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Nuestra prioridad política es proteger la renta de las explotaciones familiares.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de septiembre de 2017.

La gestión de la crisis de la fruta de hueso que estamos viviendo ya ha demostrado el valor de la acción colectiva coordinada en pro de un objetivo bien definido. Sería muy deseable aplicar esta lección en el complejo trabajo que falta por hacer para afrontar los problemas que sufre el sector así como la propia política agraria.

El sector productor, el aragonés y el catalán, ha sabido ponerse de acuerdo y trasladar su petición a los gobiernos. Al margen de los detalles,  cada cual hemos hecho nuestro trabajo lo mejor posible, lo que se ha traducido en que, en tan sólo 22 días, el MAPAMA ha sido capaz de convencer a la Comisión Europea de que se necesitaba retirar mucha más fruta de la autorizada inicialmente para esta campaña 2017. Se demuestra así que cuando se fijan objetivos concretos y se trabaja de forma coordinada para conseguirlos los resultados favorables son posibles.

Existe un amplio acuerdo sobre la naturaleza estructural de los problemas que enfrenta el sector de la fruta de hueso y que, por tanto, deben adoptarse medidas estructurales. Pero esto no es decir gran cosa. Porque  ¿de qué problemas estructurales hablamos exactamente? Y, consecuentemente ¿de qué medidas estructurales hablamos exactamente? ¿con qué propósito?  Para destinar el dinero público ¿a dónde y a quiénes?.

Las Organizaciones de Productores (OP’s)  y sus Programas Operativos canalizan la política pública actualmente aplicada sobre el sector hortofrutícola. Sin embargo, estas Organizaciones, que tan sólo aglutinan la mitad de la producción, arrojan importantes zonas de sombra. Canalizando los fondos públicos que recibe el sector (unos 15 millones € anuales en Aragón) no está claro que redunden todo lo que deberían en beneficio de las explotaciones familiares. Estas explotaciones configuran la base productiva y social del sector. Más bien está claro que no lo hacen. Tampoco está clara su contribución a la mejora de la capacidad comercial del sector, imprescindible para conducir con eficacia el importante crecimiento productivo hasta el consumo final. Más bien está clara su escasa contribución en la medida que la inversión en acciones comerciales propiamente dichas, a través de los Programas Operativos, ha sido prácticamente nula durante los últimos años. Se hace necesario, por tanto, revisar a fondo el papel desempeñado por las OP`s y si es preciso o no reorientar su función.

Pero también es preciso revisar si el apoyo al sector hortofrutícola, o más concretamente a las explotaciones familiares que configuran su base social, debe basarse exclusivamente en ayudas a la inversión  así como en operaciones de retirada cuando caen los precios de mercado. Esto es lo que se ha venido haciendo y no parece que los resultados sean los más adecuados. ¿No debería considerarse la aplicación de ayudas directas a la renta cuando esta no sea la adecuada?. En realidad, de un modo u otro,  es lo que terminamos haciendo a través de fórmulas como la de los préstamos subvencionados que  nuevamente, al menos en el caso de Aragón, vamos a tener que intentar poner a disposición de las explotaciones familiares para que puedan hacer frente al descalabro ocasionado por los bajos precios.

Que los precios sean bajos no es raro. En la agricultura -con independencia del sector- es lo habitual y deberíamos asumirlo como tal habilitando, claro está, las medidas políticas adecuadas. Porque ni cabe pensar en que los mercados impartan justicia ni que la oferta y la demanda agrícolas dejen de operar de la manera singular que lo hacen como consecuencia de su elevada inelasticidad y que, de hecho, justifica la existencia de la política agrícola.

En el contexto actual, resulta muy poco realista pensar en intervenir directamente,   aplicando fondos públicos, en las producciones y/o en los mercados. Pero es que, además, la política agrícola debe evitarlo, si tiene un mínimo enfoque social. Porque las cuotas productivas sí como los precios subvencionados, entre otros problemas,  terminan concentrando la ayuda pública en los productores más grandes y perjudicando a los más pequeños.

La ayuda directa a la renta, eso sí, en función de la renta y de otros parámetros tal y como proponemos desde el Gobierno de Aragón en relación con la reforma de la PAC y con carácter universal para todos los productores y sectores, además de contribuir a la simplificación supone una fórmula  más justa y eficaz , sobre todo cuando de apoyar a las explotaciones familiares y a los agricultores más desfavorecidos se trata.

 

 

Asegurar la justa remuneración de los agricultores teniendo también en cuenta su contribución ambiental.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 30 de agosto de 2017.

La propuesta de reforma en profundidad de la PAC del Gobierno de Aragón, basada en la compensación directa de la renta de los agricultores  con el propósito de lograr la justa remuneración del trabajo de los agricultores, se perfecciona tomando en consideración la generación de bienes públicos, en particular la contribución ambiental efectiva y verificable de las explotaciones.

Se propone compensar la renta de un determinado beneficiario individual (k) como diferencia entre su renta agraria (RAk), entendida como Rendimiento Neto Reducido de las actividades agrarias imputado en la declaración del IRPF más la atribución de rentas agrarias procedentes de sociedades con actividades agrarias, excluidas obviamente las subvenciones, y una determinada renta agraria de referencia (RAo). Dicha diferencia se  corrige mediante la aplicación de cinco factores:

  • La profesionalidad (ak) del beneficiario, medida como proporción de los ingresos agrarios sobre los ingresos totales consignados en la declaración del IRPF. Pretende favorecer la profesionalidad.
  • La productividad (bk) de la explotación, medida como relación entre el valor de mercado de la producción realmente obtenida y el valor de la producción potencial a priori establecida para la explotación. Pretende penalizar la infrautilización de los recursos agrarios y la ociosidad.
  • La dimensión económica (ck) de la explotación, medida como relación entre el valor de mercado de la producción potencial de la explotación y una producción estándar a priori establecida.
  • La contribución ambiental (dk) de la explotación, medida como la fracción de la producción estándar de la explotación con efectos ambientales positivos, efectivos y verificables (agricultura ecológica, medidas agroambientales vinculadas a la Red Natura 2000, agricultura de conservación, etc.)
  • Coeficiente de prorrateo () que ajusta la compensación en función de la relación resultante entre la suma de las compensaciones individuales y la dotación presupuestaria disponible. Si esta última excediera al primer importe cabría considerar tres posibles alternativas o combinación de las mismas: 1) Incremento de la compensación individual aplicando el prorrateo, 2) Dotación de un fondo de reserva, 3) Traspaso al Segundo Pilar, que se propone mantener focalizando su atención en favor de la mejora estructural del sistema agroalimentario y agroambiental.

La compensación de la renta se anula cuando la profesionalidad (ak) es cero y/o la productividad (bk) y la dimensión económica (ck) son simultáneamente cero.

Cuando los coeficientes ak, bk y ck toman sus valores máximos (1,00) entonces la diferencia entre la renta obtenida y la renta de referencia no se minora por razones económicas, dependiendo la compensación de la contribución ambiental (dk). En cualquier caso, si la contribución ambiental es cero, entonces la compensación de la renta se ve minorada en un 25% ya que el factor toma el valor 0,75. Si la contribución ambiental toma su valor máximo (dk=1,00) entonces la compensación de la renta se ve mayorada un 50% ya que el factor resulta 1,5.

De este modo, el modelo propuesto prioriza la ayuda en favor de quienes tienen mayor dependencia agraria en  sus ingresos (coeficiente de profesionalidad) al tiempo que incentiva la productividad, la dimensión económica y la contribución ambiental de la explotación.

Supone la modificación en profundidad  del criterio de distribución entre beneficiarios del conjunto de las ayudas  del Primer Pilar de la PAC así como de las ayudas del Segundo Pilar que también implican ayudas directas a la renta (Indemnizaciones en Zonas con limitaciones Naturales, Medidas de Agroambiente y Clima o ayuda a la agricultura ecológica). No supondría, necesariamente, modificar la distribución financiera relativa,   estatal y autonómica, establecida en la última Reforma 2014-2020.

Implica la eliminación de los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización productiva del pago básico , evitando con ello el colapso al que conduce cualquier reforma que implique la confrontación entre territorios, producciones, secano-regadío, generaciones, grandes y pequeños, profesionales, activos, etc.

El pago por superficie se sustituye por la compensación de la renta en función del ejercicio real de la actividad agraria. El enfoque de la regionalización productiva se sustituye por la consideración individual, tomando en cuenta a los beneficiarios en su condición de persona física, con independencia de la modalidad jurídico-fiscal bajo la que desarrolle la actividad agraria. Supone la Inclusión de todos los agricultores y ganaderos en la compensación de rentas, con independencia de su orientación productiva, ubicación y dimensión.

Se apuesta por el mantenimiento del enfoque vigente del Segundo Pilar si bien eliminado del mismo. por integrarse en la ayuda directa única de compensación de renta, las medidas que suponen ayudas directas a la renta (Indemnizaciones en Zonas con limitaciones Naturales, Medidas de Agroambiente y Clima o ayuda a la agricultura ecológica) y fortaleciendo su orientación a la mejora de la estructura agroalimentaria y agroambiental, con el propósito de reducir los problemas y dificultades que justifican la ayuda directa.

El fallo de mercado hace imprescindibles las subvenciones directas a los agricultores.

La necesidad del apoyo público a la agricultura radica en la insuficiencia de las rentas así como en la incapacidad del mercado para remunerar correctamente el trabajo de los agricultores.

El 72,35 % de las personas físicas aragonesas que declararon rentas agrarias en el IRPF de 2015, un total de 35.471 declarantes, presentaron resultados negativos una vez descontadas todas las subvenciones directas percibidas. El resultado medio global, para el conjunto de Aragón, fue de una pérdida de 3.643 € por declarante.

Los análisis demuestran que ni la mejora de la profesionalidad de los agricultores ni, tampoco, la mejora de la productividad y de la dimensión económica de sus explotaciones, que son factores esenciales de la competitividad, son acciones suficientes por sí mismas para elevar las rentas al nivel requerido. Porque como muestra el gráfico adjunto se observan valores elevados de profesionalidad, productividad y dimensión económico para niveles muy diferentes de renta. Esto demuestra la incapacidad del mercado para remunerar de forma justa y eficiente el trabajo agrícola así como que la ayuda pública a la agricultura resulte imprescindible.

Las subvenciones directas actualmente vigentes, que incluyen el régimen de pago básico así como las ayudas asociadas, las medidas agroambientales, el apoyo a la agricultura ecológica, las indemnizaciones en Zonas con Limitaciones Específicas y otras, corrigen globalmente la situación de las rentas de modo que, con su aplicación, el 95,69% de las rentas agrarias resultan positivas. No obstante, la renta agraria media de los declarantes del IRPF, incluidas las subvenciones, tan sólo es de 5.105 €.

Siendo imprescindibles las ayudas directas y presentando un efecto globalmente positivo sobre las rentas agrícolas, lo que se resulta cuestionable es la forma en la que se distribuye, que, a la luz de los resultados obtenidos, dista bastante de poder considerarse justa y eficaz. Mientras que parece razonable que se aplique más ayuda cuanto más negativa sea la renta, no lo es que las ayudas sean tanto más elevadas cuanto mayores sean las rentas. De ahí la propuesta de reforma en profundidad que proponemos desde el Gobierno de Aragón.

Ver gráficos y datos justificativos

Antitrasvasismo y solidaridad.

Joaquín Olona. Zaragoza, 18 de junio de 2017.

Río Ebro a su paso por Zaragoza en junio de 2017.

Oponerse al trasvase del Ebro desde Aragón tiende a tacharse de insolidario desde el resto de España. Se trata de una valoración injusta consecuencia, fundamentalmente, de una política hidrológica que, en demasiadas ocasiones, atiende prioridades o intereses que poco o nada tienen que ver realmente con los problemas del agua y sus soluciones.

Los problemas del agua, al menos en la Cuenca del Ebro, no son consecuencia tanto de su escasez física como de las dificultades económicas, sociales y ambientales para acceder a la misma.

La extrema irregularidad hidrológica, tanto espacial como temporal, propia de la Cuenca del Ebro hace que el acceso al agua dependa de la disponibilidad de infraestructuras hidráulicas, tanto de regulación como de transporte que, necesariamente, alteran unas condiciones naturales hidrológicas que condicionan el desarrollo.

La aridez o falta permanente de agua en el suelo que también caracteriza a la Depresión Central del Ebro, y que no debe confundirse con la sequía, impide el aprovechamiento del elevado potencial agroalimentario de la zona. Este potencial sólo puede aprovecharse en su plenitud mediante el regadío, que sigue apreciándose como opcíón válida y deseable para el desarrollo socioeconómico y territorial de Aragón.

La transformación de secano en regadío es un  proceso de desarrollo todavía inconcluso en Aragón y por el que, desde el Gobierno de Aragón apostamos junto a la modernización del regadío ya existente. Es el caso del Plan de Riegos del Alto Aragón (1916),  los Regadíos del Canal de Bardenas (1932) o de los del Canal del Civán (968). Sin olvidar los que, respondiendo a reivindicaciones históricas, ni siquiera han llegado a iniciarse; es el caso de los Regadíos de La Litera Alta o del Canal de la Margen Derecha del Ebro. También hay que tener presentes los regadíos infradotados que dependen de mejoras en la regulación como es el caso, por ejemplo, de los Regadíos del Jalón.

Esta demanda de regadío insatisfecha lo es en tanto que depende de la construcción de obras hidráulicas (Yesa, Almudévar, Biscarrués, Mularroya y otras) competencia de la Administración General del Estado (AGE), que permitan utilizar caudales disponibles, ahora no utilizados, imprescindibles para el desarrollo de Aragón. Unas actuaciones que, acumulando años de retraso, vienen careciendo del compromiso presupuestario necesario en los Presupuestos Generales del Estado. Tampoco cuenta la AGE con el Gobierno de Aragón, que es quien tiene las competencias en materia de regadíos, todo lo que debería  en la planificación y gestión de estos proyectos hidráulicos.

Las actuaciones hidráulicas, así como las del regadío propiamente dicho, además de inversión pública exigen innovaciones institucionales que se sumen a las tecnológicas. El Gobierno de Aragón ya la está adoptando con el desarrollo de un marco de financiación alternativo al  derivado de la obsoleta Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 que apuesta por las Comunidades de Regantes. Porque el uso eficiente del agua, atendiendo a su naturaleza económica como bien comunal (elevada rivalidad y difícil exclusión), depende del acierto en la configuración de soluciones institucionales específicas, basadas en la cooperación y el acuerdo, distintas del mercado así como de la intervención.

También es preciso revisar el concepto de “cuenca excedentaria”. Particularmente cuando, como ocurre en la del Ebro, la irregularidad temporal de caudales es extrema. Por ejemplo, el caudal del Ebro a su paso por Zaragoza oscila entre menos de 10 m3/s en estiaje y más de 2.000 m3/s, que es cuando se considera avenida extraordinaria. Pero, sobre todo, porque una cuenca sólo debería  calificarse como excedentaria una vez aseguradas las necesidades y expectativas de desarrollo interno de la misma así como asegurados los caudales ecológicos circulantes, incluidos los que, necesariamente, deben llegar al mar. Unas condiciones que exigen conocimientos técnicos y capacidades políticas que distan mucho de las actuales.

El maltrato y desconsideración del que tradicionalmente ha sido objeto Aragón en materia de agua se refleja en el Estatuto de Autonomía, particularmente en dos de sus artículos:

  • Art. 19.3:  “Corresponde a los poderes públicos aragoneses, en los términos que establece este Estatuto y de acuerdo con el principio de unidad de cuenca, la Constitución, la legislación estatal y la normativa comunitaria aplicables, velar especialmente para evitar transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras”.
  • Art. 72.3  “… la Comunidad Autónoma emitirá un informe preceptivo para cualquier propuesta de obra hidráulica o de transferencia de aguas que afecte a su territorio. El Gobierno de España deberá propiciar de forma efectiva el acuerdo entre todas las Comunidades Autónomas que puedan resultar afectadas.”

Aragón acredita una generosidad y solidaridad no siempre correspondida desde los poderes centrales. No obstante, la solidaridad es deseable que la practique el fuerte en beneficio del débil. Cuando un territorio menos desarrollado como Aragón niega la transferencia de unos recursos que necesita para su desarrollo a otros que, como los litorales, están más desarrollados o pueden hacerlo con recursos alternativos,  no practica la insolidaridad sino que apela a la justicia y a la sostenibilidad.

El algoritmo para una PAC más social.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 22 de mayo de 2017.

No basta con defender que se mantengan los Pagos Directos de la PAC. Hay que lograr que, además, se apliquen de una forma más justa y eficaz.

La propuesta de reforma en profundidad de la PAC que propone el Gobierno de Aragón incluye un algoritmo para el cálculo de los pagos directos.

Consiste en compensar la Renta Agraria de los beneficiarios individuales en función de la renta obtenida en su explotación pero teniendo en cuenta también l el grado de dependencia de los ingresos agrarios, la productividad y la dimensión económica.

Se trata de ayudar más a quien más lo necesita pero evitando la ociosidad e incentivando el aumento de la dimensión económica de las explotaciones más pequeñas.

Declaración de Aragón por la Sostenibilidad.

Por Joaquín Olona. Firma de la “Declaración de Aragón por la Sostenibilidad” en la presentación del avance del informe Come On! del Club de Roma. Zaragoza, 4 de mayo de 2017.

Una sociedad no depende tanto de la naturaleza de sus individuos como de las reglas que rigen sus relaciones, es decir, de su diseño institucional. Si tales reglas son acertadas y, sobre todo, respetadas la sociedad cabe esperar que sobreviva y progrese. De lo contrario, el fracaso está asegurado.

Las reglas mutuamente aceptadas y generalmente respetadas (familia, democracia, ciencia, deporte, ley, partidos políticos, empresas, ONG’s, comunidades de vecinos, etc.) configuran la estructura institucional de una sociedad, que tendrá tanto más éxito en su progreso y desarrollo cuanto más eficiente y respetada sea dicha estructura. Si, además de eficiencia y respeto, las instituciones dominantes responden a determinados valores éticos y estéticos, el éxito, desarrollo y  progreso se extenderá a una amplia mayoría de los individuos que componen la sociedad. De lo contrario solo a unos pocos, a una minoría.

En nuestro contexto no sólo importan las relaciones entre los individuos sino de estos con su entorno biofísico, es decir, con las diferentes componentes de lo que llamamos medio ambiente y del que nosotros mismos formamos parte.

Si el medio ambiente se incorpora con eficacia a la estructura institucional, la sociedad y el mundo en el que vive será sostenible de modo que sus logros y virtudes serán  duraderas. En caso contrario dichos logros y virtudes se desvanecerán, y aunque el mundo seguirá, la sociedad, más pronto que tarde, fracasara.

Esto es lo que requiere ahora nuestra máxima atención: la Sostenibilidad. Un reto de marcado signo institucional en el que respetar es, sin duda, el requerimiento esencial. El respeto a nosotros mismos y a las normas que rigen nuestra relaciones mutuas con los demás así como con las diferentes componentes que integran el medio ambiente es la clave de la sostenibilidad.

Declaración

 

El algoritmo del Gobierno de Aragón para compensar la renta en una nueva PAC.

Joaquín Olona. Zaragoza, 24 de abril de 2017.

La propuesta de Reforma de la PAC que propone el Gobierno de Aragón consiste en compensar la renta de los agricultores mediante un sencillo algoritmo por el que se determina dicha compensación.

Ver algoritmo

Regular los mercados agrícolas no es la solución.

Joaquín Olona. Zaragoza, 8 de abril de 2017.

Que los mercados agrícolas sean más estables y los precios menos volátiles es totalmente  deseable. La pregunta es si es realista aspirar a dicha estabilización y si ello debe ser el objetivo de la política agrícola actual.

40 Aniversario de la creación de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA

La intervención de los mercados agrícolas, estableciendo precios de garantía u otras fórmulas que nadie especifica, no sólo es inviable en nuestro contexto comercial actual sino que puede resultar profundamente injusto. Porque los precios de garantía, siendo  una subvención indirecta a los productores cuando los precios de mercado caen, implica transferir más fondos públicos a quienes más kilos producen. De este modo, el dinero público termina favoreciendo a las explotaciones más grandes con el riesgo de que sean las grandes corporaciones empresariales y no las explotaciones familiares quienes terminen concentrando la ayuda a la agricultura.

Por otro lado, las políticas de precios y mercados se aplican en la práctica a determinadas producciones y sectores, que terminan  privilegiándose en detrimento de los que no son objeto de atención, no porque no lo necesiten sino por otras razones o intereses.

La intervención de los mercados ha demostrado su ineficacia. La historia de la propia PAC lo avala. Pero es que, además, en el contexto actual, dicha práctica compromete la viabilidad de las políticas públicas que pretenden aplicarla. Porque, sin estar claro que beneficie realmente al colectivo que se pretende, suele demostrarse perjudicial para el conjunto de los contribuyentes.

La naturaleza y comportamiento de los precios y mercados agrícolas, aunque no asumida por los agricultores y sus organizaciones, es bien conocida por los académicos así como por las administraciones. Siendo inestables a corto tienden a la baja a largo plazo. Un comportamiento que perjudica a los agricultores pero que juega a favor del resto de una sociedad que dispone de alimentos cada vez más asequibles. Un comportamiento con categoría de ley económica cuya modificación puede resultar tan ilusorio como pretender alterar la ley de la gravedad.

Asumiendo la realidad de los mercados agrícolas hemos de aceptar que la explotación familiar agraria, hoy por hoy, es inviable sin ayuda pública y que, por ello, es imprescindible una política de rentas eficaz y suficientemente dotada que haga frente a  la imperfección de los mercados así como a la imposibilidad de estabilizarlos.

Sin negar la necesidad e importancia de la mejora estructural, tanto productiva como comercial, la ayuda directa a las rentas  agrarias resulta imprescindible para el sostenimiento del modelo de agricultura familiar, base a su vez de nuestro mundo rural.

Es cierto que la agricultura y la ganadería producen, de manera conjunta a los alimentos, otros bienes públicos de naturaleza ambiental y social. Sin embargo no debería seguir recurriéndose a cuestionables y arriesgadas justificaciones ambientales que, lejos de legitimar la política agraria, más bien la cuestionan y la amenazan. La integración ambiental de la agricultura es una exigencia indiscutible; lo que  no debe ser es una justificación interesada de unas ayudas cuya contribución ambiental siga siendo difícilmente verificable.

La legitimidad de la política agrícola, entendida como tal, surge del fallo de los mercados agrícolas, incapaces de asignar con eficiencia los recursos ni  de remunerar correctamente a los agricultores.

Es la insuficiencia de la renta de los agricultores, derivada a su vez de la imperfección de los mercados  que perjudica a los agricultores en beneficio del resto de la sociedad, y la necesidad de equipararla con el resto de los ciudadanos lo que legitima la política agraria y el presupuesto público que debe acompañarla. Un presupuesto que debe poder explicarse a los contribuyentes con claridad y honestidad por qué y para qué se necesita.

Estas son las razones que justifican que, desde el Gobierno de Aragón, apostemos por una PAC más social basada en pagos directos destinados a compensar la renta agraria, no en función de las superficies ni de los precios, sino de las propias rentas agrarias. No en función de referencias ni derechos históricos, ni tampoco de sectores ni de producciones específicas, sino abierta a todos los agricultores y ganaderos sin excepción. Y, desde luego, en función del ejercicio real de la actividad agrícola, de la profesonalidad, de la dependencia agraria de los ingresos y del uso eficiente y sostenible de los recursos agrarios.Todo ello en beneficio y protección de la explotación familiar agraria como base de nuestro modelo agralimentario y rural.

Ayúdanos, el fuego no perdona.

Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de marzo de 2017.

La lucha contra el fuego, en el contexto de fenómenos extremos asociados al cambio climático  en nuestro marco geográfico mediterráneo, requiere la participación activa de toda la sociedad. Nadie, ni en el ámbito rural ni en el urbano, debe permanecer ajeno a lo que acontece en nuestros montes y, por tanto, a las amenazas que, como el fuego, amenazan un patrimonio que es de todos.

Premios fotografía campaña sensibilización contra el fuego. Zaragoza, 3 de abril de 2017.

La lucha contra el fuego exige la colaboración de todos incluyendo el sistema educativo o la investigación así como de las empresas y los profesionales presentes en el medio rural y en el entorno forestal. También de los medios de comunicación, que son los encargados de informar con responsabilidad sobre la problemática que rodea al fuego en un contexto geográfico en el que, como el mediterráneo, es preciso aprender a convivir mejor con el fuego.

Más de 1500 escolares de colegios urbanos y rurales han participado, a través de 70 actividades distintas, en la campaña “Ayúdanos, el fuego no perdona”, que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha llevado a cabo en los últimos meses de 2016 con el fin de incentivar la prevención frente a los incendios forestales.

El colectivo agrario y ganadero, así como otros trabajadores del entorno rural han tomado parte asimismo en la campaña, que ha llegado a los distintos grupos mediante charlas y actividades educativas que han servido como experiencia piloto para impulsar una nueva edición en 2017, que tendrá objetivos más ambiciosos en dimensión territorial y número de acciones.

Las negligencias y accidentes por actividades en el medio rural se encuentran detrás de muchos de los incendios aragoneses, hasta alcanzar cifras de más del 50 % del total. Esta realidad estadística obliga necesariamente a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para reducir los incendios forestales en número, magnitud y consecuencias. Medidas en las que la sensibilización y la educación son de vital importancia al objeto de que la sociedad tenga una adecuada comprensión sobre el fuego forestal.