Por Joaquín Olona. Zaragoza, 26 de junio de 2018.
Resulta inadmisible que, planteando nuevos retos y exigencias, la Comisión Europea haya propuesto reducir el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) poniendo en peligro incluso su fuerte carácter comunitario. Pero el requerimiento de un presupuesto coherente con las necesidades no debe dejar en un segundo plano, y mucho menos anular, la exigencia de cambios profundos en la orientación y aplicación de las ayudas de la PAC.
La propuesta de la Comisión Europea no sólo plantea un presupuesto insuficiente, con una reducción particularmente preocupante para el desarrollo rural, sino que muestra una escasa ambición, particularmente en la redistribución de la ayuda a la renta canalizada a través de los pagos directos. Una redistribución de fondos que podría resultar inoperante en la práctica:
- El mantenimiento de las referencias históricas en los derechos de pago supone un pesado lastre para reasignar la ayuda con respecto a una situación actual con desigualdades injustificables, sobre todo desde el punto de vista de la equiparación de rentas así como desde la incorporación de nuevos activos jóvenes y mujeres.
- La reducción de pagos, sólo aplicable tras deducir al pago por hectárea el coste imputable a la mano de obra, puede no ser tal impidiendo consecuentemente que se generen fondos efectivos para redistribuir.
- Los pagos directos, aplicados exclusivamente en función de las hectáreas admisibles, no garantizan que la ayuda se concentre en los «agricultores genuinos» a los que se refiere la propia Comisión Europea pero que no define. Tampoco en la agricultura familiar vinculada al territorio ni en los agricultores que más y mejor contribuyen a la lucha contra la despoblación, que la propuesta comunitaria ni si quiera considera entre sus objetivos,
- Resulta cuestionable que los objetivos redistributivos y de compensación de renta, expresamente perseguidos, puedan lograrse con eficacia sin tener en cuenta la renta agrícola de los beneficiarios de la ayuda.