Productos forestales y agroalimentación.

Joaquín Olona en la apertura de la Jornada sobre Micología y Truficultura. Zaragoza, 21 de junio de 2016.

El aprovechamiento sostenible de los recursos forestales forma parte de la estrategia de conservación de unos espacios naturales que, en Aragón, son consecuencia de una actividad humana secular. Además de prevenir y proteger nuestros montes contra los incendios, extinguiéndolos lo antes posible cuando se producen, es imprescindible promover el aprovechamiento turístico, cinegético, lúdico, deportivo o ganadero así como la extracción  de madera, biomasa, setas u otros productos. Porque de la continuidad y de la sostenibilidad de estos usos  así como de la seguridad para los usuarios y consumidores depende la conservación de los espacios que pretendemos cuidar. Por ello, y para ello, desde el Gobierno de Aragón, se promueve la aprobación de un Plan Forestal que ponga fin a la carencia que supone su inexistencia conforme a la vigente ley de montes.

El anteproyecto de ley de venta directa de productos agro-alimentarios, que en estos momentos se somete a debate público -en coherencia con el término agro-alimentario- propone, como ámbito exclusivo, los productos primarios procedentes de las explotaciones agrícolas y ganaderas así como, bajo ciertas condiciones, los elaborados procedentes de aquellos. Se excluyen, por tanto, los productos forestales cuya comercialización no pretende ser objeto de regulación mediante esta ley. Debe quedar claro que “prohibir la venta directa de setas o de carne de caza”, como se ha dicho recientemente, no está ni ha estado nunca entre los objetivos del Gobierno de Aragón.

La trufa negra  que, cuando procede del cultivo, entra en el ámbito de aplicación de la ley referida,  puede convertirse en uno de los productos más emblemáticos de Aragón  al tiempo que una de sus grandes aportaciones al  mundo de la gastronomía. Para lograrlo es preciso que los truficultores aragoneses,  más allá de los mercados locales, apuesten colectivamente por el desarrollo de las estructuras y de las herramientas comerciales necesarias para satisfacer la demanda que representa el mercado mundial, que es donde se sitúa la verdadera oportunidad.

O dialogamos con el Ebro o el Ebro impondrá su monólogo.

Joaquín Olona en diversas intervenciones relacionadas con las inundaciones del Ebro durante mayo y junio de 2016.

Tenemos que cambiar nuestra percepción y posición sobre las inundaciones de los ríos, y muy particularmente las del Ebro, dejando de pensar que podemos evitarlas y tratando de aprender a convivir mucho mejor con ellas. Forman parte de la naturaleza y como tales hay que entenderlas. Pero esto no debe impedir que también nos esforcemos en comprender que quienes viven en la ribera llevan haciéndolo desde hace siglos y que tienen que poder seguir viviendo donde siempre lo han hecho. Debemos admitir que la ribera del Ebro, aunque mucho menos que el de otros grandes ríos europeos, es un espacio fuertemente humanizado.

Es imprescindible romper la dinámica de la confrontación actualmente dominante en todos los ámbitos. Es preciso integrar mucho más y mejor  los conocimientos científicos con los de carácter local, que también tienen la categoría de conocimiento. También urge armonizar la visión ambientalista con la económica y social, la visión del campo con la de la ciudad, los enfoques técnicos con los políticos, etc. Porque sólo a través del diálogo y la cooperación, desde el mutuo respeto entre las partes, podremos avanzar hacia las soluciones que necesitamos. Unas soluciones que exigen decisión pero también paciencia y prudencia. No sólo porque los medios y conocimientos son limitados sino porque también concurren sentimientos, sensibilidades y emociones.

La extrema complejidad del problema y multitud de dimensiones que presenta impide pensar en soluciones exclusivamente científico-técnicas. Porque la ciencia no tiene soluciones para problemas tan complejos. Por eso hace falta la política, entendida esta como herramienta de resolución de conflictos colectivos, y las inundaciones lo son, con intención de obligar. Eso sí, sabiendo que la política tan solo puede proporcionar soluciones imperfectas aunque suficientemente válidas y estables si respeta las distintas sensibilidades y se basa en los conocimientos disponibles. No puede seguir ocurriendo que la política sólo actúe cuando se produce la inundación sino que debe estar presente, de forma mucho más activa y responsable, en los procesos de planificación y gestión.

Es así que ciencia, sociedad y política están llamadas a colaborar con mucha más voluntad, respeto mutuo y eficacia. Para ello es preciso introducir nuevos incentivos en nuestra configuración institucional. El fortalecimiento de la coordinación y de la cooperación entre las administraciones local, la autonómica y la general así como de todas ellas con los agentes económicos, sociales y ambientales, y de todos ellos entre sí resulta clave. Es lo que el Gobierno de Aragón trata de impulsar favoreciendo y promoviendo todo tipo de encuentros y diálogos traducidos, por ejemplo, en la Ponencia sobre inundaciones que, en el seno de la Comisión del Agua de Aragón, se constituyó el pasado 9 de junio.

Respecto de la compensación de daños no cabe pensar en indemnizar lo que es asegurable. El Gobierno de Aragón mantiene y apuesta por una decidida política de seguros agrarios que se ve cuestionada y perjudicada cuando se indemniza a quienes no hacen lo que deben y que no es otra cosa que asegurar sus cultivos y ganados. No suscribir los seguros, que con una importante ayuda pública se ponen a disposición de los agricultores y ganaderos, también resulta insolidario para con el resto de los ciudadanos.

En modo alguno cabe pensar en que vuelva a repetirse lo ocurrido en la última inundación de 2015, donde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en un escenario de extrema dificultad presupuestaria, ha tenido que hacer frente al pago de 23,4 millones de euros en el ámbito agrario, además de otros 6 millones de euros en infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento municipal a través del Instituto Aragonés del Agua. Debe entenderse como algo completamente excepcional, tanto como que en la inundación de 2003 la cifra total pagada fue de 6,7 millones de euros, en la de 2007 el importe fue de 5,6 millones de euros y en la de 2013 nada.

Desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad promovemos el restablecimiento progresivo de la llanura de inundación favoreciendo el retranqueo o eliminación de diques y motas así como el desarrollo de soluciones innovadoras para el establecimiento de un Dominio Público Hidráulico real, basadas en la oferta voluntaria de tierras u otros mecanismos que es preciso desarrollar. Todo ello para que el río disponga del espacio que necesita y se eliminen o reduzcan significativamente los riesgos y daños materiales.  Todo ello garantizando la protección de los núcleos urbanos y de las poblaciones por encima de cualquier otra prioridad. Propiciamos también un uso agrícola compatible y coherente con la gestión sostenible de las avenidas, que se considera esencial mantener como herramienta de gestión eficaz de las propias avenidas. Una coherencia que también debe asegurarse en la gestión de los espacios naturales incluidos en la misma llanura de inundación.

Contamos con herramientas de gran potencial que es preciso optimizar y que permiten innovar:

  • El Programa de Desarrollo Rural, por ejemplo, permite la aplicación de medidas agroambientales que no sólo contribuyan al desarrollo de la Directiva de hábitats (Natura 2000) sino también al de la Directiva Marco del Agua, un enfoque hasta ahora inédito que pretendemos desarrollar empezando por la aplicación de una nueva medida de cultivos compatibles con la inundación y a la que podrán acogerse los agricultores en la próxima declaración de la PAC de 2017.
  • La concentración parcelaria combinada con la modernización de las huertas tradicionales y la gestión de tierras que, debidamente combinadas, debe y puede contribuir al restablecimiento de la llanura de inundación y del Dominio Público Hidráulico.
  • La gestión coordinada del Dominio Público Forestal cono el Hidrológico, que puede potenciar la acción anterior.
  • Los Planes de Gestión de las ZEPA’s y LIC’s todavía pendientes de completar y aprobar.
  • La condicionalidad ambiental de los pagos del Primer Pilar de la PAC, que desde el Gobierno de Aragón proponemos reformar en profundidad.
  • Los seguros agrarios ya aludidos como herramienta esencial para la gestión del riesgo que opera sobre los bienes materiales en las zonas inundables.
  • La planificación urbanística, incidiendo con más eficacia en la ordenación de los usos en las zonas con riesgo de inundación.
  • Los planes municipales de protección civil.

Todo lo anterior  debe complementar, reforzar y contribuir a desarrollar las acciones del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación así como las del propio Plan Hidrológico del Ebro. Dos instrumentos de vital importancia, ambos competencia de la Administración General del Estado ejercida a través de Confederación Hidrográfica del Ebro, una entidad esencial para la gobernanza del agua y del Dominio Público Hidráulico pero que debe lograr una mayor y mejor adaptación a la realidad social y política vigente.

El llamamiento al diálogo así como a la búsqueda del consenso político y social resulta obligado. Porque, o dialogamos con el Ebro, o el Ebro impondrá su monólogo.

La oportunidad del sector agroalimentario frente al cambio climático.

Joaquín Olona en la clausura de la Jornada “Después de París, Aragón. El reto de las emisiones difusas”. Zaragoza, 8 de junio de 2016.

La agroalimentación es parte relevante del problema del cambio climático y, por ello, forma parte de la solución. Una doble solución ya que la respuesta agroalimentaria al cambio climático debe hacerse en el escenario de un vertiginoso crecimiento de la demanda de alimentos asociada, a su vez,  al aumento demográfico y la reducción de la pobreza mundial. Todo ello configura, sin duda, uno de los mayores retos que ha afrontado la humanidad.

En el contexto de Aragón se propone el siguiente decálogo:

  1. Mejorar la gestión combinada de la fertilización agrícola y de los estiércoles y residuos ganaderos de modo que se minimicen las emisiones de metano y de óxido nitroso, que,son las principales componentes de la emisión en Aragón.
  2. Mejorar la gestión de los suelos agrícolas aumentando su contenido en materia orgánica extendiendo la agricultura de conservación, que en Aragón. Que los labradores dejen de labrar, o labren menos, implica un importante cambio institucional en tanto en cuanto se trata de un uso y costumbre profundamente arraigado.
  3. Desarrollo de nuevas variedades y adecuación de cultivos a nuevos patrones climáticos incluyendo nuevas estrategias de producción en secano y regadío así como ante las sequías y las inundaciones. Todo ello exige avances técnicos que serán de dudosa eficacia si no se ven acompañados de nuevas fórmulas organizativas y de nuevas políticas públicas basadas en la participación activa de los interesados.
  4. Fortalecimiento de las políticas de sanidad vegetal y animal, para hacer frente a los nuevos riesgos y patologías asociadas a los nuevos patrones climáticos.
  5. Una política del agua más realista y eficaz, sabiendo que en nuestro contexto de fuerte aridez y en un escenario previsiblemente de mayor irregularidad hidrológica la regulación hidráulica así como el regadío son determinantes para nuestro agroalimentario.
  6. Fortalecimiento de la política de seguros agrarios como herramienta más eficaz para la gestión colectiva de los riesgos naturales, que se verán incrementados en el nuevo escenario climático. España ejerce un liderazgo mundialmente reconocido en materia de seguros agrarios que debe ponerse en valor y en acción ante el cambio climático.
  7. Desarrollo de nuevas estrategias comerciales, tanto en el ámbito local y de proximidad como en el global atendiendo a las nuevas pautas de consumo pero, también, a los cambios en la geografía de la producción agrícola y del comercio alimentario mundial, que también se va a ver afectado por el cambio climático.
  8. Reducir el rechazo, el desperdicio y los residuos agroalimentarios evitando que gran parte de los alimentos que producimos acaben en los cubos de la basura. En todo caso es preciso minimizar los residuos agroalimentarios que deben incorporarse, en todo caso, a los nuevos paradigmas de “residuo cero” y de la economía circular asumiendo que los alimentos empiezan y acaban en el suelo.
  9. Continuar con el proyecto AGROCLIMA como acción innovadora orientada a la información y la sensibilización basada en la cooperación y la acción colectiva protagonizada por el propio sector y auspiciada por el Gobierno de Aragón.
  10. Reformar la PAC en profundidad para que sea más justa y eficaz. Debe evitarse que el cambio climático se convierta en una mera excusa oportunista para justificar unas ayudas que tienen su verdadera razón de ser en la insuficiencia de las rentas agrarias. Si persiste el actual enfoque de la PAC o si el nuevo que se adopte no es el apropiado se frenará la contribución de la agricultura a la mitigación del Cambio Climático y, sobre todo, su adaptación.

Para que todo esto suceda es preciso que los actores del sistema agroalimentario, a través de las organizaciones y entidades que los representan, comprendan bien el problema del cambio climático, asuman el protagonismo que les corresponde y apuesten por su solución. Pero no cabe pensar en que lo hagan solos. La ciencia y la técnica son imprescindibles y deben ponerse al servicio del sector; lo mismo que la política y los poderes públicos, que cuentan en el cambio climático y la agroalimentación un reto en el que demostrar su eficacia y utilidad.

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Agroclima: afrontar el Cambio Climático con enfoque innovador.

Joaquín Olona ante el Pleno de las Cortes de Aragón. 3 de Junio de 2016.

El Proyecto Agroclima, cuyos resultados se presentaron en Zaragoza el pasado 20 de abril, ha supuesto un importante paso en el proceso de sensibilización del sistema agroalimentario aragonés en relación con el carácter estratégico que tiene la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero  así como la adaptación al Cambio Climático.

El hecho de que Aragón produzca materias primas alimentarias y alimentos para una población equivalente de unos 12 millones de habitantes (10 veces la población aragonesa) se traduce en que las emisiones de la agricultura y la ganadería representan el 20% de todas las emisiones de la comunidad autónoma, un porcentaje que duplica lo  que el sector agrario representa en las emisiones del conjunto de España. Al mismo tiempo, considerando la importancia de la agroalimentación en nuestra economía y en nuestro desarrollo, se hace necesario promover acciones de adaptación para proteger dicha actividad de los efectos negativos del cambio climático y adaptarla al mismo.

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El fenómeno del cambio climático, tiende a percibirse lejano en cualquier sector de la sociedad y, en todo caso, como una amenaza de futuro. En el sector agrario tiende a contemplarse, además, como una nueva y añadida exigencia ambiental que viene a incrementar la dificultad de su actividad productiva, por lo que la anticipación en la gestión del riesgo vinculado a los efectos negativos del cambio climático no resultaba fácil de introducir.  Sin embargo, el Proyecto Agroclima, que ha contado con una metodología de trabajo novedosa protagonizada por los propios actores que lideran en el sector, ha logrado que estos hayan llegado por sí mismos a comprender el reto de la reducción de emisiones GEI y la adaptación al Cambio Climático, no como el riesgo de una nueva exigencia administrativa que asumir sino como una fuente de innovación, como un nuevo factor de competitividad y liderazgo o como un escenario de cooperación.

Con el proyecto Agroclima  Aragón se adelanta a las acciones que, en materia de agricultura y cambio climático, pretenden impulsarse desde las instituciones europeas. Unas iniciativas que se enmarcan en el ámbito de las llamadas “emisiones difusas”, que es precisamente el ámbito de prioridad por el que apuesta el Gobierno de Aragón.

Conviene saber que el transporte, la agricultura, el sector residencial, el comercial y el institucional junto con la industria no sometida al régimen europeo de comercio de emisiones (EU ETS), suponen prácticamente la mitad de las emisiones de GEI y su reducción está siendo menor, más difícil y complicada que la de los sectores regulados.

Este ámbito de las emisiones difusas y su vinculación al cambio climático plantea un importante reto: el modo en que, tanto colectiva como individualmente, han de abordarse las acciones necesarias para lograr una economía baja en carbono, para transformar nuestro sistema agroalimentario, para proteger el sustento para la vida que nos brinda la Naturaleza y proporcionar a todos el acceso a un trabajo digno y una protección social adecuada. Esto es lo que hace unos pocos días hacían público un grupo de “sabios” mediante un manifiesto relativo al Acuerdo de París sobre Cambio Climático así como al de Nueva York relativo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Agricultura y Espacios Naturales.

Joaquín Olona en la celebración del Día Europeo de los Parques Naturales. Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido. 24 de Mayo de 2016.

La Federación Europarc, organización paneuropea que aúna 38 países, promueve  la celebración del Día Europeo de los Parques, el 24 de mayo de cada año, conmemorando con ello la declaración de los primeros parques nacionales en 1909 en Suecia.

Este año 2016 el lema es “El sabor de la naturaleza” y hace referencia a la necesidad de crear conciencia acerca de la vinculación existente entre las actividades agrícolas y ganaderas tradicionales y los espacios naturales. Una vinculación que resulta determinante para la conservación. Porque espacios tan valiosos como el propio Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido no sólo son consecuencia de la naturaleza sino, también, de una actividad ganadera milenaria que resulta determinante en el modelado del paisaje así como en la funcionalidad del ecosistema.

Pero además de crear conciencia en el sentido apuntado es necesario dejar de maltratar la ganadería extensiva con la PAC y apostar por su reforma en profundidad.

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Cambio Climático y Agroalimentación.

Joaquín Olona en la apertura de la Jornada de presentación de los resultados del Proyecto Agroclima. 20 de Abril de 2016.

La cooperación resulta clave en la configuración de las nuevas reglas, incentivos y restricciones en las que debe traducirse la política de mitigación y adaptación al Cambio Climático. La agricultura y la alimentación forman parte de la solución de lo que sin duda es el principal reto que afronta la humanidad. Los avances técnicos son imprescindible pero no serán eficaces si no van acompañados de nuevas fórmulas organizativas y de nuevas políticas públicas entre las que la PAC debe jugar un papel preponderante.

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Acuerdo de Paris

Política del agua y medio ambiente.

Publicado por Joaquín Olona en Heraldo de Aragón. 

Los poderes públicos tienen la obligación de  proteger y mejorar los recursos hidrológicos y los ecosistemas asociados porque de ello depende nuestro desarrollo y bienestar así como el de nuestros descendientes.

La calidad de los cursos  fluviales  y de las masas de agua, en nuestro contexto fuertemente antropizado, se ve condicionada por las actividades económicas y los servicios que sustentan nuestra sociedad. La sostenibilidad de estas actividades y servicios exige compatibilizar sus efectos sobre el medio ambiente, y en particular sobre el sistema hidrológico, con los estándares de calidad ambiental preestablecidos. Un proceso que  genera conflictos inevitables que, necesariamente, conducen a la política, entendida esta como la toma de decisiones sobre conflictos de interés colectivo con carácter vinculante, es decir, con intención de obligar.

La extrema irregularidad hidrológica del dominio mediterráneo hace que la fijación de caudales ecológicos así como del resto de parámetros y criterios que definen el buen o mal estado de las masas de agua reviste una enorme complejidad, de hecho inabordable desde presupuestos exclusivamente técnicos. Los dilemas que se derivan, fruto de la confluencia de intereses económicos, sociales y ambientales, solo permiten soluciones imperfectas cuya estabilidad depende de la solidez y amplitud de los acuerdos políticos y de los fundamentos técnicos en las que se sustentan.

Es preciso revisar la idea de cuenca excedentaria, particularmente cuando los caudales son tan irregulares como los del Ebro, que a su paso por Zaragoza puede no alcanzar los 100 m3/segundo o superar los 4.000 m3/segundo. En todo caso hace falta garantizar que los ríos desemboquen en el mar, comprendiendo que las aguas que llegan al mar no son un desperdicio o que las crecidas y avenidas fluviales forman parte del ciclo natural. Todo ello es necesario para que los ríos sigan siéndolo lo que no impide exigir coherencia con su régimen hidrológico natural.

También es preciso revisar la invocación de la solidaridad como justificación de los trasvases. Porque la distribución de los recursos naturales no es justa ni injusta. Invocar la solidaridad para trasvasar agua pierde su sentido cuando pretende aplicarse a territorios desarrollados, similares en su configuración socioeconómica. Cada territorio debe aprovechar sus propios recursos que, naturalmente, son diferentes y que, por serlo, configuran especializaciones económicas distintas. Una especialización que ningún territorio debería lograr a expensas de los recursos de otro.

La política del agua no puede reducirse a la política hidraúlica, es decir a la planificación y gestión de las infraestructuras de regulación y transporte necesarias para que el agua sea un recurso accesible y nuestra sociedad cuente con los niveles de seguridad hídrica que necesita. Una política -la hidráulica- que refleja una de las primeras asociaciones entre dos ámbitos todavía excesivamente alejados entre sí como son la política y la técnica. Una política forjada en Aragón, donde también siempre se ha cuestionado y ahora demonizado, pero que debe valorarse en la justa medida que la necesitamos. Porque la llamada política de gestión de la demanda, basada en el ahorro y la eficiencia, siendo necesaria no es suficiente para cubrir nuestras expectativas de desarrollo económico y bienestar social, sobre todo del medio rural.

El agua no solo es un recurso natural que proteger y mejorar, también es un bien económico que debemos saber utilizar.  Razón ésta por la que la política del agua tampoco es reducible a la política ambiental y es preciso coordinarla mejor con otras políticas fundamentales como son la energética, la agrícola, la de desarrollo rural o la de cambio climático.

Hacia una PAC más justa y eficaz.

Por Joaquín Olona. Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.

La reforma en profundidad que se propone centra la ayuda directa de la que es objeto el Primer Pilar de la PAC en la renta personal de los beneficiarios, eliminando los derechos históricos, los pagos por superficie así como la regionalización productiva.

Se propone  incluir a todos los profesionales de la agricultura y de la ganadería, con independencia de su orientación productiva, eliminando las discriminaciones territoriales, sectoriales o de cualquier otra índole que hacen ahora de la PAC una política ineficaz e injusta.

Se prima la buena gestión de las explotaciones incentivando la profesionalidad, la dimensión económica y la productividad. Todo ello con la vista puesta en una agricultura productiva y sostenible que, en el marco del modelo familiar y  de la actividad vinculada al territorio, resulte atractiva para los jóvenes y las mujeres, contribuya a la economía y al empleo así como a la mitigación de la emisiones de Gases de Efecto Invernadero y la adaptación al cambio climático.

La PAC vigente en España, resultado de una aplicación de la Reforma que sólo ha buscado dejarlo todo como ya estaba antes, perjudica a la agricultura. Porque los derechos históricos dificultan la incorporación y la consolidación de los jóvenes en la actividad agraria, Además, ese determinismo histórico impide que los agricultores y ganaderos que tradicionalmente no han tenido ayudas puedan llegar a tenerlas; por ejemplo, es el caso de los fruticultores. Los pagos por superficie se han convertido una amenaza para la ganadería extensiva, sobre todo en las zonas de montaña donde los ganaderos están encontrando serias dificultades para justificar una actividad que han desarrollado tradicionalmente.

Se propone el establecimiento de una renta agraria de referencia respecto de la que compensar la renta agraria individual realmente obtenida. La renta de referencia se corrige en función del grado de profesionalidad agraria de los beneficiarios. La compensación de la renta se corrige en función de la dimensión de la explotación acreditada por el beneficiario así como de la eficiencia productiva incentivando con ello el uso eficiente de los recursos y penalizando la ociosidad de los mismos. La ayuda queda condicionada en todo caso al cumplimiento de exigencias agronómicas, ambientales y sociales que refuerzan la legitimidad de la ayuda pública asignada.

La propuesta supone una importante simplificación basada en la integración y coordinación del sistema de declaración y control de la ayuda con el sistema fiscal, eliminando el exceso de burocracia que abruma a los agricultores y supone un elevado coste para todos.

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Sobre política agrícola en el siglo XXI.

Conferencia de Joaquín Olona en la Lonja Agropecuaria del Ebro. Zaragoza,  9 de Mayo de 2016.

La inestabilidad de los precios agrícolas y su caída a largo plazo es consecuencia de la propia naturaleza económica de la oferta y de la demanda agroalimentaria.

Pretender modificar directamente este comportamiento del mercado mediante  medidas de política agrícola no es recomendable.

Es mejor asumir y entender el funcionamiento del mercado agroalimentario favoreciendo que funcione como tal, y actuar sobre sus consecuencias desfavorables sobre la renta de los agricultores así como sobre otros factores estructurales que determinan dicha renta como son la productividad del trabajo, la profesionalidad, la dimensión económica de las explotaciones, la transferencia del conocimiento y la innovación.

Se requiere una política agrícola que ayude a lograr una agricultura más productiva y más coherente e integrada con el mercado, con la economía y la sociedad, con el conocimiento y con el medio ambiente.

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Mujeres y desarrollo rural.

Intervención de Joaquín Olona en la inauguración de la Feria de Otoño de Biescas (Huesca). 17 de Octubre de 2015.

Biescas no solo ha sabido mantener su feria tradicional sino que la ha sabido potenciar y adaptar a los nuevos tiempos convirténdola en un referente comercial y turístico del Alto Aragón. Una zona en la que la mujer, en la que en este año se centra la atención, ha ejercido y sigue ejerciendo un papel primordial.

La mujer sigue enraizando las familias al territorio y, por ello, sigue dependiendo de ella la evolución demográfica de las zonas rurales, particularmente, la de las áreas de montaña y más desfavorecidas.

Las mujeres, por lo general, promueven proyectos agroalimentarios y negocios rurales  más ambiciosos y de mayor valor añadido. Pero todavía son muy pocas las explotaciones y negocios rurales promovidos y dirigidos formalmente por mujeres que, además, presentan mayores dificultades de continuidad, sobre todo en las zonas de montaña y desfavorecidas.

Sin embargo, la influencia y apoyo de las mujeres suele resultar determinante en la promoción y evolución de unos negocios rurales en los que participan  habitualmente con notable esfuerzo y sacrificio. Una condición que sigue mostrándose invisible, cuando no infravalorado por nuestra sociedad. Una situación que exige resolverse avanzando con más rapidez y decisión hacia una verdadera igualdad.

Necesitamos que la mujer se incorpore como verdadera agricultora y empresaria en el mundo rural evitando que la prioridad con la que, en materia de ayudas, ya cuenta se tergiverse para otros fines que también perjudican a las mujeres y que impiden avanzar hacia esa verdadera igualdad que urge alcanzar.