Publicado en Agronegocios, 30 de noviembre de 2022

El desafío del nitrógeno. Por Joaquín Olona Blasco

Zaragoza, 10 de octubre de 2022

El Plan Estratégico Nacional de la PAC permite programar las siembras con suficientes garantías.

En estos momentos tan sólo cinco países de la UE cuentan con el correspondiente Plan Estratégico de la PAC aprobado por la Comisión Europea y uno de ellos es España. Además de garantizar el pago de la PAC en 2023, la aprobación del citado Plan el pasado 31 de agosto aporta la información necesaria para programar las siembras de otoño con suficientes garantías y seguridad desde el punto de vista del acceso a las ayudas de la PAC. Afirmar lo contrario no sólo carece de fundamento, sino que tan sólo contribuye a generar confusión e incertidumbre donde no la hay.

Procede, por tanto, un llamamiento a la responsabilidad, especialmente y sobre todo, y por razones que deberían ser obvias, a las entidades colaboradoras de la Administración en la gestión de la PAC.

La ayuda básica a la renta, así como la ayuda complementaria de carácter redistributivo y destinada a los jóvenes, está perfectamente determinada sin que suponga cambios sustanciales, y mucho menos en relación con las siembras de otoño, respecto del actual Pago básico. Supondrán, en todo caso, mejoras en la percepción de la ayuda para las zonas con pagos actuales más bajos por hectárea como es el caso de las zonas más áridas, al tiempo que facilitarán el acceso a los pastos para quienes llevan a cabo pastoreo efectivo con ganado propio, entre otros avances en favor de la agricultura familiar y profesional a pesar de no haber logrado, por parte de quienes lo defendíamos, la completa supresión de los derechos históricos

Las ayudas asociadas, que suponen un aumento del 18% en la ayuda a la ganadería extensiva, tampoco plantean duda ni incertidumbre alguna. Fundamentalmente, porque salvo el aumento señalado regirán las mismas reglas vigentes.

Las ayudas agroambientales verán importantes mejoras, en particular las relativas a las razas extensivas autóctonas que pasarán a cobrar por cabeza en vez de por hectárea ajustando con ello mucho mejor la ayuda a las necesidades y condiciones de nuestra ganadería.

La ayuda a la agricultura ecológica se verá notablemente aumentada con el propósito de ampliar significativamente su extensión y contribución productiva. Una modalidad agrícola que se rige por una normativa perfectamente definida que se mantiene sin ninguna modificación.

La llamada condicionalidad reforzada queda perfectamente definida. Otra cosa es la valoración que cada cual haga sobre las nuevas exigencias, pero eso no tiene nada que ver con la incertidumbre.

Las incertidumbres que hubo sobre las intervenciones sectoriales, de carácter esencialmente presupuestario y en menor medida de alcance, ya hace meses que se resolvieron. En todo caso, en nada afectan a las siembras que ahora toca llevar a cabo.

La principal novedad viene de la mano de los llamados ecorregímenes que representan el 23% del importe del Primer Pilar y que, por cierto, se definen y aplican completamente al margen de los derechos históricos permitiendo con ello el acceso automático a los pagos directos de la PAC de quienes no tienen derechos individuales, así como a los pagos por hectárea sin el condicionante de las referencias históricas. Es el caso, por ejemplo, de los fruticultores, así como de todos los cultivos y ganados que se acojan a estos ecorregímenes.

Todos los ecorregímenes están suficientemente definidos para que los interesados puedan elegir libremente aquellos que más les convengan de cara a la siembra inminente de este otoño. Una decisión que corresponde a cada interesado en particular y que sólo él mismo puede y debe tomar en base a una información disponible, accesible y suficiente.

Las prácticas agronómicas exigibles por los ecorregimenes están ya muy extendidas. Es el caso de la siembra directa y de la agricultura de conservación, los barbechos, la rotación de cultivos herbáceos, las cubiertas vegetales en cultivos leñosos o las prácticas en favor de la biodiversidad. Son todavía más generalizadas incluso las prácticas exigibles para el pastoreo sostenible y el bienestar animal.

Más allá de los detalles técnicos y administrativos necesarios para la declaración formal de la PAC, que tendrá que realizarse dentro de unos meses y una vez publicada toda la normativa nacional y autonómica pertinente, no cabe hablar de indefinición ni de indeterminación para tomar las decisiones necesarias para sembrar.

Unas siembras inminentes que, en todo caso, si cabe reconocer que se ven seriamente condicionadas por el elevado precio de los fertilizantes minerales, de los combustibles o de las semillas, además de por un escenario meteorológico ciertamente incierto. Pero los agricultores no sólo conocen bien, sino que aplican con extrema generosidad el refrán: “Si el labrador contara, no sembrara”.

No obstante, además de la detallada información hecha pública por el Ministerio de Agricultura, disponible en la web y que resulta muy aconsejable consultar con atención sobre todo por parte de quienes más exigentes son con la optimización del cobro de la PAC y la máxima concreción en sus detalles técnicos, desde las Comunidades Autónomas se viene desplegando una intensa actividad informativa y divulgativa sobre las novedades que supone esta nueva PAC.

Corresponde a las Administraciones informar sobre la ortodoxia de los ecorregimenes para garantizar su cumplimiento, no para soslayar sus condicionantes y exigencias claramente formuladas en el Plan Estratégico Nacional aprobado por la CE y que deben cumplirse de manera estricta. Tampoco cabe exigir a la Administración el asesoramiento personalizado orientado a maximizar los ingresos procedentes de la PAC que, en última instancia, corresponde al interesado en función de su propio perfil personal, objetivos y condiciones específicas que sólo él mismo conoce.

El debate político llevado a cabo sobre la nueva PAC y su aplicación en España, que ha sido intenso y profundo, finalizó hace meses con el resultado ya conocido. Lo que ahora procede no es buscar tres pies al gato, sino arrimar el hombro para lograr la máxima eficacia en la aplicación de la PAC. No la PAC que a cada cual nos gustaría, sino la aprobada a través del Plan Estratégico Nacional y, por tanto, la que se rige por unas reglas de juego perfectamente conocidas que estamos obligados a cumplir, que, en ningún caso, cabe cuestionar y que acaba con toda incertidumbre e indeterminación, al menos de cara a las siembras que en las próximas semanas han de llevarse a cabo.

Será después, dentro de varios meses, cuando deberán formularse las declaraciones de la PAC, no sin antes haber publicado la normativa reguladora con arreglo a un calendario desde hace meses anunciado, y haber desarrollo una segunda fase divulgativa que facilite dicha declaración con las necesarias garantías.

Zaragoza, 12 de septiembre de 2021

Quienes representamos a las Comunidades Autónomas en relación con la Reforma de la PAC, a juzgar por los análisis dominantes, parece ser que carecemos de otra visión y propósito que no sea el logro del mayor presupuesto posible en el reparto del importe nacional a expensas del resto.

Debería resultar obvio que la obligación de los consejeros autonómicos es la defensa de los intereses de su Comunidad respectiva. Más aún cuando su posición está refrendada por acuerdos y mandatos que incluyen a los propios parlamentos regionales. Pero eso no implica que tan solo se busque maximizar el sobre autonómico a expensas del resto del Estado; y mucho menos que siempre se haga de manera insolidaria, desleal y con absoluta falta de visión de Estado.

No es Aragón, en absoluto, la única Comunidad Autónoma que mantiene criterios y posiciones relativas a la Reforma de la PAC que trascienden esa visión tan miope y estrecha que se nos achaca. Tampoco es Aragón una excepción en la formulación de acuerdos con otras Comunidades Autónomas que, atendiendo a criterios geográficos, agronómicos o de otra índole, persigue contribuir a la mejor formulación posible del Plan Estratégico Nacional.

La posición aragonesa en relación con la reforma de la PAC, sustentada en un amplio y sólido acuerdo político y social, defiende la concentración de las ayudas en el apoyo directo de la renta de quienes más dependen de la actividad agraria en función de sus ingresos. Ello no excluye, en absoluto, a quienes practican la agricultura a tiempo parcial ya que en ningún momento hemos identificado al “profesional” con quien acredita ingresos exclusivamente agrarios. Es más, hemos admitido porcentajes de ingresos agrarios tan escasos como el 25%, incluyendo las ayudas de la PAC, para considerar al beneficiario como profesional a los efectos de la PAC y vincularlo así a la preferencia que reivindicamos. Una preferencia que resulta determinante para la defensa de los jóvenes y del rejuvenecimiento del sector ya que el apoyo a su incorporación viene exigiendo en la práctica niveles de profesionalidad más elevados.

Concentrar la ayuda en los “profesionales”, una vez establecidas las correspondientes limitaciones de pagos por encima de determinadas cantidades y condiciones, haciendo uso sobre todo de la Ayuda redistributiva a la renta, equivale a concentrar la ayuda en quienes más la necesitan, siendo además la vía más eficaz para afrontar la brecha de renta existente entre los agricultores y el resto de los ciudadanos.

Pero para que la ayuda se concentre efectivamente en quienes más la necesitan exige, a su vez, la supresión de unas referencias históricas y de unos derechos individuales que, además de injustos e ineficaces, bloquean la redistribución de los fondos respecto de cualquier objetivo que se plantee, incluido el del género.

El sistema de derechos se ha traducido en anomalías sociales y territoriales que es preciso subsanar con la mayor urgencia posible. Así, desde Aragón también propugnamos la reducción significativa del número de regiones productivas, así como la aceleración del proceso de convergencia, tal y como de hecho le exige a España la propia Comisión Europea. Es la única vía para que desaparezcan las aberrantes diferencias actualmente existentes en los pagos por hectárea, de modo que por producir lo mismo en las mismas o similares condiciones se aplique el mismo pago por hectárea.

También defendemos desde Aragón que la ganadería extensiva, dadas las especiales dificultades que afronta y el importante papel socio-territorial y ambiental que desempeña, tenga un tratamiento preferente a través de las ayudas asociadas de modo que el pago por cabeza se incremente de forma significativa, sobre todo en el caso de la ganadería ovina.

Sorprende que estas propuestas hayan sido valoradas como interesadas para Aragón, cuando no descalificadas por su falta de contribución a la necesaria política de Estado. Consecuentemente cabría formular las siguientes preguntas:

• ¿Acaso sólo hay dependientes de la agricultura y de la ganadería en Aragón?
• ¿Es que en el resto de España no hay agricultores y ganaderos que aspiran a vivir de la actividad agraria?
• Si la exigencia de acreditar cualquier porcentaje de ingresos procedentes de la agricultura, incluyendo las ayudas, por mínimo que sea, se interpreta que excluye a los agricultores a tiempo parcial ¿Qué se entiende entonces por agricultor y agricultura a tiempo parcial?
• Sabiendo que es preciso afrontar mayores exigencias ambientales de las que se derivarán, sin duda, mayores costes ¿No es conveniente reforzar el apoyo a la renta de quienes más se van a ver afectados y mayor esfuerzo deberán hacer (los profesionales)?
• ¿Acaso la brecha de renta que sufren los agricultores y ganaderos no es un serio obstáculo para la mejora social, económica y ambiental de nuestra agricultura y ganadería?
• ¿Podemos afrontar realmente los retos del rejuvenecimiento, del género, de la competitividad y de la sostenibilidad marginando en las ayudas a la profesionalidad agraria?
• ¿Podemos afrontar realmente el futuro del mundo rural y la despoblación marginando en las ayudas la profesionalidad agraria?
• ¿No cabe considerar como cuestión de estado los problemas y retos que plantea la ganadería extensiva?

La cuestión de los derechos históricos y de la convergencia en absoluto sitúa a Aragón en posición de ventaja. Si bien existe una mayoría política y social a favor, también hay fuerzas políticas Organizaciones Agrarias que se oponen. Si defendemos la supresión de los derechos y la aceleración de la convergencia no es porque Aragón amplíe su “sobre” de la PAC, sino porque es lo mejor para quienes viven o tratan de vivir de la agricultura y de la ganadería en Aragón, pero también en cualquier otra parte de España.

Cabe preguntarse por último sobre dos cuestiones adicionales:

Una, sobre la coherencia de quienes piden que las ayudas se concentren en los profesionales al mismo tiempo que exigen que los derechos históricos se mantengan o que incluso se tengan en cuenta en la aplicación de los ecoesquemas cuando se pide su regionalización. ¿Será que hay territorios donde los derechos históricos están justa y eficazmente distribuidos en función de la profesionalidad y de la brecha de renta? En Aragón desde luego que no es así; y me temo que en el resto de España tampoco.

La otra, sobre la coherencia de quienes exigen la intervención del Estado sobre los precios y mercados agrarios al objeto de garantizar una renta justa para los productores –que está fuera de toda posibilidad en el marco jurídico-administrativo de la UE- pero rechazan la redistribución de las ayudas de la PAC destinadas al apoyo a la renta en favor de quienes más dependen de la actividad agraria, es decir, de los profesionales. ¿Será que saldrían más beneficiados los pequeños agricultores y ganaderos profesionales con la (imposible) fijación de precios mínimos que con una distribución más justa de la ayuda a la renta? En Aragón, desde luego que no; y en el resto de España me temo que tampoco.

Zaragoza, 23 de abril de 2021.

Sobre la base del Acuerdo de Almagro (2018) los consejeros de Agricultura de Castilla-La Mancha y de Aragón hemos suscrito un nuevo acuerdo con el propósito de contribuir al debate político y al deseable acuerdo nacional que garantice que la aplicación de la PAC en España, a partir de 2023, sea más justa y eficaz, es decir, para que esta importante política pública lo sea en favor de la verdadera agricultura y ganadería familiar, de los jóvenes y de las mujeres, para que por hacer lo mismo se cobre lo mismo y, en definitiva, para que cobren más quienes más lo necesitan.

La Reforma ha sido planteada con objetivos ambiciosos en el seno de las instituciones europeas y ambiciosa debería ser también su aplicación en España. Porque ninguno de los propósitos citados podrá lograrse si seguimos haciendo lo mismo que ya hacemos.

Si el Plan Estratégico Nacional de la PAC, que debe acordarse y aprobarse en los próximos meses, no contempla una clara prioridad en favor de los agricultores profesionales y del modelo familiar, será difícil que el resultado final favorezca a este ámbito que todos decimos defender. No solo no cabe esperar que la agricultura familiar y sus profesionales salgan beneficiados sin tomar ninguna medida discriminatoria y suficientemente eficaz en su favor, sino que, de no tomarlas, se corre el riesgo de perjudicar precisamente a quienes se pretende beneficiar.

Si no se eliminan de forma real y completa los derechos históricos a partir de 2023, ni se reduce de forma drástica el número de regiones agronómicas actuales (50) ni se garantiza el acceso a las ayudas a todos los profesionales con independencia de su orientación productiva y ubicación, lo único que puede asegurarse que se conseguirá es la continuidad de los agricultores (y ganaderos) de sofá, el mantenimiento de las diferencias abusivas entre territorios, y del mercadeo de derechos, así como la persistencia de todas las demás anomalías que impiden concentrar los importantes fondos que distribuye la PAC en quienes más los necesitan y merecen.

Pero, además, es preciso utilizar con la máxima eficacia las herramientas redistributivas reglamentarias, en particular la nueva Ayuda redistributiva para la sostenibilidad de la renta cuya dotación presupuestaria debe asegurarse con independencia del efecto de los techos fijados para la también nueva Ayuda básica a la renta y cuya aplicación debe garantizarse en favor de los agricultores y ganaderos más profesionales y más dependientes de la actividad agraria.

El tratamiento prioritario a los más profesionales y dependientes de la agricultura y de la ganadería, se hace todavía más necesaria como consecuencia de las limitaciones reglamentarias que ya pueden darse por seguras. En particular, las fuertes exigencias que respecto de los eco-esquemas está imponiendo el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, supone detraer una parte significativa de la ayuda a la renta (entre el 20 y el 30% del Primer Pilar), que se traducirá en una reducción equivalente en la ayuda por hectárea, así como en una nueva fuente de desequilibrio entre beneficiarios y territorios.

Porque los eco-esquemas no pretenden reducir la brecha de renta que sufren los pequeños y medianos agricultores profesionales, sino que, responden a objetivos estrictamente ambientales que, sin cuestionarlos, es preciso darse cuenta que, por sí mismos, no benefician necesariamente al modelo familiar agrario; todo lo contrario, de no adoptar las medidas apropiadas, pueden perjudicar a los pequeños y medianos agricultores en favor del modelo corporativo. La voluntariedad de aplicación de los eco-esquemas, unida a los mayores costes, dificultades técnicas y exigencias administrativas que sin duda traerán, harán que sean más fáciles de adoptar por parte de la agricultura corporativa que por parte de la familiar.

La ganadería extensiva, sin duda el ámbito productivo mejor valorado y más reivindicado social y políticamente, tampoco mejorará manteniendo las anomalías vigentes y sin adoptar medidas específicas de apoyo. Es más, de empeñarse en hacerlo, la vaca nodriza y el sector ovino podrían incluso empeorar su situación, dada la ineficacia que suponen los pagos por hectárea para quienes, por lo general, no tienen tierra pero sí ganado, así como por la fuerte limitación impuesta a los pagos por cabeza dada la imposibilidad de adoptarlos más allá de unas ayudas asociadas que van a quedar limitadas al 13% del importe total del Primer Pilar y sin que, al parecer, para su aplicación puedan adoptarse criterios regionales.

En este proceso de Reforma de la PAC, a diferencia de los anteriores, se ha logrado propiciar en España un profundo y largo debate político que encuentra sus primeras referencias ya en 2016. Pero resulta imprescindible, que al menos en su etapa final en la que ya estamos, los pequeños y medianos agricultores profesionales titulares de las explotaciones familiares, no solo presten atención al desenlace de las negociaciones, sino que se comprometan con la defensa de sus propios intereses. Desde el Gobierno de Aragón, y me consta que igualmente desde el de Castilla-La Mancha, esos y no otros son los intereses que defendemos.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 22 de Diciembre de 2020

Publicado en la web de Agronegocios.

El arraigado enfoque sectorial de nuestra política agraria, es decir el empeño en vincular las ayudas a producciones agrícolas y ganaderas concretas, no solo es uno de los problemas que enfrenta la Reforma en profundidad de la PAC por la que abogamos desde Aragón, sino que impide concentrar la ayuda pública en los profesionales, los jóvenes y las mujeres, limitando con ello el apoyo al modelo familiar.

El vínculo con las referencias históricas que la Comisión Europea recomienda[1] eliminar a España, así como la acusada divergencia en los pagos por hectárea que la Comisión recomienda también reducir, son consecuencia del enfoque sectorial del pasado.

Apostar por el enfoque sector de la ayuda agraria conlleva el riesgo de caer en los mismos errores del pasado generen nuevos agravios entre beneficiarios y territorios. Supone, además, contradecir las recomendaciones internacionales contrarias a las ayudas acopladas a la producción por su distorsión de los mercados.

Las ayudas acopladas a producciones concretas, de acuerdo con las orientaciones de la Reforma en curso, solo deberían aplicarse con carácter excepcional para afrontar problemas socio-ambientales específicos. Es el caso, por ejemplo, de la ganadería extensiva vinculada preferentemente a razas autóctonas y ecosistemas dependientes del pastoreo, que es el ámbito exclusivo al que se propone aplicar los pagos directos acoplados en Aragón.

El carácter esencialmente sectorial de las reivindicaciones de las Organizaciones Agrarias y de las Cooperativas, junto con la resistencia a perder las ventajas sectoriales otrora logradas (status quo) obstaculizan la redistribución de la ayuda directa a la renta que la Comisión Europea incluye asimismo entre sus recientes recomendaciones a España en relación con el Plan Estratégico Nacional de la PAC.

Las ayudas a cultivos y ganados concretos no garantizan, por sí mismas, que el apoyo se destine al modelo familiar, ni a los profesionales, ni a los jóvenes ni tampoco a las mujeres. Es evidente, o al menos debería serlo, que los sectores están configurados por un conglomerado heterogéneo de productores de muy distintas características socioeconómicas. Ningún sector está completamente vinculado a un determinado perfil socioeconómico ni modelo productivo concreto, sino que en todos los sectores coexisten multitud de perfiles y de modelos productivos, entre los que el familiar muestra, por lo general, una preocupante regresión.

Qué sector necesita apoyo de la PAC no es la pregunta más acertada. Si de apoyar el modelo familiar se trata, resulta más pertinente preguntarse qué tipo de agricultores deben ser los beneficiarios de la PAC. La propuesta reglamentaria es clara: los genuinos.

Esta Reforma de la PAC es una gran oportunidad para afrontar con decisión el problema de la brecha de renta que padecen los agricultores y ganaderos profesionales, con independencia de las producciones que llevan a cabo. Porque los análisis reflejan que la brecha de renta no es un problema sectorial, sino horizontal y motivado por las limitaciones de dimensión consustancial al propio carácter familiar.

El reto de la brecha de renta exige maximizar la componente presupuestaria del Primer Pilar de la PAC destinada al apoyo directo desacoplado a la renta (Ayuda básica a la renta, Ayuda redistributiva a la renta y Ayuda a la renta de los jóvenes) en favor exclusiva a los agricultores genuinos.

Defender a los agricultores profesionales, así como a los jóvenes y a las mujeres, no se logrará privilegiando unos sectores productivos en detrimento de otros. Exige, por el contrario, apoyar a los productores de un determinado perfil socioeconómico, en particular a quienes, teniendo una elevada dependencia económica agraria, sufren una importante brecha de renta. Este es el perfil al que deberían responder los agricultores genuinos en España y, consecuentemente, los beneficiarios de Primer Pilar de la PAC con independencia de las ayudas aplicadas (desacopladas, acopladas, ecoesquemas y programas e intervenciones sectoriales).

El posicionamiento del Gobierno de Aragón, contario al mantenimiento de los derechos históricos, del enfoque sectorial y del resto de anomalías de las que adolece la aplicación vigente de la PAC en España, no es consecuencia de ningún cálculo interesado en favor de la Comunidad Autónoma. Por el contrario, es consecuencia de la apuesta en favor del modelo familiar y, por tanto, de los profesionales, de los jóvenes y de las mujeres. Una apuesta que no es retórica, sino real.

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[1] Comunicación de la Comisión Europea (CE) de 18-12-2020 sobre las recomendaciones a los Estados miembros en relación con los Planes Estratégicos de la Política Agrícola Común (PAC).

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de septiembre de 2017.

La gestión de la crisis de la fruta de hueso que estamos viviendo ya ha demostrado el valor de la acción colectiva coordinada en pro de un objetivo bien definido. Sería muy deseable aplicar esta lección en el complejo trabajo que falta por hacer para afrontar los problemas que sufre el sector así como la propia política agraria.

El sector productor, el aragonés y el catalán, ha sabido ponerse de acuerdo y trasladar su petición a los gobiernos. Al margen de los detalles,  cada cual hemos hecho nuestro trabajo lo mejor posible, lo que se ha traducido en que, en tan sólo 22 días, el MAPAMA ha sido capaz de convencer a la Comisión Europea de que se necesitaba retirar mucha más fruta de la autorizada inicialmente para esta campaña 2017. Se demuestra así que cuando se fijan objetivos concretos y se trabaja de forma coordinada para conseguirlos los resultados favorables son posibles.

Existe un amplio acuerdo sobre la naturaleza estructural de los problemas que enfrenta el sector de la fruta de hueso y que, por tanto, deben adoptarse medidas estructurales. Pero esto no es decir gran cosa. Porque  ¿de qué problemas estructurales hablamos exactamente? Y, consecuentemente ¿de qué medidas estructurales hablamos exactamente? ¿con qué propósito?  Para destinar el dinero público ¿a dónde y a quiénes?.

Las Organizaciones de Productores (OP’s)  y sus Programas Operativos canalizan la política pública actualmente aplicada sobre el sector hortofrutícola. Sin embargo, estas Organizaciones, que tan sólo aglutinan la mitad de la producción, arrojan importantes zonas de sombra. Canalizando los fondos públicos que recibe el sector (unos 15 millones € anuales en Aragón) no está claro que redunden todo lo que deberían en beneficio de las explotaciones familiares. Estas explotaciones configuran la base productiva y social del sector. Más bien está claro que no lo hacen. Tampoco está clara su contribución a la mejora de la capacidad comercial del sector, imprescindible para conducir con eficacia el importante crecimiento productivo hasta el consumo final. Más bien está clara su escasa contribución en la medida que la inversión en acciones comerciales propiamente dichas, a través de los Programas Operativos, ha sido prácticamente nula durante los últimos años. Se hace necesario, por tanto, revisar a fondo el papel desempeñado por las OP`s y si es preciso o no reorientar su función.

Pero también es preciso revisar si el apoyo al sector hortofrutícola, o más concretamente a las explotaciones familiares que configuran su base social, debe basarse exclusivamente en ayudas a la inversión  así como en operaciones de retirada cuando caen los precios de mercado. Esto es lo que se ha venido haciendo y no parece que los resultados sean los más adecuados. ¿No debería considerarse la aplicación de ayudas directas a la renta cuando esta no sea la adecuada?. En realidad, de un modo u otro,  es lo que terminamos haciendo a través de fórmulas como la de los préstamos subvencionados que  nuevamente, al menos en el caso de Aragón, vamos a tener que intentar poner a disposición de las explotaciones familiares para que puedan hacer frente al descalabro ocasionado por los bajos precios.

Que los precios sean bajos no es raro. En la agricultura -con independencia del sector- es lo habitual y deberíamos asumirlo como tal habilitando, claro está, las medidas políticas adecuadas. Porque ni cabe pensar en que los mercados impartan justicia ni que la oferta y la demanda agrícolas dejen de operar de la manera singular que lo hacen como consecuencia de su elevada inelasticidad y que, de hecho, justifica la existencia de la política agrícola.

En el contexto actual, resulta muy poco realista pensar en intervenir directamente,   aplicando fondos públicos, en las producciones y/o en los mercados. Pero es que, además, la política agrícola debe evitarlo, si tiene un mínimo enfoque social. Porque las cuotas productivas sí como los precios subvencionados, entre otros problemas,  terminan concentrando la ayuda pública en los productores más grandes y perjudicando a los más pequeños.

La ayuda directa a la renta, eso sí, en función de la renta y de otros parámetros tal y como proponemos desde el Gobierno de Aragón en relación con la reforma de la PAC y con carácter universal para todos los productores y sectores, además de contribuir a la simplificación supone una fórmula  más justa y eficaz , sobre todo cuando de apoyar a las explotaciones familiares y a los agricultores más desfavorecidos se trata.