Archivo del Autor: Joaquin Olona

Una PAC más justa.

Zaragoza, 30 de mayo de 2024

La Política Agrícola Común (PAC) sigue teniendo un importante peso en la política comunitaria, al menos desde el punto de vista presupuestario, al tiempo que sigue siendo una de las pocas políticas estrictamente comunitarias respecto de la que los estados miembros tan solo juegan un papel subsidiario. La relevancia de la nueva configuración política del Parlamento Europeo, resultante de las elecciones del próximo 9 de junio, es por tanto incuestionable también desde la perspectiva agroalimentaria y rural.

Las protestas de los agricultores en absoluto deben confundir sobre la utilidad y necesidad de una política agrícola plenamente comunitaria para hacer frente a unos retos que como los de la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático o la sostenibilidad ambiental tienen un carácter global y, por tanto, una dimensión claramente transnacional. Lo que ponen de manifiesto las protestas es que la política agraria comunitaria debe afrontar una profunda reflexión más allá de las medidas de “flexibilización” recientemente adoptadas.

Un primer ámbito de reflexión, de importancia capital, es la fuerte componente tecnocrática que caracteriza la PAC y de la que se deriva muy probablemente la excesiva carga burocrática de la que, con no poca razón, se quejan los agricultores. Las dos últimas reformas, tanto la de 2013 como la de 2020, iniciaron su andadura con el buen propósito de una “simplificación administrativa” que se tradujo en todo lo contrario. Sin embargo, la carga burocrática -hasta cierto punto inevitable en todo programa de ayuda pública- no es la peor consecuencia de la tecnocracia imperante en la PAC.

A juzgar por los hechos, y dejando al margen el detonante político ultraderechista y antieuropeo que trata de capitalizar el descontento del mundo agrario y rural, la peor consecuencia de la tecnocracia comunitaria es la imposición de criterios -supuestamente técnicos- que cuando deben ponerse a prueba se constata que no cuentan con el apoyo político ni social necesario derivándose como resultado la poco edificante respuesta de “la marcha atrás”.

Las dos últimas reformas, la de 2013 y la de 2020, no puede decirse que hayan sido un éxito precisamente. Lejos de contribuir a la mejora de la cultura ambiental de los agricultores y a un reparto de fondos más justo y eficaz, las medidas adoptadas -algunas de ellas carentes de sentido agronómico o impropias de una política agrícola- no han hecho otra cosa que frenar el apoyo preferente a quienes pretenden vivir realmente de la agricultura, así como alimentar la insolidaridad con el resto del mundo y el “antiambientalismo” hasta el punto de la vergonzante petición de la supresión de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Es cierto que la agricultura afronta importantes retos técnicos y tecnológicos que también involucran a la política agraria. También lo es que las decisiones políticas deben tener fundamento técnico. Pero nada de eso debe llevar a la grave irresponsabilidad de que la política institucional siga amparándose en la tecnocracia con tal de no pronunciare ante los retos fundamentales.

Por ejemplo, el papel que debe jugar el modelo familiar y profesional agrario y su preferencia o no en relación con la ayuda pública no es una cuestión técnica, lo es profundamente política. Es por ello que los partidos políticos y sus dirigentes deberían posicionarse con claridad sobre esta cuestión, así como sobre todas las necesarias para configurar una verdadera política agraria. Y no sólo deberían hacerlo con mucha más claridad, sino como mucha más seriedad, responsabilidad y respeto a la inteligencia. Porque la política agraria quizás no la necesite la agricultura como tal, pero es indispensable para la supervivencia de los agricultores y del mundo rural tal y como lo conocemos, así como para los consumidores que, obviamente, somos todos los ciudadanos.

La tecnocracia en ningún caso debe ser la fórmula de gobernanza de la PAC, ni de ninguna otra política pública. Primero y principal, porque es una anomalía en una sociedad verdaderamente democrática. Pero también, porque ha demostrado su ineficacia para hacer frente a los retos que en estos momentos afronta el mundo agrario y rural.

Las fórmulas vigentes de “cogobernanza” de la PAC, que dan cabida a la tecnocracia, deben evolucionar hacia una verdadera gobernanza donde cada cual ejerza el papel que su legitimidad le otorga. Y debe hacerse con la máxima urgencia si, entre otras razones, se quiere que el campo europeo, en vez de convertirse  en el principal reducto de los reaccionarios frente a la sostenibilidad y la justicia social, siga siendo una de nuestras señas de identidad al tiempo que granero y despensa segura y asequible para todos.

El apoyo a la agricultura familiar en Aragón, más aparente y retórico que real.

Publicado en Agronegocios 17-05-2024 Apoyo a la agricultura familiar en Aragón. Joaquín Olona Blasco (agronegocios.es)

El apoyo a la agricultura familiar en Aragón, más aparente y retórico que real. Por Joaquín Olona Blasco

Siempre he pensado, y afirmado, que el apoyo generalizado a la agricultura familiar es más aparente y retórico que real. Así lo demuestran los hechos, en particular la reciente confirmación por parte del Gobierno de Aragón (PP-VOX) del inicio del proceso de derogación de la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón, aprobada en febrero de 2023 por las Cortes de Aragón.

Por supuesto que la nueva mayoría política PP-Vox vigente en Aragón está en su derecho de modificar el marco legal de competencia autonómica. Lo que no resulta creíble, ni coherente, es derogar esta ley afirmando a la vez el apoyo a la agricultura familiar. Los propios argumentos con los que se trata de justificar la derogación delatan la contradicción, al tiempo que ocultan las verdaderas razones. Y me explico: no cabe cuestionar la legitimidad de la ley por el hecho de que se aprobara en las Cortes de Aragón por mayoría y no por una unanimidad, ya negada de facto antes de la tramitación parlamentaria.

Tampoco le resta legitimidad la oposición minoritaria del sector, representado por ASAJA y ARAGA -absolutamente radical desde que se anunció la intención de formular la ley-, frente al apoyo mayoritario del sector representado por UAGA-COAG y UPA.

Además, no es legítimo pretender negar las mayorías referidas, distorsionando los hechos o haciendo intervenir a agentes que no representan a los agricultores, sino a otros agentes.

Por si fuera poco, tachar la ley de “ideológica” resulta paradójico cuando la iniciativa de la derogación surge del ámbito político-partidista (PP-VOX). El argumento de que la ley supone una extralimitación autonómica carece de solidez, dado que el Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye plenas competencias en materia de Agricultura, obligando a defenderlas y desarrollarlas.

La cuestión de inconstitucionalidad, planteada de hecho y como suele ser habitual ante toda ley autonómica por parte de la Administración General de Estado, quedó limitada a un reducido ámbito de cuestiones técnicas, ajenas a la esencia de la ley.

Afirmar, como se hizo, que la ley perjudica a los agricultores y ganaderos de Aragón y que se deroga en su beneficio equivale a decir que la mayoría de los agricultores y ganaderos aragoneses facturan más de un millón de euros anuales, algo que obviamente sólo puede afirmarse, salvo intenciones inconfesables, desde el más absoluto desconocimiento.

Decir también que la ley -de agricultura familiar- “define un modelo de agricultura caduco” deja muy claro cuál es la posición de quienes apoyan e impulsan la derogación de la ley, al tiempo que su incoherencia y contradicción, cuando a renglón seguido tratan de erigirse como los verdaderos y únicos defensores de los “agricultores” e incluso del propio modelo familiar.

De lo que no existe duda alguna, aunque nunca se mencione expresamente, es que lo que se quiere derogar en realidad es la preferencia del apoyo público al modelo familiar y profesional agrario frente a cualquier otra modalidad, que es lo que realmente constituye la esencia de la ley y, que como ya se ha dicho, sobre lo que no ha existido la más mínima cuestión de inconstitucionalidad.

Digo que no existe duda alguna sobre ello porque quienes desde el primer momento se opusieron de manera radical a la formulación de la ley, con el actual consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón y anterior representante de Asaja a la cabeza, siempre han manifestado que todas las modalidades de agricultura deben ser objeto de apoyo público. Una posición tan legítima y respetable como, a la vez, incompatible con un apoyo real al modelo familiar y profesional. Porque si todas las modalidades son objeto del mismo apoyo, entonces ¿en qué consiste exactamente el apoyo que se dice ofrecer al modelo familiar?

Razonamientos y razones

En más de una ocasión los escasos razonamientos expuestos para oponerse a esta ley han confundido – ya sea de forma premeditada, por falta de lectura y de reflexión, o por todo ello la vez- la protección y modernización del modelo familiar con una supuesta ley de agricultura general que, en ningún momento se pretendió hacer.

Es cierto que la ley hace referencia a cuestiones tales como el regadío, la concentración parcelaria, el patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, las cooperativas o la ganadería intensiva, pero lo hace en la medida que todas estas cuestiones resultan instrumentos determinantes para los objetivos de protección y modernización del modelo familiar y, sobre todo, cuando esos instrumentos se financian con fondos públicos.

La ley en modo alguno trata de impedir el desarrollo de otras modalidades de agricultura, en particular la de carácter corporativo. Lo que sí plantea con absoluta claridad, como ya se ha reiterado, es que la ayuda pública debe dirigirse de manera prioritaria al modelo familiar y profesional por las cinco razones que cito:

Porque el modelo corporativo tiene acceso a economías de escala, que son imposibles para el modelo familiar salvo que pierda dicho carácter;

porque el desarrollo del modelo corporativo, precisamente por su acceso a las economías de escala y a los fondos de inversión para el logro de sus objetivos de rentabilidad, no resulta razonable que se produzca a costa del presupuesto público;

porque la supervivencia del modelo familiar y profesional se encuentra gravemente amenazada, como lo demuestran los numerosos datos y análisis disponibles y atestiguan las movilizaciones de los últimos meses. ¿O es que acaso quienes se movilizan son directivos o trabajadores del modelo corporativo exigiendo mejoras salariales?

También porque toda la política de incorporación de jóvenes y de rejuvenecimiento del sector se centra exclusivamente en el modelo de agricultura familiar o profesional. ¿Resulta coherente este hecho con el de negar a continuación la prioridad de ayuda al modelo familiar y profesional?

Es más, el modelo familiar y profesional agrario, sin ser el más competitivo, ni tampoco seguramente el más eficaz ni el más eficiente, ni desde el punto de vista de la seguridad alimentaria ni desde el ambiental, sí que resulta esencial para la supervivencia del mundo rural, tal y como lo conocemos, así como para evitar el oligopolio alimentario al que tiende el modelo corporativo.

Por si no fuera bastante, la ley reconoce incluso la contribución que hace, y que debe seguir haciendo, el modelo corporativo en favor del modelo familiar, ya sea mediante la integración vertical dominante en la ganadería intensiva o mediante las cooperativas, en relación con la comercialización, la industrialización o la prestación de servicios.

La ley pretende evitar, sobre todo, que el modelo familiar acabe siendo expulsado de dichas modalidades corporativas, como ya ha ocurrido prácticamente en la cría porcina (“granjas de madres”) o en la producción de huevos.

Pero la ley también contempla el papel que juega el modelo familiar en relación con ambos sistemas corporativos, sobre todo como activo social ante el creciente rechazo del que es objeto la ganadería intensiva por parte de la opinión pública o el sombrío futuro que, en el mejor de los casos, cabe prever para las cooperativas si el modelo de agricultura familiar termina siendo irrelevante.

Es por esta última razón que me permito invitar a la reflexión a quienes desde uno y otro ámbito corporativo promueven o apoyan la derogación de la ley, ya que podría no ser tan dañina como piensan para sus propios intereses, admitiendo, por supuesto, que en toda ley siempre existe margen de mejora.+

Economía de la ganadería extensiva aragonesa.

24 de marzo de 2024

Si bien tan sólo aporta el 1,3% de la Producción Final Agraria aragonesa, la ganadería extensiva es una de las actividades agrarias más presentes en el debate político de la Comunidad Autónoma. Siendo bien conocido y apreciado su valor social, cultural y territorial es preciso conocer mejor las debilidades de su estructura económica que hacen imprescindible una ayuda pública cuya coherencia y eficacia es preciso mejorar.

Luces y sombras de la protesta agrícola.

Publicado en AGRONEGOCIOS 6-03-2024

Las movilizaciones de los agricultores, obviando las actitudes violentas que en algunos casos se han producido, la literalidad de sus reivindicaciones, así como los propósitos inconfesables del epicentro de la protesta, ponen de manifiesto el descontento generalizado de los agricultores con la Política Agrícola Común (PAC.

La PAC sigue siendo la única política verdaderamente común y uno de los grandes activos de la construcción europea. Desde el punto de vista agrario, la PAC es la principal garantía institucional con la que cuenta la agricultura familiar y profesional para afrontar la amenaza que supone para su supervivencia la grave insuficiencia de renta que sufre, así como para defender sus intereses en el escenario global. Sin embargo, corre el riesgo de perder su valor si en el futuro inmediato, tanto los responsables políticos, como el propio sector, no toman las decisiones adecuadas.

Siendo loable que desde todos los ámbitos políticos y sociales se manifieste el apoyo a los agricultores, sobre todo por la empatía que ello demuestra hacia un colectivo permanentemente azotado por la adversidad, no lo es tanto que en todo se les dé la razón. Porque darles la razón en lo que no la tienen, no es la mejor manera de ayudar.

Por razones obvias, no tienen razón los agricultores cuando exigen, por ejemplo, la supresión de la Agenda 2030 o de las normas sobre bienestar animal. Una reivindicación que, por sí misma, delata el catalizador político de la protesta.

Permitir la importación de productos obtenidos mediante procedimientos que aquí están prohibidos es una absoluta incoherencia y debería corregirse siempre y cuando no afecte a la salud, porque si le afecta, no debería haber nada más que hablar.  Sin embargo, cuando las prohibiciones responden a criterios de índole exclusivamente cultural, ideológica o política, como ocurre por ejemplo con los transgénicos, o lleva camino de ocurrir con la edición genética, aún pudiendo ser tan legítimos y respetables como los de índole científico-técnica, antes de pensar en imponérselos a quienes tienen otros valores e intereses también legítimos y respetables, convendría revisar los nuestros. Más aún, cuando la UE carece de la influencia política, diplomática y comercial para hacerlo a escala global o cuando ni siquiera todos los socios comunitarios son de la misma opinión como ocurre con las llamadas “cláusulas espejo”.

Pretender que se prohíban o limiten las importaciones de cereales, como de hecho se está exigiendo, choca frontalmente con las normas y principios de la competencia y de la competitividad. Pero es que, además, hacerlo perjudicaría el interés general, así como al propio sector dado su carácter esencialmente agroexportador y donde la ganadería intensiva tiene un peso determinante.

Sobre la imposibilidad de los “precios justos” y la alternativa que ofrece la PAC para el apoyo a los agricultores me remito a mi propio artículo sobre esta cuestión. Añadir, no obstante que la mera comparación de los precios percibidos por los agricultores y los pagados por los consumidores, sin tener en cuenta los servicios aportados y su coste real es un simplismo carente del más mínimo rigor. Llevado al extremo, que es lo que suele hacerse, supone negar el propio concepto de “cadena de valor”. Existen evidencias empíricas que demuestran que la diferencia entre los precios percibidos por los productores y los pagados por los consumidores finales aumenta con el nivel de desarrollo, no porque se generalice el fraude y el abuso, sino porque las exigencias de los consumidores son más elevadas. Por tanto, sería mejor empezar a pensar que la narrativa sobre los “intermediarios”, si bien tiene la ventaja de resultar “simpática” y fácil de entender, es un mal diagnóstico del problema.

Una cosa es luchar contra las malas prácticas comerciales a través de la “Ley de la cadena”, y otra muy distinta es exigir que una ley garantice el beneficio empresarial. Del mismo modo, una cosa es luchar contra el abuso cuando se produce y otra muy distinta creer y hacer creer que en la cadena agroalimentaria rige la ley de la selva cuando lo que rige son las leyes del mercado y las derivadas de nuestro ordenamiento jurídico.

Exigir la supresión del llamado “cuaderno de campo” supone frenar el impulso de la digitalización del sector agrario. Los agricultores harían mejor en exigir la supresión de lo que de absurdo y desproporcionado tiene la normativa que regula dicho “cuaderno”. Abogar por la supresión tan sólo conduce a lo que ya ha pasado: que se ha suprimido para los perceptores de la PAC que menos dependen de la actividad agraria y que menos contribuyen a su mejora y desarrollo para que, así, aún contribuyan menos.  Si bien puede ser una medida comprensible políticamente en el contexto de las protestas, dada la mayoría numérica de quienes responden a ese perfil, el problema es que no resuelve el problema de las exigencias absurdas y desproporcionadas perjudicando con ello a los agricultores y ganaderos de verdad.

Por último, siendo de la opinión de que no todos los requisitos ambientales exigidos por la PAC están ambiental y agronómicamente justificados y de que la política ambiental de la UE carece de un presupuesto coherente con su elevada ambición, lo que no cabe rechazar es la necesaria contribución de la actividad agraria a la sostenibilidad ambiental. Un requerimiento especialmente crítico para la supervivencia de la agricultura familiar y profesional que también en esto juega en clara desventaja frente al modelo corporativo y sus expectativas de rentabilidad financiera mediante el uso de los nuevos instrumentos como, por ejemplo, los que baraja la Comisión Europea para la gestión del carbono.

La política puede y debe dar soluciones, pero sólo podrá hacerlo si los agricultores profesionales, aun siendo minoría en el propio sector, se dejan ayudar por una PAC en la que es preciso trabajar para reformarla, de verdad, en favor del modelo familiar y del resto de la sociedad.

Sobre los «precios justos» que exigen los agricultores.

Zaragoza, 1 de marzo de 2024

Poco después del nacimiento de la PAC en 1962, el 20 de diciembre de 1968, la Comisión Europea presentó al Consejo de Ministros el “Memorandum sur la Reforme de l’Agriculture dans la CEE” conocido como el programa “Agricultura 1980” o “Plan Mansholt”. No sólo fue la primera reforma de la Política Agrícola Común (PAC), sino que fue, sin duda, la más valiente.

 Sicco Mansholt (1908-1995) se atrevió a liderar políticamente el reconocimiento de que lo que se estaba haciendo, y que él mismo había contribuido a implantar, era una política errónea de modo que para afrontar los retos y desafíos de entonces era necesario intervenir sobre las estructuras agrarias, no sobre los precios y mercados. La oposición frontal del propio sector agrario, también entonces a escala europea, impidió que el Plan saliera adelante, pero no evitó que se produjeran los problemas que Mansholt y su equipo trataban de evitar.

Tuvieron que pasar treinta años para que las autoridades comunitarias se vieran obligadas a desmantelar una política de precios y mercados que no sólo había fracasado en su objetivo de equiparación de la renta de los agricultores, sino que por su desmesurado coste se había convertido en una peligrosa amenaza para el propio Proyecto europeo.

El problema es que más de 50 años después todavía permanecen algunos elementos de esa política. Se resiste a desaparecer porque, de hecho, el sector agrario la sigue reivindicando; no sólo no ha asumido su ineficacia, sino que sigue pensando que es la solución. En realidad, es lo que hay detrás del eufemismo “Precios justos” acuñado para trasladar este deseo a una sociedad cada vez más desconocedora y alejada de la realidad agraria y rural.

Existen sólidos argumentos económicos, defendidos por ejemplo por la OCDE, en contra de la regulación de precios y mercados. Pero, aunque pidiera parecer paradójico, también los hay de carácter social.  

El establecimiento de precios mínimos para las producciones de las explotaciones más pequeñas, suponiendo que se pudieran implementar contradiciendo las normas sobre competencia y las reglas que rigen el comercio internacional, resultarían favorablemente desproporcionados para las más grandes y con más posibilidades de aplicación de las economías de escala.

Consecuentemente, el deseo de unos precios mínimos que sustenta la reivindicación relativa a “precios justos” no sólo es más utópico que real, sino que terminaría resultando injusto y perjudicial para el modelo familiar y profesional. Un modelo cuya supervivencia no está amenazada, en absoluto, por las importaciones, ni mucho menos por la política agraria que trata de protegerlo, sino por la agricultura corporativa y su objetivo de maximizar la rentabilidad de los fondos de inversión que la impulsan.

En absoluto se trata de demonizar a las grandes corporaciones, ni a los fondos de inversión, que son motores del crecimiento económico, del empleo y la innovación. Lo que sí se trata de dilucidar es quienes deben ser los beneficiarios preferentes y cómo y con qué finalidad esencial debe aplicarse la ayuda pública que supone la PAC .

Es indiscutible que el modelo corporativo, al utilizar las economías de escala, aporta mayor eficiencia económica, tecnológica e incluso ambiental siendo todo ello su principal atractivo. Sin embargo, es cuestionable que esta mayor eficiencia vaya a traducirse en una alimentación mejor y más asequible para los ciudadanos. Pero, sobre todo y como consecuencia de su propia eficiencia económica, amenaza la supervivencia de un mundo rural fuertemente ligado al modelo familiar agrario. Un modelo sobre el que gravita la política de incorporación de jóvenes y de rejuvenecimiento del sector incluida en la propia PAC y que, por tanto, sobre el que dicha política debería mostrar una preferencia más coherente y menos retórica.

En cualquier caso, la intervención política en los mercados agrícolas y en favor de los productores, difícilmente puede beneficiar al conjunto de los ciudadanos para quienes la seguridad alimentaria incluye que los precios sean asequibles. Claro, que también existe la posibilidad de que sean los consumidores, y no los agricultores, quienes acaben recibiendo la ayuda. No es necesario explicar lo que ocurre cuando los más vulnerables tienen problemas para comer, ni lo que pasa cuando la inflación afecta directamente a la cesta de la compra o, mejor dicho, cuando la compra de esta cesta contribuye a la inflación.

Resulta paradójico que quienes reivindican la vuelta a las obsoletas políticas de regulación de precios y mercados agrícolas sean quienes ya fueron los más perjudicados cuando se aplicaron y quienes volverían a serlo si volvieran a aplicarse: las explotaciones familiares profesionales.

Pero todavía resulta mucho más paradójico que suceda esto cuando la política agraria moderna, en nuestro caso la PAC, ha desarrollado un instrumento específico para la protección del modelo familiar como son las ayudas directas a la renta. Unas ayudas que no están pensadas para garantizar la rentabilidad financiera del negocio agrario, sino para facilitar que los agricultores y sus familias puedan vivir dignamente contando para ello con una “renta” equiparable a la del resto de los ciudadanos.

La «equiparación de rentas» a través de la ayuda directa a la renta es un propósito que, obviamente, todavía está lejos de alcanzarse y que difícilmente se alcanzará si no abordan reformas de verdad en la PAC. Pero, por supuesto, será imposible de alcanzar si los agricultores profesionales, que son sus principales beneficiarios potenciales, en vez de reivindicarla como principal vía de equiparación de sus rentas con las del resto de los ciudadanos la desprecian frente al canto de sirena de los “precios justos”, un propósito tan deseable como imposible de lograr.

La Política agrícola ante su propio laberinto.

Joaquín Olona Blasco

Zaragoza, 11 de febrero de 2024.

El sector agrario, particularmente el del mundo más desarrollado, cuenta con una política pública específica como ningún otro sector económico tiene. Durante el periodo 2019-2022, los 51 países incluidos en el seguimiento y evaluación de políticas agrícolas que lleva a cabo la OCDE, destinaron 851.000 millones de dólares anuales a la agricultura. Una cifra récord que supuso un aumento del 22 % con respecto a los 696.000 millones de dólares anuales del trienio prepandémico 2017-2019.

El 74% de la ayuda total se destinó directamente los agricultores individuales bajo diferentes fórmulas, siendo equivalente al 14% de los ingresos percibidos por la venta de sus productos. Un indicador, este último, que varía mucho de unos países a otros. Así, mientras que en India, Argentina o Brasil fue el -20,2%, -13,2 y el -10,6% respectivamente en 2022 -el signo negativo indica que son los agricultores quienes ayudan a sus respectivos estados- en Japón alcanzó el 31,8%, en Suiza en 44,6% y en Noruega el 49,2 %. En Estados Unidos fue el 7,2% y en la Unión Europea el 15,1%.

El apoyo público a la agricultura es propio del desarrollo económico. Así, por ejemplo, China ya concentra el 36% de la ayuda agrícola total, habiendo desplazado recientemente a Estados Unidos y a la Unión Europea, que con el 15% y el 14% respectivamente, han dejado de liderar este apoyo en el contexto mundial. Así mismo, los agricultores chinos ya dejaron de financiar al Estado, como sigue ocurriendo en los países menos desarrollados, y la ayuda que perciben equivale al 13,4% de los ingresos por ventas de sus productos.

El fuerte crecimiento de la ayuda agrícola mundial, al que no ha sido ajeno la UE, ni tampoco España y sus Comunidades Autónomas -que de forma conjunta han complementado la PAC con fondos adicionales muy significativos- es la evidencia de que la política agraria ha reaccionado ante los graves problemas provocados por la COVID-19, la guerra de Ucrania y el resto de las crisis de diferente índole global y local. Otra cosa es valorar si la respuesta ha sido suficiente y, sobre todo, si ha sido la adecuada.

La opinión de la OCDE no es del todo favorable dado que sigue valorando muy negativamente las intervenciones sobre el mercado. A este respecto, viene considerando desde hace décadas, que las políticas de mercado perjudican al propio mercado y al comercio, y más recientemente, que también resultan perjudiciales para el medio ambiente. También considera la OCDE que la ayuda no se concentra suficientemente en los hogares que más lo necesitan, y que no se hace todavía lo necesario para lograr que la agricultura alcance los niveles deseables de sostenibilidad ambiental, de resiliencia frente a los riesgos naturales y de contribución a la lucha contra el cambio climático.

Resulta evidente que el sentimiento que los agricultores están manifestando en estos momentos contrasta fuertemente con el punto de vista de la OCDE. Sirva este contraste, en todo caso, para poner de manifiesto la extraordinaria complejidad que afronta la política agraria. Porque, en modo alguno cabe minusvalorar los argumentos y reivindicaciones de quienes de forma tan rotunda se quejan. Y menos todavía, cuando en muchas cosas no les falta razón. Y, porque tampoco cabe remitir al rincón de pensar a quienes tan enfadados están con las políticas a través de las que se les quiere ayudar, como ocurre en estos momentos con una PAC que se acaba de reformar.

En cualquier caso, quienes más obligados están a reflexionar son quienes desde los diferentes ámbitos supranacionales determinan las directrices estratégicas que condicionan las políticas nacionales. Pero también, y a poder ser antes de actuar, quienes en este momento tienen la responsabilidad de gobernar su respectivo ámbito, así como quienes, participando en las instituciones políticas, configuran nuestro sistema democrático. No cabe la menor duda de que lo harán; lo que hay que esperar y, si es necesario ayudar hay que hacerlo, es que se haga de forma acertada y eficaz. Todo ello exige separar el grano o verdadera naturaleza y raíz de los problemas agrícolas, de la paja que supone el populismo, la demagogia y el desconocimiento que fundamenta el oportunismo de quienes están ofreciendo a los agricultores conquistar el Paraíso.

La nueva PAC y las inminentes siembras de otoño.

Zaragoza, 10 de octubre de 2022

El Plan Estratégico Nacional de la PAC permite programar las siembras con suficientes garantías.

En estos momentos tan sólo cinco países de la UE cuentan con el correspondiente Plan Estratégico de la PAC aprobado por la Comisión Europea y uno de ellos es España. Además de garantizar el pago de la PAC en 2023, la aprobación del citado Plan el pasado 31 de agosto aporta la información necesaria para programar las siembras de otoño con suficientes garantías y seguridad desde el punto de vista del acceso a las ayudas de la PAC. Afirmar lo contrario no sólo carece de fundamento, sino que tan sólo contribuye a generar confusión e incertidumbre donde no la hay.

Procede, por tanto, un llamamiento a la responsabilidad, especialmente y sobre todo, y por razones que deberían ser obvias, a las entidades colaboradoras de la Administración en la gestión de la PAC.

La ayuda básica a la renta, así como la ayuda complementaria de carácter redistributivo y destinada a los jóvenes, está perfectamente determinada sin que suponga cambios sustanciales, y mucho menos en relación con las siembras de otoño, respecto del actual Pago básico. Supondrán, en todo caso, mejoras en la percepción de la ayuda para las zonas con pagos actuales más bajos por hectárea como es el caso de las zonas más áridas, al tiempo que facilitarán el acceso a los pastos para quienes llevan a cabo pastoreo efectivo con ganado propio, entre otros avances en favor de la agricultura familiar y profesional a pesar de no haber logrado, por parte de quienes lo defendíamos, la completa supresión de los derechos históricos

Las ayudas asociadas, que suponen un aumento del 18% en la ayuda a la ganadería extensiva, tampoco plantean duda ni incertidumbre alguna. Fundamentalmente, porque salvo el aumento señalado regirán las mismas reglas vigentes.

Las ayudas agroambientales verán importantes mejoras, en particular las relativas a las razas extensivas autóctonas que pasarán a cobrar por cabeza en vez de por hectárea ajustando con ello mucho mejor la ayuda a las necesidades y condiciones de nuestra ganadería.

La ayuda a la agricultura ecológica se verá notablemente aumentada con el propósito de ampliar significativamente su extensión y contribución productiva. Una modalidad agrícola que se rige por una normativa perfectamente definida que se mantiene sin ninguna modificación.

La llamada condicionalidad reforzada queda perfectamente definida. Otra cosa es la valoración que cada cual haga sobre las nuevas exigencias, pero eso no tiene nada que ver con la incertidumbre.

Las incertidumbres que hubo sobre las intervenciones sectoriales, de carácter esencialmente presupuestario y en menor medida de alcance, ya hace meses que se resolvieron. En todo caso, en nada afectan a las siembras que ahora toca llevar a cabo.

La principal novedad viene de la mano de los llamados ecorregímenes que representan el 23% del importe del Primer Pilar y que, por cierto, se definen y aplican completamente al margen de los derechos históricos permitiendo con ello el acceso automático a los pagos directos de la PAC de quienes no tienen derechos individuales, así como a los pagos por hectárea sin el condicionante de las referencias históricas. Es el caso, por ejemplo, de los fruticultores, así como de todos los cultivos y ganados que se acojan a estos ecorregímenes.

Todos los ecorregímenes están suficientemente definidos para que los interesados puedan elegir libremente aquellos que más les convengan de cara a la siembra inminente de este otoño. Una decisión que corresponde a cada interesado en particular y que sólo él mismo puede y debe tomar en base a una información disponible, accesible y suficiente.

Las prácticas agronómicas exigibles por los ecorregimenes están ya muy extendidas. Es el caso de la siembra directa y de la agricultura de conservación, los barbechos, la rotación de cultivos herbáceos, las cubiertas vegetales en cultivos leñosos o las prácticas en favor de la biodiversidad. Son todavía más generalizadas incluso las prácticas exigibles para el pastoreo sostenible y el bienestar animal.

Más allá de los detalles técnicos y administrativos necesarios para la declaración formal de la PAC, que tendrá que realizarse dentro de unos meses y una vez publicada toda la normativa nacional y autonómica pertinente, no cabe hablar de indefinición ni de indeterminación para tomar las decisiones necesarias para sembrar.

Unas siembras inminentes que, en todo caso, si cabe reconocer que se ven seriamente condicionadas por el elevado precio de los fertilizantes minerales, de los combustibles o de las semillas, además de por un escenario meteorológico ciertamente incierto. Pero los agricultores no sólo conocen bien, sino que aplican con extrema generosidad el refrán: “Si el labrador contara, no sembrara”.

No obstante, además de la detallada información hecha pública por el Ministerio de Agricultura, disponible en la web y que resulta muy aconsejable consultar con atención sobre todo por parte de quienes más exigentes son con la optimización del cobro de la PAC y la máxima concreción en sus detalles técnicos, desde las Comunidades Autónomas se viene desplegando una intensa actividad informativa y divulgativa sobre las novedades que supone esta nueva PAC.

Corresponde a las Administraciones informar sobre la ortodoxia de los ecorregimenes para garantizar su cumplimiento, no para soslayar sus condicionantes y exigencias claramente formuladas en el Plan Estratégico Nacional aprobado por la CE y que deben cumplirse de manera estricta. Tampoco cabe exigir a la Administración el asesoramiento personalizado orientado a maximizar los ingresos procedentes de la PAC que, en última instancia, corresponde al interesado en función de su propio perfil personal, objetivos y condiciones específicas que sólo él mismo conoce.

El debate político llevado a cabo sobre la nueva PAC y su aplicación en España, que ha sido intenso y profundo, finalizó hace meses con el resultado ya conocido. Lo que ahora procede no es buscar tres pies al gato, sino arrimar el hombro para lograr la máxima eficacia en la aplicación de la PAC. No la PAC que a cada cual nos gustaría, sino la aprobada a través del Plan Estratégico Nacional y, por tanto, la que se rige por unas reglas de juego perfectamente conocidas que estamos obligados a cumplir, que, en ningún caso, cabe cuestionar y que acaba con toda incertidumbre e indeterminación, al menos de cara a las siembras que en las próximas semanas han de llevarse a cabo.

Será después, dentro de varios meses, cuando deberán formularse las declaraciones de la PAC, no sin antes haber publicado la normativa reguladora con arreglo a un calendario desde hace meses anunciado, y haber desarrollo una segunda fase divulgativa que facilite dicha declaración con las necesarias garantías.

Reforma de la PAC: ¿Todas las Comunidades Autónomas buscamos tan solo maximizar nuestro pedazo de tarta?

Zaragoza, 12 de septiembre de 2021

Quienes representamos a las Comunidades Autónomas en relación con la Reforma de la PAC, a juzgar por los análisis dominantes, parece ser que carecemos de otra visión y propósito que no sea el logro del mayor presupuesto posible en el reparto del importe nacional a expensas del resto.

Debería resultar obvio que la obligación de los consejeros autonómicos es la defensa de los intereses de su Comunidad respectiva. Más aún cuando su posición está refrendada por acuerdos y mandatos que incluyen a los propios parlamentos regionales. Pero eso no implica que tan solo se busque maximizar el sobre autonómico a expensas del resto del Estado; y mucho menos que siempre se haga de manera insolidaria, desleal y con absoluta falta de visión de Estado.

No es Aragón, en absoluto, la única Comunidad Autónoma que mantiene criterios y posiciones relativas a la Reforma de la PAC que trascienden esa visión tan miope y estrecha que se nos achaca. Tampoco es Aragón una excepción en la formulación de acuerdos con otras Comunidades Autónomas que, atendiendo a criterios geográficos, agronómicos o de otra índole, persigue contribuir a la mejor formulación posible del Plan Estratégico Nacional.

La posición aragonesa en relación con la reforma de la PAC, sustentada en un amplio y sólido acuerdo político y social, defiende la concentración de las ayudas en el apoyo directo de la renta de quienes más dependen de la actividad agraria en función de sus ingresos. Ello no excluye, en absoluto, a quienes practican la agricultura a tiempo parcial ya que en ningún momento hemos identificado al “profesional” con quien acredita ingresos exclusivamente agrarios. Es más, hemos admitido porcentajes de ingresos agrarios tan escasos como el 25%, incluyendo las ayudas de la PAC, para considerar al beneficiario como profesional a los efectos de la PAC y vincularlo así a la preferencia que reivindicamos. Una preferencia que resulta determinante para la defensa de los jóvenes y del rejuvenecimiento del sector ya que el apoyo a su incorporación viene exigiendo en la práctica niveles de profesionalidad más elevados.

Concentrar la ayuda en los “profesionales”, una vez establecidas las correspondientes limitaciones de pagos por encima de determinadas cantidades y condiciones, haciendo uso sobre todo de la Ayuda redistributiva a la renta, equivale a concentrar la ayuda en quienes más la necesitan, siendo además la vía más eficaz para afrontar la brecha de renta existente entre los agricultores y el resto de los ciudadanos.

Pero para que la ayuda se concentre efectivamente en quienes más la necesitan exige, a su vez, la supresión de unas referencias históricas y de unos derechos individuales que, además de injustos e ineficaces, bloquean la redistribución de los fondos respecto de cualquier objetivo que se plantee, incluido el del género.

El sistema de derechos se ha traducido en anomalías sociales y territoriales que es preciso subsanar con la mayor urgencia posible. Así, desde Aragón también propugnamos la reducción significativa del número de regiones productivas, así como la aceleración del proceso de convergencia, tal y como de hecho le exige a España la propia Comisión Europea. Es la única vía para que desaparezcan las aberrantes diferencias actualmente existentes en los pagos por hectárea, de modo que por producir lo mismo en las mismas o similares condiciones se aplique el mismo pago por hectárea.

También defendemos desde Aragón que la ganadería extensiva, dadas las especiales dificultades que afronta y el importante papel socio-territorial y ambiental que desempeña, tenga un tratamiento preferente a través de las ayudas asociadas de modo que el pago por cabeza se incremente de forma significativa, sobre todo en el caso de la ganadería ovina.

Sorprende que estas propuestas hayan sido valoradas como interesadas para Aragón, cuando no descalificadas por su falta de contribución a la necesaria política de Estado. Consecuentemente cabría formular las siguientes preguntas:

  • ¿Acaso sólo hay dependientes de la agricultura y de la ganadería en Aragón?
  • ¿Es que en el resto de España no hay agricultores y ganaderos que aspiran a vivir de la actividad agraria?
  • Si la exigencia de acreditar cualquier porcentaje de ingresos procedentes de la agricultura, incluyendo las ayudas, por mínimo que sea, se interpreta que excluye a los agricultores a tiempo parcial ¿Qué se entiende entonces por agricultor y agricultura a tiempo parcial?
  • Sabiendo que es preciso afrontar mayores exigencias ambientales de las que se derivarán, sin duda, mayores costes ¿No es conveniente reforzar el apoyo a la renta de quienes más se van a ver afectados y mayor esfuerzo deberán hacer (los profesionales)?
  • ¿Acaso la brecha de renta que sufren los agricultores y ganaderos no es un serio obstáculo para la mejora social, económica y ambiental de nuestra agricultura y ganadería?
  • ¿Podemos afrontar realmente los retos del rejuvenecimiento, del género, de la competitividad y de la sostenibilidad marginando en las ayudas a la profesionalidad agraria?
  • ¿Podemos afrontar realmente el futuro del mundo rural y la despoblación marginando en las ayudas la profesionalidad agraria?
  • ¿No cabe considerar como cuestión de estado los problemas y retos que plantea la ganadería extensiva?

La cuestión de los derechos históricos y de la convergencia en absoluto sitúa a Aragón en posición de ventaja. Si bien existe una mayoría política y social a favor, también hay fuerzas políticas Organizaciones Agrarias que se oponen. Si defendemos la supresión de los derechos y la aceleración de la convergencia no es porque Aragón amplíe su “sobre” de la PAC, sino porque es lo mejor para quienes viven o tratan de vivir de la agricultura y de la ganadería en Aragón, pero también en cualquier otra parte de España.

Cabe preguntarse por último sobre dos cuestiones adicionales:

Una, sobre la coherencia de quienes piden que las ayudas se concentren en los profesionales al mismo tiempo que exigen que los derechos históricos se mantengan o que incluso se tengan en cuenta en la aplicación de los ecoesquemas cuando se pide su regionalización. ¿Será que hay territorios donde los derechos históricos están justa y eficazmente distribuidos en función de la profesionalidad y de la brecha de renta? En Aragón desde luego que no es así; y me temo que en el resto de España tampoco.

La otra, sobre la coherencia de quienes exigen la intervención del Estado sobre los precios y mercados agrarios al objeto de garantizar una renta justa para los productores –que está fuera de toda posibilidad en el marco jurídico-administrativo de la UE- pero rechazan la redistribución de las ayudas de la PAC destinadas al apoyo a la renta en favor de quienes más dependen de la actividad agraria, es decir, de los profesionales. ¿Será que saldrían más beneficiados los pequeños agricultores y ganaderos profesionales con la (imposible) fijación de precios mínimos que con una distribución más justa de la ayuda a la renta? En Aragón, desde luego que no; y en el resto de España me temo que tampoco.