acuerdo entre los ayuntamientos ribereños del Bajo Ebro y el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón para formular nuevas estrategias de pesca sostenible. Zaragoza, 3 de marzo de 2017.
En coherencia con el cumplimiento de la Sentencia antes referida, el Plan General de Pesca de Aragón para 2017 autoriza, como medida de gestión y eliminación, la pesca de las especies exóticas invasoras que se detallan a continuación, en los tramos donde fueron introducidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en régimen extractivo obligatorio y con la obligación para el pescador de sacrificar todos los ejemplares capturados en el mismo momento de su captura, : Carpa común (Cyprinus carpio) y sus variedades. Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). Salvelino (Salvelinus fontinalis). Black bass (Micropterus salmoides). Siluro (Silurus glanis). Lucioperca (Sander lucioperca). Perca europea (Perca fluviatilis). Alburno (Alburnus alburnus). Rutilo (Rutilus rutilus). Escardino (Scardinius erythrophthlmus). Pez gato (Ameiurus melas). Lucio (Esox lucius). Pez Sol (Lepomis gibbosus).
Esta disposición se fundamenta en el artículo 10.5 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, que establece que se podrá contemplar la caza y la pesca como métodos de control, gestión y erradicación de las especies incluidas en el Catálogo español de especies exóticas invasoras y cuya introducción se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, cuando este objetivo quede recogido en los instrumentos normativos de caza y pesca y se circunscriba a las áreas de distribución ocupadas por estas especies con anterioridad a esa fecha.
También se apoya en el artículo 64.3 de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que señala que la prohibición genérica, relativa a las especies exóticas invasoras, de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior podrá quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la autoridad competente, cuando sea necesario por razones de investigación, salud o seguridad de las personas, o con fines de control o erradicación, en el marco de estrategias, planes y campañas que, a tal efecto, se aprueben.
Pero la pesca deportiva orientada expresamente a la eliminación del recurso que la sustenta, dada la importancia económica y social alcanzada, resulta incoherente con los principios de sostenibilidad. Es por ello que, sin renunciar al objetivo de lucha contra la pérdida de biodiversidad, es preciso trabajar en la línea que muestra el Reglamento (UE) nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras.
Dicho Reglamento señala en su considerando doce que con el fin de evitar costes excesivos o desproporcionados para los Estados miembros y salvaguardar el valor añadido de la actuación de la Unión deben tomarse en consideración los gastos de aplicación para los Estados miembros, el coste de la inacción, la rentabilidad y los aspectos sociales y económicos. En este contexto, al seleccionar las especies exóticas invasoras que deben figurar en la lista de la Unión, se debe prestar especial atención a las especies que se utilizan mucho y que proporcionan beneficios sociales y económicos en un Estado miembro, sin comprometer los objetivos del Reglamento. En este sentido, el artículo 18 establece excepciones a la obligación de erradicación rápida de modo que, basándose en sólidas pruebas científicas, un Estado miembro podrá decidir no aplicar medidas de erradicación, si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:
a) se demuestra que la erradicación resulta técnicamente inviable, porque no se pueden aplicar los métodos disponibles en el entorno en que está establecida la especie exótica invasora;
b) un análisis de costes y beneficios demuestra, basándose en los datos disponibles y con certeza razonable, que los costes serán, a largo plazo, excepcionalmente elevados y desproporcionados con respecto a los beneficios de la erradicación;
c) los métodos de erradicación no están disponibles, o lo están, pero tienen efectos negativos muy graves en la salud humana, el medio ambiente u otras especies.
Para avanzar en la línea apuntada sin renunciar a las acciones administrativas y políticas que puedan abordarse a corto plazo para atenuar el grave impacto económico y social de la Sentencia del Tribunal Supremo, que es preciso acatar, hace falta profundizar en los diferentes ámbitos científico, jurídico y político de modo que puedan alcanzarse soluciones estables atendiendo a la triple dimensión ambiental, económica y social de la sostenibilidad.
Joaquín Olona. Zaragoza, 24 de febrero de 2017.
La extensión agraria, eufemísticamente denominada «asesoramiento» en Europa, es imprescindible para el desarrollo de la agricultura del conocimiento, que es la que tiene la respuesta a los retos de la seguridad alimentaria, la productividad, la competitividad y el medio ambiente.
Clausura de la jornada de presentación de los proyectos RICA y Siasa promovidos por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa orientados a vertebrar un sistema de asesoramiento agroalimentario. Zaragoza, 22 de febrero de 2017.
Las potencias agrícolas como Estados Unidos, Canadá o Australia concentran buena parte del apoyo público a su agricultura en la generación de conocimiento y su trasferencia a los agricultores. La propia PAC vigente obliga a los estados miembros a poner a disposición de los agricultores un sistema de asesoramiento. Este sistema, que en Aragón se está poniendo en marcha en un marco que apuesta por la innovación institucional, pretende ser la extensión agraria del siglo XXI. Un sistema descentralizado que, dotado de un importante apoyo público, también se pretende que esté protagonizado por los agricultores como vía más segura para que redunde en su beneficio, que debe concretarse en la mejora de sus rentas.
La agronomía y los agricultores han logrado resultados espectaculares en la mejora de los rendimientos agrícolas y, con ello, en el aumento de la productividad de la tierra. Durante los últimos cincuenta años los rendimientos por hectárea del maíz, por ejemplo, se han multiplicado por diez. Sin embargo, la renta de los agricultores sigue siendo, como hace cincuenta años, la mitad que la del resto de los españoles y de los europeos. Este refleja el fracaso social de la política agraria, que debería poner ahora un especial énfasis en la mejora de la renta, tanto en su elevación como en su estabilización, a través de la productividad del trabajo.
La experiencia internacional demuestra que la transferencia de conocimiento no es viable sin apoyo público y que en países donde se ha privatizado completamente, como es el caso de Reino Unido, se observa que las empresas desatienden a los agricultores redirigiendo su actividad hacia objetivos más lucrativos. Porque es preciso reconocer que un asesoramiento estrictamente privado sea fiable y viable , sobre todo cuando se refiere a recursos e impactos públicos o comunes tales como el agua, el genoma, la contaminación difusa, las plagas, el clima o los ciclos geoquímicos.
Por otro lado, a medida que las tecnologías agrarias se convierten en bienes privados a través de las patentes, los procesos de transferencia se privatizan con cargo directo o indirecto a los agricultores. Sin embargo, en este marco, el asesoramiento técnico está impulsado por intereses no siempre compatibles ni coherentes con los de los agricultores.
Consecuentemente, deben ser los propios agricultores quienes se involucren en la configuración de un sistema de asesoramiento que redunde en su beneficio. Un sistema que supone un reto institucional de primer orden que, en Aragón, está impulsando el propio Gobierno y que cuenta con el apoyo del sector tal y como de manifiesto los proyectos RICA y Siasa promovidos por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Dos proyectos que, financiados por la medida de cooperación del Programa de Desarrollo Rural gestionado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, suponen una importante contribución al desarrollo y configuración del sistema de asesoramiento que la agroalimentacion aragonesa necesita.
Por Joaquín Olona. Zaragoza, 17 de febrero de 2017.
La solución de los grandes retos agroambientales exige innovaciones no sólo tecnológicas sino, también, institucionales. El modelo de gestión de purines desarrollado por la ADS nº 2 de porcino, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), es un magnífico ejemplo práctico de ello.
Aragón se está convirtiendo en la potencia de referencia del sector porcino europeo. No sólo por su importancia productiva creciente sino, sobre todo, por su desarrollo tecnológico y organizativo o institucional.
El elevado grado de competitividad alcanzado se manifiesta en las elevadas tasas de exportación del sector que se basan, a su vez, en los importantes avances tecnológicos y sanitarios logrados. Toca ahora dar respuesta al reto ambiental que supone la gestión sostenible de los estiércoles producidos en forma de purines. El «Centro Gestor de purines» desarrollado en Ejea de los Caballeros por la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) nº2 , basado en la acción colectiva y la colaboración entre agricultores y ganaderos con la finalidad de utilizar los purines como fertilizante agrícola, ha demostrado su eficacia e interés. Tanto es así que es el modelo adoptado como solución general a extender al conjunto de la Comunidad Autónoma por el Gobierno de Aragón mediante el decreto que, sobre gestión de estiércoles, se publicará próximanente.
Joaquín Olona en la inauguración de la muestra de Alimentos «Made in Aragón» organizada por la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón en el Hipercor del centro comercial Grancasa. Zaragoza, 10 de octubre de 2016.
Para lograr una cadena alimentaria que reparta de forma más equitativa entre sus agentes el valor que genera, remunerando de forma más justa a los productores, es preciso apelar a la responsabilidad de todas las partes, también de los consumidores que son los que, con sus decisiones de compra, acaban determinando la orientación del sistema agroalimentario.
Es preciso abandonar la idea de que la distribución y el comercio son los únicos responsables de los desajustes que sufre la cadena alimentaria en relación con un valor que se genera en todos sus eslabones. También es preciso aludir a la eficiencia, que incluye la competitividad del conjunto del sistema agroalimentario. Porque no puede repartirse el valor que previamente no se crea.
Para que la agroalimentación aragonesa sea lo que debe ser y lo que merece, contribuyendo con ello al crecimiento económico, al desarrollo y al empleo, es necesario profundizar en la cooperación entre todos sus agentes.
La cooperación debe aplicarse también en materia de promoción. La colaboración entre la Asociación de Industrias de Alimentación de Aragón e Hipercor es un buen ejemplo de como trasladar los mensajes de los productores de alimentos a los consumidores, a través de un cetro comercial. Se traduce en un espacio permanente de unos 30 m2 de superficie en el que está representada una selección de casi 400 referencias de más de 60 proveedores. Esta exposición se irá ampliando y renovando constantemente para dar entrada a nuevas referencias y favorecer el lanzamiento de nuevos productos, al tiempo que será un espacio vivo con promociones y degustaciones.
Joaquín Olona en la inauguración de la Granja Valseca de la Cooperativa Virgen del Rosario de San Mateo de Gállego, 8 de Octubre de 2016.
Hasta hace pocos años, para ver la tecnología porcina más avanzada, había que salir de España. En estos momentos, si se quiere conocer la vanguardia tecnológica del sector porcino hay que venir a Aragón.
Siendo muy importante el desarrollo tecnológico como base de la competitividad y, por tanto, de la sostenibilidad económica, lo es todavía más, si cabe, la sostenibilidad social y ambiental que, con carácter vanguardista y basado en la cooperación, también aportan los nuevos proyectos que se están desarrollando en Aragón.
El Grupo Alendi, con 7.500 cerdas de cría distribuidas en dos explotaciones ubicadas en Almudévar y San Mateo de Gállego supone la incorporación de la economía social a la producción porcina, que es la principal componente de la producción final agraria aragonesa. Un proyecto que también es una muestra de economía circular en la medida que los purines obtenidos son utilizados como fertilizantes agrícolas.
La sostenibilidad económica, social y ambiental es la clave para afianzar el liderazgo que ya ejerce Aragón en el sector porcino, sin duda el más competitivo del panorama agroalimentario internacional.
Joaquín Olona en lainauguración de la Carpa del Ternasco. Zaragoza, 7-10-2016.
El «Ternasco de Aragón» no sólo es el producto estrella de la ganadería ovina sino que forma parte de nuestras señas de identidad y es un elemento sobresaliente de nuestra gastronomía. Al igual que es difícil imaginar Aragón sin «ternasco», ya no cabe pensar en unas fiestas del Pilar sin la «Carpa del Ternasco», que este año celebra su décima edición. Se trata de un ejemplo excelente de promoción agroalimentaria innovadora que ha sabido posicionarse con visibilidad destacada en una de las citas festivas más importantes de España y de Hispanoamérica.
La ganadería ovina mantiene con el territorio uno de los pactos más antiguos y fructíferos que se puedan conocer. Sin embargo, presenta importantes dificultades y amenazas que, en vez de ser atenuadas y compensadas se ven acentuadas por un Política Agrícola Común (PAC) que maltrata a este sector. Prueba de ello es la preocupante reducción del censo ovino durante los últimos años, una situación que sólo puede revertirse mediante una reforma en profundidad de la PAC, tal y como proponemos desde el Gobierno de Aragón.
El «Ternasco de Aragón», que fue la primera Indicación Geográfica Protegida (IGP) reconocida en España para carne fresca, ofrece reconocimiento, valor añadido y utilidad, más allá de su mera conservación, a las razas autóctonas que sostienen su producción.
La Carpa del Ternasco es posible al esfuerzo, el cariños y la ilusión del Grupo Pastores y de la IGP, que configuran uno de los mejores y más destacados ejemplos de lo que es posible lograr, incluso es un sector tan difícil como es el ovino, cuando se combina con inteligencia la cooperación y la innovación. Dos ejes imprescindibles que es preciso combinar e impulsar para lograr que la agroalimentación aragonesa sea lo que merece y lo que todos esperamos de ella.
Joaquín Olona en la clausura de la Jornada «El Regadío de Bardenas de Aragón y Navarra en la Cuenca del Ebro». Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 22 de septiembre de 2016.
¿Cómo sería Aragón sin regadíos y sin regulación hidráulica? ¿Cómo sería Ejea si no existiera el embalse de Yesa y sin sus 33.000 hectáreas de regadío?
En Aragón, la regulación hidráulica y los regadíos son consustanciales al desarrollo socioeconómico y la vertebración territorial.
Las verdaderas amenazas en relación con el agua, en el contexto de cambio climático, no son de escasez física ni de agotamiento del recurso como equivocadamente establece el paradigma dominante. El problema es la existencia de una institucionalidad obsoleta que dificulta ver y hacer ver con claridad los problemas y retos que afronta la gobernanza del agua en el siglo XXI.
Es hora de que la visión mítica del agua y del regadío con la que Aragón ha forjado su identidad de paso a otra visión más realista que asegure su progreso y desarrollo.
La escasez de agua no es física sino económica. En el contexto de acentuada aridez e irregularidad hidrológica propia de la zona central de la Depresión del Ebro, que se verá incrementada con el cambio climático, el problema es de falta de regulación así como de contaminación y calidad de las masas de agua.
El agua agraria no es propiamente un bien público sino que es un bien de carácter comunal, que es parecido pero no exactamente lo mismo. Es por ello que la asignación y uso eficiente del agua exige instituciones, es decir, normas formales e informales por las que se rigen los usuarios, que antepongan la cooperación, la acción colectiva y la descentralización a la competencia, el mercado y la intervención pública. Estas instituciones ya existen, pero es preciso fortalecerlas dotándolas de los medios e incentivos adecuados para que evolucionen y se adapten. Se trata de las Comunidades de Regantes, o mejor dicho, de Usuarios. Su reconocimiento internacional contrasta con la escasa valoración y deficiente comprensión de lo que son y representan. Sobre todo en las instancias europeas así como por parte de quienes se atribuyen la exclusividad de la cultura del agua.
La política de modernización de los regadíos fue certera en su inicio al identificar a las Comunidades de Regantes como protagonistas de las acción. Sin embargo erro en su desarrollo al no comprender bien su verdadera función y someterlas a una intervención pública excesiva. Pero sobre todo, que al limitar la acción modernizadora a las infraestructuras físicas y no entender que la verdadera modernización sólo de producirá si se modernizan las Comunidades de regantes, que es lo que proponemos desde el Gobierno de Aragón como clave de las innovación de la arquitectura institucional que exige la gobernanza del agua y del regadío.
Urge un nuevo marco financiero que permita afrontar las inversiones en el corto plazo evitando los elevados costes de oportunidad que implica posponer las actuaciones sin un horizonte claro y concreto.
Este proceso innovador, que ya se ha traducido en algunas medidas legislativas que es preciso completar, resulta imprescindible para adecuar la gobernanza del agua y del regadío a nuestra realidad social, política y económica. Una realidad que poco o nada tiene que ver con la que condujo a la promulgación de la Ley de 7 de julio de 1911 sobre obras hidráulicas con destino a riegos ni a la de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 que todavía conforman la institucionalidad vigente del regadío y que, obviamente, urge modernizar.