Regular los mercados agrícolas no es la solución.

Joaquín Olona. Zaragoza, 8 de abril de 2017.

Que los mercados agrícolas sean más estables y los precios menos volátiles es totalmente  deseable. La pregunta es si es realista aspirar a dicha estabilización y si ello debe ser el objetivo de la política agrícola actual.

40 Aniversario de la creación de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA

La intervención de los mercados agrícolas, estableciendo precios de garantía u otras fórmulas que nadie especifica, no sólo es inviable en nuestro contexto comercial actual sino que puede resultar profundamente injusto. Porque los precios de garantía, siendo  una subvención indirecta a los productores cuando los precios de mercado caen, implica transferir más fondos públicos a quienes más kilos producen. De este modo, el dinero público termina favoreciendo a las explotaciones más grandes con el riesgo de que sean las grandes corporaciones empresariales y no las explotaciones familiares quienes terminen concentrando la ayuda a la agricultura.

Por otro lado, las políticas de precios y mercados se aplican en la práctica a determinadas producciones y sectores, que terminan  privilegiándose en detrimento de los que no son objeto de atención, no porque no lo necesiten sino por otras razones o intereses.

La intervención de los mercados ha demostrado su ineficacia. La historia de la propia PAC lo avala. Pero es que, además, en el contexto actual, dicha práctica compromete la viabilidad de las políticas públicas que pretenden aplicarla. Porque, sin estar claro que beneficie realmente al colectivo que se pretende, suele demostrarse perjudicial para el conjunto de los contribuyentes.

La naturaleza y comportamiento de los precios y mercados agrícolas, aunque no asumida por los agricultores y sus organizaciones, es bien conocida por los académicos así como por las administraciones. Siendo inestables a corto tienden a la baja a largo plazo. Un comportamiento que perjudica a los agricultores pero que juega a favor del resto de una sociedad que dispone de alimentos cada vez más asequibles. Un comportamiento con categoría de ley económica cuya modificación puede resultar tan ilusorio como pretender alterar la ley de la gravedad.

Asumiendo la realidad de los mercados agrícolas hemos de aceptar que la explotación familiar agraria, hoy por hoy, es inviable sin ayuda pública y que, por ello, es imprescindible una política de rentas eficaz y suficientemente dotada que haga frente a  la imperfección de los mercados así como a la imposibilidad de estabilizarlos.

Sin negar la necesidad e importancia de la mejora estructural, tanto productiva como comercial, la ayuda directa a las rentas  agrarias resulta imprescindible para el sostenimiento del modelo de agricultura familiar, base a su vez de nuestro mundo rural.

Es cierto que la agricultura y la ganadería producen, de manera conjunta a los alimentos, otros bienes públicos de naturaleza ambiental y social. Sin embargo no debería seguir recurriéndose a cuestionables y arriesgadas justificaciones ambientales que, lejos de legitimar la política agraria, más bien la cuestionan y la amenazan. La integración ambiental de la agricultura es una exigencia indiscutible; lo que  no debe ser es una justificación interesada de unas ayudas cuya contribución ambiental siga siendo difícilmente verificable.

La legitimidad de la política agrícola, entendida como tal, surge del fallo de los mercados agrícolas, incapaces de asignar con eficiencia los recursos ni  de remunerar correctamente a los agricultores.

Es la insuficiencia de la renta de los agricultores, derivada a su vez de la imperfección de los mercados  que perjudica a los agricultores en beneficio del resto de la sociedad, y la necesidad de equipararla con el resto de los ciudadanos lo que legitima la política agraria y el presupuesto público que debe acompañarla. Un presupuesto que debe poder explicarse a los contribuyentes con claridad y honestidad por qué y para qué se necesita.

Estas son las razones que justifican que, desde el Gobierno de Aragón, apostemos por una PAC más social basada en pagos directos destinados a compensar la renta agraria, no en función de las superficies ni de los precios, sino de las propias rentas agrarias. No en función de referencias ni derechos históricos, ni tampoco de sectores ni de producciones específicas, sino abierta a todos los agricultores y ganaderos sin excepción. Y, desde luego, en función del ejercicio real de la actividad agrícola, de la profesonalidad, de la dependencia agraria de los ingresos y del uso eficiente y sostenible de los recursos agrarios.Todo ello en beneficio y protección de la explotación familiar agraria como base de nuestro modelo agralimentario y rural.

Ayúdanos, el fuego no perdona.

Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de marzo de 2017.

La lucha contra el fuego, en el contexto de fenómenos extremos asociados al cambio climático  en nuestro marco geográfico mediterráneo, requiere la participación activa de toda la sociedad. Nadie, ni en el ámbito rural ni en el urbano, debe permanecer ajeno a lo que acontece en nuestros montes y, por tanto, a las amenazas que, como el fuego, amenazan un patrimonio que es de todos.

Premios fotografía campaña sensibilización contra el fuego. Zaragoza, 3 de abril de 2017.

La lucha contra el fuego exige la colaboración de todos incluyendo el sistema educativo o la investigación así como de las empresas y los profesionales presentes en el medio rural y en el entorno forestal. También de los medios de comunicación, que son los encargados de informar con responsabilidad sobre la problemática que rodea al fuego en un contexto geográfico en el que, como el mediterráneo, es preciso aprender a convivir mejor con el fuego.

Más de 1500 escolares de colegios urbanos y rurales han participado, a través de 70 actividades distintas, en la campaña “Ayúdanos, el fuego no perdona”, que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha llevado a cabo en los últimos meses de 2016 con el fin de incentivar la prevención frente a los incendios forestales.

El colectivo agrario y ganadero, así como otros trabajadores del entorno rural han tomado parte asimismo en la campaña, que ha llegado a los distintos grupos mediante charlas y actividades educativas que han servido como experiencia piloto para impulsar una nueva edición en 2017, que tendrá objetivos más ambiciosos en dimensión territorial y número de acciones.

Las negligencias y accidentes por actividades en el medio rural se encuentran detrás de muchos de los incendios aragoneses, hasta alcanzar cifras de más del 50 % del total. Esta realidad estadística obliga necesariamente a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para reducir los incendios forestales en número, magnitud y consecuencias. Medidas en las que la sensibilización y la educación son de vital importancia al objeto de que la sociedad tenga una adecuada comprensión sobre el fuego forestal.

 

Construyendo la PAC del futuro.

Joaquín Olona. Zaragoza, 3 de abril de 2017.

El Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,  una vez celebrada la Conferencia que sobre el futuro de la PAC tuvo lugar los pasados 27 y 28 de Marzo en Madrid, ya conoce, tal y como era su propósito, la posición de los diferentes agentes implicados, entre ellos la de los consejeros y consejeras de las Comunidades Autónomas que, mayoritariamente, han mostrado la necesidad de abordar reformas en profundidad.

Es hora de que el Ministerio empiece a definir su posición para que, en el marco de la Conferencia Sectorial, pueda empezarse a configurar una posición española que cuente con la legitimidad que se requiere ante el propósito de influir ante las instituciones europeas para contribuir a  la mejora de la PAC.

Un proceso, el debate sobre la configuración de la PAC post 2020, que las propias instituciones europeas han puesto en marcha a pesar de que, en dichas instituciones, no se observa la determinación ni el impulso que sería deseable para abordar la reforma en profundidad que hace falta si de  verdad se quiere contar con una PAC que, resultando más simplificada, más justa y más eficaz, siga contribuyendo a la construcción europea.

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Caza y pesca: herramientas para el desarrollo sostenible.

Joaquín Olona. Zaragoza, 2 de abril de 2017.

La caza y la pesca, contribuyen al desarrollo rural y son una herramienta imprescindible para la conservación de nuestros montes, ríos y masas de agua.

V edición de la Feria de Caza, Pesca y Turismo de Calatayud-Illueca

La caza y la pesca son actividades deportivas con un importante colectivo social asociado que las practican. Además del movimiento económica que genera, con repercusión muy significativa sobre el medio rural, son actividades que, debidamente reguladas, nos ayudan a conservar y mejorar nuestros montes, ríos y masas de agua.

La caza se configura, en particular, como la acción clave para luchar contra la superpoblación de conejo, jabalí, corzo  y otras especies que, en muchas zonas, provoca graves daños agrícolas.

La extensión de la captura y suelta, como enfoque dominante de la pesca deportiva, hace que esta actividad esté siendo objeto de un interés social creciente.

Incidiendo, por tanto, sobre las tres dimensiones social, económica y ambiental de la sostenibilidad, la caza y la pesca ofrecen una gran oportunidad para el desarrollo rural que necesita Aragón.

 

Apelando a las mujeres y jóvenes como revulsivo para agro-innovar.

Joaquín Olona. Zaragoza, 31 de marzo de 2017.

La apelación a la agroalimentación como sector estratégico también exige que el propio sector,  se comporte como tal. La agricultura, a través de los jóvenes y mujeres que acceden al sector, está configurando una  nueva imagen social. Ello exige un nuevo enfoque político con el que impulsar y afianzar los nuevos  usos y costumbres que, de hecho, ya se están dando en el sector. Por todo ello es pertinente y necesario hablar de innovación institucional.

Primer Encuentro de Agricultores Jóvenes de Aragón. Zaragoza, 31 de marzo de 2017.

La innovación tecnológica e institucional no casan con el inmovilismo que supone mantener los  derechos y referencias históricas de la PAC. Tampoco resulta coherente con  los pagos por hectárea desacoplados de la producción, que tan solo promueven la improductividad cuando no, incluso, despoblación rural.

Modernizar la agricultura, dando respuesta a su carácter estratégico, exige modernizar la PAC tal y como ha dado en decir la Comisión Europea. Sin embargo, si el término  “modernizar” tiene por objeto impedir la reforma en profundidad que se necesita,  el impulso del Comisario Hogan carecería de la ambición con la que muchos de los consejeros y consejeras de las Comunidades Autónomas nos pronunciamos sobre el futuro de la PAC en la reciente Conferencia que organizó el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente los pasados días 27 y 28 de marzo en Madrid.

Modernizar la agricultura incluye dignificar definitivamente la profesión de agricultor y ganadero como productor de alimentos y contribuyente al crecimiento económico, a la creación de empleo y al desarrollo sostenible. Difícilmente se logrará situándose en el inmovilismo de quienes tan sólo quieren que, en relación con la PAC, todo siga igual. Pero tampoco puede lograrse renunciando a los importantes recursos financieros asociados a esta importante política pública.

Los recursos financieros de la PAC deben ponerse a disposición de todos los agricultores y ganaderos sin excepción pero en función de su profesionalidad y productividad. Todo ello, con independencia del sector productivo al que pertenezcan. Tan importante como eliminar los privilegios y agravios territoriales y sociales vigentes es acabar con los privilegios sectoriales e históricos ya que son, en gran medida, el origen de aquellos.

El objetivo central debe situarse, no sólo de estabilizar las rentas agrarias individuales sino en combatir su insuficiencia, siempre y ciando sea el caso de verdad. Porque es preciso que los agricultores tengan una renta digna y equiparable a la del resto de los ciudadanos. Y porque todas las producciones agrícolas y ganaderas sufren las consecuencias de unos precios y mercados que, como los agrarios, son volátiles e inestables por naturaleza.

Los nuevos agricultores y agricultoras plantean nuevas necesidades, nuevas expectativas y nuevas demandas para las que se necesitan nuevos enfoques políticos  a los  que la PAC se tiene que adaptar.

 

 

La PAC debe cumplir la promesa que hizo a los agricultores.

Joaquín Olona. Zaragoza, 28 de marzo de 2017.

La renta que perciben hoy los agricultores sigue siendo, al igual que hace 50 años, la mitad que la del resto de los europeos. Habiendo cumplido la promesa de proporcionar alimentos asequibles y seguros a los ciudadanos, “mejorar la renta individual de los que trabajan en la agricultura“, tal y como señala el artículo 39 del Tratado de la UE, sigue siendo la promesa incumplida de la PAC.

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Joaquín Olona en la Conferencia sobre el futuro de la PAC organizada por el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Madrid, 27 de Marzo de 2017.

La Política Agrícola Común (PAC)  hizo una promesa a los ciudadanos y otra a los agricultores en su creacion (1962), pero la segunda no se ha cumplido. Los europeos disfrutan de una alimentación segura, variada y asequible, mientras que quienes se la facilitan, los agricultores y ganaderos, siguen percibiendo una renta insuficiente, tan solo equivalente a la mitad de la del resto de los ciudadanos.

Por corregir el doble problema de la renta agrícola, su inestabilidad y su insuficiencia, es preciso una reforma en profundidad de la PAC, centrando su atención en la compensación de la renta de los agricultores. Para ello se propone el establecimiento de una renta de referencia,  de la que todos los agricultores deberían disfrutar, para compensarla, con la correspondiente ayuda cuando no se alcance. Todo ello bajo determinadas exigencias y condiciones económica, ambientales y sociales,

Con dichas exigencias y condiciones se trata de primar a quienes más dependencia económica tienen de la agricultura en función de sus ingresos primando, al mismo tiempo, la productividad y la dimensión económica de las explotaciones (volumen de ventas) y penalizando las actuaciones perjudiciales para nuestra sociedad, el territorio, la biodiversidad, el clima, el suelo, el agua o la salud.

Para aplicar lo propuesto se hace imprescindible eliminar los derechos históricos -que generan desigualdades- los pagos por superficie -que hacen que cobren más ayudas quienes menos las necesitan- y el desacoplamiento productivo -que mantiene perceptores de ayudas que ni cultivan nada ni cuidan ningún ganado-.

También se hace necesario abandonar los enfoques sectoriales, que excluyen de la ayuda directa actual por superficie a muchos agricultores y ganaderos, al tiempo que supone el mantenimiento de privilegios productivos no necesariamente justificados frente a otras producciones que también están sujetas a la volatilidad de los precios y la inestabilidad de los mercados.

Esta propuesta, que permite mantener la arquitectura de la PAC en sus dos pilares actuales de modo que el primero se centre en la compensación de rentas, con el propósito, no sólo de estabilizarlas sino de elevarlas y el segundo en mejorar las estructuras agroalimentarias y agroambientales mediante ayudas, preferentemente, a la inversión. Todo ello evitando que el Segundo Pilar deba utilizarse para corregir los problemas que genera el Primero.

Entre las ventajas de a propuesta, cabe destacar las siguientes:
– No exige definir quién es agricultor o quién no. Tampoco calificar a los agricultores como “activos”, “profesionales”, u otros.
– Concentra en una sola ayuda las múltiples fórmulas que ahora apoyan, “de forma incompleta”, las rentas agrícolas.
– Hace innecesarios los controles de superficies, que conlleva costes desproporcionados.
– Asegura que los fondos públicos se destinan a quienes más los necesitan.
– Evita destinar dinero público a quienes no lo necesitan o no lo merecen.

Ver texto de la ponencia

Los jóvenes agricultores y ganaderos se reúnen en FIGAN.

Joaquín Olona, Zaragoza, 26 de marzo de 2017.

El futuro de cualquier sector no sólo depende de que haya continuidad en la actividad que lo configura. Es imprescindible que quienes continúan aporten las habilidades, las capacidades y el impulso que se necesita. No sólo hay que competir en los mercados sino que también hay que comunicar con la sociedad, con la opinión pública, con las instituciones políticas, con las organizaciones sociales, con los medios de comunicación o con las universidades y centros de investigación. Para todo ello se necesita de los mejores y la agricultura no es la excepción.

El elevado envejecimiento del que adolece el sector agrario exige intensificar y facilitar la incorporación de jóvenes. Para ello se cuenta con una medida específica de ayuda, a escala europea, en el marco de los Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por el Feader.

Importa que se incorporen nuevos agricultores en número suficiente. En Aragón lo han hecho 474 durante 2016, un 20% mujeres. Pero importa mucho más si cabe que quienes se incorporan lo hagan a través de explotaciones viables y con futuro. Porque de ello depende el futuro inmediato de nuestra agricultura.

En Aragón, se pone un especial  énfasis en el hecho mismo de la incorporación y no tanto en las inversiones que los jóvenes pretenden llevar a cabo que, no obstante, también son objeto de ayuda. Interesa muy especialmente el perfil profesional, su formación, su determinación para convertirse en un verdadero agricultor profesional así como en la viabilidad de su proyecto empresarial. Todo ello teniendo en cuenta que se trata de un auténtico emprendedor y que la profesión de agricultor supone grandes retos personales y profesionales.

El próximo 31 de marzo, en el marco de FIMA GANADERA (FIGAN) que se celebra en Zaragoza y por iniciativa del Gobierno de Aragón, se reunirán los nuevos agricultores aragoneses recientemente incorporados, estando también invitados todos los demás profesionales vinculados al secrtor o que pretenden hacerlo.

La finalidad del encuentro es facilitar las relaciones entre los propios agricultores así como con los responsables de las diferentes unidades administrativas regionales. También para intercambiar información sobre cuestiones de especial interés.

Acceso a la convocatoria del encuentro.

 

La ley que impide los trasvases del Ebro también exige velar para que no ocurran.

Joaquín Olona. Zaragoza, 25 de marzo de 2017.

El Estatuto de Autonomía de Aragón es una ley orgánica que no sólo obliga a los aragoneses sino al conjunto del Estado. Es por ello que trasvasar aguas del Ebro contraviene la ley.

El Ebro en Gelsa.

El Estatuto, en su artículo 19.3, impide que se lleven a cabo transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras, Por tanto, la Generalitat de Catalunya no sólo debe abstenerse de promover trasvases procedentes de la cuenca del Ebro sino que, también, corresponde al Gobierno de España impedirlo. Al Gobierno de Aragón le corresponde incluso más ya que el citado artículo del Estatuto le ordena expresamente que vele para evitar trasvases procedentes de las cuencas incluidas en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Los aragoneses hemos demostrado sobradamente nuestra solidaridad siempre que ha hecho falta. Fue precisamente un ejercicio de solidaridad admitir en 2010,  de forma TEMPORAL Y TRANSITORIA, que unos determinados municipios catalanes, con territorio ajeno a la cuenca del Ebro, pudieran recibir aguas del Segre para su abastecimiento en una situación de sequía extrema y hasta que pudieran reabastecerse con aguas procedentes de las Cuencas Internas catalanas. Fue el argumento en el que se basó el informe favorable del Gobierno de Aragón, conforme al articulo 72.3 del Estatuto, y con apoyo de las Cortes de Aragón, para que el Gobierno de España emitiera  en 2010 la Orden ministerial que autorizaba, en las condiciones antes mencionadas, los abastecimientos citados.

Una Orden que, por las razones y condiciones que la motivaron, debe entenderse caducada sin que proceda invocarse, y menos  utilizarse, para autorizar ahora una transferencia de caudales fuera de la cuenca del Ebro. De aplicarse y autorizarse lo ahora pretendido por la Generalitat no nos encontraremos ante una mera concesión administrativa de aguas sino ante un trasvase y un fraude de ley.

La alarma y preocupación ha aumentado tras la aprobación, con la oposición del Gobierno de Aragón, del Plan de Gestión de las cuencas internas catalanas que contempla un déficit estructural que prevé cubrirse con aportaciones externas con una cuantía de 2 m3/seg a corto plazo y de 6 m3/seg a largo plazo. Una solución del todo coherente con la recomendación del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat, mediante su informe de 28 de mayo de 2015, por la que se instaba a la Agencia Catalana del Agua a estudiar el potencial y la viabilidad del abastecimiento de Cataluña,  en particular del Área Metropolitana de Barcelona,  desde el río Segre a través del Canal Segarra-Garrigues, definiendo con ello “una política del agua con visión de país”. 

Todo ello en un escenario de aparente búsqueda de nuevos usos y usuarios con los que hacer frente al fracaso del regadío Segarra-Garrigues como consecuencia de la falta de adhesión de los regantes, que rechazan los elevados costes en los que se traduce el sistema concesional adoptado. Y naturalmente, en el contexto de dificultad que viven las relaciones políticas e institucionales entre Cataluña y el resto de España.

El derecho forma parte de la tradición e historia de Aragón (“Antes la ley que el Rey”).  La exigencia, permanente e insistente, del cumplimiento de la legalidad  incluye la de los artículos estatutarios, reiteradamente conculcados, que hacen referencia a la relaciones entre la Comunidad Autónoma y el Estado. Por ejemplo, el  artículo 88 relativo a las condiciones de lealtad, coordinación y ayuda mutua que deben presidir  dichas relaciones y que, en la cuestión que ahora nos ocupa, nuevamente brillan por su ausencia.

Responder a la consulta pública en defensa de la PAC.

Joaquín Olona. Zaragoza, 19 de marzo de 2017.

Mientras que en otros países son ya miles quienes han dado ya respuesta al cuestionario de la consulta pública planteada por la Comisión Europea sobre la Modernización y Simplificación de la PAC, en España tan sólo son unos pocos cientos. Urge corregir esta deficiencia ahora que todavía estamos a tiempo teniendo en cuenta que la consulta está abierta hasta el próximo 2 de mayo.

Tal y como dijo Phil Hogan, comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, en la presentación de la Consulta “hacemos un llamamiento a todas las partes interesadas en el futuro de la alimentación y de la agricultura en Europa para que participen en la configuración de una política para todos los ciudadanos de Europa”,

Los españoles no nos podemos permitir quedar al  margen, una vez más, del proceso de reforma que ya se ha iniciado. Sobre todo teniendo en cuenta que los resultados de la Consulta, como también ha afirmado el Comisario Hogan, “Tendrá influencia directa en la hoja de ruta para el futuro de la política agrícola común”. En particular, la La Comisión Europea tendrá en cuenta las aportaciones recibidas en la consulta a la hora de redactar el proyecto de Comunicación, que debe presentarse antes de finales de 2017 y que contendrá las conclusiones sobre el rendimiento actual de la PAC y las posibles opciones políticas para su futuro. Los resultados de esta encuesta serán publicados en internet y presentados por el comisario Hogan en una conferencia que se celebrará en Bruselas en julio de 2017.

La consulta está abierta hasta el próximo 2 de mayo y nos brinda la oportunidad de hacer oír a todos nuestra voz sobre el futuro de la PAC.  Pero, además, nos permite poner de manifiesto  nuestro apoyo e interés por la PAC.

Debatir para construir la PAC del futuro.

Joaquín Olona. Zaragoza, 19 de marzo de 2017.

Debatir sobre los problemas y retos de la PAC no es arriesgado;  lo es no hacerlo. La necesidad de una nueva Reforma hace imprescindible que los diferentes agentes políticos, económicos y sociales se posicionen ante los interrogantes que es preciso empezar a despejar.

       Debate sobre la Reforma de la PAC celebrada en Ejea de los Caballeros (Zaragoza) el  17-03-17 

Hay que evitar que se llegue a la discusión presupuestaria sin saber qué PAC queremos para nuestro sistema agroalimentario, para nuestro medio rural y para nuestros consumidores y ciudadanos que, en definitiva, son los destinatarios últimos de esta importante politica. Una política pública financiada, cono todas las demás, con los impuestos de los ciudadanos, pero que, en este caso, ha contribuido de manera determinante a la construcción europea y que debe seguir haciéndolo. Para ello es preciso que unos y otros nos vayamos pronunciando sobre diferentes cuestiones. Entre otras, sobre las siguientes:

  1. El  artículo 39 del Tratado de la UE señala los objetivos de la PAC: ¿Deben prevalecer o  no?
  2.  ¿Deben introducirse objetivos adicionales a los del Tratado. ¿Cuáles exactamente? ¿Tienen la misma legitimidad que los del Tratado?
  3. Derechos históricos: ¿Deben mantenerse o eliminarse?
  4. Desacoplamiento productivo: ¿Debe mantenerse o eliminarse?
  5. Ayudas acopladas a sectores o producciones especificas: ¿Deben mantenerse las actuales, ampliarse o eliminarse?
  6. ¿Deben beneficiarse de la PAC quienes no cultivan nada ni cuidan ganado?
  7. Pagos por superficie: ¿Deben seguir vinculándose las ayudas a la hectárea?
  8. Ayuda directa a la renta: ¿Debe seguir limitándose su aplicación a determinados sectores y producciones? ¿Debe ampliarse a todos los agricultores y ganaderos con independencia de lo que produzcan? o ¿Debe  eliminarse?  En caso de considerarse ¿debe aplicarse con independencia de la renta agrícola del beneficiario? ¿Y de su renta total?
  9. Profesionalidad: ¿Debe aplicarse la ayuda con independencia del grado de dependencia de la actividad agraria que muestra el beneficiario?
  10. Arquitectura de la PAC: ¿Deben mantenerse los dos Pilares vigentes? ¿Debe crearse una nueva configuración?¿Debe aumentarse la tasa de cofinanciación de los Estados miembros?