El verdadero recorte propuesto para la PAC 2021-2027.

Por Joaquín Olona. Zaragoza. 6 de Mayo de 2018.

Resulta sorprendente que, tras la presentación de la propuesta del presupuesto comunitario para la nueva etapa 2021-2027 por parte de la Comisión Europea (CE), se difundiera que la reducción para la PAC fuera del 5% cuando en realidad es del 10,61 % en precios corrientes y del 17,97 % en precios constantes de 2018. Pero todavía es más incomprensible que la CE siga sin ofrecer ninguna aclaración.

La  CE propone un recorte del 7,30% en precios corrientes y del 14,97 % en precios de 2018 para el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) sin que sepamos todavía cuál sería la distribución entre los pagos directos del Primer Pilar y las medidas de mercado de la OCM. Por lo que se refiere al desarrollo rural (Segundo Pilar de la PAC) la reducción es del 20,86% en precios corrientes y del 27,26 % en precios de 2018.

Los porcentajes  se han calculado en base a las cifras que recoge el cuadro que sigue, que se ha obtenido considerando que,  dado que la CE ofrece las cifras del Marco Financiero Plurianual 2014-2021 en precios corrientes así como en precios de 2011, 1 € de 2011 equivale a 1,08 € de 2018.:

En la página 24 de la Comunicación COM(2018) 321 final, que puede verse en https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-321-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF, se afirma que “la Comisión ha examinado de forma crítica dónde se puede ahorrar sin menoscabar el valor añadido de los programas de la UE. Como parte de este esfuerzo, la Comisión propone reducir moderadamente la dotación presupuestaria para la política agrícola común y la política de cohesión a fin de tener en cuenta el nuevo contexto y poder liberar recursos para otras actividades“.  Difícilmente puede admitirse que la reducción presupuestaria propuesta para la PAC sea “moderada” una vez vista su verdadera magnitud.

Esa misma Comunicación incluye el gráfico que sigue donde se muestra la continua y preocupante pérdida de peso que viene sufriendo la PAC en el conjunto del presupuesto comunitario. Con la reciente propuesta de la CE, la PAC pasaría de representar el 55% del presupuesto comunitario durante el periodo 1988-1992 a menos del 30% en el nuevo periodo 2021-2017. Todo ello sabiendo que el presupuesto total no ha crecido en relación con el PIB ya que el el programado para 2021-2027 representa el 1,11% de la Renta Nacional Bruta de la UE-27 mientras que el del periodo 1993-1999 representó el 1,25%.

Con el recorte propuesto en el marco de la evolución regresiva del presupuesto de la PAC resulta difícilmente creíble que “la modernización de estas políticas les permitirá seguir cumpliendo sus principales objetivos y contribuir a su vez a las nuevas prioridades” tal y como afirma la Comunicación. Sobre todo una vez conocido el decepcionante borrador del Reglamento mediante el que la CE pretende “reformar” la PAC.

 

 

 

 

 

Frenar el deterioro estratégico y presupuestario de la PAC.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de Mayo de 2018.

La PAC sufriría un recorte del 10,61% y no del 5% como se había barajado tras presentar la Comisión Europea su propuesta para el Marco Finananciero Plurianual 2021-2027.

El recorte en el presupuesto de la PAC propuesto por la Comisión Europea para la nueva etapa 2021-2027 supone un nuevo varapalo a los agricultores y al mundo rural. Una mala noticia que se suma a la decepcionante propuesta de Reforma de la PAC también planteada por la Comisión en el borrador de Reglamento que pudo conocerse el pasado 26 de abril.

El presupuesto de la PAC en el seno del Marco Financiero Plurianual 2014-2020, dotado con 1,08 billones euros, se modificó en 2015 mediante el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 2015/141; DO L 24, quedando establecido en 408.313 millones euros, de los que 308.726 millones euros correspondían a pagos directos y medidas de mercado (OCM) mientras que los 99.587 millones euros restantes se destinaron a desarrollo rural. Las negociaciones del denominado «Reglamento ómnibus» concluyeron en octubre de 2017 si bien los importes relativos a la PAC no se vieron afectados.

El Marco Financiero Plurianual propuesto para la nueva etapa 2021-2027 aumenta hasta los 1,27 billones de euros (en precios corrientes). Sin embargo, la dotación para la PAC se reduce a 365.005 millones euros, destinándose 286.195 millones euros a pagos directos y medidas de mercado (Primer Pilar) y 78.811 millones euros a desarrollo rural (Segundo Pilar).

De acuerdo con estas referencias, el presupuesto total de la PAC sufriría un recorte del 10,61% y no del 5% como se había barajado. En este sentido la reducción del Primer Pilar sería de un 7,30 % y la del Segundo un 20,86 %.

Mientras que en el periodo 2014-2020 la PAC representa el 37,96 % del presupuesto total de la UE, en el nuevo periodo 2021-2027 dicho peso se vería reducido en 9,22 puntos porcentuales pasando al 28,74 %.  Esto da una idea más cabal del deterioro presupuestario que está sufriendo la que sigue siendo la única política verdaderamente común de la UE en favor de otras políticas cuya necesidad no se discute pero que no deberían ser a costa del apoyo que necesitan los agricultores y nuestro mundo rural.

Pero, el deterioro no solo es consecuencia de la continua pérdida de recursos financieros en términos reales, sino sobre todo por el persistente empeño en eludir las reformas de calado que se necesitan para lograr una PAC mucho más justa y eficaz, así como por poner en peligro su verdadero carácter comunitario aumentando la tasa de cofinanciación nacional. La propuesta presupuestaria de la Comisión Europea sobre la PAC abre la puerta de par en par a dicho aumento de cofinanciación nacional en la medida que contempla la posibilidad de que los Estados miembros, además de cofinanciar con fondos propios los pagos directos destinados a los pequeños agricultores, también puedan destinar parte de los pagos directos al desarrollo rural y viceversa.

Frenar el deterioro de la PAC no solo exige frenar los recortes presupuestarios. Es imprescindible, y quizás más importante, impulsar las reformas estratégicas de fondo, que no solo de forma y de arquitectura, en favor del modelo de agricultura familiar, es decir, de los agricultores profesionales que más dependen de la actividad agraria y más y mejor contribuyen a la mejora de la agricultura en el seno de un mundo rural vivo y sostenible.

La decepcionante propuesta de la Comisión Europea para reformar la PAC.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 1 de Mayo de 2018.

El pasado 26 de abril se filtró un borrador sobre la propuesta de Reglamento sobre la nueva PAC en el que trabaja la Comisión Europea. Mientras que la Comunicación sobre el futuro de la agricultura y los alimentos sorprendió por su enfoque atrevido y novedoso, el borrador, si bien favorece algunos de los planteamientos que hacemos desde el Gobierno de Aragón, sorprende por la ausencia de cambios de calado, lo que nos sitúa de nuevo ante el riesgo de una Reforma tan inútil como la anterior.

Habiendo fracasado hasta el momento todas las definiciones del supuesto agricultor sobre el que concentrar las ayudas de forma prioritaria, la Comisión Europea insiste ahora con una nueva figura: la del “agricultor genuino”. No es una broma. En realidad, el borrador no lo define sino que “deberá definirse para garantizar que no se conceda ayuda a quienes su actividad agrícola sea una parte insignificante de su actividad económica general o cuya actividad comercial principal no sea agrícola, sin excluir de la ayuda a los agricultores a tiempo parcial” . Añade que “los estados miembros definirán qué agricultores no se consideran genuinos en función de condiciones tales como justificantes de ingresos, mano de obra contratada en la explotación, finalidad de la empresa y/o inclusión en registros“. Si bien introduce la consideración del peso de la actividad agraria en relación con la actividad total del beneficiario en línea con lo propuesto desde el Gobierno de Aragón, nos encontramos ante un concepto que lo suficiente ambiguo para que, a los efectos prácticos,  resulte tan inútil o más como la de “agricultor activo”.

El borrador deja libertad a los Estados miembros para mantener o eliminar los sistemas de derechos de pago básico lo que permite mantener la asignación de derechos y de sus importes en base a derechos históricos. Ello impide la necesaria redistribución de la ayuda en favor de los más jóvenes y profesionales así como de quienes más dependen de la actividad agraria o se sitúan en zonas con menor potencial productivo.

Las ayudas directas desacopladas mantienen el modelo actualmente vigente basado en el pago por “hectáreas admisibles”. Todo ello con independencia de que, en línea con lo propuesto desde el Gobierno de Aragón y en el marco de los planes de apoyo estatales abiertos a su establecimiento a escala regional, podrían ser más coherentes con las políticas agrarias autonómicas mediante el Apoyo a los Ingresos Básicos para la Sostenibilidad (BISS), el Apoyo a los Ingresos Redistributivos Complementarios para la Sostenibilidad (CRISS), el Apoyo de Ingresos Complementarios para Jóvenes Agricultores (CIS-YF) o el Esquema Voluntario para el clima y el medio ambiente (Echo-scheme).

Las ayudas acopladas mantienen prácticamente la misma estructura actual.

La posibilidad de financiar el pago a los “pequeños agricultores” con fondos propios abre la puerta a la cofinanciación nacional de los pagos directos manteniendo, además, las complicaciones administrativas actualmente existentes.

Si bien establece un límite máximo absoluto de ayuda (capping)  teniendo en cuenta la remuneración del trabajo aplicado en la explotación, da la posibilidad de limitarlo individualmente lo que -con independencia del riesgo de fraccionamiento de explotaciones- puede llevar a que, como ya ha ocurrido con la figura de agricultor activo, no tenga efectos prácticos o sean muy limitados. Por otro lado, la cifra establecida para el límite máximo absoluto (60.000 €) resulta un tanto arbitraria y, a pesar de tener en cuenta la remuneración del trabajo, no garantiza una compensación de rentas justa ni eficaz.

La condicionalidad incrementa sus ámbitos de control lo que, unido a las nuevas exigencias en relación con el capping y la ausencia de nuevos planteamientos en relación con la gestión, no sólo impedirá la prometida simplificación sino que introducirá más complejidad administrativa y más dificultades burocráticas, sobre todo para los beneficiarios y las Comunidades Autónomas.

Persisten los enfoques sectoriales y las intervenciones en frutas y hortalizas, vino, aceite o apicultura siguen la misma línea que la OCM actual de lo que cabe deducir que los agricultores dedicados a estas actividades, junto con quienes dedican su actividad a otros sectores como el porcino, la avicultura o la cunicultura, seguirán excluidos de los pagos directos con independencia de sus dificultades de renta.

Si bien el capping así como del umbral mínimo establecido para la superficie  elegible (artículo 32) favorecería a la agricultura familiar, no se introducen los cambios necesarios para el apoyo que necesita ante las graves amenazas que afronta en el actual contexto de población agraria muy envejecida, falta de relevo generacional – si  que el borrador preste especial atención a la incorporación de jóvenes- y fuerte competitividad internacional.

Si bien se considera positivo que se considere como objetivo el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales, el borrador no contempla nuevos mecanismos para lograrlo sin que se aprecien novedades destacables en materia de desarrollo rural.

Finalmente, aunque de carácter marginal, cabe resaltar por su potencial en relación con la política agraria nacional,  que el borrador incluya como medida contra la volatilidad de la renta  de las explotaciones, eximir de la consideración de Ayuda de Estado  el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre una base plurianual.

Ante el carácter poco reformador del Borrador se impone la necesidad de promover los cambios de calado que la Comisión Europea, según parece no contempla. Porque son los agricultores, y no tanto la agricultura en sí misma, quienes están gravemente amenazados y, con ello, nuestro mundo rural tal y como lo conocemos.

Por una aplicación más justa y eficaz de las ayudas directas de la PAC.

Por Joaquín Olona. Publicado por Agronegocios, nº 691,  16 de marzo de 2018.

Son los profesionales que más dependen de la agricultura y que más contribuyen con sus explotaciones a la mejora productiva, ambiental y social los que desaparecerán si no reciben el apoyo público necesario, al margen de lo que produzcan.

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Una agricultura innovadora ,,, y familiar.


Por Joaquín Olona. Publicado por Heraldo de Aragón. Zaragoza, 18 de febrero de 2018.

La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza (FIMA) es uno de los máximos referentes mundiales de la innovación tecnológica agrícola, particularmente en el ámbito de la mecanización.

El hecho de que, en el mundo más desarrollado y avanzado, una mínima fracción de la población activa alimente a todos, de manera cada vez más segura y asequible, es consecuencia del elevado grado de mecanización alcanzado por la agricultura.

La mecanización también ha sido determinante para reducir las penalidades del trabajo agrícola al tiempo que aporta esperanzadoras oportunidades para reducir la huella ecológica agraria mediante la digitalización y extensión de los sistemas de precisión. Todo ello orientado al uso eficiente de los recursos y de los inputs, a la minimización de la contaminación difusa y de las emisiones de gases de efecto invernadero así como a la adaptación al cambio climático.

En el contexto de la globalización y de la competitividad, las consecuencias sociales y territoriales de la robotización y de la digitalización configuran uno de los retos políticos más complejos y comprometidos de nuestro tiempo. Un reto al que la política agraria (la PAC) tampoco puede ser ajena. Todo lo contrario, aunque para abordarlo es imperativo abandonar el estatus quo en el que parecen empeñados muchos de sus agentes políticos y sociales.

La agroalimentación es uno de los ejes fundamentales sobre los que el Gobierno de Aragón articula su estrategia para que el desarrollo se proyecte sobre todos y cada uno de los territorios de la Comunidad Autónoma.

Nuestra agroalimentación, necesariamente orientada a los mercados internacionales en coherencia con su potencial productivo y posición geoestratégica de Aragón, no puede permanecer ajena a la expansión de la demanda alimentaria asociada a una población mundial creciente, cada vez más urbana y con mayor capacidad adquisitiva.

Pero, en nuestro contexto geográfico y territorial, el complejo agroalimentario no puede ni debe negar su contribución a la lucha contra la despoblación rural que amenaza la estabilidad y desarrollo de Aragón como Comunidad. Porque la supervivencia de nuestros pueblos depende de la continuidad de la sociedad agrícola y ganadera que, por lo general, los sostiene y estructura.

Tampoco cabe pensar en unas actividades agrícolas y ganaderas completamente desvinculadas de los valores naturales y servicios ambientales intrínsecamente asociados a ellas. Todavía menos, en unas actividades que perjudiquen la biodiversidad o los espacios que debemos conservar y proteger. Unos recursos, incluido el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que este año celebra su primer centenario, que dependen de la continuidad de las buenas prácticas que los han configurado.

Existe el riesgo de que el desarrollo agroalimentario pueda lograrse al margen de la sostenibilidad demográfica rural y del mantenimiento de los valores naturales asociados a los agrosistemas actuales. Este riesgo se deriva de la implantación de estructuras empresariales de gran dimensión que, aprovechando las economías de escala, el envejecimiento de la población agraria y la falta de relevo generacional, sustituyan el modelo vigente de explotaciones familiares que configuran nuestro mundo rural.

Consecuentemente, la política agrícola y los recursos públicos por ella aplicados, deben comprometerse en favor de la agricultura familiar. Porque es este modelo, y no la agricultura como tal, lo que peligra. Son los agricultores profesionales que más dependen de la agricultura y más contribuyen a su mejora productiva, ambiental y social, junto con sus explotaciones estrechamente vinculadas al territorio, quienes desaparecerán sino reciben el apoyo público necesario. Un apoyo que debe prestarse a todos ellos, con independencia de lo que producen. Porque todos ellos comparten un idéntico problema de insuficiencia e inestabilidad de renta que, para afrontarse, exige una aplicación más justa y eficaz de las ayudas directas de la PAC.

La PAC no solo debe abandonar el estatus quo que amenaza su propia continuidad sino que debe desprenderse de unas adherencias sectoriales que le impiden evolucionar hacia los niveles deseables de eficacia y equidad. Porque la priorización o vinculación de la ayuda a sectores y territorios prioritarios no garantiza que se concentre en quienes más la merecen y necesitan: los agricultores profesionales más dependientes de la agricultura y que más y mejor contribuyen a su mejora.

Simplificar y modernizar la PAC para hacerla más social y eficaz.

Joaquín Olona. Zaragoza, 26 de octubre de 2017.

La propuesta de reforma en profundidad de la PAC que proponemos desde el Gobierno de Aragón se demuestra eficaz porque mejora significativamente la renta de los agricultores, no sólo de los que acreditan rentas más bajas sino de los que más dependen ecómicamente de la actividad agraria y cuentan con explotaciones más productivas, más viables y de mayor contribución  ambiental.

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Nuestra prioridad política es proteger la renta de las explotaciones familiares.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de septiembre de 2017.

La gestión de la crisis de la fruta de hueso que estamos viviendo ya ha demostrado el valor de la acción colectiva coordinada en pro de un objetivo bien definido. Sería muy deseable aplicar esta lección en el complejo trabajo que falta por hacer para afrontar los problemas que sufre el sector así como la propia política agraria.

El sector productor, el aragonés y el catalán, ha sabido ponerse de acuerdo y trasladar su petición a los gobiernos. Al margen de los detalles,  cada cual hemos hecho nuestro trabajo lo mejor posible, lo que se ha traducido en que, en tan sólo 22 días, el MAPAMA ha sido capaz de convencer a la Comisión Europea de que se necesitaba retirar mucha más fruta de la autorizada inicialmente para esta campaña 2017. Se demuestra así que cuando se fijan objetivos concretos y se trabaja de forma coordinada para conseguirlos los resultados favorables son posibles.

Existe un amplio acuerdo sobre la naturaleza estructural de los problemas que enfrenta el sector de la fruta de hueso y que, por tanto, deben adoptarse medidas estructurales. Pero esto no es decir gran cosa. Porque  ¿de qué problemas estructurales hablamos exactamente? Y, consecuentemente ¿de qué medidas estructurales hablamos exactamente? ¿con qué propósito?  Para destinar el dinero público ¿a dónde y a quiénes?.

Las Organizaciones de Productores (OP’s)  y sus Programas Operativos canalizan la política pública actualmente aplicada sobre el sector hortofrutícola. Sin embargo, estas Organizaciones, que tan sólo aglutinan la mitad de la producción, arrojan importantes zonas de sombra. Canalizando los fondos públicos que recibe el sector (unos 15 millones € anuales en Aragón) no está claro que redunden todo lo que deberían en beneficio de las explotaciones familiares. Estas explotaciones configuran la base productiva y social del sector. Más bien está claro que no lo hacen. Tampoco está clara su contribución a la mejora de la capacidad comercial del sector, imprescindible para conducir con eficacia el importante crecimiento productivo hasta el consumo final. Más bien está clara su escasa contribución en la medida que la inversión en acciones comerciales propiamente dichas, a través de los Programas Operativos, ha sido prácticamente nula durante los últimos años. Se hace necesario, por tanto, revisar a fondo el papel desempeñado por las OP`s y si es preciso o no reorientar su función.

Pero también es preciso revisar si el apoyo al sector hortofrutícola, o más concretamente a las explotaciones familiares que configuran su base social, debe basarse exclusivamente en ayudas a la inversión  así como en operaciones de retirada cuando caen los precios de mercado. Esto es lo que se ha venido haciendo y no parece que los resultados sean los más adecuados. ¿No debería considerarse la aplicación de ayudas directas a la renta cuando esta no sea la adecuada?. En realidad, de un modo u otro,  es lo que terminamos haciendo a través de fórmulas como la de los préstamos subvencionados que  nuevamente, al menos en el caso de Aragón, vamos a tener que intentar poner a disposición de las explotaciones familiares para que puedan hacer frente al descalabro ocasionado por los bajos precios.

Que los precios sean bajos no es raro. En la agricultura -con independencia del sector- es lo habitual y deberíamos asumirlo como tal habilitando, claro está, las medidas políticas adecuadas. Porque ni cabe pensar en que los mercados impartan justicia ni que la oferta y la demanda agrícolas dejen de operar de la manera singular que lo hacen como consecuencia de su elevada inelasticidad y que, de hecho, justifica la existencia de la política agrícola.

En el contexto actual, resulta muy poco realista pensar en intervenir directamente,   aplicando fondos públicos, en las producciones y/o en los mercados. Pero es que, además, la política agrícola debe evitarlo, si tiene un mínimo enfoque social. Porque las cuotas productivas sí como los precios subvencionados, entre otros problemas,  terminan concentrando la ayuda pública en los productores más grandes y perjudicando a los más pequeños.

La ayuda directa a la renta, eso sí, en función de la renta y de otros parámetros tal y como proponemos desde el Gobierno de Aragón en relación con la reforma de la PAC y con carácter universal para todos los productores y sectores, además de contribuir a la simplificación supone una fórmula  más justa y eficaz , sobre todo cuando de apoyar a las explotaciones familiares y a los agricultores más desfavorecidos se trata.

 

 

Asegurar la justa remuneración de los agricultores teniendo también en cuenta su contribución ambiental.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 30 de agosto de 2017.

La propuesta de reforma en profundidad de la PAC del Gobierno de Aragón, basada en la compensación directa de la renta de los agricultores  con el propósito de lograr la justa remuneración del trabajo de los agricultores, se perfecciona tomando en consideración la generación de bienes públicos, en particular la contribución ambiental efectiva y verificable de las explotaciones.

Se propone compensar la renta de un determinado beneficiario individual (k) como diferencia entre su renta agraria (RAk), entendida como Rendimiento Neto Reducido de las actividades agrarias imputado en la declaración del IRPF más la atribución de rentas agrarias procedentes de sociedades con actividades agrarias, excluidas obviamente las subvenciones, y una determinada renta agraria de referencia (RAo). Dicha diferencia se  corrige mediante la aplicación de cinco factores:

  • La profesionalidad (ak) del beneficiario, medida como proporción de los ingresos agrarios sobre los ingresos totales consignados en la declaración del IRPF. Pretende favorecer la profesionalidad.
  • La productividad (bk) de la explotación, medida como relación entre el valor de mercado de la producción realmente obtenida y el valor de la producción potencial a priori establecida para la explotación. Pretende penalizar la infrautilización de los recursos agrarios y la ociosidad.
  • La dimensión económica (ck) de la explotación, medida como relación entre el valor de mercado de la producción potencial de la explotación y una producción estándar a priori establecida.
  • La contribución ambiental (dk) de la explotación, medida como la fracción de la producción estándar de la explotación con efectos ambientales positivos, efectivos y verificables (agricultura ecológica, medidas agroambientales vinculadas a la Red Natura 2000, agricultura de conservación, etc.)
  • Coeficiente de prorrateo () que ajusta la compensación en función de la relación resultante entre la suma de las compensaciones individuales y la dotación presupuestaria disponible. Si esta última excediera al primer importe cabría considerar tres posibles alternativas o combinación de las mismas: 1) Incremento de la compensación individual aplicando el prorrateo, 2) Dotación de un fondo de reserva, 3) Traspaso al Segundo Pilar, que se propone mantener focalizando su atención en favor de la mejora estructural del sistema agroalimentario y agroambiental.

La compensación de la renta se anula cuando la profesionalidad (ak) es cero y/o la productividad (bk) y la dimensión económica (ck) son simultáneamente cero.

Cuando los coeficientes ak, bk y ck toman sus valores máximos (1,00) entonces la diferencia entre la renta obtenida y la renta de referencia no se minora por razones económicas, dependiendo la compensación de la contribución ambiental (dk). En cualquier caso, si la contribución ambiental es cero, entonces la compensación de la renta se ve minorada en un 25% ya que el factor toma el valor 0,75. Si la contribución ambiental toma su valor máximo (dk=1,00) entonces la compensación de la renta se ve mayorada un 50% ya que el factor resulta 1,5.

De este modo, el modelo propuesto prioriza la ayuda en favor de quienes tienen mayor dependencia agraria en  sus ingresos (coeficiente de profesionalidad) al tiempo que incentiva la productividad, la dimensión económica y la contribución ambiental de la explotación.

Supone la modificación en profundidad  del criterio de distribución entre beneficiarios del conjunto de las ayudas  del Primer Pilar de la PAC así como de las ayudas del Segundo Pilar que también implican ayudas directas a la renta (Indemnizaciones en Zonas con limitaciones Naturales, Medidas de Agroambiente y Clima o ayuda a la agricultura ecológica). No supondría, necesariamente, modificar la distribución financiera relativa,   estatal y autonómica, establecida en la última Reforma 2014-2020.

Implica la eliminación de los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización productiva del pago básico , evitando con ello el colapso al que conduce cualquier reforma que implique la confrontación entre territorios, producciones, secano-regadío, generaciones, grandes y pequeños, profesionales, activos, etc.

El pago por superficie se sustituye por la compensación de la renta en función del ejercicio real de la actividad agraria. El enfoque de la regionalización productiva se sustituye por la consideración individual, tomando en cuenta a los beneficiarios en su condición de persona física, con independencia de la modalidad jurídico-fiscal bajo la que desarrolle la actividad agraria. Supone la Inclusión de todos los agricultores y ganaderos en la compensación de rentas, con independencia de su orientación productiva, ubicación y dimensión.

Se apuesta por el mantenimiento del enfoque vigente del Segundo Pilar si bien eliminado del mismo. por integrarse en la ayuda directa única de compensación de renta, las medidas que suponen ayudas directas a la renta (Indemnizaciones en Zonas con limitaciones Naturales, Medidas de Agroambiente y Clima o ayuda a la agricultura ecológica) y fortaleciendo su orientación a la mejora de la estructura agroalimentaria y agroambiental, con el propósito de reducir los problemas y dificultades que justifican la ayuda directa.

El fallo de mercado hace imprescindibles las subvenciones directas a los agricultores.

La necesidad del apoyo público a la agricultura radica en la insuficiencia de las rentas así como en la incapacidad del mercado para remunerar correctamente el trabajo de los agricultores.

El 72,35 % de las personas físicas aragonesas que declararon rentas agrarias en el IRPF de 2015, un total de 35.471 declarantes, presentaron resultados negativos una vez descontadas todas las subvenciones directas percibidas. El resultado medio global, para el conjunto de Aragón, fue de una pérdida de 3.643 € por declarante.

Los análisis demuestran que ni la mejora de la profesionalidad de los agricultores ni, tampoco, la mejora de la productividad y de la dimensión económica de sus explotaciones, que son factores esenciales de la competitividad, son acciones suficientes por sí mismas para elevar las rentas al nivel requerido. Porque como muestra el gráfico adjunto se observan valores elevados de profesionalidad, productividad y dimensión económico para niveles muy diferentes de renta. Esto demuestra la incapacidad del mercado para remunerar de forma justa y eficiente el trabajo agrícola así como que la ayuda pública a la agricultura resulte imprescindible.

Las subvenciones directas actualmente vigentes, que incluyen el régimen de pago básico así como las ayudas asociadas, las medidas agroambientales, el apoyo a la agricultura ecológica, las indemnizaciones en Zonas con Limitaciones Específicas y otras, corrigen globalmente la situación de las rentas de modo que, con su aplicación, el 95,69% de las rentas agrarias resultan positivas. No obstante, la renta agraria media de los declarantes del IRPF, incluidas las subvenciones, tan sólo es de 5.105 €.

Siendo imprescindibles las ayudas directas y presentando un efecto globalmente positivo sobre las rentas agrícolas, lo que se resulta cuestionable es la forma en la que se distribuye, que, a la luz de los resultados obtenidos, dista bastante de poder considerarse justa y eficaz. Mientras que parece razonable que se aplique más ayuda cuanto más negativa sea la renta, no lo es que las ayudas sean tanto más elevadas cuanto mayores sean las rentas. De ahí la propuesta de reforma en profundidad que proponemos desde el Gobierno de Aragón.

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