Por Joaquín Olona. Zaragoza, 23 de noviembre de 2020.
La PAC post-2020, todavía por configurar en sus aspectos prácticos, supondrá con toda seguridad cambios sustanciales en la política agraria española. Incluso, a pesar de la persistencia de quienes apuestan por el estatus quo que tanto perjudica a la agricultura familiar y a los agricultores profesionales.
El modelo familiar agrario no sólo sustenta, social y territorialmente, nuestro medio rural, sino que es al que se incorporan nuestros jóvenes agricultores por lo que, aunque sólo fuera por ello, ya merecería la máxima prioridad.
Por lo que se refiere al enfoque estratégico de la nueva PAC hay que subrayar la trascendencia que supone regular la exigencia de resultados, en los que deben traducirse los fondos aplicados, en vez de regular las intervenciones. Un reto que está por ver como se aborda también en términos de gestión.
Los resultados deben ser la expresión del logro de los 9 objetivos señalados por la Reforma de la PAC: garantizar una renta justa a los agricultores, aumentar la competitividad, reequilibrar el poder en la cadena alimentaria, actuar contra el cambio climático, proteger el medio ambiente, preservar los paisajes y la biodiversidad, apoyar el relevo generacional, mantener zonas rurales dinámicas y proteger la calidad alimentaria y sanitaria.
Difícilmente podrán lograrse resultados suficientes, y mucho menos destacables, en relación con ninguno de los objetivos citados, sin una decidida y ambiciosa apuesta por la profesionalidad de los beneficiarios de la PAC en el marco del modelo familiar. La mejora de la integración ambiental de la agricultura, que es como procede leer la ambición ambiental de la nueva PAC desde la política agraria, también requiere de la profesionalidad, por no hablar de la competitividad o del reequilibrio de la cadena agroalimentaria.
La redistribución de los fondos que debe propiciar la nueva PAC, debe ser tan prudente como para poderse llevar a cabo, como ambiciosa y audaz para favorecer la profesionalidad en su doble acepción de dependencia económica y eficacia de la actividad agraria y eficacia. En este sentido, la concreción de la definición de Agricultor genuino supone uno de los retos más importantes que afronta el Plan Estratégico Nacional en el que debe sustanciarse la aplicación de la Reforma de la PAC en España. Una definición que deberá ser coherente con la directriz comunitaria de que no responden a dicha condición (la de genuino) quienes acrediten unos ingresos agrarios poco significativos en relación con sus ingresos totales.
Sin una definición ambiciosa de agricultor genuino como único destinatario de los pagos directos de la PAC, eco-esquemas incluidos, no sólo se reduciría a mera retórica el apoyo al modelo familiar, sino que impediría el apoyo necesario a la profesionalidad y, consecuentemente, a las condiciones necesarias para el logro de los resultados exigidos.
Estamos ante la oportunidad histórica de que, en España, el presupuesto de la PAC se concentre realmente en el modelo familiar favoreciendo a los agricultores y ganaderos profesionales, que no sólo son los que más dependen de la actividad agraria, sino que son también quienes más necesitan la ayuda y la merecen en función de los objetivos de la propia Reforma. Todo ello, con independencia de los sectores productivos, de los territorios y de las modalidades de ayuda. No solo es una cuestión de justicia y de sentido común, sino también de eficacia.
Una vez más certero análisis. Ojalá que la reforma avance hacia estas propuestas, pero la experiencia me hace ser escéptico.
Salud