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EL ACUERDO DE CASTILLA-LA MANCHA Y ARAGÓN SOBRE LA PAC: Justificación desde el punto de vista de Aragón.

Zaragoza, 23 de abril de 2021.

Sobre la base del Acuerdo de Almagro (2018) los consejeros de Agricultura de Castilla-La Mancha y de Aragón hemos suscrito un nuevo acuerdo con el propósito de contribuir al debate político y al deseable acuerdo nacional que garantice que la aplicación de la PAC en España, a partir de 2023, sea más justa y eficaz, es decir, para que esta importante política pública lo sea en favor de la verdadera agricultura y ganadería familiar, de los jóvenes y de las mujeres, para que por hacer lo mismo se cobre lo mismo y, en definitiva, para que cobren más quienes más lo necesitan.

La Reforma ha sido planteada con objetivos ambiciosos en el seno de las instituciones europeas y ambiciosa debería ser también su aplicación en España. Porque ninguno de los propósitos citados podrá lograrse si seguimos haciendo lo mismo que ya hacemos.

Si el Plan Estratégico Nacional de la PAC, que debe acordarse y aprobarse en los próximos meses, no contempla una clara prioridad en favor de los agricultores profesionales y del modelo familiar, será difícil que el resultado final favorezca a este ámbito que todos decimos defender. No solo no cabe esperar que la agricultura familiar y sus profesionales salgan beneficiados sin tomar ninguna medida discriminatoria y suficientemente eficaz en su favor, sino que, de no tomarlas, se corre el riesgo de perjudicar precisamente a quienes se pretende beneficiar.

Si no se eliminan de forma real y completa los derechos históricos a partir de 2023, ni se reduce de forma drástica el número de regiones agronómicas actuales (50) ni se garantiza el acceso a las ayudas a todos los profesionales con independencia de su orientación productiva y ubicación, lo único que puede asegurarse que se conseguirá es la continuidad de los agricultores (y ganaderos) de sofá, el mantenimiento de las diferencias abusivas entre territorios, y del mercadeo de derechos, así como la persistencia de todas las demás anomalías que impiden concentrar los importantes fondos que distribuye la PAC en quienes más los necesitan y merecen.

Pero, además, es preciso utilizar con la máxima eficacia las herramientas redistributivas reglamentarias, en particular la nueva Ayuda redistributiva para la sostenibilidad de la renta cuya dotación presupuestaria debe asegurarse con independencia del efecto de los techos fijados para la también nueva Ayuda básica a la renta y cuya aplicación debe garantizarse en favor de los agricultores y ganaderos más profesionales y más dependientes de la actividad agraria.

El tratamiento prioritario a los más profesionales y dependientes de la agricultura y de la ganadería, se hace todavía más necesaria como consecuencia de las limitaciones reglamentarias que ya pueden darse por seguras. En particular, las fuertes exigencias que respecto de los eco-esquemas está imponiendo el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, supone detraer una parte significativa de la ayuda a la renta (entre el 20 y el 30% del Primer Pilar), que se traducirá en una reducción equivalente en la ayuda por hectárea, así como en una nueva fuente de desequilibrio entre beneficiarios y territorios.

Porque los eco-esquemas no pretenden reducir la brecha de renta que sufren los pequeños y medianos agricultores profesionales, sino que, responden a objetivos estrictamente ambientales que, sin cuestionarlos, es preciso darse cuenta que, por sí mismos, no benefician necesariamente al modelo familiar agrario; todo lo contrario, de no adoptar las medidas apropiadas, pueden perjudicar a los pequeños y medianos agricultores en favor del modelo corporativo. La voluntariedad de aplicación de los eco-esquemas, unida a los mayores costes, dificultades técnicas y exigencias administrativas que sin duda traerán, harán que sean más fáciles de adoptar por parte de la agricultura corporativa que por parte de la familiar.

La ganadería extensiva, sin duda el ámbito productivo mejor valorado y más reivindicado social y políticamente, tampoco mejorará manteniendo las anomalías vigentes y sin adoptar medidas específicas de apoyo. Es más, de empeñarse en hacerlo, la vaca nodriza y el sector ovino podrían incluso empeorar su situación, dada la ineficacia que suponen los pagos por hectárea para quienes, por lo general, no tienen tierra pero sí ganado, así como por la fuerte limitación impuesta a los pagos por cabeza dada la imposibilidad de adoptarlos más allá de unas ayudas asociadas que van a quedar limitadas al 13% del importe total del Primer Pilar y sin que, al parecer, para su aplicación puedan adoptarse criterios regionales.

En este proceso de Reforma de la PAC, a diferencia de los anteriores, se ha logrado propiciar en España un profundo y largo debate político que encuentra sus primeras referencias ya en 2016. Pero resulta imprescindible, que al menos en su etapa final en la que ya estamos, los pequeños y medianos agricultores profesionales titulares de las explotaciones familiares, no solo presten atención al desenlace de las negociaciones, sino que se comprometan con la defensa de sus propios intereses. Desde el Gobierno de Aragón, y me consta que igualmente desde el de Castilla-La Mancha, esos y no otros son los intereses que defendemos.

Reforma de la PAC: una oportunidad para reenfocar nuestra política agraria en favor del modelo familiar.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 22 de Diciembre de 2020

Publicado en la web de Agronegocios.

El arraigado enfoque sectorial de nuestra política agraria, es decir el empeño en vincular las ayudas a producciones agrícolas y ganaderas concretas, no solo es uno de los problemas que enfrenta la Reforma en profundidad de la PAC por la que abogamos desde Aragón, sino que impide concentrar la ayuda pública en los profesionales, los jóvenes y las mujeres, limitando con ello el apoyo al modelo familiar.

El vínculo con las referencias históricas que la Comisión Europea recomienda[1] eliminar a España, así como la acusada divergencia en los pagos por hectárea que la Comisión recomienda también reducir, son consecuencia del enfoque sectorial del pasado.

Apostar por el enfoque sector de la ayuda agraria conlleva el riesgo de caer en los mismos errores del pasado generen nuevos agravios entre beneficiarios y territorios. Supone, además, contradecir las recomendaciones internacionales contrarias a las ayudas acopladas a la producción por su distorsión de los mercados.

Las ayudas acopladas a producciones concretas, de acuerdo con las orientaciones de la Reforma en curso, solo deberían aplicarse con carácter excepcional para afrontar problemas socio-ambientales específicos. Es el caso, por ejemplo, de la ganadería extensiva vinculada preferentemente a razas autóctonas y ecosistemas dependientes del pastoreo, que es el ámbito exclusivo al que se propone aplicar los pagos directos acoplados en Aragón.

El carácter esencialmente sectorial de las reivindicaciones de las Organizaciones Agrarias y de las Cooperativas, junto con la resistencia a perder las ventajas sectoriales otrora logradas (status quo) obstaculizan la redistribución de la ayuda directa a la renta que la Comisión Europea incluye asimismo entre sus recientes recomendaciones a España en relación con el Plan Estratégico Nacional de la PAC.

Las ayudas a cultivos y ganados concretos no garantizan, por sí mismas, que el apoyo se destine al modelo familiar, ni a los profesionales, ni a los jóvenes ni tampoco a las mujeres. Es evidente, o al menos debería serlo, que los sectores están configurados por un conglomerado heterogéneo de productores de muy distintas características socioeconómicas. Ningún sector está completamente vinculado a un determinado perfil socioeconómico ni modelo productivo concreto, sino que en todos los sectores coexisten multitud de perfiles y de modelos productivos, entre los que el familiar muestra, por lo general, una preocupante regresión.

Qué sector necesita apoyo de la PAC no es la pregunta más acertada. Si de apoyar el modelo familiar se trata, resulta más pertinente preguntarse qué tipo de agricultores deben ser los beneficiarios de la PAC. La propuesta reglamentaria es clara: los genuinos.

Esta Reforma de la PAC es una gran oportunidad para afrontar con decisión el problema de la brecha de renta que padecen los agricultores y ganaderos profesionales, con independencia de las producciones que llevan a cabo. Porque los análisis reflejan que la brecha de renta no es un problema sectorial, sino horizontal y motivado por las limitaciones de dimensión consustancial al propio carácter familiar.

El reto de la brecha de renta exige maximizar la componente presupuestaria del Primer Pilar de la PAC destinada al apoyo directo desacoplado a la renta (Ayuda básica a la renta, Ayuda redistributiva a la renta y Ayuda a la renta de los jóvenes) en favor exclusiva a los agricultores genuinos.

Defender a los agricultores profesionales, así como a los jóvenes y a las mujeres, no se logrará privilegiando unos sectores productivos en detrimento de otros. Exige, por el contrario, apoyar a los productores de un determinado perfil socioeconómico, en particular a quienes, teniendo una elevada dependencia económica agraria, sufren una importante brecha de renta. Este es el perfil al que deberían responder los agricultores genuinos en España y, consecuentemente, los beneficiarios de Primer Pilar de la PAC con independencia de las ayudas aplicadas (desacopladas, acopladas, ecoesquemas y programas e intervenciones sectoriales).

El posicionamiento del Gobierno de Aragón, contario al mantenimiento de los derechos históricos, del enfoque sectorial y del resto de anomalías de las que adolece la aplicación vigente de la PAC en España, no es consecuencia de ningún cálculo interesado en favor de la Comunidad Autónoma. Por el contrario, es consecuencia de la apuesta en favor del modelo familiar y, por tanto, de los profesionales, de los jóvenes y de las mujeres. Una apuesta que no es retórica, sino real.


[1] Comunicación de la Comisión Europea (CE) de 18-12-2020 sobre las recomendaciones a los Estados miembros en relación con los Planes Estratégicos de la Política Agrícola Común (PAC).

Renta Agraria y renta de los agricultores.

Zaragoza, 21 de diciembre de 2020.

El crecimiento de la Renta Agraria en un 4,3 % avanzado por el Ministerio de Agricultura para 2020 es una buena noticia que pone de manifiesto la vitalidad de la agroalimentación española, incluso en una situación tan compleja y comprometida como la determinada por la pandemia COVID-19.

Sin embargo, es preciso señalar que la Renta Agraria (29.093 millones de euros) no es atribuible en su totalidad a los agricultores y ganaderos propiamente dichos debido a que el modelo familiar tan solo justifica una fracción de las macromagnitudes, que muestra una evolución preocupante por su comportamiento regresivo, tal y como se detalla en el artículo publicado el pasado mes de julio en Agronegocios, que justifica el apoyo político a dicho modelo.

Frenar el deterioro estratégico y presupuestario de la PAC.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de Mayo de 2018.

La PAC sufriría un recorte del 10,61% y no del 5% como se había barajado tras presentar la Comisión Europea su propuesta para el Marco Finananciero Plurianual 2021-2027.

El recorte en el presupuesto de la PAC propuesto por la Comisión Europea para la nueva etapa 2021-2027 supone un nuevo varapalo a los agricultores y al mundo rural. Una mala noticia que se suma a la decepcionante propuesta de Reforma de la PAC también planteada por la Comisión en el borrador de Reglamento que pudo conocerse el pasado 26 de abril.

El presupuesto de la PAC en el seno del Marco Financiero Plurianual 2014-2020, dotado con 1,08 billones euros, se modificó en 2015 mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2015/141; DO L 24, quedando establecido en 408.313 millones euros, de los que 308.726 millones euros correspondían a pagos directos y medidas de mercado (OCM) mientras que los 99.587 millones euros restantes se destinaron a desarrollo rural. Las negociaciones del denominado «Reglamento ómnibus» concluyeron en octubre de 2017 si bien los importes relativos a la PAC no se vieron afectados.

El Marco Financiero Plurianual propuesto para la nueva etapa 2021-2027 aumenta hasta los 1,27 billones de euros (en precios corrientes). Sin embargo, la dotación para la PAC se reduce a 365.005 millones euros, destinándose 286.195 millones euros a pagos directos y medidas de mercado (Primer Pilar) y 78.811 millones euros a desarrollo rural (Segundo Pilar).

De acuerdo con estas referencias, el presupuesto total de la PAC sufriría un recorte del 10,61% y no del 5% como se había barajado. En este sentido la reducción del Primer Pilar sería de un 7,30 % y la del Segundo un 20,86 %.

Mientras que en el periodo 2014-2020 la PAC representa el 37,96 % del presupuesto total de la UE, en el nuevo periodo 2021-2027 dicho peso se vería reducido en 9,22 puntos porcentuales pasando al 28,74 %.  Esto da una idea más cabal del deterioro presupuestario que está sufriendo la que sigue siendo la única política verdaderamente común de la UE en favor de otras políticas cuya necesidad no se discute pero que no deberían ser a costa del apoyo que necesitan los agricultores y nuestro mundo rural.

Pero, el deterioro no solo es consecuencia de la continua pérdida de recursos financieros en términos reales, sino sobre todo por el persistente empeño en eludir las reformas de calado que se necesitan para lograr una PAC mucho más justa y eficaz, así como por poner en peligro su verdadero carácter comunitario aumentando la tasa de cofinanciación nacional. La propuesta presupuestaria de la Comisión Europea sobre la PAC abre la puerta de par en par a dicho aumento de cofinanciación nacional en la medida que contempla la posibilidad de que los Estados miembros, además de cofinanciar con fondos propios los pagos directos destinados a los pequeños agricultores, también puedan destinar parte de los pagos directos al desarrollo rural y viceversa.

Frenar el deterioro de la PAC no solo exige frenar los recortes presupuestarios. Es imprescindible, y quizás más importante, impulsar las reformas estratégicas de fondo, que no solo de forma y de arquitectura, en favor del modelo de agricultura familiar, es decir, de los agricultores profesionales que más dependen de la actividad agraria y más y mejor contribuyen a la mejora de la agricultura en el seno de un mundo rural vivo y sostenible.

Por una aplicación más justa y eficaz de las ayudas directas de la PAC.

Por Joaquín Olona. Publicado por Agronegocios, nº 691,  16 de marzo de 2018.

Son los profesionales que más dependen de la agricultura y que más contribuyen con sus explotaciones a la mejora productiva, ambiental y social los que desaparecerán si no reciben el apoyo público necesario, al margen de lo que produzcan.

Leer artículo completo.

Una agricultura innovadora ,,, y familiar.


Por Joaquín Olona. Publicado por Heraldo de Aragón. Zaragoza, 18 de febrero de 2018.

La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza (FIMA) es uno de los máximos referentes mundiales de la innovación tecnológica agrícola, particularmente en el ámbito de la mecanización.

El hecho de que, en el mundo más desarrollado y avanzado, una mínima fracción de la población activa alimente a todos, de manera cada vez más segura y asequible, es consecuencia del elevado grado de mecanización alcanzado por la agricultura.

La mecanización también ha sido determinante para reducir las penalidades del trabajo agrícola al tiempo que aporta esperanzadoras oportunidades para reducir la huella ecológica agraria mediante la digitalización y extensión de los sistemas de precisión. Todo ello orientado al uso eficiente de los recursos y de los inputs, a la minimización de la contaminación difusa y de las emisiones de gases de efecto invernadero así como a la adaptación al cambio climático.

En el contexto de la globalización y de la competitividad, las consecuencias sociales y territoriales de la robotización y de la digitalización configuran uno de los retos políticos más complejos y comprometidos de nuestro tiempo. Un reto al que la política agraria (la PAC) tampoco puede ser ajena. Todo lo contrario, aunque para abordarlo es imperativo abandonar el estatus quo en el que parecen empeñados muchos de sus agentes políticos y sociales.

La agroalimentación es uno de los ejes fundamentales sobre los que el Gobierno de Aragón articula su estrategia para que el desarrollo se proyecte sobre todos y cada uno de los territorios de la Comunidad Autónoma.

Nuestra agroalimentación, necesariamente orientada a los mercados internacionales en coherencia con su potencial productivo y posición geoestratégica de Aragón, no puede permanecer ajena a la expansión de la demanda alimentaria asociada a una población mundial creciente, cada vez más urbana y con mayor capacidad adquisitiva.

Pero, en nuestro contexto geográfico y territorial, el complejo agroalimentario no puede ni debe negar su contribución a la lucha contra la despoblación rural que amenaza la estabilidad y desarrollo de Aragón como Comunidad. Porque la supervivencia de nuestros pueblos depende de la continuidad de la sociedad agrícola y ganadera que, por lo general, los sostiene y estructura.

Tampoco cabe pensar en unas actividades agrícolas y ganaderas completamente desvinculadas de los valores naturales y servicios ambientales intrínsecamente asociados a ellas. Todavía menos, en unas actividades que perjudiquen la biodiversidad o los espacios que debemos conservar y proteger. Unos recursos, incluido el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que este año celebra su primer centenario, que dependen de la continuidad de las buenas prácticas que los han configurado.

Existe el riesgo de que el desarrollo agroalimentario pueda lograrse al margen de la sostenibilidad demográfica rural y del mantenimiento de los valores naturales asociados a los agrosistemas actuales. Este riesgo se deriva de la implantación de estructuras empresariales de gran dimensión que, aprovechando las economías de escala, el envejecimiento de la población agraria y la falta de relevo generacional, sustituyan el modelo vigente de explotaciones familiares que configuran nuestro mundo rural.

Consecuentemente, la política agrícola y los recursos públicos por ella aplicados, deben comprometerse en favor de la agricultura familiar. Porque es este modelo, y no la agricultura como tal, lo que peligra. Son los agricultores profesionales que más dependen de la agricultura y más contribuyen a su mejora productiva, ambiental y social, junto con sus explotaciones estrechamente vinculadas al territorio, quienes desaparecerán sino reciben el apoyo público necesario. Un apoyo que debe prestarse a todos ellos, con independencia de lo que producen. Porque todos ellos comparten un idéntico problema de insuficiencia e inestabilidad de renta que, para afrontarse, exige una aplicación más justa y eficaz de las ayudas directas de la PAC.

La PAC no solo debe abandonar el estatus quo que amenaza su propia continuidad sino que debe desprenderse de unas adherencias sectoriales que le impiden evolucionar hacia los niveles deseables de eficacia y equidad. Porque la priorización o vinculación de la ayuda a sectores y territorios prioritarios no garantiza que se concentre en quienes más la merecen y necesitan: los agricultores profesionales más dependientes de la agricultura y que más y mejor contribuyen a su mejora.

Nuestra prioridad política es proteger la renta de las explotaciones familiares.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de septiembre de 2017.

La gestión de la crisis de la fruta de hueso que estamos viviendo ya ha demostrado el valor de la acción colectiva coordinada en pro de un objetivo bien definido. Sería muy deseable aplicar esta lección en el complejo trabajo que falta por hacer para afrontar los problemas que sufre el sector así como la propia política agraria.

El sector productor, el aragonés y el catalán, ha sabido ponerse de acuerdo y trasladar su petición a los gobiernos. Al margen de los detalles,  cada cual hemos hecho nuestro trabajo lo mejor posible, lo que se ha traducido en que, en tan sólo 22 días, el MAPAMA ha sido capaz de convencer a la Comisión Europea de que se necesitaba retirar mucha más fruta de la autorizada inicialmente para esta campaña 2017. Se demuestra así que cuando se fijan objetivos concretos y se trabaja de forma coordinada para conseguirlos los resultados favorables son posibles.

Existe un amplio acuerdo sobre la naturaleza estructural de los problemas que enfrenta el sector de la fruta de hueso y que, por tanto, deben adoptarse medidas estructurales. Pero esto no es decir gran cosa. Porque  ¿de qué problemas estructurales hablamos exactamente? Y, consecuentemente ¿de qué medidas estructurales hablamos exactamente? ¿con qué propósito?  Para destinar el dinero público ¿a dónde y a quiénes?.

Las Organizaciones de Productores (OP’s)  y sus Programas Operativos canalizan la política pública actualmente aplicada sobre el sector hortofrutícola. Sin embargo, estas Organizaciones, que tan sólo aglutinan la mitad de la producción, arrojan importantes zonas de sombra. Canalizando los fondos públicos que recibe el sector (unos 15 millones € anuales en Aragón) no está claro que redunden todo lo que deberían en beneficio de las explotaciones familiares. Estas explotaciones configuran la base productiva y social del sector. Más bien está claro que no lo hacen. Tampoco está clara su contribución a la mejora de la capacidad comercial del sector, imprescindible para conducir con eficacia el importante crecimiento productivo hasta el consumo final. Más bien está clara su escasa contribución en la medida que la inversión en acciones comerciales propiamente dichas, a través de los Programas Operativos, ha sido prácticamente nula durante los últimos años. Se hace necesario, por tanto, revisar a fondo el papel desempeñado por las OP`s y si es preciso o no reorientar su función.

Pero también es preciso revisar si el apoyo al sector hortofrutícola, o más concretamente a las explotaciones familiares que configuran su base social, debe basarse exclusivamente en ayudas a la inversión  así como en operaciones de retirada cuando caen los precios de mercado. Esto es lo que se ha venido haciendo y no parece que los resultados sean los más adecuados. ¿No debería considerarse la aplicación de ayudas directas a la renta cuando esta no sea la adecuada?. En realidad, de un modo u otro,  es lo que terminamos haciendo a través de fórmulas como la de los préstamos subvencionados que  nuevamente, al menos en el caso de Aragón, vamos a tener que intentar poner a disposición de las explotaciones familiares para que puedan hacer frente al descalabro ocasionado por los bajos precios.

Que los precios sean bajos no es raro. En la agricultura -con independencia del sector- es lo habitual y deberíamos asumirlo como tal habilitando, claro está, las medidas políticas adecuadas. Porque ni cabe pensar en que los mercados impartan justicia ni que la oferta y la demanda agrícolas dejen de operar de la manera singular que lo hacen como consecuencia de su elevada inelasticidad y que, de hecho, justifica la existencia de la política agrícola.

En el contexto actual, resulta muy poco realista pensar en intervenir directamente,   aplicando fondos públicos, en las producciones y/o en los mercados. Pero es que, además, la política agrícola debe evitarlo, si tiene un mínimo enfoque social. Porque las cuotas productivas sí como los precios subvencionados, entre otros problemas,  terminan concentrando la ayuda pública en los productores más grandes y perjudicando a los más pequeños.

La ayuda directa a la renta, eso sí, en función de la renta y de otros parámetros tal y como proponemos desde el Gobierno de Aragón en relación con la reforma de la PAC y con carácter universal para todos los productores y sectores, además de contribuir a la simplificación supone una fórmula  más justa y eficaz , sobre todo cuando de apoyar a las explotaciones familiares y a los agricultores más desfavorecidos se trata.

 

 

Asegurar la justa remuneración de los agricultores teniendo también en cuenta su contribución ambiental.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 30 de agosto de 2017.

La propuesta de reforma en profundidad de la PAC del Gobierno de Aragón, basada en la compensación directa de la renta de los agricultores  con el propósito de lograr la justa remuneración del trabajo de los agricultores, se perfecciona tomando en consideración la generación de bienes públicos, en particular la contribución ambiental efectiva y verificable de las explotaciones.

Se propone compensar la renta de un determinado beneficiario individual (k) como diferencia entre su renta agraria (RAk), entendida como Rendimiento Neto Reducido de las actividades agrarias imputado en la declaración del IRPF más la atribución de rentas agrarias procedentes de sociedades con actividades agrarias, excluidas obviamente las subvenciones, y una determinada renta agraria de referencia (RAo). Dicha diferencia se  corrige mediante la aplicación de cinco factores:

  • La profesionalidad (ak) del beneficiario, medida como proporción de los ingresos agrarios sobre los ingresos totales consignados en la declaración del IRPF. Pretende favorecer la profesionalidad.
  • La productividad (bk) de la explotación, medida como relación entre el valor de mercado de la producción realmente obtenida y el valor de la producción potencial a priori establecida para la explotación. Pretende penalizar la infrautilización de los recursos agrarios y la ociosidad.
  • La dimensión económica (ck) de la explotación, medida como relación entre el valor de mercado de la producción potencial de la explotación y una producción estándar a priori establecida.
  • La contribución ambiental (dk) de la explotación, medida como la fracción de la producción estándar de la explotación con efectos ambientales positivos, efectivos y verificables (agricultura ecológica, medidas agroambientales vinculadas a la Red Natura 2000, agricultura de conservación, etc.)
  • Coeficiente de prorrateo () que ajusta la compensación en función de la relación resultante entre la suma de las compensaciones individuales y la dotación presupuestaria disponible. Si esta última excediera al primer importe cabría considerar tres posibles alternativas o combinación de las mismas: 1) Incremento de la compensación individual aplicando el prorrateo, 2) Dotación de un fondo de reserva, 3) Traspaso al Segundo Pilar, que se propone mantener focalizando su atención en favor de la mejora estructural del sistema agroalimentario y agroambiental.

La compensación de la renta se anula cuando la profesionalidad (ak) es cero y/o la productividad (bk) y la dimensión económica (ck) son simultáneamente cero.

Cuando los coeficientes ak, bk y ck toman sus valores máximos (1,00) entonces la diferencia entre la renta obtenida y la renta de referencia no se minora por razones económicas, dependiendo la compensación de la contribución ambiental (dk). En cualquier caso, si la contribución ambiental es cero, entonces la compensación de la renta se ve minorada en un 25% ya que el factor toma el valor 0,75. Si la contribución ambiental toma su valor máximo (dk=1,00) entonces la compensación de la renta se ve mayorada un 50% ya que el factor resulta 1,5.

De este modo, el modelo propuesto prioriza la ayuda en favor de quienes tienen mayor dependencia agraria en  sus ingresos (coeficiente de profesionalidad) al tiempo que incentiva la productividad, la dimensión económica y la contribución ambiental de la explotación.

Supone la modificación en profundidad  del criterio de distribución entre beneficiarios del conjunto de las ayudas  del Primer Pilar de la PAC así como de las ayudas del Segundo Pilar que también implican ayudas directas a la renta (Indemnizaciones en Zonas con limitaciones Naturales, Medidas de Agroambiente y Clima o ayuda a la agricultura ecológica). No supondría, necesariamente, modificar la distribución financiera relativa,   estatal y autonómica, establecida en la última Reforma 2014-2020.

Implica la eliminación de los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización productiva del pago básico , evitando con ello el colapso al que conduce cualquier reforma que implique la confrontación entre territorios, producciones, secano-regadío, generaciones, grandes y pequeños, profesionales, activos, etc.

El pago por superficie se sustituye por la compensación de la renta en función del ejercicio real de la actividad agraria. El enfoque de la regionalización productiva se sustituye por la consideración individual, tomando en cuenta a los beneficiarios en su condición de persona física, con independencia de la modalidad jurídico-fiscal bajo la que desarrolle la actividad agraria. Supone la Inclusión de todos los agricultores y ganaderos en la compensación de rentas, con independencia de su orientación productiva, ubicación y dimensión.

Se apuesta por el mantenimiento del enfoque vigente del Segundo Pilar si bien eliminado del mismo. por integrarse en la ayuda directa única de compensación de renta, las medidas que suponen ayudas directas a la renta (Indemnizaciones en Zonas con limitaciones Naturales, Medidas de Agroambiente y Clima o ayuda a la agricultura ecológica) y fortaleciendo su orientación a la mejora de la estructura agroalimentaria y agroambiental, con el propósito de reducir los problemas y dificultades que justifican la ayuda directa.

El fallo de mercado hace imprescindibles las subvenciones directas a los agricultores.

La necesidad del apoyo público a la agricultura radica en la insuficiencia de las rentas así como en la incapacidad del mercado para remunerar correctamente el trabajo de los agricultores.

El 72,35 % de las personas físicas aragonesas que declararon rentas agrarias en el IRPF de 2015, un total de 35.471 declarantes, presentaron resultados negativos una vez descontadas todas las subvenciones directas percibidas. El resultado medio global, para el conjunto de Aragón, fue de una pérdida de 3.643 € por declarante.

Los análisis demuestran que ni la mejora de la profesionalidad de los agricultores ni, tampoco, la mejora de la productividad y de la dimensión económica de sus explotaciones, que son factores esenciales de la competitividad, son acciones suficientes por sí mismas para elevar las rentas al nivel requerido. Porque como muestra el gráfico adjunto se observan valores elevados de profesionalidad, productividad y dimensión económico para niveles muy diferentes de renta. Esto demuestra la incapacidad del mercado para remunerar de forma justa y eficiente el trabajo agrícola así como que la ayuda pública a la agricultura resulte imprescindible.

Las subvenciones directas actualmente vigentes, que incluyen el régimen de pago básico así como las ayudas asociadas, las medidas agroambientales, el apoyo a la agricultura ecológica, las indemnizaciones en Zonas con Limitaciones Específicas y otras, corrigen globalmente la situación de las rentas de modo que, con su aplicación, el 95,69% de las rentas agrarias resultan positivas. No obstante, la renta agraria media de los declarantes del IRPF, incluidas las subvenciones, tan sólo es de 5.105 €.

Siendo imprescindibles las ayudas directas y presentando un efecto globalmente positivo sobre las rentas agrícolas, lo que se resulta cuestionable es la forma en la que se distribuye, que, a la luz de los resultados obtenidos, dista bastante de poder considerarse justa y eficaz. Mientras que parece razonable que se aplique más ayuda cuanto más negativa sea la renta, no lo es que las ayudas sean tanto más elevadas cuanto mayores sean las rentas. De ahí la propuesta de reforma en profundidad que proponemos desde el Gobierno de Aragón.

Ver gráficos y datos justificativos

Antitrasvasismo y solidaridad.

Joaquín Olona. Zaragoza, 18 de junio de 2017.

Río Ebro a su paso por Zaragoza en junio de 2017.

Oponerse al trasvase del Ebro desde Aragón tiende a tacharse de insolidario desde el resto de España. Se trata de una valoración injusta consecuencia, fundamentalmente, de una política hidrológica que, en demasiadas ocasiones, atiende prioridades o intereses que poco o nada tienen que ver realmente con los problemas del agua y sus soluciones.

Los problemas del agua, al menos en la Cuenca del Ebro, no son consecuencia tanto de su escasez física como de las dificultades económicas, sociales y ambientales para acceder a la misma.

La extrema irregularidad hidrológica, tanto espacial como temporal, propia de la Cuenca del Ebro hace que el acceso al agua dependa de la disponibilidad de infraestructuras hidráulicas, tanto de regulación como de transporte que, necesariamente, alteran unas condiciones naturales hidrológicas que condicionan el desarrollo.

La aridez o falta permanente de agua en el suelo que también caracteriza a la Depresión Central del Ebro, y que no debe confundirse con la sequía, impide el aprovechamiento del elevado potencial agroalimentario de la zona. Este potencial sólo puede aprovecharse en su plenitud mediante el regadío, que sigue apreciándose como opcíón válida y deseable para el desarrollo socioeconómico y territorial de Aragón.

La transformación de secano en regadío es un  proceso de desarrollo todavía inconcluso en Aragón y por el que, desde el Gobierno de Aragón apostamos junto a la modernización del regadío ya existente. Es el caso del Plan de Riegos del Alto Aragón (1916),  los Regadíos del Canal de Bardenas (1932) o de los del Canal del Civán (968). Sin olvidar los que, respondiendo a reivindicaciones históricas, ni siquiera han llegado a iniciarse; es el caso de los Regadíos de La Litera Alta o del Canal de la Margen Derecha del Ebro. También hay que tener presentes los regadíos infradotados que dependen de mejoras en la regulación como es el caso, por ejemplo, de los Regadíos del Jalón.

Esta demanda de regadío insatisfecha lo es en tanto que depende de la construcción de obras hidráulicas (Yesa, Almudévar, Biscarrués, Mularroya y otras) competencia de la Administración General del Estado (AGE), que permitan utilizar caudales disponibles, ahora no utilizados, imprescindibles para el desarrollo de Aragón. Unas actuaciones que, acumulando años de retraso, vienen careciendo del compromiso presupuestario necesario en los Presupuestos Generales del Estado. Tampoco cuenta la AGE con el Gobierno de Aragón, que es quien tiene las competencias en materia de regadíos, todo lo que debería  en la planificación y gestión de estos proyectos hidráulicos.

Las actuaciones hidráulicas, así como las del regadío propiamente dicho, además de inversión pública exigen innovaciones institucionales que se sumen a las tecnológicas. El Gobierno de Aragón ya la está adoptando con el desarrollo de un marco de financiación alternativo al  derivado de la obsoleta Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 que apuesta por las Comunidades de Regantes. Porque el uso eficiente del agua, atendiendo a su naturaleza económica como bien comunal (elevada rivalidad y difícil exclusión), depende del acierto en la configuración de soluciones institucionales específicas, basadas en la cooperación y el acuerdo, distintas del mercado así como de la intervención.

También es preciso revisar el concepto de «cuenca excedentaria». Particularmente cuando, como ocurre en la del Ebro, la irregularidad temporal de caudales es extrema. Por ejemplo, el caudal del Ebro a su paso por Zaragoza oscila entre menos de 10 m3/s en estiaje y más de 2.000 m3/s, que es cuando se considera avenida extraordinaria. Pero, sobre todo, porque una cuenca sólo debería  calificarse como excedentaria una vez aseguradas las necesidades y expectativas de desarrollo interno de la misma así como asegurados los caudales ecológicos circulantes, incluidos los que, necesariamente, deben llegar al mar. Unas condiciones que exigen conocimientos técnicos y capacidades políticas que distan mucho de las actuales.

El maltrato y desconsideración del que tradicionalmente ha sido objeto Aragón en materia de agua se refleja en el Estatuto de Autonomía, particularmente en dos de sus artículos:

  • Art. 19.3:  «Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras».
  • Art. 72.3  «… la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas que puedan resultar afectadas.»

Aragón acredita una generosidad y solidaridad no siempre correspondida desde los poderes centrales. No obstante, la solidaridad es deseable que la practique el fuerte en beneficio del débil. Cuando un territorio menos desarrollado como Aragón niega la transferencia de unos recursos que necesita para su desarrollo a otros que, como los litorales, están más desarrollados o pueden hacerlo con recursos alternativos,  no practica la insolidaridad sino que apela a la justicia y a la sostenibilidad.