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Luces y sombras de la protesta agrícola.

Publicado en AGRONEGOCIOS 6-03-2024

Las movilizaciones de los agricultores, obviando las actitudes violentas que en algunos casos se han producido, la literalidad de sus reivindicaciones, así como los propósitos inconfesables del epicentro de la protesta, ponen de manifiesto el descontento generalizado de los agricultores con la Política Agrícola Común (PAC.

La PAC sigue siendo la única política verdaderamente común y uno de los grandes activos de la construcción europea. Desde el punto de vista agrario, la PAC es la principal garantía institucional con la que cuenta la agricultura familiar y profesional para afrontar la amenaza que supone para su supervivencia la grave insuficiencia de renta que sufre, así como para defender sus intereses en el escenario global. Sin embargo, corre el riesgo de perder su valor si en el futuro inmediato, tanto los responsables políticos, como el propio sector, no toman las decisiones adecuadas.

Siendo loable que desde todos los ámbitos políticos y sociales se manifieste el apoyo a los agricultores, sobre todo por la empatía que ello demuestra hacia un colectivo permanentemente azotado por la adversidad, no lo es tanto que en todo se les dé la razón. Porque darles la razón en lo que no la tienen, no es la mejor manera de ayudar.

Por razones obvias, no tienen razón los agricultores cuando exigen, por ejemplo, la supresión de la Agenda 2030 o de las normas sobre bienestar animal. Una reivindicación que, por sí misma, delata el catalizador político de la protesta.

Permitir la importación de productos obtenidos mediante procedimientos que aquí están prohibidos es una absoluta incoherencia y debería corregirse siempre y cuando no afecte a la salud, porque si le afecta, no debería haber nada más que hablar.  Sin embargo, cuando las prohibiciones responden a criterios de índole exclusivamente cultural, ideológica o política, como ocurre por ejemplo con los transgénicos, o lleva camino de ocurrir con la edición genética, aún pudiendo ser tan legítimos y respetables como los de índole científico-técnica, antes de pensar en imponérselos a quienes tienen otros valores e intereses también legítimos y respetables, convendría revisar los nuestros. Más aún, cuando la UE carece de la influencia política, diplomática y comercial para hacerlo a escala global o cuando ni siquiera todos los socios comunitarios son de la misma opinión como ocurre con las llamadas “cláusulas espejo”.

Pretender que se prohíban o limiten las importaciones de cereales, como de hecho se está exigiendo, choca frontalmente con las normas y principios de la competencia y de la competitividad. Pero es que, además, hacerlo perjudicaría el interés general, así como al propio sector dado su carácter esencialmente agroexportador y donde la ganadería intensiva tiene un peso determinante.

Sobre la imposibilidad de los “precios justos” y la alternativa que ofrece la PAC para el apoyo a los agricultores me remito a mi propio artículo sobre esta cuestión. Añadir, no obstante que la mera comparación de los precios percibidos por los agricultores y los pagados por los consumidores, sin tener en cuenta los servicios aportados y su coste real es un simplismo carente del más mínimo rigor. Llevado al extremo, que es lo que suele hacerse, supone negar el propio concepto de “cadena de valor”. Existen evidencias empíricas que demuestran que la diferencia entre los precios percibidos por los productores y los pagados por los consumidores finales aumenta con el nivel de desarrollo, no porque se generalice el fraude y el abuso, sino porque las exigencias de los consumidores son más elevadas. Por tanto, sería mejor empezar a pensar que la narrativa sobre los “intermediarios”, si bien tiene la ventaja de resultar “simpática” y fácil de entender, es un mal diagnóstico del problema.

Una cosa es luchar contra las malas prácticas comerciales a través de la “Ley de la cadena”, y otra muy distinta es exigir que una ley garantice el beneficio empresarial. Del mismo modo, una cosa es luchar contra el abuso cuando se produce y otra muy distinta creer y hacer creer que en la cadena agroalimentaria rige la ley de la selva cuando lo que rige son las leyes del mercado y las derivadas de nuestro ordenamiento jurídico.

Exigir la supresión del llamado “cuaderno de campo” supone frenar el impulso de la digitalización del sector agrario. Los agricultores harían mejor en exigir la supresión de lo que de absurdo y desproporcionado tiene la normativa que regula dicho “cuaderno”. Abogar por la supresión tan sólo conduce a lo que ya ha pasado: que se ha suprimido para los perceptores de la PAC que menos dependen de la actividad agraria y que menos contribuyen a su mejora y desarrollo para que, así, aún contribuyan menos.  Si bien puede ser una medida comprensible políticamente en el contexto de las protestas, dada la mayoría numérica de quienes responden a ese perfil, el problema es que no resuelve el problema de las exigencias absurdas y desproporcionadas perjudicando con ello a los agricultores y ganaderos de verdad.

Por último, siendo de la opinión de que no todos los requisitos ambientales exigidos por la PAC están ambiental y agronómicamente justificados y de que la política ambiental de la UE carece de un presupuesto coherente con su elevada ambición, lo que no cabe rechazar es la necesaria contribución de la actividad agraria a la sostenibilidad ambiental. Un requerimiento especialmente crítico para la supervivencia de la agricultura familiar y profesional que también en esto juega en clara desventaja frente al modelo corporativo y sus expectativas de rentabilidad financiera mediante el uso de los nuevos instrumentos como, por ejemplo, los que baraja la Comisión Europea para la gestión del carbono.

La política puede y debe dar soluciones, pero sólo podrá hacerlo si los agricultores profesionales, aun siendo minoría en el propio sector, se dejan ayudar por una PAC en la que es preciso trabajar para reformarla, de verdad, en favor del modelo familiar y del resto de la sociedad.

Sobre los «precios justos» que exigen los agricultores.

Zaragoza, 1 de marzo de 2024

Poco después del nacimiento de la PAC en 1962, el 20 de diciembre de 1968, la Comisión Europea presentó al Consejo de Ministros el “Memorandum sur la Reforme de l’Agriculture dans la CEE” conocido como el programa “Agricultura 1980” o “Plan Mansholt”. No sólo fue la primera reforma de la Política Agrícola Común (PAC), sino que fue, sin duda, la más valiente.

 Sicco Mansholt (1908-1995) se atrevió a liderar políticamente el reconocimiento de que lo que se estaba haciendo, y que él mismo había contribuido a implantar, era una política errónea de modo que para afrontar los retos y desafíos de entonces era necesario intervenir sobre las estructuras agrarias, no sobre los precios y mercados. La oposición frontal del propio sector agrario, también entonces a escala europea, impidió que el Plan saliera adelante, pero no evitó que se produjeran los problemas que Mansholt y su equipo trataban de evitar.

Tuvieron que pasar treinta años para que las autoridades comunitarias se vieran obligadas a desmantelar una política de precios y mercados que no sólo había fracasado en su objetivo de equiparación de la renta de los agricultores, sino que por su desmesurado coste se había convertido en una peligrosa amenaza para el propio Proyecto europeo.

El problema es que más de 50 años después todavía permanecen algunos elementos de esa política. Se resiste a desaparecer porque, de hecho, el sector agrario la sigue reivindicando; no sólo no ha asumido su ineficacia, sino que sigue pensando que es la solución. En realidad, es lo que hay detrás del eufemismo “Precios justos” acuñado para trasladar este deseo a una sociedad cada vez más desconocedora y alejada de la realidad agraria y rural.

Existen sólidos argumentos económicos, defendidos por ejemplo por la OCDE, en contra de la regulación de precios y mercados. Pero, aunque pidiera parecer paradójico, también los hay de carácter social.  

El establecimiento de precios mínimos para las producciones de las explotaciones más pequeñas, suponiendo que se pudieran implementar contradiciendo las normas sobre competencia y las reglas que rigen el comercio internacional, resultarían favorablemente desproporcionados para las más grandes y con más posibilidades de aplicación de las economías de escala.

Consecuentemente, el deseo de unos precios mínimos que sustenta la reivindicación relativa a “precios justos” no sólo es más utópico que real, sino que terminaría resultando injusto y perjudicial para el modelo familiar y profesional. Un modelo cuya supervivencia no está amenazada, en absoluto, por las importaciones, ni mucho menos por la política agraria que trata de protegerlo, sino por la agricultura corporativa y su objetivo de maximizar la rentabilidad de los fondos de inversión que la impulsan.

En absoluto se trata de demonizar a las grandes corporaciones, ni a los fondos de inversión, que son motores del crecimiento económico, del empleo y la innovación. Lo que sí se trata de dilucidar es quienes deben ser los beneficiarios preferentes y cómo y con qué finalidad esencial debe aplicarse la ayuda pública que supone la PAC .

Es indiscutible que el modelo corporativo, al utilizar las economías de escala, aporta mayor eficiencia económica, tecnológica e incluso ambiental siendo todo ello su principal atractivo. Sin embargo, es cuestionable que esta mayor eficiencia vaya a traducirse en una alimentación mejor y más asequible para los ciudadanos. Pero, sobre todo y como consecuencia de su propia eficiencia económica, amenaza la supervivencia de un mundo rural fuertemente ligado al modelo familiar agrario. Un modelo sobre el que gravita la política de incorporación de jóvenes y de rejuvenecimiento del sector incluida en la propia PAC y que, por tanto, sobre el que dicha política debería mostrar una preferencia más coherente y menos retórica.

En cualquier caso, la intervención política en los mercados agrícolas y en favor de los productores, difícilmente puede beneficiar al conjunto de los ciudadanos para quienes la seguridad alimentaria incluye que los precios sean asequibles. Claro, que también existe la posibilidad de que sean los consumidores, y no los agricultores, quienes acaben recibiendo la ayuda. No es necesario explicar lo que ocurre cuando los más vulnerables tienen problemas para comer, ni lo que pasa cuando la inflación afecta directamente a la cesta de la compra o, mejor dicho, cuando la compra de esta cesta contribuye a la inflación.

Resulta paradójico que quienes reivindican la vuelta a las obsoletas políticas de regulación de precios y mercados agrícolas sean quienes ya fueron los más perjudicados cuando se aplicaron y quienes volverían a serlo si volvieran a aplicarse: las explotaciones familiares profesionales.

Pero todavía resulta mucho más paradójico que suceda esto cuando la política agraria moderna, en nuestro caso la PAC, ha desarrollado un instrumento específico para la protección del modelo familiar como son las ayudas directas a la renta. Unas ayudas que no están pensadas para garantizar la rentabilidad financiera del negocio agrario, sino para facilitar que los agricultores y sus familias puedan vivir dignamente contando para ello con una “renta” equiparable a la del resto de los ciudadanos.

La «equiparación de rentas» a través de la ayuda directa a la renta es un propósito que, obviamente, todavía está lejos de alcanzarse y que difícilmente se alcanzará si no abordan reformas de verdad en la PAC. Pero, por supuesto, será imposible de alcanzar si los agricultores profesionales, que son sus principales beneficiarios potenciales, en vez de reivindicarla como principal vía de equiparación de sus rentas con las del resto de los ciudadanos la desprecian frente al canto de sirena de los “precios justos”, un propósito tan deseable como imposible de lograr.

La Política agrícola ante su propio laberinto.

Joaquín Olona Blasco

Zaragoza, 11 de febrero de 2024.

El sector agrario, particularmente el del mundo más desarrollado, cuenta con una política pública específica como ningún otro sector económico tiene. Durante el periodo 2019-2022, los 51 países incluidos en el seguimiento y evaluación de políticas agrícolas que lleva a cabo la OCDE, destinaron 851.000 millones de dólares anuales a la agricultura. Una cifra récord que supuso un aumento del 22 % con respecto a los 696.000 millones de dólares anuales del trienio prepandémico 2017-2019.

El 74% de la ayuda total se destinó directamente los agricultores individuales bajo diferentes fórmulas, siendo equivalente al 14% de los ingresos percibidos por la venta de sus productos. Un indicador, este último, que varía mucho de unos países a otros. Así, mientras que en India, Argentina o Brasil fue el -20,2%, -13,2 y el -10,6% respectivamente en 2022 -el signo negativo indica que son los agricultores quienes ayudan a sus respectivos estados- en Japón alcanzó el 31,8%, en Suiza en 44,6% y en Noruega el 49,2 %. En Estados Unidos fue el 7,2% y en la Unión Europea el 15,1%.

El apoyo público a la agricultura es propio del desarrollo económico. Así, por ejemplo, China ya concentra el 36% de la ayuda agrícola total, habiendo desplazado recientemente a Estados Unidos y a la Unión Europea, que con el 15% y el 14% respectivamente, han dejado de liderar este apoyo en el contexto mundial. Así mismo, los agricultores chinos ya dejaron de financiar al Estado, como sigue ocurriendo en los países menos desarrollados, y la ayuda que perciben equivale al 13,4% de los ingresos por ventas de sus productos.

El fuerte crecimiento de la ayuda agrícola mundial, al que no ha sido ajeno la UE, ni tampoco España y sus Comunidades Autónomas -que de forma conjunta han complementado la PAC con fondos adicionales muy significativos- es la evidencia de que la política agraria ha reaccionado ante los graves problemas provocados por la COVID-19, la guerra de Ucrania y el resto de las crisis de diferente índole global y local. Otra cosa es valorar si la respuesta ha sido suficiente y, sobre todo, si ha sido la adecuada.

La opinión de la OCDE no es del todo favorable dado que sigue valorando muy negativamente las intervenciones sobre el mercado. A este respecto, viene considerando desde hace décadas, que las políticas de mercado perjudican al propio mercado y al comercio, y más recientemente, que también resultan perjudiciales para el medio ambiente. También considera la OCDE que la ayuda no se concentra suficientemente en los hogares que más lo necesitan, y que no se hace todavía lo necesario para lograr que la agricultura alcance los niveles deseables de sostenibilidad ambiental, de resiliencia frente a los riesgos naturales y de contribución a la lucha contra el cambio climático.

Resulta evidente que el sentimiento que los agricultores están manifestando en estos momentos contrasta fuertemente con el punto de vista de la OCDE. Sirva este contraste, en todo caso, para poner de manifiesto la extraordinaria complejidad que afronta la política agraria. Porque, en modo alguno cabe minusvalorar los argumentos y reivindicaciones de quienes de forma tan rotunda se quejan. Y menos todavía, cuando en muchas cosas no les falta razón. Y, porque tampoco cabe remitir al rincón de pensar a quienes tan enfadados están con las políticas a través de las que se les quiere ayudar, como ocurre en estos momentos con una PAC que se acaba de reformar.

En cualquier caso, quienes más obligados están a reflexionar son quienes desde los diferentes ámbitos supranacionales determinan las directrices estratégicas que condicionan las políticas nacionales. Pero también, y a poder ser antes de actuar, quienes en este momento tienen la responsabilidad de gobernar su respectivo ámbito, así como quienes, participando en las instituciones políticas, configuran nuestro sistema democrático. No cabe la menor duda de que lo harán; lo que hay que esperar y, si es necesario ayudar hay que hacerlo, es que se haga de forma acertada y eficaz. Todo ello exige separar el grano o verdadera naturaleza y raíz de los problemas agrícolas, de la paja que supone el populismo, la demagogia y el desconocimiento que fundamenta el oportunismo de quienes están ofreciendo a los agricultores conquistar el Paraíso.

La nueva PAC y las inminentes siembras de otoño.

Zaragoza, 10 de octubre de 2022

El Plan Estratégico Nacional de la PAC permite programar las siembras con suficientes garantías.

En estos momentos tan sólo cinco países de la UE cuentan con el correspondiente Plan Estratégico de la PAC aprobado por la Comisión Europea y uno de ellos es España. Además de garantizar el pago de la PAC en 2023, la aprobación del citado Plan el pasado 31 de agosto aporta la información necesaria para programar las siembras de otoño con suficientes garantías y seguridad desde el punto de vista del acceso a las ayudas de la PAC. Afirmar lo contrario no sólo carece de fundamento, sino que tan sólo contribuye a generar confusión e incertidumbre donde no la hay.

Procede, por tanto, un llamamiento a la responsabilidad, especialmente y sobre todo, y por razones que deberían ser obvias, a las entidades colaboradoras de la Administración en la gestión de la PAC.

La ayuda básica a la renta, así como la ayuda complementaria de carácter redistributivo y destinada a los jóvenes, está perfectamente determinada sin que suponga cambios sustanciales, y mucho menos en relación con las siembras de otoño, respecto del actual Pago básico. Supondrán, en todo caso, mejoras en la percepción de la ayuda para las zonas con pagos actuales más bajos por hectárea como es el caso de las zonas más áridas, al tiempo que facilitarán el acceso a los pastos para quienes llevan a cabo pastoreo efectivo con ganado propio, entre otros avances en favor de la agricultura familiar y profesional a pesar de no haber logrado, por parte de quienes lo defendíamos, la completa supresión de los derechos históricos

Las ayudas asociadas, que suponen un aumento del 18% en la ayuda a la ganadería extensiva, tampoco plantean duda ni incertidumbre alguna. Fundamentalmente, porque salvo el aumento señalado regirán las mismas reglas vigentes.

Las ayudas agroambientales verán importantes mejoras, en particular las relativas a las razas extensivas autóctonas que pasarán a cobrar por cabeza en vez de por hectárea ajustando con ello mucho mejor la ayuda a las necesidades y condiciones de nuestra ganadería.

La ayuda a la agricultura ecológica se verá notablemente aumentada con el propósito de ampliar significativamente su extensión y contribución productiva. Una modalidad agrícola que se rige por una normativa perfectamente definida que se mantiene sin ninguna modificación.

La llamada condicionalidad reforzada queda perfectamente definida. Otra cosa es la valoración que cada cual haga sobre las nuevas exigencias, pero eso no tiene nada que ver con la incertidumbre.

Las incertidumbres que hubo sobre las intervenciones sectoriales, de carácter esencialmente presupuestario y en menor medida de alcance, ya hace meses que se resolvieron. En todo caso, en nada afectan a las siembras que ahora toca llevar a cabo.

La principal novedad viene de la mano de los llamados ecorregímenes que representan el 23% del importe del Primer Pilar y que, por cierto, se definen y aplican completamente al margen de los derechos históricos permitiendo con ello el acceso automático a los pagos directos de la PAC de quienes no tienen derechos individuales, así como a los pagos por hectárea sin el condicionante de las referencias históricas. Es el caso, por ejemplo, de los fruticultores, así como de todos los cultivos y ganados que se acojan a estos ecorregímenes.

Todos los ecorregímenes están suficientemente definidos para que los interesados puedan elegir libremente aquellos que más les convengan de cara a la siembra inminente de este otoño. Una decisión que corresponde a cada interesado en particular y que sólo él mismo puede y debe tomar en base a una información disponible, accesible y suficiente.

Las prácticas agronómicas exigibles por los ecorregimenes están ya muy extendidas. Es el caso de la siembra directa y de la agricultura de conservación, los barbechos, la rotación de cultivos herbáceos, las cubiertas vegetales en cultivos leñosos o las prácticas en favor de la biodiversidad. Son todavía más generalizadas incluso las prácticas exigibles para el pastoreo sostenible y el bienestar animal.

Más allá de los detalles técnicos y administrativos necesarios para la declaración formal de la PAC, que tendrá que realizarse dentro de unos meses y una vez publicada toda la normativa nacional y autonómica pertinente, no cabe hablar de indefinición ni de indeterminación para tomar las decisiones necesarias para sembrar.

Unas siembras inminentes que, en todo caso, si cabe reconocer que se ven seriamente condicionadas por el elevado precio de los fertilizantes minerales, de los combustibles o de las semillas, además de por un escenario meteorológico ciertamente incierto. Pero los agricultores no sólo conocen bien, sino que aplican con extrema generosidad el refrán: “Si el labrador contara, no sembrara”.

No obstante, además de la detallada información hecha pública por el Ministerio de Agricultura, disponible en la web y que resulta muy aconsejable consultar con atención sobre todo por parte de quienes más exigentes son con la optimización del cobro de la PAC y la máxima concreción en sus detalles técnicos, desde las Comunidades Autónomas se viene desplegando una intensa actividad informativa y divulgativa sobre las novedades que supone esta nueva PAC.

Corresponde a las Administraciones informar sobre la ortodoxia de los ecorregimenes para garantizar su cumplimiento, no para soslayar sus condicionantes y exigencias claramente formuladas en el Plan Estratégico Nacional aprobado por la CE y que deben cumplirse de manera estricta. Tampoco cabe exigir a la Administración el asesoramiento personalizado orientado a maximizar los ingresos procedentes de la PAC que, en última instancia, corresponde al interesado en función de su propio perfil personal, objetivos y condiciones específicas que sólo él mismo conoce.

El debate político llevado a cabo sobre la nueva PAC y su aplicación en España, que ha sido intenso y profundo, finalizó hace meses con el resultado ya conocido. Lo que ahora procede no es buscar tres pies al gato, sino arrimar el hombro para lograr la máxima eficacia en la aplicación de la PAC. No la PAC que a cada cual nos gustaría, sino la aprobada a través del Plan Estratégico Nacional y, por tanto, la que se rige por unas reglas de juego perfectamente conocidas que estamos obligados a cumplir, que, en ningún caso, cabe cuestionar y que acaba con toda incertidumbre e indeterminación, al menos de cara a las siembras que en las próximas semanas han de llevarse a cabo.

Será después, dentro de varios meses, cuando deberán formularse las declaraciones de la PAC, no sin antes haber publicado la normativa reguladora con arreglo a un calendario desde hace meses anunciado, y haber desarrollo una segunda fase divulgativa que facilite dicha declaración con las necesarias garantías.

Reforma de la PAC: ¿Todas las Comunidades Autónomas buscamos tan solo maximizar nuestro pedazo de tarta?

Zaragoza, 12 de septiembre de 2021

Quienes representamos a las Comunidades Autónomas en relación con la Reforma de la PAC, a juzgar por los análisis dominantes, parece ser que carecemos de otra visión y propósito que no sea el logro del mayor presupuesto posible en el reparto del importe nacional a expensas del resto.

Debería resultar obvio que la obligación de los consejeros autonómicos es la defensa de los intereses de su Comunidad respectiva. Más aún cuando su posición está refrendada por acuerdos y mandatos que incluyen a los propios parlamentos regionales. Pero eso no implica que tan solo se busque maximizar el sobre autonómico a expensas del resto del Estado; y mucho menos que siempre se haga de manera insolidaria, desleal y con absoluta falta de visión de Estado.

No es Aragón, en absoluto, la única Comunidad Autónoma que mantiene criterios y posiciones relativas a la Reforma de la PAC que trascienden esa visión tan miope y estrecha que se nos achaca. Tampoco es Aragón una excepción en la formulación de acuerdos con otras Comunidades Autónomas que, atendiendo a criterios geográficos, agronómicos o de otra índole, persigue contribuir a la mejor formulación posible del Plan Estratégico Nacional.

La posición aragonesa en relación con la reforma de la PAC, sustentada en un amplio y sólido acuerdo político y social, defiende la concentración de las ayudas en el apoyo directo de la renta de quienes más dependen de la actividad agraria en función de sus ingresos. Ello no excluye, en absoluto, a quienes practican la agricultura a tiempo parcial ya que en ningún momento hemos identificado al “profesional” con quien acredita ingresos exclusivamente agrarios. Es más, hemos admitido porcentajes de ingresos agrarios tan escasos como el 25%, incluyendo las ayudas de la PAC, para considerar al beneficiario como profesional a los efectos de la PAC y vincularlo así a la preferencia que reivindicamos. Una preferencia que resulta determinante para la defensa de los jóvenes y del rejuvenecimiento del sector ya que el apoyo a su incorporación viene exigiendo en la práctica niveles de profesionalidad más elevados.

Concentrar la ayuda en los “profesionales”, una vez establecidas las correspondientes limitaciones de pagos por encima de determinadas cantidades y condiciones, haciendo uso sobre todo de la Ayuda redistributiva a la renta, equivale a concentrar la ayuda en quienes más la necesitan, siendo además la vía más eficaz para afrontar la brecha de renta existente entre los agricultores y el resto de los ciudadanos.

Pero para que la ayuda se concentre efectivamente en quienes más la necesitan exige, a su vez, la supresión de unas referencias históricas y de unos derechos individuales que, además de injustos e ineficaces, bloquean la redistribución de los fondos respecto de cualquier objetivo que se plantee, incluido el del género.

El sistema de derechos se ha traducido en anomalías sociales y territoriales que es preciso subsanar con la mayor urgencia posible. Así, desde Aragón también propugnamos la reducción significativa del número de regiones productivas, así como la aceleración del proceso de convergencia, tal y como de hecho le exige a España la propia Comisión Europea. Es la única vía para que desaparezcan las aberrantes diferencias actualmente existentes en los pagos por hectárea, de modo que por producir lo mismo en las mismas o similares condiciones se aplique el mismo pago por hectárea.

También defendemos desde Aragón que la ganadería extensiva, dadas las especiales dificultades que afronta y el importante papel socio-territorial y ambiental que desempeña, tenga un tratamiento preferente a través de las ayudas asociadas de modo que el pago por cabeza se incremente de forma significativa, sobre todo en el caso de la ganadería ovina.

Sorprende que estas propuestas hayan sido valoradas como interesadas para Aragón, cuando no descalificadas por su falta de contribución a la necesaria política de Estado. Consecuentemente cabría formular las siguientes preguntas:

  • ¿Acaso sólo hay dependientes de la agricultura y de la ganadería en Aragón?
  • ¿Es que en el resto de España no hay agricultores y ganaderos que aspiran a vivir de la actividad agraria?
  • Si la exigencia de acreditar cualquier porcentaje de ingresos procedentes de la agricultura, incluyendo las ayudas, por mínimo que sea, se interpreta que excluye a los agricultores a tiempo parcial ¿Qué se entiende entonces por agricultor y agricultura a tiempo parcial?
  • Sabiendo que es preciso afrontar mayores exigencias ambientales de las que se derivarán, sin duda, mayores costes ¿No es conveniente reforzar el apoyo a la renta de quienes más se van a ver afectados y mayor esfuerzo deberán hacer (los profesionales)?
  • ¿Acaso la brecha de renta que sufren los agricultores y ganaderos no es un serio obstáculo para la mejora social, económica y ambiental de nuestra agricultura y ganadería?
  • ¿Podemos afrontar realmente los retos del rejuvenecimiento, del género, de la competitividad y de la sostenibilidad marginando en las ayudas a la profesionalidad agraria?
  • ¿Podemos afrontar realmente el futuro del mundo rural y la despoblación marginando en las ayudas la profesionalidad agraria?
  • ¿No cabe considerar como cuestión de estado los problemas y retos que plantea la ganadería extensiva?

La cuestión de los derechos históricos y de la convergencia en absoluto sitúa a Aragón en posición de ventaja. Si bien existe una mayoría política y social a favor, también hay fuerzas políticas Organizaciones Agrarias que se oponen. Si defendemos la supresión de los derechos y la aceleración de la convergencia no es porque Aragón amplíe su “sobre” de la PAC, sino porque es lo mejor para quienes viven o tratan de vivir de la agricultura y de la ganadería en Aragón, pero también en cualquier otra parte de España.

Cabe preguntarse por último sobre dos cuestiones adicionales:

Una, sobre la coherencia de quienes piden que las ayudas se concentren en los profesionales al mismo tiempo que exigen que los derechos históricos se mantengan o que incluso se tengan en cuenta en la aplicación de los ecoesquemas cuando se pide su regionalización. ¿Será que hay territorios donde los derechos históricos están justa y eficazmente distribuidos en función de la profesionalidad y de la brecha de renta? En Aragón desde luego que no es así; y me temo que en el resto de España tampoco.

La otra, sobre la coherencia de quienes exigen la intervención del Estado sobre los precios y mercados agrarios al objeto de garantizar una renta justa para los productores –que está fuera de toda posibilidad en el marco jurídico-administrativo de la UE- pero rechazan la redistribución de las ayudas de la PAC destinadas al apoyo a la renta en favor de quienes más dependen de la actividad agraria, es decir, de los profesionales. ¿Será que saldrían más beneficiados los pequeños agricultores y ganaderos profesionales con la (imposible) fijación de precios mínimos que con una distribución más justa de la ayuda a la renta? En Aragón, desde luego que no; y en el resto de España me temo que tampoco.

EL ACUERDO DE CASTILLA-LA MANCHA Y ARAGÓN SOBRE LA PAC: Justificación desde el punto de vista de Aragón.

Zaragoza, 23 de abril de 2021.

Sobre la base del Acuerdo de Almagro (2018) los consejeros de Agricultura de Castilla-La Mancha y de Aragón hemos suscrito un nuevo acuerdo con el propósito de contribuir al debate político y al deseable acuerdo nacional que garantice que la aplicación de la PAC en España, a partir de 2023, sea más justa y eficaz, es decir, para que esta importante política pública lo sea en favor de la verdadera agricultura y ganadería familiar, de los jóvenes y de las mujeres, para que por hacer lo mismo se cobre lo mismo y, en definitiva, para que cobren más quienes más lo necesitan.

La Reforma ha sido planteada con objetivos ambiciosos en el seno de las instituciones europeas y ambiciosa debería ser también su aplicación en España. Porque ninguno de los propósitos citados podrá lograrse si seguimos haciendo lo mismo que ya hacemos.

Si el Plan Estratégico Nacional de la PAC, que debe acordarse y aprobarse en los próximos meses, no contempla una clara prioridad en favor de los agricultores profesionales y del modelo familiar, será difícil que el resultado final favorezca a este ámbito que todos decimos defender. No solo no cabe esperar que la agricultura familiar y sus profesionales salgan beneficiados sin tomar ninguna medida discriminatoria y suficientemente eficaz en su favor, sino que, de no tomarlas, se corre el riesgo de perjudicar precisamente a quienes se pretende beneficiar.

Si no se eliminan de forma real y completa los derechos históricos a partir de 2023, ni se reduce de forma drástica el número de regiones agronómicas actuales (50) ni se garantiza el acceso a las ayudas a todos los profesionales con independencia de su orientación productiva y ubicación, lo único que puede asegurarse que se conseguirá es la continuidad de los agricultores (y ganaderos) de sofá, el mantenimiento de las diferencias abusivas entre territorios, y del mercadeo de derechos, así como la persistencia de todas las demás anomalías que impiden concentrar los importantes fondos que distribuye la PAC en quienes más los necesitan y merecen.

Pero, además, es preciso utilizar con la máxima eficacia las herramientas redistributivas reglamentarias, en particular la nueva Ayuda redistributiva para la sostenibilidad de la renta cuya dotación presupuestaria debe asegurarse con independencia del efecto de los techos fijados para la también nueva Ayuda básica a la renta y cuya aplicación debe garantizarse en favor de los agricultores y ganaderos más profesionales y más dependientes de la actividad agraria.

El tratamiento prioritario a los más profesionales y dependientes de la agricultura y de la ganadería, se hace todavía más necesaria como consecuencia de las limitaciones reglamentarias que ya pueden darse por seguras. En particular, las fuertes exigencias que respecto de los eco-esquemas está imponiendo el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, supone detraer una parte significativa de la ayuda a la renta (entre el 20 y el 30% del Primer Pilar), que se traducirá en una reducción equivalente en la ayuda por hectárea, así como en una nueva fuente de desequilibrio entre beneficiarios y territorios.

Porque los eco-esquemas no pretenden reducir la brecha de renta que sufren los pequeños y medianos agricultores profesionales, sino que, responden a objetivos estrictamente ambientales que, sin cuestionarlos, es preciso darse cuenta que, por sí mismos, no benefician necesariamente al modelo familiar agrario; todo lo contrario, de no adoptar las medidas apropiadas, pueden perjudicar a los pequeños y medianos agricultores en favor del modelo corporativo. La voluntariedad de aplicación de los eco-esquemas, unida a los mayores costes, dificultades técnicas y exigencias administrativas que sin duda traerán, harán que sean más fáciles de adoptar por parte de la agricultura corporativa que por parte de la familiar.

La ganadería extensiva, sin duda el ámbito productivo mejor valorado y más reivindicado social y políticamente, tampoco mejorará manteniendo las anomalías vigentes y sin adoptar medidas específicas de apoyo. Es más, de empeñarse en hacerlo, la vaca nodriza y el sector ovino podrían incluso empeorar su situación, dada la ineficacia que suponen los pagos por hectárea para quienes, por lo general, no tienen tierra pero sí ganado, así como por la fuerte limitación impuesta a los pagos por cabeza dada la imposibilidad de adoptarlos más allá de unas ayudas asociadas que van a quedar limitadas al 13% del importe total del Primer Pilar y sin que, al parecer, para su aplicación puedan adoptarse criterios regionales.

En este proceso de Reforma de la PAC, a diferencia de los anteriores, se ha logrado propiciar en España un profundo y largo debate político que encuentra sus primeras referencias ya en 2016. Pero resulta imprescindible, que al menos en su etapa final en la que ya estamos, los pequeños y medianos agricultores profesionales titulares de las explotaciones familiares, no solo presten atención al desenlace de las negociaciones, sino que se comprometan con la defensa de sus propios intereses. Desde el Gobierno de Aragón, y me consta que igualmente desde el de Castilla-La Mancha, esos y no otros son los intereses que defendemos.

Reforma de la PAC: una oportunidad para reenfocar nuestra política agraria en favor del modelo familiar.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 22 de Diciembre de 2020

Publicado en la web de Agronegocios.

El arraigado enfoque sectorial de nuestra política agraria, es decir el empeño en vincular las ayudas a producciones agrícolas y ganaderas concretas, no solo es uno de los problemas que enfrenta la Reforma en profundidad de la PAC por la que abogamos desde Aragón, sino que impide concentrar la ayuda pública en los profesionales, los jóvenes y las mujeres, limitando con ello el apoyo al modelo familiar.

El vínculo con las referencias históricas que la Comisión Europea recomienda[1] eliminar a España, así como la acusada divergencia en los pagos por hectárea que la Comisión recomienda también reducir, son consecuencia del enfoque sectorial del pasado.

Apostar por el enfoque sector de la ayuda agraria conlleva el riesgo de caer en los mismos errores del pasado generen nuevos agravios entre beneficiarios y territorios. Supone, además, contradecir las recomendaciones internacionales contrarias a las ayudas acopladas a la producción por su distorsión de los mercados.

Las ayudas acopladas a producciones concretas, de acuerdo con las orientaciones de la Reforma en curso, solo deberían aplicarse con carácter excepcional para afrontar problemas socio-ambientales específicos. Es el caso, por ejemplo, de la ganadería extensiva vinculada preferentemente a razas autóctonas y ecosistemas dependientes del pastoreo, que es el ámbito exclusivo al que se propone aplicar los pagos directos acoplados en Aragón.

El carácter esencialmente sectorial de las reivindicaciones de las Organizaciones Agrarias y de las Cooperativas, junto con la resistencia a perder las ventajas sectoriales otrora logradas (status quo) obstaculizan la redistribución de la ayuda directa a la renta que la Comisión Europea incluye asimismo entre sus recientes recomendaciones a España en relación con el Plan Estratégico Nacional de la PAC.

Las ayudas a cultivos y ganados concretos no garantizan, por sí mismas, que el apoyo se destine al modelo familiar, ni a los profesionales, ni a los jóvenes ni tampoco a las mujeres. Es evidente, o al menos debería serlo, que los sectores están configurados por un conglomerado heterogéneo de productores de muy distintas características socioeconómicas. Ningún sector está completamente vinculado a un determinado perfil socioeconómico ni modelo productivo concreto, sino que en todos los sectores coexisten multitud de perfiles y de modelos productivos, entre los que el familiar muestra, por lo general, una preocupante regresión.

Qué sector necesita apoyo de la PAC no es la pregunta más acertada. Si de apoyar el modelo familiar se trata, resulta más pertinente preguntarse qué tipo de agricultores deben ser los beneficiarios de la PAC. La propuesta reglamentaria es clara: los genuinos.

Esta Reforma de la PAC es una gran oportunidad para afrontar con decisión el problema de la brecha de renta que padecen los agricultores y ganaderos profesionales, con independencia de las producciones que llevan a cabo. Porque los análisis reflejan que la brecha de renta no es un problema sectorial, sino horizontal y motivado por las limitaciones de dimensión consustancial al propio carácter familiar.

El reto de la brecha de renta exige maximizar la componente presupuestaria del Primer Pilar de la PAC destinada al apoyo directo desacoplado a la renta (Ayuda básica a la renta, Ayuda redistributiva a la renta y Ayuda a la renta de los jóvenes) en favor exclusiva a los agricultores genuinos.

Defender a los agricultores profesionales, así como a los jóvenes y a las mujeres, no se logrará privilegiando unos sectores productivos en detrimento de otros. Exige, por el contrario, apoyar a los productores de un determinado perfil socioeconómico, en particular a quienes, teniendo una elevada dependencia económica agraria, sufren una importante brecha de renta. Este es el perfil al que deberían responder los agricultores genuinos en España y, consecuentemente, los beneficiarios de Primer Pilar de la PAC con independencia de las ayudas aplicadas (desacopladas, acopladas, ecoesquemas y programas e intervenciones sectoriales).

El posicionamiento del Gobierno de Aragón, contario al mantenimiento de los derechos históricos, del enfoque sectorial y del resto de anomalías de las que adolece la aplicación vigente de la PAC en España, no es consecuencia de ningún cálculo interesado en favor de la Comunidad Autónoma. Por el contrario, es consecuencia de la apuesta en favor del modelo familiar y, por tanto, de los profesionales, de los jóvenes y de las mujeres. Una apuesta que no es retórica, sino real.


[1] Comunicación de la Comisión Europea (CE) de 18-12-2020 sobre las recomendaciones a los Estados miembros en relación con los Planes Estratégicos de la Política Agrícola Común (PAC).

Renta Agraria y renta de los agricultores.

Zaragoza, 21 de diciembre de 2020.

El crecimiento de la Renta Agraria en un 4,3 % avanzado por el Ministerio de Agricultura para 2020 es una buena noticia que pone de manifiesto la vitalidad de la agroalimentación española, incluso en una situación tan compleja y comprometida como la determinada por la pandemia COVID-19.

Sin embargo, es preciso señalar que la Renta Agraria (29.093 millones de euros) no es atribuible en su totalidad a los agricultores y ganaderos propiamente dichos debido a que el modelo familiar tan solo justifica una fracción de las macromagnitudes, que muestra una evolución preocupante por su comportamiento regresivo, tal y como se detalla en el artículo publicado el pasado mes de julio en Agronegocios, que justifica el apoyo político a dicho modelo.