El fallo de mercado hace imprescindibles las subvenciones directas a los agricultores.

La necesidad del apoyo público a la agricultura radica en la insuficiencia de las rentas así como en la incapacidad del mercado para remunerar correctamente el trabajo de los agricultores.

El 72,35 % de las personas físicas aragonesas que declararon rentas agrarias en el IRPF de 2015, un total de 35.471 declarantes, presentaron resultados negativos una vez descontadas todas las subvenciones directas percibidas. El resultado medio global, para el conjunto de Aragón, fue de una pérdida de 3.643 € por declarante.

Los análisis demuestran que ni la mejora de la profesionalidad de los agricultores ni, tampoco, la mejora de la productividad y de la dimensión económica de sus explotaciones, que son factores esenciales de la competitividad, son acciones suficientes por sí mismas para elevar las rentas al nivel requerido. Porque como muestra el gráfico adjunto se observan valores elevados de profesionalidad, productividad y dimensión económico para niveles muy diferentes de renta. Esto demuestra la incapacidad del mercado para remunerar de forma justa y eficiente el trabajo agrícola así como que la ayuda pública a la agricultura resulte imprescindible.

Las subvenciones directas actualmente vigentes, que incluyen el régimen de pago básico así como las ayudas asociadas, las medidas agroambientales, el apoyo a la agricultura ecológica, las indemnizaciones en Zonas con Limitaciones Específicas y otras, corrigen globalmente la situación de las rentas de modo que, con su aplicación, el 95,69% de las rentas agrarias resultan positivas. No obstante, la renta agraria media de los declarantes del IRPF, incluidas las subvenciones, tan sólo es de 5.105 €.

Siendo imprescindibles las ayudas directas y presentando un efecto globalmente positivo sobre las rentas agrícolas, lo que se resulta cuestionable es la forma en la que se distribuye, que, a la luz de los resultados obtenidos, dista bastante de poder considerarse justa y eficaz. Mientras que parece razonable que se aplique más ayuda cuanto más negativa sea la renta, no lo es que las ayudas sean tanto más elevadas cuanto mayores sean las rentas. De ahí la propuesta de reforma en profundidad que proponemos desde el Gobierno de Aragón.

Ver gráficos y datos justificativos

Antitrasvasismo y solidaridad.

Joaquín Olona. Zaragoza, 18 de junio de 2017.

Río Ebro a su paso por Zaragoza en junio de 2017.

Oponerse al trasvase del Ebro desde Aragón tiende a tacharse de insolidario desde el resto de España. Se trata de una valoración injusta consecuencia, fundamentalmente, de una política hidrológica que, en demasiadas ocasiones, atiende prioridades o intereses que poco o nada tienen que ver realmente con los problemas del agua y sus soluciones.

Los problemas del agua, al menos en la Cuenca del Ebro, no son consecuencia tanto de su escasez física como de las dificultades económicas, sociales y ambientales para acceder a la misma.

La extrema irregularidad hidrológica, tanto espacial como temporal, propia de la Cuenca del Ebro hace que el acceso al agua dependa de la disponibilidad de infraestructuras hidráulicas, tanto de regulación como de transporte que, necesariamente, alteran unas condiciones naturales hidrológicas que condicionan el desarrollo.

La aridez o falta permanente de agua en el suelo que también caracteriza a la Depresión Central del Ebro, y que no debe confundirse con la sequía, impide el aprovechamiento del elevado potencial agroalimentario de la zona. Este potencial sólo puede aprovecharse en su plenitud mediante el regadío, que sigue apreciándose como opcíón válida y deseable para el desarrollo socioeconómico y territorial de Aragón.

La transformación de secano en regadío es un  proceso de desarrollo todavía inconcluso en Aragón y por el que, desde el Gobierno de Aragón apostamos junto a la modernización del regadío ya existente. Es el caso del Plan de Riegos del Alto Aragón (1916),  los Regadíos del Canal de Bardenas (1932) o de los del Canal del Civán (968). Sin olvidar los que, respondiendo a reivindicaciones históricas, ni siquiera han llegado a iniciarse; es el caso de los Regadíos de La Litera Alta o del Canal de la Margen Derecha del Ebro. También hay que tener presentes los regadíos infradotados que dependen de mejoras en la regulación como es el caso, por ejemplo, de los Regadíos del Jalón.

Esta demanda de regadío insatisfecha lo es en tanto que depende de la construcción de obras hidráulicas (Yesa, Almudévar, Biscarrués, Mularroya y otras) competencia de la Administración General del Estado (AGE), que permitan utilizar caudales disponibles, ahora no utilizados, imprescindibles para el desarrollo de Aragón. Unas actuaciones que, acumulando años de retraso, vienen careciendo del compromiso presupuestario necesario en los Presupuestos Generales del Estado. Tampoco cuenta la AGE con el Gobierno de Aragón, que es quien tiene las competencias en materia de regadíos, todo lo que debería  en la planificación y gestión de estos proyectos hidráulicos.

Las actuaciones hidráulicas, así como las del regadío propiamente dicho, además de inversión pública exigen innovaciones institucionales que se sumen a las tecnológicas. El Gobierno de Aragón ya la está adoptando con el desarrollo de un marco de financiación alternativo al  derivado de la obsoleta Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 que apuesta por las Comunidades de Regantes. Porque el uso eficiente del agua, atendiendo a su naturaleza económica como bien comunal (elevada rivalidad y difícil exclusión), depende del acierto en la configuración de soluciones institucionales específicas, basadas en la cooperación y el acuerdo, distintas del mercado así como de la intervención.

También es preciso revisar el concepto de “cuenca excedentaria”. Particularmente cuando, como ocurre en la del Ebro, la irregularidad temporal de caudales es extrema. Por ejemplo, el caudal del Ebro a su paso por Zaragoza oscila entre menos de 10 m3/s en estiaje y más de 2.000 m3/s, que es cuando se considera avenida extraordinaria. Pero, sobre todo, porque una cuenca sólo debería  calificarse como excedentaria una vez aseguradas las necesidades y expectativas de desarrollo interno de la misma así como asegurados los caudales ecológicos circulantes, incluidos los que, necesariamente, deben llegar al mar. Unas condiciones que exigen conocimientos técnicos y capacidades políticas que distan mucho de las actuales.

El maltrato y desconsideración del que tradicionalmente ha sido objeto Aragón en materia de agua se refleja en el Estatuto de Autonomía, particularmente en dos de sus artículos:

  • Art. 19.3:  “Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras”.
  • Art. 72.3  “… la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas que puedan resultar afectadas.”

Aragón acredita una generosidad y solidaridad no siempre correspondida desde los poderes centrales. No obstante, la solidaridad es deseable que la practique el fuerte en beneficio del débil. Cuando un territorio menos desarrollado como Aragón niega la transferencia de unos recursos que necesita para su desarrollo a otros que, como los litorales, están más desarrollados o pueden hacerlo con recursos alternativos,  no practica la insolidaridad sino que apela a la justicia y a la sostenibilidad.

El algoritmo para una PAC más social.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 22 de mayo de 2017.

No basta con defender que se mantengan los Pagos Directos de la PAC. Hay que lograr que, además, se apliquen de una forma más justa y eficaz.

La propuesta de reforma en profundidad de la PAC que propone el Gobierno de Aragón incluye un algoritmo para el cálculo de los pagos directos.

Consiste en compensar la Renta Agraria de los beneficiarios individuales en función de la renta obtenida en su explotación pero teniendo en cuenta también l el grado de dependencia de los ingresos agrarios, la productividad y la dimensión económica.

Se trata de ayudar más a quien más lo necesita pero evitando la ociosidad e incentivando el aumento de la dimensión económica de las explotaciones más pequeñas.

El compromiso de Aragón con el Cambio Climático.

Por Joaquín Olona.  V Congreso Científico Internacional Pages. Zaragoza, 13 de Mayo de 2017. 

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La mitigación y adaptación al Cambio Climático también es una oportunidad para el desarrollo de la sociedad y la economía del conocimiento y la innovación tecnológica. Pero, sobre todo, para la formulación de nuevas políticas públicas basadas en la implementación de nuevas reglas de juego que se traduzcan en nuevos incentivos que   favorezcan lo que a todos interesa y nuevas restricciones que impidan hacer lo que a todos perjudica (innovación institucional).

En la configuración de las nuevas reglas de juego, la cooperación resulta clave. La propia naturaleza del Cambio Global y Climático, del que nadie puede excluirse ni quedar inmune a lo que hagan los demás, hace cuestionable la utiidad de los instrumentos convencionales de mercado o de intervención estatal. Sobre todo cuando las casas son de carácter difuso  como ocurre con la agricultura o el transporte. Por el contrario, se requieren nuevas soluciones institucionales, mucho más avanzadas y específicas basadas en la acción común.

Ver presentación.

 

 

Declaración de Aragón por la Sostenibilidad.

Por Joaquín Olona. Firma de la “Declaración de Aragón por la Sostenibilidad” en la presentación del avance del informe Come On! del Club de Roma. Zaragoza, 4 de mayo de 2017.

Una sociedad no depende tanto de la naturaleza de sus individuos como de las reglas que rigen sus relaciones, es decir, de su diseño institucional. Si tales reglas son acertadas y, sobre todo, respetadas la sociedad cabe esperar que sobreviva y progrese. De lo contrario, el fracaso está asegurado.

Las reglas mutuamente aceptadas y generalmente respetadas (familia, democracia, ciencia, deporte, ley, partidos políticos, empresas, ONG’s, comunidades de vecinos, etc.) configuran la estructura institucional de una sociedad, que tendrá tanto más éxito en su progreso y desarrollo cuanto más eficiente y respetada sea dicha estructura. Si, además de eficiencia y respeto, las instituciones dominantes responden a determinados valores éticos y estéticos, el éxito, desarrollo y  progreso se extenderá a una amplia mayoría de los individuos que componen la sociedad. De lo contrario solo a unos pocos, a una minoría.

En nuestro contexto no sólo importan las relaciones entre los individuos sino de estos con su entorno biofísico, es decir, con las diferentes componentes de lo que llamamos medio ambiente y del que nosotros mismos formamos parte.

Si el medio ambiente se incorpora con eficacia a la estructura institucional, la sociedad y el mundo en el que vive será sostenible de modo que sus logros y virtudes serán  duraderas. En caso contrario dichos logros y virtudes se desvanecerán, y aunque el mundo seguirá, la sociedad, más pronto que tarde, fracasara.

Esto es lo que requiere ahora nuestra máxima atención: la Sostenibilidad. Un reto de marcado signo institucional en el que respetar es, sin duda, el requerimiento esencial. El respeto a nosotros mismos y a las normas que rigen nuestra relaciones mutuas con los demás así como con las diferentes componentes que integran el medio ambiente es la clave de la sostenibilidad.

Declaración

 

El algoritmo del Gobierno de Aragón para compensar la renta en una nueva PAC.

Joaquín Olona. Zaragoza, 24 de abril de 2017.

La propuesta de Reforma de la PAC que propone el Gobierno de Aragón consiste en compensar la renta de los agricultores mediante un sencillo algoritmo por el que se determina dicha compensación.

Ver algoritmo

Regular los mercados agrícolas no es la solución.

Joaquín Olona. Zaragoza, 8 de abril de 2017.

Que los mercados agrícolas sean más estables y los precios menos volátiles es totalmente  deseable. La pregunta es si es realista aspirar a dicha estabilización y si ello debe ser el objetivo de la política agrícola actual.

40 Aniversario de la creación de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA

La intervención de los mercados agrícolas, estableciendo precios de garantía u otras fórmulas que nadie especifica, no sólo es inviable en nuestro contexto comercial actual sino que puede resultar profundamente injusto. Porque los precios de garantía, siendo  una subvención indirecta a los productores cuando los precios de mercado caen, implica transferir más fondos públicos a quienes más kilos producen. De este modo, el dinero público termina favoreciendo a las explotaciones más grandes con el riesgo de que sean las grandes corporaciones empresariales y no las explotaciones familiares quienes terminen concentrando la ayuda a la agricultura.

Por otro lado, las políticas de precios y mercados se aplican en la práctica a determinadas producciones y sectores, que terminan  privilegiándose en detrimento de los que no son objeto de atención, no porque no lo necesiten sino por otras razones o intereses.

La intervención de los mercados ha demostrado su ineficacia. La historia de la propia PAC lo avala. Pero es que, además, en el contexto actual, dicha práctica compromete la viabilidad de las políticas públicas que pretenden aplicarla. Porque, sin estar claro que beneficie realmente al colectivo que se pretende, suele demostrarse perjudicial para el conjunto de los contribuyentes.

La naturaleza y comportamiento de los precios y mercados agrícolas, aunque no asumida por los agricultores y sus organizaciones, es bien conocida por los académicos así como por las administraciones. Siendo inestables a corto tienden a la baja a largo plazo. Un comportamiento que perjudica a los agricultores pero que juega a favor del resto de una sociedad que dispone de alimentos cada vez más asequibles. Un comportamiento con categoría de ley económica cuya modificación puede resultar tan ilusorio como pretender alterar la ley de la gravedad.

Asumiendo la realidad de los mercados agrícolas hemos de aceptar que la explotación familiar agraria, hoy por hoy, es inviable sin ayuda pública y que, por ello, es imprescindible una política de rentas eficaz y suficientemente dotada que haga frente a  la imperfección de los mercados así como a la imposibilidad de estabilizarlos.

Sin negar la necesidad e importancia de la mejora estructural, tanto productiva como comercial, la ayuda directa a las rentas  agrarias resulta imprescindible para el sostenimiento del modelo de agricultura familiar, base a su vez de nuestro mundo rural.

Es cierto que la agricultura y la ganadería producen, de manera conjunta a los alimentos, otros bienes públicos de naturaleza ambiental y social. Sin embargo no debería seguir recurriéndose a cuestionables y arriesgadas justificaciones ambientales que, lejos de legitimar la política agraria, más bien la cuestionan y la amenazan. La integración ambiental de la agricultura es una exigencia indiscutible; lo que  no debe ser es una justificación interesada de unas ayudas cuya contribución ambiental siga siendo difícilmente verificable.

La legitimidad de la política agrícola, entendida como tal, surge del fallo de los mercados agrícolas, incapaces de asignar con eficiencia los recursos ni  de remunerar correctamente a los agricultores.

Es la insuficiencia de la renta de los agricultores, derivada a su vez de la imperfección de los mercados  que perjudica a los agricultores en beneficio del resto de la sociedad, y la necesidad de equipararla con el resto de los ciudadanos lo que legitima la política agraria y el presupuesto público que debe acompañarla. Un presupuesto que debe poder explicarse a los contribuyentes con claridad y honestidad por qué y para qué se necesita.

Estas son las razones que justifican que, desde el Gobierno de Aragón, apostemos por una PAC más social basada en pagos directos destinados a compensar la renta agraria, no en función de las superficies ni de los precios, sino de las propias rentas agrarias. No en función de referencias ni derechos históricos, ni tampoco de sectores ni de producciones específicas, sino abierta a todos los agricultores y ganaderos sin excepción. Y, desde luego, en función del ejercicio real de la actividad agrícola, de la profesonalidad, de la dependencia agraria de los ingresos y del uso eficiente y sostenible de los recursos agrarios.Todo ello en beneficio y protección de la explotación familiar agraria como base de nuestro modelo agralimentario y rural.

Ayúdanos, el fuego no perdona.

Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de marzo de 2017.

La lucha contra el fuego, en el contexto de fenómenos extremos asociados al cambio climático  en nuestro marco geográfico mediterráneo, requiere la participación activa de toda la sociedad. Nadie, ni en el ámbito rural ni en el urbano, debe permanecer ajeno a lo que acontece en nuestros montes y, por tanto, a las amenazas que, como el fuego, amenazan un patrimonio que es de todos.

Premios fotografía campaña sensibilización contra el fuego. Zaragoza, 3 de abril de 2017.

La lucha contra el fuego exige la colaboración de todos incluyendo el sistema educativo o la investigación así como de las empresas y los profesionales presentes en el medio rural y en el entorno forestal. También de los medios de comunicación, que son los encargados de informar con responsabilidad sobre la problemática que rodea al fuego en un contexto geográfico en el que, como el mediterráneo, es preciso aprender a convivir mejor con el fuego.

Más de 1500 escolares de colegios urbanos y rurales han participado, a través de 70 actividades distintas, en la campaña “Ayúdanos, el fuego no perdona”, que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha llevado a cabo en los últimos meses de 2016 con el fin de incentivar la prevención frente a los incendios forestales.

El colectivo agrario y ganadero, así como otros trabajadores del entorno rural han tomado parte asimismo en la campaña, que ha llegado a los distintos grupos mediante charlas y actividades educativas que han servido como experiencia piloto para impulsar una nueva edición en 2017, que tendrá objetivos más ambiciosos en dimensión territorial y número de acciones.

Las negligencias y accidentes por actividades en el medio rural se encuentran detrás de muchos de los incendios aragoneses, hasta alcanzar cifras de más del 50 % del total. Esta realidad estadística obliga necesariamente a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para reducir los incendios forestales en número, magnitud y consecuencias. Medidas en las que la sensibilización y la educación son de vital importancia al objeto de que la sociedad tenga una adecuada comprensión sobre el fuego forestal.