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Reforma de la PAC: ¿Todas las Comunidades Autónomas buscamos tan solo maximizar nuestro pedazo de tarta?

Zaragoza, 12 de septiembre de 2021

Quienes representamos a las Comunidades Autónomas en relación con la Reforma de la PAC, a juzgar por los análisis dominantes, parece ser que carecemos de otra visión y propósito que no sea el logro del mayor presupuesto posible en el reparto del importe nacional a expensas del resto.

Debería resultar obvio que la obligación de los consejeros autonómicos es la defensa de los intereses de su Comunidad respectiva. Más aún cuando su posición está refrendada por acuerdos y mandatos que incluyen a los propios parlamentos regionales. Pero eso no implica que tan solo se busque maximizar el sobre autonómico a expensas del resto del Estado; y mucho menos que siempre se haga de manera insolidaria, desleal y con absoluta falta de visión de Estado.

No es Aragón, en absoluto, la única Comunidad Autónoma que mantiene criterios y posiciones relativas a la Reforma de la PAC que trascienden esa visión tan miope y estrecha que se nos achaca. Tampoco es Aragón una excepción en la formulación de acuerdos con otras Comunidades Autónomas que, atendiendo a criterios geográficos, agronómicos o de otra índole, persigue contribuir a la mejor formulación posible del Plan Estratégico Nacional.

La posición aragonesa en relación con la reforma de la PAC, sustentada en un amplio y sólido acuerdo político y social, defiende la concentración de las ayudas en el apoyo directo de la renta de quienes más dependen de la actividad agraria en función de sus ingresos. Ello no excluye, en absoluto, a quienes practican la agricultura a tiempo parcial ya que en ningún momento hemos identificado al “profesional” con quien acredita ingresos exclusivamente agrarios. Es más, hemos admitido porcentajes de ingresos agrarios tan escasos como el 25%, incluyendo las ayudas de la PAC, para considerar al beneficiario como profesional a los efectos de la PAC y vincularlo así a la preferencia que reivindicamos. Una preferencia que resulta determinante para la defensa de los jóvenes y del rejuvenecimiento del sector ya que el apoyo a su incorporación viene exigiendo en la práctica niveles de profesionalidad más elevados.

Concentrar la ayuda en los “profesionales”, una vez establecidas las correspondientes limitaciones de pagos por encima de determinadas cantidades y condiciones, haciendo uso sobre todo de la Ayuda redistributiva a la renta, equivale a concentrar la ayuda en quienes más la necesitan, siendo además la vía más eficaz para afrontar la brecha de renta existente entre los agricultores y el resto de los ciudadanos.

Pero para que la ayuda se concentre efectivamente en quienes más la necesitan exige, a su vez, la supresión de unas referencias históricas y de unos derechos individuales que, además de injustos e ineficaces, bloquean la redistribución de los fondos respecto de cualquier objetivo que se plantee, incluido el del género.

El sistema de derechos se ha traducido en anomalías sociales y territoriales que es preciso subsanar con la mayor urgencia posible. Así, desde Aragón también propugnamos la reducción significativa del número de regiones productivas, así como la aceleración del proceso de convergencia, tal y como de hecho le exige a España la propia Comisión Europea. Es la única vía para que desaparezcan las aberrantes diferencias actualmente existentes en los pagos por hectárea, de modo que por producir lo mismo en las mismas o similares condiciones se aplique el mismo pago por hectárea.

También defendemos desde Aragón que la ganadería extensiva, dadas las especiales dificultades que afronta y el importante papel socio-territorial y ambiental que desempeña, tenga un tratamiento preferente a través de las ayudas asociadas de modo que el pago por cabeza se incremente de forma significativa, sobre todo en el caso de la ganadería ovina.

Sorprende que estas propuestas hayan sido valoradas como interesadas para Aragón, cuando no descalificadas por su falta de contribución a la necesaria política de Estado. Consecuentemente cabría formular las siguientes preguntas:

  • ¿Acaso sólo hay dependientes de la agricultura y de la ganadería en Aragón?
  • ¿Es que en el resto de España no hay agricultores y ganaderos que aspiran a vivir de la actividad agraria?
  • Si la exigencia de acreditar cualquier porcentaje de ingresos procedentes de la agricultura, incluyendo las ayudas, por mínimo que sea, se interpreta que excluye a los agricultores a tiempo parcial ¿Qué se entiende entonces por agricultor y agricultura a tiempo parcial?
  • Sabiendo que es preciso afrontar mayores exigencias ambientales de las que se derivarán, sin duda, mayores costes ¿No es conveniente reforzar el apoyo a la renta de quienes más se van a ver afectados y mayor esfuerzo deberán hacer (los profesionales)?
  • ¿Acaso la brecha de renta que sufren los agricultores y ganaderos no es un serio obstáculo para la mejora social, económica y ambiental de nuestra agricultura y ganadería?
  • ¿Podemos afrontar realmente los retos del rejuvenecimiento, del género, de la competitividad y de la sostenibilidad marginando en las ayudas a la profesionalidad agraria?
  • ¿Podemos afrontar realmente el futuro del mundo rural y la despoblación marginando en las ayudas la profesionalidad agraria?
  • ¿No cabe considerar como cuestión de estado los problemas y retos que plantea la ganadería extensiva?

La cuestión de los derechos históricos y de la convergencia en absoluto sitúa a Aragón en posición de ventaja. Si bien existe una mayoría política y social a favor, también hay fuerzas políticas Organizaciones Agrarias que se oponen. Si defendemos la supresión de los derechos y la aceleración de la convergencia no es porque Aragón amplíe su “sobre” de la PAC, sino porque es lo mejor para quienes viven o tratan de vivir de la agricultura y de la ganadería en Aragón, pero también en cualquier otra parte de España.

Cabe preguntarse por último sobre dos cuestiones adicionales:

Una, sobre la coherencia de quienes piden que las ayudas se concentren en los profesionales al mismo tiempo que exigen que los derechos históricos se mantengan o que incluso se tengan en cuenta en la aplicación de los ecoesquemas cuando se pide su regionalización. ¿Será que hay territorios donde los derechos históricos están justa y eficazmente distribuidos en función de la profesionalidad y de la brecha de renta? En Aragón desde luego que no es así; y me temo que en el resto de España tampoco.

La otra, sobre la coherencia de quienes exigen la intervención del Estado sobre los precios y mercados agrarios al objeto de garantizar una renta justa para los productores –que está fuera de toda posibilidad en el marco jurídico-administrativo de la UE- pero rechazan la redistribución de las ayudas de la PAC destinadas al apoyo a la renta en favor de quienes más dependen de la actividad agraria, es decir, de los profesionales. ¿Será que saldrían más beneficiados los pequeños agricultores y ganaderos profesionales con la (imposible) fijación de precios mínimos que con una distribución más justa de la ayuda a la renta? En Aragón, desde luego que no; y en el resto de España me temo que tampoco.

EL ACUERDO DE CASTILLA-LA MANCHA Y ARAGÓN SOBRE LA PAC: Justificación desde el punto de vista de Aragón.

Zaragoza, 23 de abril de 2021.

Sobre la base del Acuerdo de Almagro (2018) los consejeros de Agricultura de Castilla-La Mancha y de Aragón hemos suscrito un nuevo acuerdo con el propósito de contribuir al debate político y al deseable acuerdo nacional que garantice que la aplicación de la PAC en España, a partir de 2023, sea más justa y eficaz, es decir, para que esta importante política pública lo sea en favor de la verdadera agricultura y ganadería familiar, de los jóvenes y de las mujeres, para que por hacer lo mismo se cobre lo mismo y, en definitiva, para que cobren más quienes más lo necesitan.

La Reforma ha sido planteada con objetivos ambiciosos en el seno de las instituciones europeas y ambiciosa debería ser también su aplicación en España. Porque ninguno de los propósitos citados podrá lograrse si seguimos haciendo lo mismo que ya hacemos.

Si el Plan Estratégico Nacional de la PAC, que debe acordarse y aprobarse en los próximos meses, no contempla una clara prioridad en favor de los agricultores profesionales y del modelo familiar, será difícil que el resultado final favorezca a este ámbito que todos decimos defender. No solo no cabe esperar que la agricultura familiar y sus profesionales salgan beneficiados sin tomar ninguna medida discriminatoria y suficientemente eficaz en su favor, sino que, de no tomarlas, se corre el riesgo de perjudicar precisamente a quienes se pretende beneficiar.

Si no se eliminan de forma real y completa los derechos históricos a partir de 2023, ni se reduce de forma drástica el número de regiones agronómicas actuales (50) ni se garantiza el acceso a las ayudas a todos los profesionales con independencia de su orientación productiva y ubicación, lo único que puede asegurarse que se conseguirá es la continuidad de los agricultores (y ganaderos) de sofá, el mantenimiento de las diferencias abusivas entre territorios, y del mercadeo de derechos, así como la persistencia de todas las demás anomalías que impiden concentrar los importantes fondos que distribuye la PAC en quienes más los necesitan y merecen.

Pero, además, es preciso utilizar con la máxima eficacia las herramientas redistributivas reglamentarias, en particular la nueva Ayuda redistributiva para la sostenibilidad de la renta cuya dotación presupuestaria debe asegurarse con independencia del efecto de los techos fijados para la también nueva Ayuda básica a la renta y cuya aplicación debe garantizarse en favor de los agricultores y ganaderos más profesionales y más dependientes de la actividad agraria.

El tratamiento prioritario a los más profesionales y dependientes de la agricultura y de la ganadería, se hace todavía más necesaria como consecuencia de las limitaciones reglamentarias que ya pueden darse por seguras. En particular, las fuertes exigencias que respecto de los eco-esquemas está imponiendo el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, supone detraer una parte significativa de la ayuda a la renta (entre el 20 y el 30% del Primer Pilar), que se traducirá en una reducción equivalente en la ayuda por hectárea, así como en una nueva fuente de desequilibrio entre beneficiarios y territorios.

Porque los eco-esquemas no pretenden reducir la brecha de renta que sufren los pequeños y medianos agricultores profesionales, sino que, responden a objetivos estrictamente ambientales que, sin cuestionarlos, es preciso darse cuenta que, por sí mismos, no benefician necesariamente al modelo familiar agrario; todo lo contrario, de no adoptar las medidas apropiadas, pueden perjudicar a los pequeños y medianos agricultores en favor del modelo corporativo. La voluntariedad de aplicación de los eco-esquemas, unida a los mayores costes, dificultades técnicas y exigencias administrativas que sin duda traerán, harán que sean más fáciles de adoptar por parte de la agricultura corporativa que por parte de la familiar.

La ganadería extensiva, sin duda el ámbito productivo mejor valorado y más reivindicado social y políticamente, tampoco mejorará manteniendo las anomalías vigentes y sin adoptar medidas específicas de apoyo. Es más, de empeñarse en hacerlo, la vaca nodriza y el sector ovino podrían incluso empeorar su situación, dada la ineficacia que suponen los pagos por hectárea para quienes, por lo general, no tienen tierra pero sí ganado, así como por la fuerte limitación impuesta a los pagos por cabeza dada la imposibilidad de adoptarlos más allá de unas ayudas asociadas que van a quedar limitadas al 13% del importe total del Primer Pilar y sin que, al parecer, para su aplicación puedan adoptarse criterios regionales.

En este proceso de Reforma de la PAC, a diferencia de los anteriores, se ha logrado propiciar en España un profundo y largo debate político que encuentra sus primeras referencias ya en 2016. Pero resulta imprescindible, que al menos en su etapa final en la que ya estamos, los pequeños y medianos agricultores profesionales titulares de las explotaciones familiares, no solo presten atención al desenlace de las negociaciones, sino que se comprometan con la defensa de sus propios intereses. Desde el Gobierno de Aragón, y me consta que igualmente desde el de Castilla-La Mancha, esos y no otros son los intereses que defendemos.

Reforma de la PAC: una oportunidad para reenfocar nuestra política agraria en favor del modelo familiar.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 22 de Diciembre de 2020

Publicado en la web de Agronegocios.

El arraigado enfoque sectorial de nuestra política agraria, es decir el empeño en vincular las ayudas a producciones agrícolas y ganaderas concretas, no solo es uno de los problemas que enfrenta la Reforma en profundidad de la PAC por la que abogamos desde Aragón, sino que impide concentrar la ayuda pública en los profesionales, los jóvenes y las mujeres, limitando con ello el apoyo al modelo familiar.

El vínculo con las referencias históricas que la Comisión Europea recomienda[1] eliminar a España, así como la acusada divergencia en los pagos por hectárea que la Comisión recomienda también reducir, son consecuencia del enfoque sectorial del pasado.

Apostar por el enfoque sector de la ayuda agraria conlleva el riesgo de caer en los mismos errores del pasado generen nuevos agravios entre beneficiarios y territorios. Supone, además, contradecir las recomendaciones internacionales contrarias a las ayudas acopladas a la producción por su distorsión de los mercados.

Las ayudas acopladas a producciones concretas, de acuerdo con las orientaciones de la Reforma en curso, solo deberían aplicarse con carácter excepcional para afrontar problemas socio-ambientales específicos. Es el caso, por ejemplo, de la ganadería extensiva vinculada preferentemente a razas autóctonas y ecosistemas dependientes del pastoreo, que es el ámbito exclusivo al que se propone aplicar los pagos directos acoplados en Aragón.

El carácter esencialmente sectorial de las reivindicaciones de las Organizaciones Agrarias y de las Cooperativas, junto con la resistencia a perder las ventajas sectoriales otrora logradas (status quo) obstaculizan la redistribución de la ayuda directa a la renta que la Comisión Europea incluye asimismo entre sus recientes recomendaciones a España en relación con el Plan Estratégico Nacional de la PAC.

Las ayudas a cultivos y ganados concretos no garantizan, por sí mismas, que el apoyo se destine al modelo familiar, ni a los profesionales, ni a los jóvenes ni tampoco a las mujeres. Es evidente, o al menos debería serlo, que los sectores están configurados por un conglomerado heterogéneo de productores de muy distintas características socioeconómicas. Ningún sector está completamente vinculado a un determinado perfil socioeconómico ni modelo productivo concreto, sino que en todos los sectores coexisten multitud de perfiles y de modelos productivos, entre los que el familiar muestra, por lo general, una preocupante regresión.

Qué sector necesita apoyo de la PAC no es la pregunta más acertada. Si de apoyar el modelo familiar se trata, resulta más pertinente preguntarse qué tipo de agricultores deben ser los beneficiarios de la PAC. La propuesta reglamentaria es clara: los genuinos.

Esta Reforma de la PAC es una gran oportunidad para afrontar con decisión el problema de la brecha de renta que padecen los agricultores y ganaderos profesionales, con independencia de las producciones que llevan a cabo. Porque los análisis reflejan que la brecha de renta no es un problema sectorial, sino horizontal y motivado por las limitaciones de dimensión consustancial al propio carácter familiar.

El reto de la brecha de renta exige maximizar la componente presupuestaria del Primer Pilar de la PAC destinada al apoyo directo desacoplado a la renta (Ayuda básica a la renta, Ayuda redistributiva a la renta y Ayuda a la renta de los jóvenes) en favor exclusiva a los agricultores genuinos.

Defender a los agricultores profesionales, así como a los jóvenes y a las mujeres, no se logrará privilegiando unos sectores productivos en detrimento de otros. Exige, por el contrario, apoyar a los productores de un determinado perfil socioeconómico, en particular a quienes, teniendo una elevada dependencia económica agraria, sufren una importante brecha de renta. Este es el perfil al que deberían responder los agricultores genuinos en España y, consecuentemente, los beneficiarios de Primer Pilar de la PAC con independencia de las ayudas aplicadas (desacopladas, acopladas, ecoesquemas y programas e intervenciones sectoriales).

El posicionamiento del Gobierno de Aragón, contario al mantenimiento de los derechos históricos, del enfoque sectorial y del resto de anomalías de las que adolece la aplicación vigente de la PAC en España, no es consecuencia de ningún cálculo interesado en favor de la Comunidad Autónoma. Por el contrario, es consecuencia de la apuesta en favor del modelo familiar y, por tanto, de los profesionales, de los jóvenes y de las mujeres. Una apuesta que no es retórica, sino real.


[1] Comunicación de la Comisión Europea (CE) de 18-12-2020 sobre las recomendaciones a los Estados miembros en relación con los Planes Estratégicos de la Política Agrícola Común (PAC).

Renta Agraria y renta de los agricultores.

Zaragoza, 21 de diciembre de 2020.

El crecimiento de la Renta Agraria en un 4,3 % avanzado por el Ministerio de Agricultura para 2020 es una buena noticia que pone de manifiesto la vitalidad de la agroalimentación española, incluso en una situación tan compleja y comprometida como la determinada por la pandemia COVID-19.

Sin embargo, es preciso señalar que la Renta Agraria (29.093 millones de euros) no es atribuible en su totalidad a los agricultores y ganaderos propiamente dichos debido a que el modelo familiar tan solo justifica una fracción de las macromagnitudes, que muestra una evolución preocupante por su comportamiento regresivo, tal y como se detalla en el artículo publicado el pasado mes de julio en Agronegocios, que justifica el apoyo político a dicho modelo.

Una PAC orientada a resultados: la importancia de la profesionalidad.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 23 de noviembre de 2020.

La PAC post-2020, todavía por configurar en sus aspectos prácticos, supondrá con toda seguridad cambios sustanciales en la política agraria española. Incluso, a pesar de la persistencia de quienes apuestan por el estatus quo que tanto perjudica a la agricultura familiar y a los agricultores profesionales.

El modelo familiar agrario no sólo sustenta, social y territorialmente, nuestro medio rural, sino que es al que se incorporan nuestros jóvenes agricultores por lo que, aunque sólo fuera por ello, ya merecería la máxima prioridad.

Por lo que se refiere al enfoque estratégico de la nueva PAC hay que subrayar la trascendencia que supone regular la exigencia de resultados, en los que deben traducirse los fondos aplicados, en vez de regular las intervenciones. Un reto que está por ver como se aborda también en términos de gestión.

Los resultados deben ser la expresión del logro de los 9 objetivos señalados por la Reforma de la PAC: garantizar una renta justa a los agricultores, aumentar la competitividad, reequilibrar el poder en la cadena alimentaria, actuar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente, preservar los paisajes y la biodiversidad, apoyar el relevo generacional, mantener zonas rurales dinámicas y proteger la calidad alimentaria y sanitaria.

Difícilmente podrán lograrse resultados suficientes, y mucho menos destacables, en relación con ninguno de los objetivos citados, sin una decidida y ambiciosa apuesta por la profesionalidad de los beneficiarios de la PAC en el marco del modelo familiar. La mejora de la integración ambiental de la agricultura, que es como procede leer la ambición ambiental de la nueva PAC desde la política agraria, también requiere de la profesionalidad, por no hablar de la competitividad o del reequilibrio de la cadena agroalimentaria.

La redistribución de los fondos que debe propiciar la nueva PAC, debe ser tan prudente como para poderse llevar a cabo, como ambiciosa y audaz para favorecer la profesionalidad en su doble acepción de dependencia económica y eficacia de la actividad agraria y eficacia. En este sentido, la concreción de la definición de Agricultor genuino supone uno de los retos más importantes que afronta el Plan Estratégico Nacional en el que debe sustanciarse la aplicación de la Reforma de la PAC en España. Una definición que deberá ser coherente con la directriz comunitaria de que no responden a dicha condición (la de genuino) quienes acrediten unos ingresos agrarios poco significativos en relación con sus ingresos totales.

Sin una definición ambiciosa de agricultor genuino como único destinatario de los pagos directos de la PAC, eco-esquemas incluidos, no sólo se reduciría a mera retórica el apoyo al modelo familiar, sino que impediría el apoyo necesario a la profesionalidad y, consecuentemente, a las condiciones necesarias para el logro de los resultados exigidos.

Estamos ante la oportunidad histórica de que, en España, el presupuesto de la PAC se concentre realmente en el modelo familiar favoreciendo a los agricultores y ganaderos profesionales, que no sólo son los que más dependen de la actividad agraria, sino que son también quienes más necesitan la ayuda y la merecen en función de los objetivos de la propia Reforma. Todo ello, con independencia de los sectores productivos, de los territorios y de las modalidades de ayuda. No solo es una cuestión de justicia y de sentido común, sino también de eficacia.

Ecoesquemas y apoyo a la renta de los agricultores.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 15 de noviembre de 2020

El pasado 13 de noviembre escribí en un tweet que “Los ecoesquemas de la PAC deben responder a objetivos ambientales, pero no exclusivamente ambientales. También deben garantizar su contribución a la reducción de la brecha de renta agrícola. Porque la PAC debe seguir siendo una política agrícola.” Ese mismo día, alguien para mi tan apreciado y respetado como Tomás García Azcárate, cuya presentación resulta innecesaria cuando se habla de política agraria, con mucha razón escribió otro tweet invitándome a que explicase mejor mi afirmación. Este es el propósito de lo que sigue.

La equiparación de la renta de los agricultores con la del resto de los europeos, desde mi punto de vista, sigue siendo la promesa incumplida de la PAC. Lo afirmo en tanto que dicha equiparación no solo fue uno de los objetivos fundacionales de la PAC, sino que sigue figurando expresamente entre los objetivos que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea asigna a la PAC. Pero, sobre todo, lo recalco porque los agricultores, en términos relativos y tras haberse resuelto el problema del abastecimiento alimentario con máximas garantías de calidad, seguridad y asequibilidad, siguen padeciendo la misma o parecida brecha de renta que sufrían cuando nació la PAC .

La insuficiencia de renta agraria que sufren los agricultores vinculados al modelo familiar es consecuencia de la insuficiencia de los precios en el contexto estructural del propio del modelo de agricultura familiar que encuentra en dicha insuficiencia de renta la principal amenaza para su propia supervivencia frente a un modelo corporativo en expansión que utiliza en su favor, no sólo las economías de escala sino, también, la propia PAC.

La PAC, tras el fracaso de la regulación de mercados y sin que el enfoque estructural haya logrado atacar la raíz de los problemas del modelo familiar, hace más de veinte años que apostó por el apoyo directo a la renta de los agricultores sin que tampoco haya logrado avances significativos en la mejora de la renta de los agricultores profesionales, al menos por el momento. Sin duda, debido a las excesivas adherencias sectoriales que todavía supone la herencia de las extintas Organizaciones Comunes de Mercado donde cada lobby sectorial (cereales, leche, vacuno, vino, etc.) trataba -y sigue tratando- de obtener el mayor trozo de tarta presupuestaria posible. Y sin duda, también, por la paradójica falta de atención a las condiciones socioeconómicas individuales de los beneficiarios, en particular su nivel de renta, dimensión y productividad agrícola y, por tanto, a la falta de atención a la necesidad individual de la ayuda y de la pertinencia para recibirla.

Al distribuir la ayuda pública que supone la PAC con criterios fundamentalmente sectoriales, ya sea directamente mediante pagos acoplados, o indirectamente en base a derechos históricos y criterios territoriales, en absoluto se garantiza que dicha ayuda se concentre en los agricultores profesionales cuya economía familiar más depende de la actividad agraria y, por tanto, más necesitan y merecen la ayuda. Más bien ocurre todo lo contrario: los criterios sectoriales, territoriales y de mercado configuran el escenario idóneo para la práctica de la caza de primas (Rent-Seeking) por quienes menos dependen de la actividad agraria y más alejados están del modelo familiar agrario y de la vida rural.

Sin negar la necesidad de que la PAC contribuya a los objetivos del Pacto Verde europeo, ni de que la agricultura reduzca sus impactos desfavorables, la aplicación de criterios exclusivamente ambientales en la aplicación de la PAC también configuran un terreno propicio para los cazaprimas. Sobre todo, si los servicios ambientales que pretenden remunerarse los produce por sí misma la naturaleza al margen, o con intervención mínima, de los agricultores propiamente dichos.

No todos los servicios ambientales de interés están necesariamente ligados a la actividad agraria, y mucho menos al modelo familiar. El modelo corporativo agroalimentario puede ser incluso mucho más eficaz y eficiente en la producción de tales servicios de manera conjunta a la producción agroalimentaria dejando nuevamente al modelo familiar en condiciones de inferioridad. Pero es que, además, determinados servicios ambientales pueden incluso maximizarse eliminando completamente la actividad agraria propiamente dicha y excluyendo, consecuentemente, a los agricultores. De hecho, la estrategia europea “De la granja a la mesa” establece la necesidad de reducir la superficie cultivada destinando un determinado porcentaje de la misma a fines estrictamente ambientales.

Considero preocupante que se haya renunciado a legitimar políticamente la PAC sobre la base de la brecha de renta que sufren los agricultores profesionales vinculados al modelo familiar. Entendiendo que los argumentos ambientales resulten más cómodos para unos y más prometedores para otros, no deja de ser cuestionable defender una política, la agrícola, con los argumentos de otra, la ambiental. Pero todavía es más inquietante intentar desarrollar una política, la ambiental, con el presupuesto de otra, la agrícola. Y ello en absoluto impide defender las dos al igual que, por ejemplo, defender la sanidad no implica cuestionar la educación. Porque, entre los graves problemas que afronta la Unión Europea también está el de querer liderar la sostenibilidad ambiental en el panorama mundial sin desarrollar una verdadera Política Ambiental Común, es decir, con su correspondiente presupuesto.

En este contexto político y presupuestario, las instituciones comunitarias libran un intenso debate, todavía por resolver, acerca del peso presupuestario que en la PAC post-2020 debe tener cada una de sus dos componentes esenciales: el apoyo directo a la renta[1] y los eco-esquemas, máxima expresión de la justificación ambiental de la PAC. Así, mientras el Consejo de Ministros ha acordado destinar el 20% del presupuesto del Primer Pilar de la PAC a los eco-esquemas, el Parlamento Europeo ha expresado su mayoría en favor del 30%, sabiendo que existen quienes todavía lo consideran insuficiente.

La Reforma de la PAC en curso resulta francamente prometedora en tanto que pone el acento en el apoyo a la renta de los “agricultores genuinos” propiciando con ello la redistribución de la ayuda en favor del modelo familiar y profesional agrario. Falta por ver, sin embargo, que el grueso del apoyo tenga dicho fin evitando que una definición excesivamente laxa de agricultor genuino, a concretar por cada Estado miembro, conduzca a donde condujo la definición del actual “agricultor activo”. Y falta por ver que los ecoesquemas, todavía por concretar en todos sus aspectos estratégicos y operativos garantizando que respondan a objetivos ambientales verificables con verdadero sentido agronómico, no terminen siendo la puerta falsa por la que el grueso de la ayuda termine concentrándose en quienes menos la necesitan, desde el punto de vista de la renta, y menos la merecen desde el punto de vista de la protección y defensa del modelo familiar agrario que sustenta nuestro medio rural.

Siendo una mala noticia que en el debate comunitario el apoyo directo a la renta de los agricultores se trate en oposición  a los ecoesquemas, y viceversa, resulta imprescindible que, además de corregir este desacertado enfoque, la ayuda en forma de ecoesquemas se vincule al modelo agrario familiar y profesional mediante su asignación exclusiva a la nueva figura de agricultor genuino, una vez definida de manera exigente en función de su dependencia agraria en términos de ingresos y de su contribución efectiva a la producción agraria con destino al mercado.

[1] Ayuda básica a la renta, Ayuda redistributiva complementaria a la renta, Ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y Ayuda a la renta asociada.

El reto de la agricultura familiar.

Por Joaquín Olona Blasco. Zaragoza, 8 de noviembre de 2020.

La agricultura familiar goza de un amplio reconocimiento. La FAO, que ha declarado el periodo 2019-2028 como la Década de la Agricultura Familiar, considera que se trata de un modelo esencial para la seguridad alimentaria global. La Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea declara su preferencia por dicho modelo, que también se presenta como dominante en Estados Unidos, así como en el resto de potencias mundiales.

Sin embargo, cabe preguntarse si el peso económico del modelo familiar se corresponde realmente con la preponderancia que se le atribuye. También, si su predilección institucional se traduce en políticas coherentes, más allá de la retórica.

El reciente análisis efectuado en Aragón[1] no corrobora que la agricultura familiar sea la económicamente dominante. Así, el Valor Añadido Neto o Renta Agraria imputable al modelo familiar aragonés no alcanza el 20% de la Renta Agraria total regional, lo que se explica por el elevado peso de la integración vertical que concentra el 73 % de la producción final ganadera.

Los resultados obtenidos explican que los agricultores contemplen con escepticismo la significación del indicador relativo a la Renta agraria nacional por UTA Unidad de Trabajo Año) que, de acuerdo con las Cuentas Económicas de la Agricultura, alcanzó en 2019 los 30.694 euros, superando la renta agraria de referencia fijada para dicho año, que fue de 28.885 euros. El escepticismo está más que justificado si se tiene en cuenta que, en Aragón, la renta media agraria atribuible a los agricultores del modelo familiar tan solo supone un tercio de la renta agraria de referencia. Así, no cabe cuestionar la valoración de la renta agraria nacional pero sí que se impute en su totalidad al modelo familiar que, concentrando la mayor parte de las explotaciones, tan solo representa una fracción progresivamente menor de la producción total, frente al modelo corporativo.

La recesión del modelo familiar es fruto de diversos y complejos factores que operan en su contra. Entre ellos, la falta de rentabilidad de las explotaciones familiares, traducida en una grave insuficiencia de renta de sus titulares, así como de la aplicación de políticas ineficaces, si de proteger el modelo familiar se trata.

Los enfoques tradicionales de apoyo a sectores y producciones específicas, tan fuertemente arraigados en la política agraria, así como entre las entidades representativas, no garantizan, en absoluto, que el apoyo público sea en favor del modelo familiar. Tampoco lo garantizan las obsoletas políticas de regulación de precios y mercados que, aunque abandonadas hace más de 20 años en la UE tras su acreditado fracaso y de imposible restauración en nuestro marco jurídico actual, todavía gozan de una elevada preferencia por parte de los agricultores y sus representantes.

La ayuda exclusivamente basada en pagos por hectárea o cabezas de ganado, al igual que los precios garantizados y por razones obvias, favorece al modelo corporativo frente al familiar. Pero tampoco se favorece necesariamente el modelo familiar cuando la ayuda agrícola se aplica en base a criterios y objetivos exclusivamente territoriales o ambientales.

Difícilmente podrá protegerse el modelo familiar sin tenerlo expresamente en cuenta en la política agraria, no solo en sus declaraciones, sino en la vinculación de la asignación y distribución de la ayuda a las características socioeconómicas de la agricultura familiar.

La importancia y visibilidad concedida en la PAC post-2020 al apoyo directo de las rentas de los agricultores genuinos, una vez alcanzado el acuerdo del Consejo de Ministros, así como del Parlamento Europeo, supone un importante avance en relación con la protección del modelo familiar. Falta por ver que los Trílogos comunitarios cierren una Reforma de la PAC que afronte, definitivamente y en justa correspondencia a la generación de bienes públicos, la reducción de la brecha de renta que sufren los agricultores del modelo familiar al tiempo que contribuye al reto climático y ambiental.

Pero, sobre todo, falta por ver que en España seamos capaces de aplicar la Reforma con todo su potencial, lo que exige, además de la supresión de los derechos individuales y de las referencias históricas entre otras decisiones estratégicas, una definición de agricultor genuino ambiciosa en favor del modelo familiar profesional.

Sin embargo, la agricultura familiar, que es absolutamente esencial para que nuestro mundo rural y nuestros pueblos sigan siendo como lo conocemos, difícilmente podrá sobrevivir sin la vinculación al mercado, a la tecnología y a la competitividad que debe ofrecerle la agroindustria y el modelo corporativo como fórmula de equilibro a consolidar en favor de un complejo agroalimentario económica, social y ambientalmente sostenible.

[1] Análisis del apoyo a las rentas en Aragón. Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (Junio, 2020)https://www.aragon.es/documents/20127/33062863/An%C3%A1lisis+del+apoyo+a+las+rentas+agrarias+en+Arag%C3%B3n.+Junio+2020.pdf/09a99f6a-b2b9-d404-41c4-287019772a8d?t=1594120699870

 

Una política para la agricultura familiar.

Por Joaquín Olona Blasco. Zaragoza, 6 de septiembre de 2019.

El sistema agroalimentario, incluida la política pública que lo apoya, debe reconocer los valores sociales, territoriales y ambientales del modelo familiar agrario y apostar por él. También, por las garantías de sostenibilidad que ofrece para afrontar el reto alimentario global, derivado del crecimiento demográfico y de la reducción de la pobreza, así como para luchar contra la despoblación y el desequilibrio territorial que sufren los territorios como Aragón.

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La digitalización agrícola y la Agricultura 4.0 también deben ser útiles para los agricultores.

Por Joaquin Olona. Zaragoza, 30 de julio de 2018.

La política agraria debe ocuparse de que la digitalización agrícola y la Agricultura 4.0  sirvan para fortalecer y mejorar el modelo familiar del que depende nuestro mundo rural. Porque es imprescindible evitar justamente lo contrario; porque del impulso en función de otros intereses y oportunidades ya se encargan otros; y porque conviene evitar la oferta de soluciones (tecnológicas) para problemas que no existen.

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Todo indica que nos encontramos ante otra nueva revolución agrícola, basada ahora en el uso hiperintensivo y generalizado que de la información y del conocimiento permiten la digitalización y las tecnologías de la información.

Sería descabellado cuestionar la capacidad de las tecnologías digitales para ofrecer soluciones a los retos agroalimentarios y rurales. Sin duda, la digitalización es un proceso imparable que cuenta con suficiente capacidad para extenderse por sí misma. Resulta cuestionable, por tanto, que deba ser objeto de apoyo público si el único propósito del mismo es que se extienda.

En nuestro contexto social y territorial, es necesario que, además de contribuir de manera ambientalmente sostenible al reto alimentario derivado de la expansión de la demanda mundial de alimentos, la agricultura también contribuya al sostenimiento de nuestro mundo rural gravemente amenazado por el despoblamiento.

Dadas las oportunidades que ofrecen los retos agroalimentarios, incluyendo el del uso eficiente de los recursos que nos exige la  sostenibilidad ambiental, es muy improbable que la tecnología y el capital no respondan con éxito a los mismos. Sin embargo, es mucho más improbable que lo haga el modelo familiar, del que depende la supervivencia de nuestro mundo rural, sino recibe el apoyo necesario.

Consecuentemente, la digitalización e impulso de la Agricultura 4.0 no debería constituirse en un objetivo político con valor en sí mismo y sin otro propósito que su mera extensión. Por el contrario, la política agraria debe condicionar su apoyo a la acreditación de su utilidad para la defensa y fortalecimiento del modelo familiar de agricultura, que no sólo es el que necesitan nuestros pueblos para seguir siéndolo sino que es el más apropiado y extendido del mundo desarrollado.

 

Tan importante como defender el presupuesto de la PAC es concretar para qué y quienes se quiere destinar.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 26 de junio de 2018.

Resulta inadmisible que, planteando nuevos retos y exigencias, la Comisión Europea haya propuesto reducir el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) poniendo en peligro incluso su fuerte carácter comunitario.  Pero el requerimiento de un presupuesto coherente con las necesidades no debe dejar en un segundo plano, y mucho menos anular, la exigencia de cambios profundos en la orientación y aplicación de las ayudas de la PAC.

La propuesta de la Comisión Europea no sólo plantea un presupuesto insuficiente, con una reducción particularmente preocupante para el desarrollo rural, sino que muestra una escasa ambición, particularmente en la redistribución de la ayuda a la renta canalizada a través de los pagos directos. Una redistribución de fondos que podría resultar inoperante en la práctica:

  1. El mantenimiento de las referencias históricas en los derechos de pago supone un pesado lastre para reasignar la ayuda con respecto a una situación actual con desigualdades injustificables, sobre todo desde el punto de vista de la equiparación de rentas así como desde la incorporación de nuevos activos jóvenes y mujeres.
  2. La reducción de pagos, sólo aplicable tras deducir al pago por hectárea el coste imputable a la mano de obra, puede no ser tal impidiendo consecuentemente que se generen fondos efectivos para redistribuir.
  3.  Los pagos directos, aplicados exclusivamente en función de las hectáreas admisibles, no garantizan que la ayuda se concentre en los «agricultores genuinos» a los que se refiere la propia Comisión Europea pero que no define. Tampoco en la agricultura familiar vinculada al territorio ni en los agricultores que más y mejor contribuyen a la lucha contra la despoblación, que la propuesta comunitaria  ni si quiera considera entre sus objetivos,
  4. Resulta cuestionable que los objetivos redistributivos y de compensación de renta, expresamente perseguidos, puedan lograrse con eficacia sin tener en cuenta la renta agrícola de los beneficiarios de la ayuda.