La Política agrícola ante su propio laberinto.

Joaquín Olona Blasco

Zaragoza, 11 de febrero de 2024.

El sector agrario, particularmente el del mundo más desarrollado, cuenta con una política pública específica como ningún otro sector económico tiene. Durante el periodo 2019-2022, los 51 países incluidos en el seguimiento y evaluación de políticas agrícolas que lleva a cabo la OCDE, destinaron 851.000 millones de dólares anuales a la agricultura. Una cifra récord que supuso un aumento del 22 % con respecto a los 696.000 millones de dólares anuales del trienio prepandémico 2017-2019.

El 74% de la ayuda total se destinó directamente los agricultores individuales bajo diferentes fórmulas, siendo equivalente al 14% de los ingresos percibidos por la venta de sus productos. Un indicador, este último, que varía mucho de unos países a otros. Así, mientras que en India, Argentina o Brasil fue el -20,2%, -13,2 y el -10,6% respectivamente en 2022 -el signo negativo indica que son los agricultores quienes ayudan a sus respectivos estados- en Japón alcanzó el 31,8%, en Suiza en 44,6% y en Noruega el 49,2 %. En Estados Unidos fue el 7,2% y en la Unión Europea el 15,1%.

El apoyo público a la agricultura es propio del desarrollo económico. Así, por ejemplo, China ya concentra el 36% de la ayuda agrícola total, habiendo desplazado recientemente a Estados Unidos y a la Unión Europea, que con el 15% y el 14% respectivamente, han dejado de liderar este apoyo en el contexto mundial. Así mismo, los agricultores chinos ya dejaron de financiar al Estado, como sigue ocurriendo en los países menos desarrollados, y la ayuda que perciben equivale al 13,4% de los ingresos por ventas de sus productos.

El fuerte crecimiento de la ayuda agrícola mundial, al que no ha sido ajeno la UE, ni tampoco España y sus Comunidades Autónomas -que de forma conjunta han complementado la PAC con fondos adicionales muy significativos- es la evidencia de que la política agraria ha reaccionado ante los graves problemas provocados por la COVID-19, la guerra de Ucrania y el resto de las crisis de diferente índole global y local. Otra cosa es valorar si la respuesta ha sido suficiente y, sobre todo, si ha sido la adecuada.

La opinión de la OCDE no es del todo favorable dado que sigue valorando muy negativamente las intervenciones sobre el mercado. A este respecto, viene considerando desde hace décadas, que las políticas de mercado perjudican al propio mercado y al comercio, y más recientemente, que también resultan perjudiciales para el medio ambiente. También considera la OCDE que la ayuda no se concentra suficientemente en los hogares que más lo necesitan, y que no se hace todavía lo necesario para lograr que la agricultura alcance los niveles deseables de sostenibilidad ambiental, de resiliencia frente a los riesgos naturales y de contribución a la lucha contra el cambio climático.

Resulta evidente que el sentimiento que los agricultores están manifestando en estos momentos contrasta fuertemente con el punto de vista de la OCDE. Sirva este contraste, en todo caso, para poner de manifiesto la extraordinaria complejidad que afronta la política agraria. Porque, en modo alguno cabe minusvalorar los argumentos y reivindicaciones de quienes de forma tan rotunda se quejan. Y menos todavía, cuando en muchas cosas no les falta razón. Y, porque tampoco cabe remitir al rincón de pensar a quienes tan enfadados están con las políticas a través de las que se les quiere ayudar, como ocurre en estos momentos con una PAC que se acaba de reformar.

En cualquier caso, quienes más obligados están a reflexionar son quienes desde los diferentes ámbitos supranacionales determinan las directrices estratégicas que condicionan las políticas nacionales. Pero también, y a poder ser antes de actuar, quienes en este momento tienen la responsabilidad de gobernar su respectivo ámbito, así como quienes, participando en las instituciones políticas, configuran nuestro sistema democrático. No cabe la menor duda de que lo harán; lo que hay que esperar y, si es necesario ayudar hay que hacerlo, es que se haga de forma acertada y eficaz. Todo ello exige separar el grano o verdadera naturaleza y raíz de los problemas agrícolas, de la paja que supone el populismo, la demagogia y el desconocimiento que fundamenta el oportunismo de quienes están ofreciendo a los agricultores conquistar el Paraíso.

La nueva PAC y las inminentes siembras de otoño.

Zaragoza, 10 de octubre de 2022

El Plan Estratégico Nacional de la PAC permite programar las siembras con suficientes garantías.

En estos momentos tan sólo cinco países de la UE cuentan con el correspondiente Plan Estratégico de la PAC aprobado por la Comisión Europea y uno de ellos es España. Además de garantizar el pago de la PAC en 2023, la aprobación del citado Plan el pasado 31 de agosto aporta la información necesaria para programar las siembras de otoño con suficientes garantías y seguridad desde el punto de vista del acceso a las ayudas de la PAC. Afirmar lo contrario no sólo carece de fundamento, sino que tan sólo contribuye a generar confusión e incertidumbre donde no la hay.

Procede, por tanto, un llamamiento a la responsabilidad, especialmente y sobre todo, y por razones que deberían ser obvias, a las entidades colaboradoras de la Administración en la gestión de la PAC.

La ayuda básica a la renta, así como la ayuda complementaria de carácter redistributivo y destinada a los jóvenes, está perfectamente determinada sin que suponga cambios sustanciales, y mucho menos en relación con las siembras de otoño, respecto del actual Pago básico. Supondrán, en todo caso, mejoras en la percepción de la ayuda para las zonas con pagos actuales más bajos por hectárea como es el caso de las zonas más áridas, al tiempo que facilitarán el acceso a los pastos para quienes llevan a cabo pastoreo efectivo con ganado propio, entre otros avances en favor de la agricultura familiar y profesional a pesar de no haber logrado, por parte de quienes lo defendíamos, la completa supresión de los derechos históricos

Las ayudas asociadas, que suponen un aumento del 18% en la ayuda a la ganadería extensiva, tampoco plantean duda ni incertidumbre alguna. Fundamentalmente, porque salvo el aumento señalado regirán las mismas reglas vigentes.

Las ayudas agroambientales verán importantes mejoras, en particular las relativas a las razas extensivas autóctonas que pasarán a cobrar por cabeza en vez de por hectárea ajustando con ello mucho mejor la ayuda a las necesidades y condiciones de nuestra ganadería.

La ayuda a la agricultura ecológica se verá notablemente aumentada con el propósito de ampliar significativamente su extensión y contribución productiva. Una modalidad agrícola que se rige por una normativa perfectamente definida que se mantiene sin ninguna modificación.

La llamada condicionalidad reforzada queda perfectamente definida. Otra cosa es la valoración que cada cual haga sobre las nuevas exigencias, pero eso no tiene nada que ver con la incertidumbre.

Las incertidumbres que hubo sobre las intervenciones sectoriales, de carácter esencialmente presupuestario y en menor medida de alcance, ya hace meses que se resolvieron. En todo caso, en nada afectan a las siembras que ahora toca llevar a cabo.

La principal novedad viene de la mano de los llamados ecorregímenes que representan el 23% del importe del Primer Pilar y que, por cierto, se definen y aplican completamente al margen de los derechos históricos permitiendo con ello el acceso automático a los pagos directos de la PAC de quienes no tienen derechos individuales, así como a los pagos por hectárea sin el condicionante de las referencias históricas. Es el caso, por ejemplo, de los fruticultores, así como de todos los cultivos y ganados que se acojan a estos ecorregímenes.

Todos los ecorregímenes están suficientemente definidos para que los interesados puedan elegir libremente aquellos que más les convengan de cara a la siembra inminente de este otoño. Una decisión que corresponde a cada interesado en particular y que sólo él mismo puede y debe tomar en base a una información disponible, accesible y suficiente.

Las prácticas agronómicas exigibles por los ecorregimenes están ya muy extendidas. Es el caso de la siembra directa y de la agricultura de conservación, los barbechos, la rotación de cultivos herbáceos, las cubiertas vegetales en cultivos leñosos o las prácticas en favor de la biodiversidad. Son todavía más generalizadas incluso las prácticas exigibles para el pastoreo sostenible y el bienestar animal.

Más allá de los detalles técnicos y administrativos necesarios para la declaración formal de la PAC, que tendrá que realizarse dentro de unos meses y una vez publicada toda la normativa nacional y autonómica pertinente, no cabe hablar de indefinición ni de indeterminación para tomar las decisiones necesarias para sembrar.

Unas siembras inminentes que, en todo caso, si cabe reconocer que se ven seriamente condicionadas por el elevado precio de los fertilizantes minerales, de los combustibles o de las semillas, además de por un escenario meteorológico ciertamente incierto. Pero los agricultores no sólo conocen bien, sino que aplican con extrema generosidad el refrán: “Si el labrador contara, no sembrara”.

No obstante, además de la detallada información hecha pública por el Ministerio de Agricultura, disponible en la web y que resulta muy aconsejable consultar con atención sobre todo por parte de quienes más exigentes son con la optimización del cobro de la PAC y la máxima concreción en sus detalles técnicos, desde las Comunidades Autónomas se viene desplegando una intensa actividad informativa y divulgativa sobre las novedades que supone esta nueva PAC.

Corresponde a las Administraciones informar sobre la ortodoxia de los ecorregimenes para garantizar su cumplimiento, no para soslayar sus condicionantes y exigencias claramente formuladas en el Plan Estratégico Nacional aprobado por la CE y que deben cumplirse de manera estricta. Tampoco cabe exigir a la Administración el asesoramiento personalizado orientado a maximizar los ingresos procedentes de la PAC que, en última instancia, corresponde al interesado en función de su propio perfil personal, objetivos y condiciones específicas que sólo él mismo conoce.

El debate político llevado a cabo sobre la nueva PAC y su aplicación en España, que ha sido intenso y profundo, finalizó hace meses con el resultado ya conocido. Lo que ahora procede no es buscar tres pies al gato, sino arrimar el hombro para lograr la máxima eficacia en la aplicación de la PAC. No la PAC que a cada cual nos gustaría, sino la aprobada a través del Plan Estratégico Nacional y, por tanto, la que se rige por unas reglas de juego perfectamente conocidas que estamos obligados a cumplir, que, en ningún caso, cabe cuestionar y que acaba con toda incertidumbre e indeterminación, al menos de cara a las siembras que en las próximas semanas han de llevarse a cabo.

Será después, dentro de varios meses, cuando deberán formularse las declaraciones de la PAC, no sin antes haber publicado la normativa reguladora con arreglo a un calendario desde hace meses anunciado, y haber desarrollo una segunda fase divulgativa que facilite dicha declaración con las necesarias garantías.

Reforma de la PAC: ¿Todas las Comunidades Autónomas buscamos tan solo maximizar nuestro pedazo de tarta?

Zaragoza, 12 de septiembre de 2021

Quienes representamos a las Comunidades Autónomas en relación con la Reforma de la PAC, a juzgar por los análisis dominantes, parece ser que carecemos de otra visión y propósito que no sea el logro del mayor presupuesto posible en el reparto del importe nacional a expensas del resto.

Debería resultar obvio que la obligación de los consejeros autonómicos es la defensa de los intereses de su Comunidad respectiva. Más aún cuando su posición está refrendada por acuerdos y mandatos que incluyen a los propios parlamentos regionales. Pero eso no implica que tan solo se busque maximizar el sobre autonómico a expensas del resto del Estado; y mucho menos que siempre se haga de manera insolidaria, desleal y con absoluta falta de visión de Estado.

No es Aragón, en absoluto, la única Comunidad Autónoma que mantiene criterios y posiciones relativas a la Reforma de la PAC que trascienden esa visión tan miope y estrecha que se nos achaca. Tampoco es Aragón una excepción en la formulación de acuerdos con otras Comunidades Autónomas que, atendiendo a criterios geográficos, agronómicos o de otra índole, persigue contribuir a la mejor formulación posible del Plan Estratégico Nacional.

La posición aragonesa en relación con la reforma de la PAC, sustentada en un amplio y sólido acuerdo político y social, defiende la concentración de las ayudas en el apoyo directo de la renta de quienes más dependen de la actividad agraria en función de sus ingresos. Ello no excluye, en absoluto, a quienes practican la agricultura a tiempo parcial ya que en ningún momento hemos identificado al “profesional” con quien acredita ingresos exclusivamente agrarios. Es más, hemos admitido porcentajes de ingresos agrarios tan escasos como el 25%, incluyendo las ayudas de la PAC, para considerar al beneficiario como profesional a los efectos de la PAC y vincularlo así a la preferencia que reivindicamos. Una preferencia que resulta determinante para la defensa de los jóvenes y del rejuvenecimiento del sector ya que el apoyo a su incorporación viene exigiendo en la práctica niveles de profesionalidad más elevados.

Concentrar la ayuda en los “profesionales”, una vez establecidas las correspondientes limitaciones de pagos por encima de determinadas cantidades y condiciones, haciendo uso sobre todo de la Ayuda redistributiva a la renta, equivale a concentrar la ayuda en quienes más la necesitan, siendo además la vía más eficaz para afrontar la brecha de renta existente entre los agricultores y el resto de los ciudadanos.

Pero para que la ayuda se concentre efectivamente en quienes más la necesitan exige, a su vez, la supresión de unas referencias históricas y de unos derechos individuales que, además de injustos e ineficaces, bloquean la redistribución de los fondos respecto de cualquier objetivo que se plantee, incluido el del género.

El sistema de derechos se ha traducido en anomalías sociales y territoriales que es preciso subsanar con la mayor urgencia posible. Así, desde Aragón también propugnamos la reducción significativa del número de regiones productivas, así como la aceleración del proceso de convergencia, tal y como de hecho le exige a España la propia Comisión Europea. Es la única vía para que desaparezcan las aberrantes diferencias actualmente existentes en los pagos por hectárea, de modo que por producir lo mismo en las mismas o similares condiciones se aplique el mismo pago por hectárea.

También defendemos desde Aragón que la ganadería extensiva, dadas las especiales dificultades que afronta y el importante papel socio-territorial y ambiental que desempeña, tenga un tratamiento preferente a través de las ayudas asociadas de modo que el pago por cabeza se incremente de forma significativa, sobre todo en el caso de la ganadería ovina.

Sorprende que estas propuestas hayan sido valoradas como interesadas para Aragón, cuando no descalificadas por su falta de contribución a la necesaria política de Estado. Consecuentemente cabría formular las siguientes preguntas:

  • ¿Acaso sólo hay dependientes de la agricultura y de la ganadería en Aragón?
  • ¿Es que en el resto de España no hay agricultores y ganaderos que aspiran a vivir de la actividad agraria?
  • Si la exigencia de acreditar cualquier porcentaje de ingresos procedentes de la agricultura, incluyendo las ayudas, por mínimo que sea, se interpreta que excluye a los agricultores a tiempo parcial ¿Qué se entiende entonces por agricultor y agricultura a tiempo parcial?
  • Sabiendo que es preciso afrontar mayores exigencias ambientales de las que se derivarán, sin duda, mayores costes ¿No es conveniente reforzar el apoyo a la renta de quienes más se van a ver afectados y mayor esfuerzo deberán hacer (los profesionales)?
  • ¿Acaso la brecha de renta que sufren los agricultores y ganaderos no es un serio obstáculo para la mejora social, económica y ambiental de nuestra agricultura y ganadería?
  • ¿Podemos afrontar realmente los retos del rejuvenecimiento, del género, de la competitividad y de la sostenibilidad marginando en las ayudas a la profesionalidad agraria?
  • ¿Podemos afrontar realmente el futuro del mundo rural y la despoblación marginando en las ayudas la profesionalidad agraria?
  • ¿No cabe considerar como cuestión de estado los problemas y retos que plantea la ganadería extensiva?

La cuestión de los derechos históricos y de la convergencia en absoluto sitúa a Aragón en posición de ventaja. Si bien existe una mayoría política y social a favor, también hay fuerzas políticas Organizaciones Agrarias que se oponen. Si defendemos la supresión de los derechos y la aceleración de la convergencia no es porque Aragón amplíe su “sobre” de la PAC, sino porque es lo mejor para quienes viven o tratan de vivir de la agricultura y de la ganadería en Aragón, pero también en cualquier otra parte de España.

Cabe preguntarse por último sobre dos cuestiones adicionales:

Una, sobre la coherencia de quienes piden que las ayudas se concentren en los profesionales al mismo tiempo que exigen que los derechos históricos se mantengan o que incluso se tengan en cuenta en la aplicación de los ecoesquemas cuando se pide su regionalización. ¿Será que hay territorios donde los derechos históricos están justa y eficazmente distribuidos en función de la profesionalidad y de la brecha de renta? En Aragón desde luego que no es así; y me temo que en el resto de España tampoco.

La otra, sobre la coherencia de quienes exigen la intervención del Estado sobre los precios y mercados agrarios al objeto de garantizar una renta justa para los productores –que está fuera de toda posibilidad en el marco jurídico-administrativo de la UE- pero rechazan la redistribución de las ayudas de la PAC destinadas al apoyo a la renta en favor de quienes más dependen de la actividad agraria, es decir, de los profesionales. ¿Será que saldrían más beneficiados los pequeños agricultores y ganaderos profesionales con la (imposible) fijación de precios mínimos que con una distribución más justa de la ayuda a la renta? En Aragón, desde luego que no; y en el resto de España me temo que tampoco.

EL ACUERDO DE CASTILLA-LA MANCHA Y ARAGÓN SOBRE LA PAC: Justificación desde el punto de vista de Aragón.

Zaragoza, 23 de abril de 2021.

Sobre la base del Acuerdo de Almagro (2018) los consejeros de Agricultura de Castilla-La Mancha y de Aragón hemos suscrito un nuevo acuerdo con el propósito de contribuir al debate político y al deseable acuerdo nacional que garantice que la aplicación de la PAC en España, a partir de 2023, sea más justa y eficaz, es decir, para que esta importante política pública lo sea en favor de la verdadera agricultura y ganadería familiar, de los jóvenes y de las mujeres, para que por hacer lo mismo se cobre lo mismo y, en definitiva, para que cobren más quienes más lo necesitan.

La Reforma ha sido planteada con objetivos ambiciosos en el seno de las instituciones europeas y ambiciosa debería ser también su aplicación en España. Porque ninguno de los propósitos citados podrá lograrse si seguimos haciendo lo mismo que ya hacemos.

Si el Plan Estratégico Nacional de la PAC, que debe acordarse y aprobarse en los próximos meses, no contempla una clara prioridad en favor de los agricultores profesionales y del modelo familiar, será difícil que el resultado final favorezca a este ámbito que todos decimos defender. No solo no cabe esperar que la agricultura familiar y sus profesionales salgan beneficiados sin tomar ninguna medida discriminatoria y suficientemente eficaz en su favor, sino que, de no tomarlas, se corre el riesgo de perjudicar precisamente a quienes se pretende beneficiar.

Si no se eliminan de forma real y completa los derechos históricos a partir de 2023, ni se reduce de forma drástica el número de regiones agronómicas actuales (50) ni se garantiza el acceso a las ayudas a todos los profesionales con independencia de su orientación productiva y ubicación, lo único que puede asegurarse que se conseguirá es la continuidad de los agricultores (y ganaderos) de sofá, el mantenimiento de las diferencias abusivas entre territorios, y del mercadeo de derechos, así como la persistencia de todas las demás anomalías que impiden concentrar los importantes fondos que distribuye la PAC en quienes más los necesitan y merecen.

Pero, además, es preciso utilizar con la máxima eficacia las herramientas redistributivas reglamentarias, en particular la nueva Ayuda redistributiva para la sostenibilidad de la renta cuya dotación presupuestaria debe asegurarse con independencia del efecto de los techos fijados para la también nueva Ayuda básica a la renta y cuya aplicación debe garantizarse en favor de los agricultores y ganaderos más profesionales y más dependientes de la actividad agraria.

El tratamiento prioritario a los más profesionales y dependientes de la agricultura y de la ganadería, se hace todavía más necesaria como consecuencia de las limitaciones reglamentarias que ya pueden darse por seguras. En particular, las fuertes exigencias que respecto de los eco-esquemas está imponiendo el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, supone detraer una parte significativa de la ayuda a la renta (entre el 20 y el 30% del Primer Pilar), que se traducirá en una reducción equivalente en la ayuda por hectárea, así como en una nueva fuente de desequilibrio entre beneficiarios y territorios.

Porque los eco-esquemas no pretenden reducir la brecha de renta que sufren los pequeños y medianos agricultores profesionales, sino que, responden a objetivos estrictamente ambientales que, sin cuestionarlos, es preciso darse cuenta que, por sí mismos, no benefician necesariamente al modelo familiar agrario; todo lo contrario, de no adoptar las medidas apropiadas, pueden perjudicar a los pequeños y medianos agricultores en favor del modelo corporativo. La voluntariedad de aplicación de los eco-esquemas, unida a los mayores costes, dificultades técnicas y exigencias administrativas que sin duda traerán, harán que sean más fáciles de adoptar por parte de la agricultura corporativa que por parte de la familiar.

La ganadería extensiva, sin duda el ámbito productivo mejor valorado y más reivindicado social y políticamente, tampoco mejorará manteniendo las anomalías vigentes y sin adoptar medidas específicas de apoyo. Es más, de empeñarse en hacerlo, la vaca nodriza y el sector ovino podrían incluso empeorar su situación, dada la ineficacia que suponen los pagos por hectárea para quienes, por lo general, no tienen tierra pero sí ganado, así como por la fuerte limitación impuesta a los pagos por cabeza dada la imposibilidad de adoptarlos más allá de unas ayudas asociadas que van a quedar limitadas al 13% del importe total del Primer Pilar y sin que, al parecer, para su aplicación puedan adoptarse criterios regionales.

En este proceso de Reforma de la PAC, a diferencia de los anteriores, se ha logrado propiciar en España un profundo y largo debate político que encuentra sus primeras referencias ya en 2016. Pero resulta imprescindible, que al menos en su etapa final en la que ya estamos, los pequeños y medianos agricultores profesionales titulares de las explotaciones familiares, no solo presten atención al desenlace de las negociaciones, sino que se comprometan con la defensa de sus propios intereses. Desde el Gobierno de Aragón, y me consta que igualmente desde el de Castilla-La Mancha, esos y no otros son los intereses que defendemos.

Reforma de la PAC: una oportunidad para reenfocar nuestra política agraria en favor del modelo familiar.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 22 de Diciembre de 2020

Publicado en la web de Agronegocios.

El arraigado enfoque sectorial de nuestra política agraria, es decir el empeño en vincular las ayudas a producciones agrícolas y ganaderas concretas, no solo es uno de los problemas que enfrenta la Reforma en profundidad de la PAC por la que abogamos desde Aragón, sino que impide concentrar la ayuda pública en los profesionales, los jóvenes y las mujeres, limitando con ello el apoyo al modelo familiar.

El vínculo con las referencias históricas que la Comisión Europea recomienda[1] eliminar a España, así como la acusada divergencia en los pagos por hectárea que la Comisión recomienda también reducir, son consecuencia del enfoque sectorial del pasado.

Apostar por el enfoque sector de la ayuda agraria conlleva el riesgo de caer en los mismos errores del pasado generen nuevos agravios entre beneficiarios y territorios. Supone, además, contradecir las recomendaciones internacionales contrarias a las ayudas acopladas a la producción por su distorsión de los mercados.

Las ayudas acopladas a producciones concretas, de acuerdo con las orientaciones de la Reforma en curso, solo deberían aplicarse con carácter excepcional para afrontar problemas socio-ambientales específicos. Es el caso, por ejemplo, de la ganadería extensiva vinculada preferentemente a razas autóctonas y ecosistemas dependientes del pastoreo, que es el ámbito exclusivo al que se propone aplicar los pagos directos acoplados en Aragón.

El carácter esencialmente sectorial de las reivindicaciones de las Organizaciones Agrarias y de las Cooperativas, junto con la resistencia a perder las ventajas sectoriales otrora logradas (status quo) obstaculizan la redistribución de la ayuda directa a la renta que la Comisión Europea incluye asimismo entre sus recientes recomendaciones a España en relación con el Plan Estratégico Nacional de la PAC.

Las ayudas a cultivos y ganados concretos no garantizan, por sí mismas, que el apoyo se destine al modelo familiar, ni a los profesionales, ni a los jóvenes ni tampoco a las mujeres. Es evidente, o al menos debería serlo, que los sectores están configurados por un conglomerado heterogéneo de productores de muy distintas características socioeconómicas. Ningún sector está completamente vinculado a un determinado perfil socioeconómico ni modelo productivo concreto, sino que en todos los sectores coexisten multitud de perfiles y de modelos productivos, entre los que el familiar muestra, por lo general, una preocupante regresión.

Qué sector necesita apoyo de la PAC no es la pregunta más acertada. Si de apoyar el modelo familiar se trata, resulta más pertinente preguntarse qué tipo de agricultores deben ser los beneficiarios de la PAC. La propuesta reglamentaria es clara: los genuinos.

Esta Reforma de la PAC es una gran oportunidad para afrontar con decisión el problema de la brecha de renta que padecen los agricultores y ganaderos profesionales, con independencia de las producciones que llevan a cabo. Porque los análisis reflejan que la brecha de renta no es un problema sectorial, sino horizontal y motivado por las limitaciones de dimensión consustancial al propio carácter familiar.

El reto de la brecha de renta exige maximizar la componente presupuestaria del Primer Pilar de la PAC destinada al apoyo directo desacoplado a la renta (Ayuda básica a la renta, Ayuda redistributiva a la renta y Ayuda a la renta de los jóvenes) en favor exclusiva a los agricultores genuinos.

Defender a los agricultores profesionales, así como a los jóvenes y a las mujeres, no se logrará privilegiando unos sectores productivos en detrimento de otros. Exige, por el contrario, apoyar a los productores de un determinado perfil socioeconómico, en particular a quienes, teniendo una elevada dependencia económica agraria, sufren una importante brecha de renta. Este es el perfil al que deberían responder los agricultores genuinos en España y, consecuentemente, los beneficiarios de Primer Pilar de la PAC con independencia de las ayudas aplicadas (desacopladas, acopladas, ecoesquemas y programas e intervenciones sectoriales).

El posicionamiento del Gobierno de Aragón, contario al mantenimiento de los derechos históricos, del enfoque sectorial y del resto de anomalías de las que adolece la aplicación vigente de la PAC en España, no es consecuencia de ningún cálculo interesado en favor de la Comunidad Autónoma. Por el contrario, es consecuencia de la apuesta en favor del modelo familiar y, por tanto, de los profesionales, de los jóvenes y de las mujeres. Una apuesta que no es retórica, sino real.


[1] Comunicación de la Comisión Europea (CE) de 18-12-2020 sobre las recomendaciones a los Estados miembros en relación con los Planes Estratégicos de la Política Agrícola Común (PAC).

Renta Agraria y renta de los agricultores.

Zaragoza, 21 de diciembre de 2020.

El crecimiento de la Renta Agraria en un 4,3 % avanzado por el Ministerio de Agricultura para 2020 es una buena noticia que pone de manifiesto la vitalidad de la agroalimentación española, incluso en una situación tan compleja y comprometida como la determinada por la pandemia COVID-19.

Sin embargo, es preciso señalar que la Renta Agraria (29.093 millones de euros) no es atribuible en su totalidad a los agricultores y ganaderos propiamente dichos debido a que el modelo familiar tan solo justifica una fracción de las macromagnitudes, que muestra una evolución preocupante por su comportamiento regresivo, tal y como se detalla en el artículo publicado el pasado mes de julio en Agronegocios, que justifica el apoyo político a dicho modelo.

Una PAC orientada a resultados: la importancia de la profesionalidad.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 23 de noviembre de 2020.

La PAC post-2020, todavía por configurar en sus aspectos prácticos, supondrá con toda seguridad cambios sustanciales en la política agraria española. Incluso, a pesar de la persistencia de quienes apuestan por el estatus quo que tanto perjudica a la agricultura familiar y a los agricultores profesionales.

El modelo familiar agrario no sólo sustenta, social y territorialmente, nuestro medio rural, sino que es al que se incorporan nuestros jóvenes agricultores por lo que, aunque sólo fuera por ello, ya merecería la máxima prioridad.

Por lo que se refiere al enfoque estratégico de la nueva PAC hay que subrayar la trascendencia que supone regular la exigencia de resultados, en los que deben traducirse los fondos aplicados, en vez de regular las intervenciones. Un reto que está por ver como se aborda también en términos de gestión.

Los resultados deben ser la expresión del logro de los 9 objetivos señalados por la Reforma de la PAC: garantizar una renta justa a los agricultores, aumentar la competitividad, reequilibrar el poder en la cadena alimentaria, actuar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente, preservar los paisajes y la biodiversidad, apoyar el relevo generacional, mantener zonas rurales dinámicas y proteger la calidad alimentaria y sanitaria.

Difícilmente podrán lograrse resultados suficientes, y mucho menos destacables, en relación con ninguno de los objetivos citados, sin una decidida y ambiciosa apuesta por la profesionalidad de los beneficiarios de la PAC en el marco del modelo familiar. La mejora de la integración ambiental de la agricultura, que es como procede leer la ambición ambiental de la nueva PAC desde la política agraria, también requiere de la profesionalidad, por no hablar de la competitividad o del reequilibrio de la cadena agroalimentaria.

La redistribución de los fondos que debe propiciar la nueva PAC, debe ser tan prudente como para poderse llevar a cabo, como ambiciosa y audaz para favorecer la profesionalidad en su doble acepción de dependencia económica y eficacia de la actividad agraria y eficacia. En este sentido, la concreción de la definición de Agricultor genuino supone uno de los retos más importantes que afronta el Plan Estratégico Nacional en el que debe sustanciarse la aplicación de la Reforma de la PAC en España. Una definición que deberá ser coherente con la directriz comunitaria de que no responden a dicha condición (la de genuino) quienes acrediten unos ingresos agrarios poco significativos en relación con sus ingresos totales.

Sin una definición ambiciosa de agricultor genuino como único destinatario de los pagos directos de la PAC, eco-esquemas incluidos, no sólo se reduciría a mera retórica el apoyo al modelo familiar, sino que impediría el apoyo necesario a la profesionalidad y, consecuentemente, a las condiciones necesarias para el logro de los resultados exigidos.

Estamos ante la oportunidad histórica de que, en España, el presupuesto de la PAC se concentre realmente en el modelo familiar favoreciendo a los agricultores y ganaderos profesionales, que no sólo son los que más dependen de la actividad agraria, sino que son también quienes más necesitan la ayuda y la merecen en función de los objetivos de la propia Reforma. Todo ello, con independencia de los sectores productivos, de los territorios y de las modalidades de ayuda. No solo es una cuestión de justicia y de sentido común, sino también de eficacia.

Ecoesquemas y apoyo a la renta de los agricultores.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 15 de noviembre de 2020

El pasado 13 de noviembre escribí en un tweet que “Los ecoesquemas de la PAC deben responder a objetivos ambientales, pero no exclusivamente ambientales. También deben garantizar su contribución a la reducción de la brecha de renta agrícola. Porque la PAC debe seguir siendo una política agrícola.” Ese mismo día, alguien para mi tan apreciado y respetado como Tomás García Azcárate, cuya presentación resulta innecesaria cuando se habla de política agraria, con mucha razón escribió otro tweet invitándome a que explicase mejor mi afirmación. Este es el propósito de lo que sigue.

La equiparación de la renta de los agricultores con la del resto de los europeos, desde mi punto de vista, sigue siendo la promesa incumplida de la PAC. Lo afirmo en tanto que dicha equiparación no solo fue uno de los objetivos fundacionales de la PAC, sino que sigue figurando expresamente entre los objetivos que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea asigna a la PAC. Pero, sobre todo, lo recalco porque los agricultores, en términos relativos y tras haberse resuelto el problema del abastecimiento alimentario con máximas garantías de calidad, seguridad y asequibilidad, siguen padeciendo la misma o parecida brecha de renta que sufrían cuando nació la PAC .

La insuficiencia de renta agraria que sufren los agricultores vinculados al modelo familiar es consecuencia de la insuficiencia de los precios en el contexto estructural del propio del modelo de agricultura familiar que encuentra en dicha insuficiencia de renta la principal amenaza para su propia supervivencia frente a un modelo corporativo en expansión que utiliza en su favor, no sólo las economías de escala sino, también, la propia PAC.

La PAC, tras el fracaso de la regulación de mercados y sin que el enfoque estructural haya logrado atacar la raíz de los problemas del modelo familiar, hace más de veinte años que apostó por el apoyo directo a la renta de los agricultores sin que tampoco haya logrado avances significativos en la mejora de la renta de los agricultores profesionales, al menos por el momento. Sin duda, debido a las excesivas adherencias sectoriales que todavía supone la herencia de las extintas Organizaciones Comunes de Mercado donde cada lobby sectorial (cereales, leche, vacuno, vino, etc.) trataba -y sigue tratando- de obtener el mayor trozo de tarta presupuestaria posible. Y sin duda, también, por la paradójica falta de atención a las condiciones socioeconómicas individuales de los beneficiarios, en particular su nivel de renta, dimensión y productividad agrícola y, por tanto, a la falta de atención a la necesidad individual de la ayuda y de la pertinencia para recibirla.

Al distribuir la ayuda pública que supone la PAC con criterios fundamentalmente sectoriales, ya sea directamente mediante pagos acoplados, o indirectamente en base a derechos históricos y criterios territoriales, en absoluto se garantiza que dicha ayuda se concentre en los agricultores profesionales cuya economía familiar más depende de la actividad agraria y, por tanto, más necesitan y merecen la ayuda. Más bien ocurre todo lo contrario: los criterios sectoriales, territoriales y de mercado configuran el escenario idóneo para la práctica de la caza de primas (Rent-Seeking) por quienes menos dependen de la actividad agraria y más alejados están del modelo familiar agrario y de la vida rural.

Sin negar la necesidad de que la PAC contribuya a los objetivos del Pacto Verde europeo, ni de que la agricultura reduzca sus impactos desfavorables, la aplicación de criterios exclusivamente ambientales en la aplicación de la PAC también configuran un terreno propicio para los cazaprimas. Sobre todo, si los servicios ambientales que pretenden remunerarse los produce por sí misma la naturaleza al margen, o con intervención mínima, de los agricultores propiamente dichos.

No todos los servicios ambientales de interés están necesariamente ligados a la actividad agraria, y mucho menos al modelo familiar. El modelo corporativo agroalimentario puede ser incluso mucho más eficaz y eficiente en la producción de tales servicios de manera conjunta a la producción agroalimentaria dejando nuevamente al modelo familiar en condiciones de inferioridad. Pero es que, además, determinados servicios ambientales pueden incluso maximizarse eliminando completamente la actividad agraria propiamente dicha y excluyendo, consecuentemente, a los agricultores. De hecho, la estrategia europea “De la granja a la mesa” establece la necesidad de reducir la superficie cultivada destinando un determinado porcentaje de la misma a fines estrictamente ambientales.

Considero preocupante que se haya renunciado a legitimar políticamente la PAC sobre la base de la brecha de renta que sufren los agricultores profesionales vinculados al modelo familiar. Entendiendo que los argumentos ambientales resulten más cómodos para unos y más prometedores para otros, no deja de ser cuestionable defender una política, la agrícola, con los argumentos de otra, la ambiental. Pero todavía es más inquietante intentar desarrollar una política, la ambiental, con el presupuesto de otra, la agrícola. Y ello en absoluto impide defender las dos al igual que, por ejemplo, defender la sanidad no implica cuestionar la educación. Porque, entre los graves problemas que afronta la Unión Europea también está el de querer liderar la sostenibilidad ambiental en el panorama mundial sin desarrollar una verdadera Política Ambiental Común, es decir, con su correspondiente presupuesto.

En este contexto político y presupuestario, las instituciones comunitarias libran un intenso debate, todavía por resolver, acerca del peso presupuestario que en la PAC post-2020 debe tener cada una de sus dos componentes esenciales: el apoyo directo a la renta[1] y los eco-esquemas, máxima expresión de la justificación ambiental de la PAC. Así, mientras el Consejo de Ministros ha acordado destinar el 20% del presupuesto del Primer Pilar de la PAC a los eco-esquemas, el Parlamento Europeo ha expresado su mayoría en favor del 30%, sabiendo que existen quienes todavía lo consideran insuficiente.

La Reforma de la PAC en curso resulta francamente prometedora en tanto que pone el acento en el apoyo a la renta de los “agricultores genuinos” propiciando con ello la redistribución de la ayuda en favor del modelo familiar y profesional agrario. Falta por ver, sin embargo, que el grueso del apoyo tenga dicho fin evitando que una definición excesivamente laxa de agricultor genuino, a concretar por cada Estado miembro, conduzca a donde condujo la definición del actual “agricultor activo”. Y falta por ver que los ecoesquemas, todavía por concretar en todos sus aspectos estratégicos y operativos garantizando que respondan a objetivos ambientales verificables con verdadero sentido agronómico, no terminen siendo la puerta falsa por la que el grueso de la ayuda termine concentrándose en quienes menos la necesitan, desde el punto de vista de la renta, y menos la merecen desde el punto de vista de la protección y defensa del modelo familiar agrario que sustenta nuestro medio rural.

Siendo una mala noticia que en el debate comunitario el apoyo directo a la renta de los agricultores se trate en oposición  a los ecoesquemas, y viceversa, resulta imprescindible que, además de corregir este desacertado enfoque, la ayuda en forma de ecoesquemas se vincule al modelo agrario familiar y profesional mediante su asignación exclusiva a la nueva figura de agricultor genuino, una vez definida de manera exigente en función de su dependencia agraria en términos de ingresos y de su contribución efectiva a la producción agraria con destino al mercado.

[1] Ayuda básica a la renta, Ayuda redistributiva complementaria a la renta, Ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y Ayuda a la renta asociada.