@PhillHoganUE sigue si aclarar el recorte propuesto para la PAC 2021-2027

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 20 de mayo de 2018.

El pasado día 16 de mayo de 2018, el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea Phill Hogan  publicó en el Heraldo de Aragón (página 23) un artículo titulado  “La UE y los agricultores”. En el mismo explica que el presupuesto propuesto  para la PAC, que él mismo califica como justo, “garantizará en la próxima década ayudas de la UE por importe de 365.000 euros en apoyo de los 22 millones de agricultores europeos“. Se trata del presupuesto propuesto por la Comisión Europea  para la el la PAC en el seno del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, presentado por la propia Comisión Europea el día 2 de mayo de 2018..

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El Comisario no explica que la PAC cuenta en el periodo vigente 2014-2020 con 408.313 millones de euros. Una cifra que si se compara con los 365.000 millones de euros no se traduce en una reducción de “menos del 5%”, tal y como como dice su artículo, sino del 10,61 %. Pero es seguro que si el Comisario lo afirma es porque tendrá una explicación que no ofrece. ¿Quizás la explicación tiene que ver con el Brexit? Quizás, pero debe ser el Comisario Hogan quien debería aclararlo.

También debería explicar el Comisario que la propia Comisión Europea diferencia entre euros corrientes y euros constantes. Porque claro, para que las cifras puedan compararse con rigor cuando se refieren a periodos tan largos (2014-2027) debe tenerse en cuenta la inflación. Así, referidas las cifras al año 2018 la reducción del presupuesto propuesto para el nuevo periodo 2021-2027 es del 17,97 %.

Efectivamente, la PAC necesita una “Una financiación adecuada para ayudar a los agricultores y al resto del sector agroalimentario” como dice el Comisario Hogan. Sin embargo, difícilmente lo será sino se adoptan las reformas necesarias, concretando las prioridades políticas pertinentes para determinar con mayor precisión a quiénes se destina el dinero y para qué finalidad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo ayudar a los agricultores de verdad que “al resto del sector agroalimentario”.

También es necesario limpiar y regular el Ebro para reducir los riesgos de inundación.

Por Joaquín Olona. Publicado en iagua el 4 de mayo de 2018.

La protección permanente de los núcleos urbanos frente a avenidas debe ser una prioridad absoluta frente a cualquier otro interés.

También es necesario limpiar y regular Ebro reducir riesgos inundación

No debemos limitarnos a lograr un cauce preferente y una la llanura de inundación más resilientes. También podemos y debemos reducir la probabilidad de inundación o de su periodo de retorno aumentando la capacidad de regulación del río en el marco de la unidad de cuenca.

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El límite de 60.000 € para los pagos directos de la PAC no tendría ningún efecto práctico.

Por Joaquín Olona Blasco. Zaragoza, 11 de mayo de 2018.

De acuerdo con el análisis efectuado por Alan Matthews  el límite máximo de 60.000 € por explotación (capping)  propuesto por la Comisión Europea para los pagos directos no tendrá el más mínimo efecto en la mayoría de los Estados miembros, entre ellos España, porque, en la gran mayoría de los casos los pagos netos a los que se aplicará el límite serán cero.

La inoperancia práctica de la nueva artimaña comunitaria para que nada cambie radica en la aparentemente razonable deducción de los costes laborales, incluidos los del trabajo no remunerado, del importe de los pagos directos antes de la aplicación del límite máximo. El truco es bastante burdo y radica en el hecho de que, por regla general, los costes laborales medios  por hectárea (720 €/ha para el conjunto de la UE y 531 €/ha para España) son mucho mayores que el pago directo promedio por hectárea (256 €/ha para el conjunto de la UE y 220 €/ha para España).

La gráfica elaborada por Matthews muestra el caso en el que el coste unitario de la mano de obra es 250 €/ha porque es justo el valor para el que los pagos directos netos a los que se aplica el límite máximo de los 60,000 € es justamente cero. Así el umbral de límite (la línea de puntos inclinada) nunca se cruza con la línea roja que representa el pago directo total recibido por la explotación y que, consecuentemente, nunca se ve reducido. Sólo si el coste unitario de la mano de obra es menor que el pago directo promedio por hectárea (que solo pasa en Bulgaria, Rumanía, Lituania y en algunos casos de Estonia)  la línea del límite máximo puede llegar a cortarse con la del pago directo total (linea roja) en una cantidad elevada. Si el coste unitario del trabajo es mayor que el pago promedio unitario (que es lo habitual en España) entonces la inoperancia del capping está totalmente  asegurada.

 

 

El verdadero recorte propuesto para la PAC 2021-2027.

Por Joaquín Olona. Zaragoza. 6 de Mayo de 2018.

Resulta sorprendente que, tras la presentación de la propuesta del presupuesto comunitario para la nueva etapa 2021-2027 por parte de la Comisión Europea (CE), se difundiera que la reducción para la PAC fuera del 5% cuando en realidad es del 10,61 % en precios corrientes y del 17,97 % en precios constantes de 2018. Pero todavía es más incomprensible que la CE siga sin ofrecer ninguna aclaración.

La  CE propone un recorte del 7,30% en precios corrientes y del 14,97 % en precios de 2018 para el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) sin que sepamos todavía cuál sería la distribución entre los pagos directos del Primer Pilar y las medidas de mercado de la OCM. Por lo que se refiere al desarrollo rural (Segundo Pilar de la PAC) la reducción es del 20,86% en precios corrientes y del 27,26 % en precios de 2018.

Los porcentajes  se han calculado en base a las cifras que recoge el cuadro que sigue, que se ha obtenido considerando que,  dado que la CE ofrece las cifras del Marco Financiero Plurianual 2014-2021 en precios corrientes así como en precios de 2011, 1 € de 2011 equivale a 1,08 € de 2018.:

En la página 24 de la Comunicación COM(2018) 321 final, que puede verse en https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-321-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF, se afirma que “la Comisión ha examinado de forma crítica dónde se puede ahorrar sin menoscabar el valor añadido de los programas de la UE. Como parte de este esfuerzo, la Comisión propone reducir moderadamente la dotación presupuestaria para la política agrícola común y la política de cohesión a fin de tener en cuenta el nuevo contexto y poder liberar recursos para otras actividades“.  Difícilmente puede admitirse que la reducción presupuestaria propuesta para la PAC sea “moderada” una vez vista su verdadera magnitud.

Esa misma Comunicación incluye el gráfico que sigue donde se muestra la continua y preocupante pérdida de peso que viene sufriendo la PAC en el conjunto del presupuesto comunitario. Con la reciente propuesta de la CE, la PAC pasaría de representar el 55% del presupuesto comunitario durante el periodo 1988-1992 a menos del 30% en el nuevo periodo 2021-2017. Todo ello sabiendo que el presupuesto total no ha crecido en relación con el PIB ya que el el programado para 2021-2027 representa el 1,11% de la Renta Nacional Bruta de la UE-27 mientras que el del periodo 1993-1999 representó el 1,25%.

Con el recorte propuesto en el marco de la evolución regresiva del presupuesto de la PAC resulta difícilmente creíble que “la modernización de estas políticas les permitirá seguir cumpliendo sus principales objetivos y contribuir a su vez a las nuevas prioridades” tal y como afirma la Comunicación. Sobre todo una vez conocido el decepcionante borrador del Reglamento mediante el que la CE pretende “reformar” la PAC.

 

 

 

 

 

Frenar el deterioro estratégico y presupuestario de la PAC.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de Mayo de 2018.

La PAC sufriría un recorte del 10,61% y no del 5% como se había barajado tras presentar la Comisión Europea su propuesta para el Marco Finananciero Plurianual 2021-2027.

El recorte en el presupuesto de la PAC propuesto por la Comisión Europea para la nueva etapa 2021-2027 supone un nuevo varapalo a los agricultores y al mundo rural. Una mala noticia que se suma a la decepcionante propuesta de Reforma de la PAC también planteada por la Comisión en el borrador de Reglamento que pudo conocerse el pasado 26 de abril.

El presupuesto de la PAC en el seno del Marco Financiero Plurianual 2014-2020, dotado con 1,08 billones euros, se modificó en 2015 mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2015/141; DO L 24, quedando establecido en 408.313 millones euros, de los que 308.726 millones euros correspondían a pagos directos y medidas de mercado (OCM) mientras que los 99.587 millones euros restantes se destinaron a desarrollo rural. Las negociaciones del denominado «Reglamento ómnibus» concluyeron en octubre de 2017 si bien los importes relativos a la PAC no se vieron afectados.

El Marco Financiero Plurianual propuesto para la nueva etapa 2021-2027 aumenta hasta los 1,27 billones de euros (en precios corrientes). Sin embargo, la dotación para la PAC se reduce a 365.005 millones euros, destinándose 286.195 millones euros a pagos directos y medidas de mercado (Primer Pilar) y 78.811 millones euros a desarrollo rural (Segundo Pilar).

De acuerdo con estas referencias, el presupuesto total de la PAC sufriría un recorte del 10,61% y no del 5% como se había barajado. En este sentido la reducción del Primer Pilar sería de un 7,30 % y la del Segundo un 20,86 %.

Mientras que en el periodo 2014-2020 la PAC representa el 37,96 % del presupuesto total de la UE, en el nuevo periodo 2021-2027 dicho peso se vería reducido en 9,22 puntos porcentuales pasando al 28,74 %.  Esto da una idea más cabal del deterioro presupuestario que está sufriendo la que sigue siendo la única política verdaderamente común de la UE en favor de otras políticas cuya necesidad no se discute pero que no deberían ser a costa del apoyo que necesitan los agricultores y nuestro mundo rural.

Pero, el deterioro no solo es consecuencia de la continua pérdida de recursos financieros en términos reales, sino sobre todo por el persistente empeño en eludir las reformas de calado que se necesitan para lograr una PAC mucho más justa y eficaz, así como por poner en peligro su verdadero carácter comunitario aumentando la tasa de cofinanciación nacional. La propuesta presupuestaria de la Comisión Europea sobre la PAC abre la puerta de par en par a dicho aumento de cofinanciación nacional en la medida que contempla la posibilidad de que los Estados miembros, además de cofinanciar con fondos propios los pagos directos destinados a los pequeños agricultores, también puedan destinar parte de los pagos directos al desarrollo rural y viceversa.

Frenar el deterioro de la PAC no solo exige frenar los recortes presupuestarios. Es imprescindible, y quizás más importante, impulsar las reformas estratégicas de fondo, que no solo de forma y de arquitectura, en favor del modelo de agricultura familiar, es decir, de los agricultores profesionales que más dependen de la actividad agraria y más y mejor contribuyen a la mejora de la agricultura en el seno de un mundo rural vivo y sostenible.

La decepcionante propuesta de la Comisión Europea para reformar la PAC.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 1 de Mayo de 2018.

El pasado 26 de abril se filtró un borrador sobre la propuesta de Reglamento sobre la nueva PAC en el que trabaja la Comisión Europea. Mientras que la Comunicación sobre el futuro de la agricultura y los alimentos sorprendió por su enfoque atrevido y novedoso, el borrador, si bien favorece algunos de los planteamientos que hacemos desde el Gobierno de Aragón, sorprende por la ausencia de cambios de calado, lo que nos sitúa de nuevo ante el riesgo de una Reforma tan inútil como la anterior.

Habiendo fracasado hasta el momento todas las definiciones del supuesto agricultor sobre el que concentrar las ayudas de forma prioritaria, la Comisión Europea insiste ahora con una nueva figura: la del “agricultor genuino”. No es una broma. En realidad, el borrador no lo define sino que “deberá definirse para garantizar que no se conceda ayuda a quienes su actividad agrícola sea una parte insignificante de su actividad económica general o cuya actividad comercial principal no sea agrícola, sin excluir de la ayuda a los agricultores a tiempo parcial” . Añade que “los estados miembros definirán qué agricultores no se consideran genuinos en función de condiciones tales como justificantes de ingresos, mano de obra contratada en la explotación, finalidad de la empresa y/o inclusión en registros“. Si bien introduce la consideración del peso de la actividad agraria en relación con la actividad total del beneficiario en línea con lo propuesto desde el Gobierno de Aragón, nos encontramos ante un concepto que lo suficiente ambiguo para que, a los efectos prácticos,  resulte tan inútil o más como la de “agricultor activo”.

El borrador deja libertad a los Estados miembros para mantener o eliminar los sistemas de derechos de pago básico lo que permite mantener la asignación de derechos y de sus importes en base a derechos históricos. Ello impide la necesaria redistribución de la ayuda en favor de los más jóvenes y profesionales así como de quienes más dependen de la actividad agraria o se sitúan en zonas con menor potencial productivo.

Las ayudas directas desacopladas mantienen el modelo actualmente vigente basado en el pago por “hectáreas admisibles”. Todo ello con independencia de que, en línea con lo propuesto desde el Gobierno de Aragón y en el marco de los planes de apoyo estatales abiertos a su establecimiento a escala regional, podrían ser más coherentes con las políticas agrarias autonómicas mediante el Apoyo a los Ingresos Básicos para la Sostenibilidad (BISS), el Apoyo a los Ingresos Redistributivos Complementarios para la Sostenibilidad (CRISS), el Apoyo de Ingresos Complementarios para Jóvenes Agricultores (CIS-YF) o el Esquema Voluntario para el clima y el medio ambiente (Echo-scheme).

Las ayudas acopladas mantienen prácticamente la misma estructura actual.

La posibilidad de financiar el pago a los “pequeños agricultores” con fondos propios abre la puerta a la cofinanciación nacional de los pagos directos manteniendo, además, las complicaciones administrativas actualmente existentes.

Si bien establece un límite máximo absoluto de ayuda (capping)  teniendo en cuenta la remuneración del trabajo aplicado en la explotación, da la posibilidad de limitarlo individualmente lo que -con independencia del riesgo de fraccionamiento de explotaciones- puede llevar a que, como ya ha ocurrido con la figura de agricultor activo, no tenga efectos prácticos o sean muy limitados. Por otro lado, la cifra establecida para el límite máximo absoluto (60.000 €) resulta un tanto arbitraria y, a pesar de tener en cuenta la remuneración del trabajo, no garantiza una compensación de rentas justa ni eficaz.

La condicionalidad incrementa sus ámbitos de control lo que, unido a las nuevas exigencias en relación con el capping y la ausencia de nuevos planteamientos en relación con la gestión, no sólo impedirá la prometida simplificación sino que introducirá más complejidad administrativa y más dificultades burocráticas, sobre todo para los beneficiarios y las Comunidades Autónomas.

Persisten los enfoques sectoriales y las intervenciones en frutas y hortalizas, vino, aceite o apicultura siguen la misma línea que la OCM actual de lo que cabe deducir que los agricultores dedicados a estas actividades, junto con quienes dedican su actividad a otros sectores como el porcino, la avicultura o la cunicultura, seguirán excluidos de los pagos directos con independencia de sus dificultades de renta.

Si bien el capping así como del umbral mínimo establecido para la superficie  elegible (artículo 32) favorecería a la agricultura familiar, no se introducen los cambios necesarios para el apoyo que necesita ante las graves amenazas que afronta en el actual contexto de población agraria muy envejecida, falta de relevo generacional – si  que el borrador preste especial atención a la incorporación de jóvenes- y fuerte competitividad internacional.

Si bien se considera positivo que se considere como objetivo el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales, el borrador no contempla nuevos mecanismos para lograrlo sin que se aprecien novedades destacables en materia de desarrollo rural.

Finalmente, aunque de carácter marginal, cabe resaltar por su potencial en relación con la política agraria nacional,  que el borrador incluya como medida contra la volatilidad de la renta  de las explotaciones, eximir de la consideración de Ayuda de Estado  el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre una base plurianual.

Ante el carácter poco reformador del Borrador se impone la necesidad de promover los cambios de calado que la Comisión Europea, según parece no contempla. Porque son los agricultores, y no tanto la agricultura en sí misma, quienes están gravemente amenazados y, con ello, nuestro mundo rural tal y como lo conocemos.

Por una aplicación más justa y eficaz de las ayudas directas de la PAC.

Por Joaquín Olona. Publicado por Agronegocios, nº 691,  16 de marzo de 2018.

Son los profesionales que más dependen de la agricultura y que más contribuyen con sus explotaciones a la mejora productiva, ambiental y social los que desaparecerán si no reciben el apoyo público necesario, al margen de lo que produzcan.

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Una agricultura innovadora ,,, y familiar.


Por Joaquín Olona. Publicado por Heraldo de Aragón. Zaragoza, 18 de febrero de 2018.

La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza (FIMA) es uno de los máximos referentes mundiales de la innovación tecnológica agrícola, particularmente en el ámbito de la mecanización.

El hecho de que, en el mundo más desarrollado y avanzado, una mínima fracción de la población activa alimente a todos, de manera cada vez más segura y asequible, es consecuencia del elevado grado de mecanización alcanzado por la agricultura.

La mecanización también ha sido determinante para reducir las penalidades del trabajo agrícola al tiempo que aporta esperanzadoras oportunidades para reducir la huella ecológica agraria mediante la digitalización y extensión de los sistemas de precisión. Todo ello orientado al uso eficiente de los recursos y de los inputs, a la minimización de la contaminación difusa y de las emisiones de gases de efecto invernadero así como a la adaptación al cambio climático.

En el contexto de la globalización y de la competitividad, las consecuencias sociales y territoriales de la robotización y de la digitalización configuran uno de los retos políticos más complejos y comprometidos de nuestro tiempo. Un reto al que la política agraria (la PAC) tampoco puede ser ajena. Todo lo contrario, aunque para abordarlo es imperativo abandonar el estatus quo en el que parecen empeñados muchos de sus agentes políticos y sociales.

La agroalimentación es uno de los ejes fundamentales sobre los que el Gobierno de Aragón articula su estrategia para que el desarrollo se proyecte sobre todos y cada uno de los territorios de la Comunidad Autónoma.

Nuestra agroalimentación, necesariamente orientada a los mercados internacionales en coherencia con su potencial productivo y posición geoestratégica de Aragón, no puede permanecer ajena a la expansión de la demanda alimentaria asociada a una población mundial creciente, cada vez más urbana y con mayor capacidad adquisitiva.

Pero, en nuestro contexto geográfico y territorial, el complejo agroalimentario no puede ni debe negar su contribución a la lucha contra la despoblación rural que amenaza la estabilidad y desarrollo de Aragón como Comunidad. Porque la supervivencia de nuestros pueblos depende de la continuidad de la sociedad agrícola y ganadera que, por lo general, los sostiene y estructura.

Tampoco cabe pensar en unas actividades agrícolas y ganaderas completamente desvinculadas de los valores naturales y servicios ambientales intrínsecamente asociados a ellas. Todavía menos, en unas actividades que perjudiquen la biodiversidad o los espacios que debemos conservar y proteger. Unos recursos, incluido el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que este año celebra su primer centenario, que dependen de la continuidad de las buenas prácticas que los han configurado.

Existe el riesgo de que el desarrollo agroalimentario pueda lograrse al margen de la sostenibilidad demográfica rural y del mantenimiento de los valores naturales asociados a los agrosistemas actuales. Este riesgo se deriva de la implantación de estructuras empresariales de gran dimensión que, aprovechando las economías de escala, el envejecimiento de la población agraria y la falta de relevo generacional, sustituyan el modelo vigente de explotaciones familiares que configuran nuestro mundo rural.

Consecuentemente, la política agrícola y los recursos públicos por ella aplicados, deben comprometerse en favor de la agricultura familiar. Porque es este modelo, y no la agricultura como tal, lo que peligra. Son los agricultores profesionales que más dependen de la agricultura y más contribuyen a su mejora productiva, ambiental y social, junto con sus explotaciones estrechamente vinculadas al territorio, quienes desaparecerán sino reciben el apoyo público necesario. Un apoyo que debe prestarse a todos ellos, con independencia de lo que producen. Porque todos ellos comparten un idéntico problema de insuficiencia e inestabilidad de renta que, para afrontarse, exige una aplicación más justa y eficaz de las ayudas directas de la PAC.

La PAC no solo debe abandonar el estatus quo que amenaza su propia continuidad sino que debe desprenderse de unas adherencias sectoriales que le impiden evolucionar hacia los niveles deseables de eficacia y equidad. Porque la priorización o vinculación de la ayuda a sectores y territorios prioritarios no garantiza que se concentre en quienes más la merecen y necesitan: los agricultores profesionales más dependientes de la agricultura y que más y mejor contribuyen a su mejora.

Simplificar y modernizar la PAC para hacerla más social y eficaz.

Joaquín Olona. Zaragoza, 26 de octubre de 2017.

La propuesta de reforma en profundidad de la PAC que proponemos desde el Gobierno de Aragón se demuestra eficaz porque mejora significativamente la renta de los agricultores, no sólo de los que acreditan rentas más bajas sino de los que más dependen ecómicamente de la actividad agraria y cuentan con explotaciones más productivas, más viables y de mayor contribución  ambiental.

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Nuestra prioridad política es proteger la renta de las explotaciones familiares.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de septiembre de 2017.

La gestión de la crisis de la fruta de hueso que estamos viviendo ya ha demostrado el valor de la acción colectiva coordinada en pro de un objetivo bien definido. Sería muy deseable aplicar esta lección en el complejo trabajo que falta por hacer para afrontar los problemas que sufre el sector así como la propia política agraria.

El sector productor, el aragonés y el catalán, ha sabido ponerse de acuerdo y trasladar su petición a los gobiernos. Al margen de los detalles,  cada cual hemos hecho nuestro trabajo lo mejor posible, lo que se ha traducido en que, en tan sólo 22 días, el MAPAMA ha sido capaz de convencer a la Comisión Europea de que se necesitaba retirar mucha más fruta de la autorizada inicialmente para esta campaña 2017. Se demuestra así que cuando se fijan objetivos concretos y se trabaja de forma coordinada para conseguirlos los resultados favorables son posibles.

Existe un amplio acuerdo sobre la naturaleza estructural de los problemas que enfrenta el sector de la fruta de hueso y que, por tanto, deben adoptarse medidas estructurales. Pero esto no es decir gran cosa. Porque  ¿de qué problemas estructurales hablamos exactamente? Y, consecuentemente ¿de qué medidas estructurales hablamos exactamente? ¿con qué propósito?  Para destinar el dinero público ¿a dónde y a quiénes?.

Las Organizaciones de Productores (OP’s)  y sus Programas Operativos canalizan la política pública actualmente aplicada sobre el sector hortofrutícola. Sin embargo, estas Organizaciones, que tan sólo aglutinan la mitad de la producción, arrojan importantes zonas de sombra. Canalizando los fondos públicos que recibe el sector (unos 15 millones € anuales en Aragón) no está claro que redunden todo lo que deberían en beneficio de las explotaciones familiares. Estas explotaciones configuran la base productiva y social del sector. Más bien está claro que no lo hacen. Tampoco está clara su contribución a la mejora de la capacidad comercial del sector, imprescindible para conducir con eficacia el importante crecimiento productivo hasta el consumo final. Más bien está clara su escasa contribución en la medida que la inversión en acciones comerciales propiamente dichas, a través de los Programas Operativos, ha sido prácticamente nula durante los últimos años. Se hace necesario, por tanto, revisar a fondo el papel desempeñado por las OP`s y si es preciso o no reorientar su función.

Pero también es preciso revisar si el apoyo al sector hortofrutícola, o más concretamente a las explotaciones familiares que configuran su base social, debe basarse exclusivamente en ayudas a la inversión  así como en operaciones de retirada cuando caen los precios de mercado. Esto es lo que se ha venido haciendo y no parece que los resultados sean los más adecuados. ¿No debería considerarse la aplicación de ayudas directas a la renta cuando esta no sea la adecuada?. En realidad, de un modo u otro,  es lo que terminamos haciendo a través de fórmulas como la de los préstamos subvencionados que  nuevamente, al menos en el caso de Aragón, vamos a tener que intentar poner a disposición de las explotaciones familiares para que puedan hacer frente al descalabro ocasionado por los bajos precios.

Que los precios sean bajos no es raro. En la agricultura -con independencia del sector- es lo habitual y deberíamos asumirlo como tal habilitando, claro está, las medidas políticas adecuadas. Porque ni cabe pensar en que los mercados impartan justicia ni que la oferta y la demanda agrícolas dejen de operar de la manera singular que lo hacen como consecuencia de su elevada inelasticidad y que, de hecho, justifica la existencia de la política agrícola.

En el contexto actual, resulta muy poco realista pensar en intervenir directamente,   aplicando fondos públicos, en las producciones y/o en los mercados. Pero es que, además, la política agrícola debe evitarlo, si tiene un mínimo enfoque social. Porque las cuotas productivas sí como los precios subvencionados, entre otros problemas,  terminan concentrando la ayuda pública en los productores más grandes y perjudicando a los más pequeños.

La ayuda directa a la renta, eso sí, en función de la renta y de otros parámetros tal y como proponemos desde el Gobierno de Aragón en relación con la reforma de la PAC y con carácter universal para todos los productores y sectores, además de contribuir a la simplificación supone una fórmula  más justa y eficaz , sobre todo cuando de apoyar a las explotaciones familiares y a los agricultores más desfavorecidos se trata.