Por Joaquín Olona. Zaragoza, 15 de noviembre de 2020
El pasado 13 de noviembre escribí en un tweet que “Los ecoesquemas de la PAC deben responder a objetivos ambientales, pero no exclusivamente ambientales. También deben garantizar su contribución a la reducción de la brecha de renta agrícola. Porque la PAC debe seguir siendo una política agrícola.” Ese mismo día, alguien para mi tan apreciado y respetado como Tomás García Azcárate, cuya presentación resulta innecesaria cuando se habla de política agraria, con mucha razón escribió otro tweet invitándome a que explicase mejor mi afirmación. Este es el propósito de lo que sigue.
La equiparación de la renta de los agricultores con la del resto de los europeos, desde mi punto de vista, sigue siendo la promesa incumplida de la PAC. Lo afirmo en tanto que dicha equiparación no solo fue uno de los objetivos fundacionales de la PAC, sino que sigue figurando expresamente entre los objetivos que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea asigna a la PAC. Pero, sobre todo, lo recalco porque los agricultores, en términos relativos y tras haberse resuelto el problema del abastecimiento alimentario con máximas garantías de calidad, seguridad y asequibilidad, siguen padeciendo la misma o parecida brecha de renta que sufrían cuando nació la PAC .
La insuficiencia de renta agraria que sufren los agricultores vinculados al modelo familiar es consecuencia de la insuficiencia de los precios en el contexto estructural del propio del modelo de agricultura familiar que encuentra en dicha insuficiencia de renta la principal amenaza para su propia supervivencia frente a un modelo corporativo en expansión que utiliza en su favor, no sólo las economías de escala sino, también, la propia PAC.
La PAC, tras el fracaso de la regulación de mercados y sin que el enfoque estructural haya logrado atacar la raíz de los problemas del modelo familiar, hace más de veinte años que apostó por el apoyo directo a la renta de los agricultores sin que tampoco haya logrado avances significativos en la mejora de la renta de los agricultores profesionales, al menos por el momento. Sin duda, debido a las excesivas adherencias sectoriales que todavía supone la herencia de las extintas Organizaciones Comunes de Mercado donde cada lobby sectorial (cereales, leche, vacuno, vino, etc.) trataba -y sigue tratando- de obtener el mayor trozo de tarta presupuestaria posible. Y sin duda, también, por la paradójica falta de atención a las condiciones socioeconómicas individuales de los beneficiarios, en particular su nivel de renta, dimensión y productividad agrícola y, por tanto, a la falta de atención a la necesidad individual de la ayuda y de la pertinencia para recibirla.
Al distribuir la ayuda pública que supone la PAC con criterios fundamentalmente sectoriales, ya sea directamente mediante pagos acoplados, o indirectamente en base a derechos históricos y criterios territoriales, en absoluto se garantiza que dicha ayuda se concentre en los agricultores profesionales cuya economía familiar más depende de la actividad agraria y, por tanto, más necesitan y merecen la ayuda. Más bien ocurre todo lo contrario: los criterios sectoriales, territoriales y de mercado configuran el escenario idóneo para la práctica de la caza de primas (Rent-Seeking) por quienes menos dependen de la actividad agraria y más alejados están del modelo familiar agrario y de la vida rural.
Sin negar la necesidad de que la PAC contribuya a los objetivos del Pacto Verde europeo, ni de que la agricultura reduzca sus impactos desfavorables, la aplicación de criterios exclusivamente ambientales en la aplicación de la PAC también configuran un terreno propicio para los cazaprimas. Sobre todo, si los servicios ambientales que pretenden remunerarse los produce por sí misma la naturaleza al margen, o con intervención mínima, de los agricultores propiamente dichos.
No todos los servicios ambientales de interés están necesariamente ligados a la actividad agraria, y mucho menos al modelo familiar. El modelo corporativo agroalimentario puede ser incluso mucho más eficaz y eficiente en la producción de tales servicios de manera conjunta a la producción agroalimentaria dejando nuevamente al modelo familiar en condiciones de inferioridad. Pero es que, además, determinados servicios ambientales pueden incluso maximizarse eliminando completamente la actividad agraria propiamente dicha y excluyendo, consecuentemente, a los agricultores. De hecho, la estrategia europea “De la granja a la mesa” establece la necesidad de reducir la superficie cultivada destinando un determinado porcentaje de la misma a fines estrictamente ambientales.
Considero preocupante que se haya renunciado a legitimar políticamente la PAC sobre la base de la brecha de renta que sufren los agricultores profesionales vinculados al modelo familiar. Entendiendo que los argumentos ambientales resulten más cómodos para unos y más prometedores para otros, no deja de ser cuestionable defender una política, la agrícola, con los argumentos de otra, la ambiental. Pero todavía es más inquietante intentar desarrollar una política, la ambiental, con el presupuesto de otra, la agrícola. Y ello en absoluto impide defender las dos al igual que, por ejemplo, defender la sanidad no implica cuestionar la educación. Porque, entre los graves problemas que afronta la Unión Europea también está el de querer liderar la sostenibilidad ambiental en el panorama mundial sin desarrollar una verdadera Política Ambiental Común, es decir, con su correspondiente presupuesto.
En este contexto político y presupuestario, las instituciones comunitarias libran un intenso debate, todavía por resolver, acerca del peso presupuestario que en la PAC post-2020 debe tener cada una de sus dos componentes esenciales: el apoyo directo a la renta[1] y los eco-esquemas, máxima expresión de la justificación ambiental de la PAC. Así, mientras el Consejo de Ministros ha acordado destinar el 20% del presupuesto del Primer Pilar de la PAC a los eco-esquemas, el Parlamento Europeo ha expresado su mayoría en favor del 30%, sabiendo que existen quienes todavía lo consideran insuficiente.
La Reforma de la PAC en curso resulta francamente prometedora en tanto que pone el acento en el apoyo a la renta de los “agricultores genuinos” propiciando con ello la redistribución de la ayuda en favor del modelo familiar y profesional agrario. Falta por ver, sin embargo, que el grueso del apoyo tenga dicho fin evitando que una definición excesivamente laxa de agricultor genuino, a concretar por cada Estado miembro, conduzca a donde condujo la definición del actual “agricultor activo”. Y falta por ver que los ecoesquemas, todavía por concretar en todos sus aspectos estratégicos y operativos garantizando que respondan a objetivos ambientales verificables con verdadero sentido agronómico, no terminen siendo la puerta falsa por la que el grueso de la ayuda termine concentrándose en quienes menos la necesitan, desde el punto de vista de la renta, y menos la merecen desde el punto de vista de la protección y defensa del modelo familiar agrario que sustenta nuestro medio rural.
Siendo una mala noticia que en el debate comunitario el apoyo directo a la renta de los agricultores se trate en oposición a los ecoesquemas, y viceversa, resulta imprescindible que, además de corregir este desacertado enfoque, la ayuda en forma de ecoesquemas se vincule al modelo agrario familiar y profesional mediante su asignación exclusiva a la nueva figura de agricultor genuino, una vez definida de manera exigente en función de su dependencia agraria en términos de ingresos y de su contribución efectiva a la producción agraria con destino al mercado.
[1] Ayuda básica a la renta, Ayuda redistributiva complementaria a la renta, Ayuda complementaria a la renta para jóvenes agricultores y Ayuda a la renta asociada.
