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La digitalización agrícola y la Agricultura 4.0 también deben ser útiles para los agricultores.

Por Joaquin Olona. Zaragoza, 30 de julio de 2018.

La política agraria debe ocuparse de que la digitalización agrícola y la Agricultura 4.0  sirvan para fortalecer y mejorar el modelo familiar del que depende nuestro mundo rural. Porque es imprescindible evitar justamente lo contrario; porque del impulso en función de otros intereses y oportunidades ya se encargan otros; y porque conviene evitar la oferta de soluciones (tecnológicas) para problemas que no existen.

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Todo indica que nos encontramos ante otra nueva revolución agrícola, basada ahora en el uso hiperintensivo y generalizado que de la información y del conocimiento permiten la digitalización y las tecnologías de la información.

Sería descabellado cuestionar la capacidad de las tecnologías digitales para ofrecer soluciones a los retos agroalimentarios y rurales. Sin duda, la digitalización es un proceso imparable que cuenta con suficiente capacidad para extenderse por sí misma. Resulta cuestionable, por tanto, que deba ser objeto de apoyo público si el único propósito del mismo es que se extienda.

En nuestro contexto social y territorial, es necesario que, además de contribuir de manera ambientalmente sostenible al reto alimentario derivado de la expansión de la demanda mundial de alimentos, la agricultura también contribuya al sostenimiento de nuestro mundo rural gravemente amenazado por el despoblamiento.

Dadas las oportunidades que ofrecen los retos agroalimentarios, incluyendo el del uso eficiente de los recursos que nos exige la  sostenibilidad ambiental, es muy improbable que la tecnología y el capital no respondan con éxito a los mismos. Sin embargo, es mucho más improbable que lo haga el modelo familiar, del que depende la supervivencia de nuestro mundo rural, sino recibe el apoyo necesario.

Consecuentemente, la digitalización e impulso de la Agricultura 4.0 no debería constituirse en un objetivo político con valor en sí mismo y sin otro propósito que su mera extensión. Por el contrario, la política agraria debe condicionar su apoyo a la acreditación de su utilidad para la defensa y fortalecimiento del modelo familiar de agricultura, que no sólo es el que necesitan nuestros pueblos para seguir siéndolo sino que es el más apropiado y extendido del mundo desarrollado.

 

Una agricultura innovadora ,,, y familiar.


Por Joaquín Olona. Publicado por Heraldo de Aragón. Zaragoza, 18 de febrero de 2018.

La Feria Internacional de Maquinaria Agrícola de Zaragoza (FIMA) es uno de los máximos referentes mundiales de la innovación tecnológica agrícola, particularmente en el ámbito de la mecanización.

El hecho de que, en el mundo más desarrollado y avanzado, una mínima fracción de la población activa alimente a todos, de manera cada vez más segura y asequible, es consecuencia del elevado grado de mecanización alcanzado por la agricultura.

La mecanización también ha sido determinante para reducir las penalidades del trabajo agrícola al tiempo que aporta esperanzadoras oportunidades para reducir la huella ecológica agraria mediante la digitalización y extensión de los sistemas de precisión. Todo ello orientado al uso eficiente de los recursos y de los inputs, a la minimización de la contaminación difusa y de las emisiones de gases de efecto invernadero así como a la adaptación al cambio climático.

En el contexto de la globalización y de la competitividad, las consecuencias sociales y territoriales de la robotización y de la digitalización configuran uno de los retos políticos más complejos y comprometidos de nuestro tiempo. Un reto al que la política agraria (la PAC) tampoco puede ser ajena. Todo lo contrario, aunque para abordarlo es imperativo abandonar el estatus quo en el que parecen empeñados muchos de sus agentes políticos y sociales.

La agroalimentación es uno de los ejes fundamentales sobre los que el Gobierno de Aragón articula su estrategia para que el desarrollo se proyecte sobre todos y cada uno de los territorios de la Comunidad Autónoma.

Nuestra agroalimentación, necesariamente orientada a los mercados internacionales en coherencia con su potencial productivo y posición geoestratégica de Aragón, no puede permanecer ajena a la expansión de la demanda alimentaria asociada a una población mundial creciente, cada vez más urbana y con mayor capacidad adquisitiva.

Pero, en nuestro contexto geográfico y territorial, el complejo agroalimentario no puede ni debe negar su contribución a la lucha contra la despoblación rural que amenaza la estabilidad y desarrollo de Aragón como Comunidad. Porque la supervivencia de nuestros pueblos depende de la continuidad de la sociedad agrícola y ganadera que, por lo general, los sostiene y estructura.

Tampoco cabe pensar en unas actividades agrícolas y ganaderas completamente desvinculadas de los valores naturales y servicios ambientales intrínsecamente asociados a ellas. Todavía menos, en unas actividades que perjudiquen la biodiversidad o los espacios que debemos conservar y proteger. Unos recursos, incluido el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido que este año celebra su primer centenario, que dependen de la continuidad de las buenas prácticas que los han configurado.

Existe el riesgo de que el desarrollo agroalimentario pueda lograrse al margen de la sostenibilidad demográfica rural y del mantenimiento de los valores naturales asociados a los agrosistemas actuales. Este riesgo se deriva de la implantación de estructuras empresariales de gran dimensión que, aprovechando las economías de escala, el envejecimiento de la población agraria y la falta de relevo generacional, sustituyan el modelo vigente de explotaciones familiares que configuran nuestro mundo rural.

Consecuentemente, la política agrícola y los recursos públicos por ella aplicados, deben comprometerse en favor de la agricultura familiar. Porque es este modelo, y no la agricultura como tal, lo que peligra. Son los agricultores profesionales que más dependen de la agricultura y más contribuyen a su mejora productiva, ambiental y social, junto con sus explotaciones estrechamente vinculadas al territorio, quienes desaparecerán sino reciben el apoyo público necesario. Un apoyo que debe prestarse a todos ellos, con independencia de lo que producen. Porque todos ellos comparten un idéntico problema de insuficiencia e inestabilidad de renta que, para afrontarse, exige una aplicación más justa y eficaz de las ayudas directas de la PAC.

La PAC no solo debe abandonar el estatus quo que amenaza su propia continuidad sino que debe desprenderse de unas adherencias sectoriales que le impiden evolucionar hacia los niveles deseables de eficacia y equidad. Porque la priorización o vinculación de la ayuda a sectores y territorios prioritarios no garantiza que se concentre en quienes más la merecen y necesitan: los agricultores profesionales más dependientes de la agricultura y que más y mejor contribuyen a su mejora.

Apelando a las mujeres y jóvenes como revulsivo para agro-innovar.

Joaquín Olona. Zaragoza, 31 de marzo de 2017.

La apelación a la agroalimentación como sector estratégico también exige que el propio sector,  se comporte como tal. La agricultura, a través de los jóvenes y mujeres que acceden al sector, está configurando una  nueva imagen social. Ello exige un nuevo enfoque político con el que impulsar y afianzar los nuevos  usos y costumbres que, de hecho, ya se están dando en el sector. Por todo ello es pertinente y necesario hablar de innovación institucional.

Primer Encuentro de Agricultores Jóvenes de Aragón. Zaragoza, 31 de marzo de 2017.

La innovación tecnológica e institucional no casan con el inmovilismo que supone mantener los  derechos y referencias históricas de la PAC. Tampoco resulta coherente con  los pagos por hectárea desacoplados de la producción, que tan solo promueven la improductividad cuando no, incluso, despoblación rural.

Modernizar la agricultura, dando respuesta a su carácter estratégico, exige modernizar la PAC tal y como ha dado en decir la Comisión Europea. Sin embargo, si el término  «modernizar» tiene por objeto impedir la reforma en profundidad que se necesita,  el impulso del Comisario Hogan carecería de la ambición con la que muchos de los consejeros y consejeras de las Comunidades Autónomas nos pronunciamos sobre el futuro de la PAC en la reciente Conferencia que organizó el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente los pasados días 27 y 28 de marzo en Madrid.

Modernizar la agricultura incluye dignificar definitivamente la profesión de agricultor y ganadero como productor de alimentos y contribuyente al crecimiento económico, a la creación de empleo y al desarrollo sostenible. Difícilmente se logrará situándose en el inmovilismo de quienes tan sólo quieren que, en relación con la PAC, todo siga igual. Pero tampoco puede lograrse renunciando a los importantes recursos financieros asociados a esta importante política pública.

Los recursos financieros de la PAC deben ponerse a disposición de todos los agricultores y ganaderos sin excepción pero en función de su profesionalidad y productividad. Todo ello, con independencia del sector productivo al que pertenezcan. Tan importante como eliminar los privilegios y agravios territoriales y sociales vigentes es acabar con los privilegios sectoriales e históricos ya que son, en gran medida, el origen de aquellos.

El objetivo central debe situarse, no sólo de estabilizar las rentas agrarias individuales sino en combatir su insuficiencia, siempre y ciando sea el caso de verdad. Porque es preciso que los agricultores tengan una renta digna y equiparable a la del resto de los ciudadanos. Y porque todas las producciones agrícolas y ganaderas sufren las consecuencias de unos precios y mercados que, como los agrarios, son volátiles e inestables por naturaleza.

Los nuevos agricultores y agricultoras plantean nuevas necesidades, nuevas expectativas y nuevas demandas para las que se necesitan nuevos enfoques políticos  a los  que la PAC se tiene que adaptar.

 

 

Los jóvenes agricultores y ganaderos se reúnen en FIGAN.

Joaquín Olona, Zaragoza, 26 de marzo de 2017.

El futuro de cualquier sector no sólo depende de que haya continuidad en la actividad que lo configura. Es imprescindible que quienes continúan aporten las habilidades, las capacidades y el impulso que se necesita. No sólo hay que competir en los mercados sino que también hay que comunicar con la sociedad, con la opinión pública, con las instituciones políticas, con las organizaciones sociales, con los medios de comunicación o con las universidades y centros de investigación. Para todo ello se necesita de los mejores y la agricultura no es la excepción.

El elevado envejecimiento del que adolece el sector agrario exige intensificar y facilitar la incorporación de jóvenes. Para ello se cuenta con una medida específica de ayuda, a escala europea, en el marco de los Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por el Feader.

Importa que se incorporen nuevos agricultores en número suficiente. En Aragón lo han hecho 474 durante 2016, un 20% mujeres. Pero importa mucho más si cabe que quienes se incorporan lo hagan a través de explotaciones viables y con futuro. Porque de ello depende el futuro inmediato de nuestra agricultura.

En Aragón, se pone un especial  énfasis en el hecho mismo de la incorporación y no tanto en las inversiones que los jóvenes pretenden llevar a cabo que, no obstante, también son objeto de ayuda. Interesa muy especialmente el perfil profesional, su formación, su determinación para convertirse en un verdadero agricultor profesional así como en la viabilidad de su proyecto empresarial. Todo ello teniendo en cuenta que se trata de un auténtico emprendedor y que la profesión de agricultor supone grandes retos personales y profesionales.

El próximo 31 de marzo, en el marco de FIMA GANADERA (FIGAN) que se celebra en Zaragoza y por iniciativa del Gobierno de Aragón, se reunirán los nuevos agricultores aragoneses recientemente incorporados, estando también invitados todos los demás profesionales vinculados al secrtor o que pretenden hacerlo.

La finalidad del encuentro es facilitar las relaciones entre los propios agricultores así como con los responsables de las diferentes unidades administrativas regionales. También para intercambiar información sobre cuestiones de especial interés.

Acceso a la convocatoria del encuentro.

 

Una PAC que haga de la agricultura una actividad más atractiva para las mujeres.

Joaquín Olona. 8 de marzo de 2017.

En España tenemos ministra de agricultura, consejeras de agricultura, directoras generales y altos cargos de la administración agraria y ambiental que son mujeres así como ingenieras, veterinarias, administradoras superiores y otras titulaciones que prestan sus servicios profesionales tanto en en dicha administración como en las empresas, explotaciones y entidades que configuran el sector.

Sin embargo no es lo habitual ver a una mujer manejando una cosechadora o ninguno de los muchos equipos agrícolas sofisticados existentes en las explotaciones. También nos debería llamar mucho más la atención la escasez extrema de mujeres en las juntas rectoras de las cooperativas, en las juntas de gobierno de las comunidades de regantes o en las organizaciones profesionales agrarias. Todo ello, además de los datos disponibles, pone de manifiesto la importante brecha de género que todavía existe en nuestra agricultura y que es preciso reducir.

Los datos también muestran que las explotaciones agrarias lideradas por mujeres abordan proyectos de mejora y modernización más ambiciosos, con orientaciones productivas más intensivas y con mayor generación de empleo.

La reducción de la brecha de género agrícola, además de por razones de igualdad, también es un objetivo de modernización y mejora institucional del propio sector que justifica que el hecho de ser mujer sea valorado con preferencia en las ayudas a la incorporación de jóvenes.

La Reforma de la PAC también debe ser sensible a la reducción de la brecha de género tratando de hacer de la agricultura una actividad más atractiva para las mujeres. Porque de ello también dependen los resultados de la lucha contra la despoblación rural.

 Ver página web sobre la  mujer rural en Aragón

Innovar para luchar contra la contaminación orgánica persistente.

Joaquín Olona. Zaragoza, 1 de marzo de 2017.

La acumulación de Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP) al norte de la Comunidad Autónoma de Aragón, procedentes de la actividad de una antigua fábrica de lindano, es un condicionante potencial de la calidad del agua de la cuenca del río Ebro y representa un grave riesgo para la salud humana y los ecosistemas.

Modelo de la molécula del hexaclorociclohexano (HCH) o lindano.

El lindano, el isómero comercial del hexaclorociclohexano (HCH), también denominado γ-HCH, es decir, gamma HCH, ha sido uno de los pesticidas más usados en todo el mundo en épocas recientes. A causa de su peligrosidad y persistencia en el medio ambiente, el lindano y varios isómeros del HCH han sido incluidos en la lista de Contaminantes Orgánicos Persistentes del Convenio de Estocolmo.

La fábrica de INQUINOSA sintetizó lindano desde 1975 hasta mayo de 1989 y cesó su actividad de comercialización definitivamente en 1992. Durante este periodo se estima que produjo más de 150.000 t de residuos con alto contenido en HCH y otros compuestos organoclorados. No en vano, por cada kg de lindano producido, se generaron aproximadamente 10 kg de residuos peligrosos.

Los residuos de la producción de lindano, en forma de polvo y de líquido, se vertieron en el vertedero de Sardas de forma incontrolada y posteriormente en el vertedero de Bailín de forma prácticamente incontrolada. Este mismo problema existe en otros muchos lugares del mundo. A causa de diferentes razones, como los grandes volúmenes vertidos o la singularidad geológica de los emplazamientos, el caso de Aragón presenta un especial interés, por lo que su resolución resulta de gran utilidad para lograr las innovaciones tecnológicas e institucionales que exige un problema de naturaleza global.

El Gobierno de Aragón, que acumula una experiencia técnica, administrativa y política de 25 de años en la lucha contra el lindano en la que se llevan invertidos 54 M€, propone a las instituciones y a la sociedad en general, que contemplen su ambicioso objetivo de acabar con el problema como una acción piloto a través de la que generar valor añadido comunitario y contribuir al crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible.

La acción del Gobierno de Aragón supone también un ambicioso reto financiero en la medida que es preciso afrontar una inversión total de 550 millones de € durante los próximos 25 años, que es 10 veces lo invertido durante los últimos 25 años. Un esfuerzo que el Gobierno de Aragón no puede asumir en solitario. El apoyo de las instituciones europeas y españolas al proyecto se justifica por la complejidad del problema, por las garantías que ofrece la Comunidad Autónoma, así como por la importancia potencial de los beneficios económicos, sociales y ambientales de las experiencias y soluciones que pretenden implementarse en Aragón y que podrán transferirse a escala global.

El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, ha elaborado el Plan integral de lucha integral contra la contaminación de los residuos generados por la fabricación de lindano en Aragón (Versión de diciembre de 2016 conforme al  mandato de las Cortes de Aragón de noviembre de 2015.

Reenfocar la política de biodiversidad.

Joaquín Olona. Zaragoza, 27 de febrero de 2017.

Los escasos resultados logrados durante los últimos 30 años en materia de biodiversidad obligan a cuestionar  la política aplicada. Porque, además, ninguna política pública debe basarse exclusivamente en criterios científicos ni en prácticas tecnocráticas.

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), que es objeto de una gestión diferenciada y ejemplar con relevancia a escala europea, es la única especie protegida que ha mejorado en Aragón.

La biodiversidad es la variedad de ecosistemas, hábitats y especies que nos rodea y que nos proporciona alimento, agua, aire limpio, abrigo y medicamentos; atenúa las catástrofes naturales, las plagas y enfermedades, contribuye a regular el clima y nos presta servicios ecosistémicos en provecho de nuestra economía.

La Directiva de Hábitats, junto con la Directiva de Aves son el núcleo de la política europea para frenar la pérdida de biodiversidad, que es una de las amenazas más graves que sufre el Planeta. La creación de la Red Natura 2000 supone la iniciativa  más ambiciosa, y a mayor escala jamás emprendida en el mundo, para conservar el patrimonio natural europeo y sus ecosistemas.

La Estrategia Europea de Biodiversidad (1) asume el fracaso  de las políticas europeas de conservación de la biodiversisdad de las últimas décadas. La revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE (2) señala que «el estado general de las especies y los hábitats protegidos no ha mejorado de forma significativa en los últimos seis años».

Sin embargo, no se rectifica el enfoque político, sino que se apuesta por su profundización, insistiendo en idénticas convicciones y paradigmas que los que están propiciando la falta de resultados. Fundamentalmente, los enfoques holísticos, basados en el establecimiento de amplios catálogos de especies amenazadas e implementación de planes de conservación o recuperación  fundamentados en criterios exclusivamente científicos y con escasa o nula participación de los territorios sobre los que pretenden aplicarse. Ante esta discutible opción, es necesario abordar líneas de actuación complementarias y alternativas -en ningún caso contradictorias- a la anterior pero orientadas a la obtención de resultados prácticos.

Para lograr que la biodiversidad cuente con una verdadera política pública, y que esta sea eficaz, resulta imprescindible someterla a criterios políticos, ajustados a razones prácticas y fundamentados en conocimientos técnicos y científicos solventes, ampliamente aceptados, Porque, en democracia, la política es la vía para priorizar la asignación de recursos.

La recuperación del lince ibérico (Lynx pardinus): un proyecto especialmente destacable a escala europea (3).

La política de biodiversidad  estatal y autonómica debe empezar por asumir y coordinar con más acierto sus respectivos ámbitos competenciales, comprender mejor la escala europea del desafío y atender, además, a los tres principios básicos siguientes:

  1. Vincular la política ambiental al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de las personas, tal y como señala el artículo 45 de la Constitución Española.
  2. Reconocer la función social y pública del patrimonio natural y la biodiversidad intensificando su vinculación con el desarrollo social y económico así como con la salud y el bienestar de las personas, tal y como señala el artículo 4 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
  3. Promover y articular la participación de los habitantes y de los propietarios de los territorios en los beneficios que se deriven de las actividades de conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad llevadas a cabo en los mismos, tal y como establece el apartado k) del artículo 2 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

(1) COM(2011) 244 final. Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural. 

(2) COM(2017) 63 final. Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados.

(3) Proyecto Life+ Iberlince

 

Recuperar el espíritu de la extinta Extensión Agraria.

Joaquín Olona. Zaragoza, 24 de febrero de 2017.

La extensión agraria, eufemísticamente denominada «asesoramiento» en Europa, es imprescindible para el desarrollo de la agricultura del conocimiento, que es la que tiene la respuesta a los retos de la seguridad alimentaria, la productividad, la competitividad y el medio ambiente.

Clausura de la jornada de presentación de los proyectos RICA y Siasa promovidos por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa orientados a vertebrar un sistema de asesoramiento agroalimentario. Zaragoza, 22 de febrero de 2017.

Las potencias agrícolas como Estados Unidos, Canadá o Australia concentran buena parte del apoyo público a su agricultura en la generación de conocimiento y su trasferencia a los agricultores. La propia PAC vigente obliga a los estados miembros a poner a disposición de los agricultores un sistema de asesoramiento. Este sistema, que en Aragón se está poniendo en marcha en un marco que apuesta por la innovación institucional, pretende ser la extensión agraria del siglo XXI. Un sistema descentralizado que, dotado de un importante apoyo público, también se pretende que esté protagonizado por los agricultores como vía más segura para que redunde en su beneficio, que debe concretarse en la mejora de sus rentas.

La agronomía y los agricultores han logrado resultados espectaculares en la mejora de los rendimientos agrícolas y, con ello, en el aumento de la productividad de la tierra. Durante los últimos cincuenta años los rendimientos por hectárea del maíz, por ejemplo, se han multiplicado por diez. Sin embargo, la renta de los agricultores sigue siendo, como hace cincuenta años, la mitad que la del resto de los españoles y de los europeos. Este refleja el fracaso social de la política agraria, que debería poner ahora un especial énfasis en la mejora de la renta, tanto en su elevación como en su estabilización, a través de la productividad del trabajo.

La experiencia internacional demuestra que la transferencia de conocimiento no es viable sin apoyo público y que en países donde se ha privatizado completamente, como es el caso de Reino Unido, se observa que las empresas desatienden a los agricultores redirigiendo su actividad hacia objetivos más lucrativos. Porque es preciso reconocer que un asesoramiento estrictamente privado sea fiable y viable , sobre todo cuando se refiere a recursos e impactos públicos o comunes tales como el agua, el genoma, la contaminación difusa, las plagas, el clima o los ciclos geoquímicos.

Por otro lado, a medida que las tecnologías agrarias se convierten en bienes privados a través de las patentes, los procesos de transferencia se privatizan con cargo directo o indirecto a los agricultores. Sin embargo, en este marco, el asesoramiento técnico está impulsado por intereses no siempre compatibles ni coherentes con los de los agricultores.

Consecuentemente, deben ser los propios agricultores quienes se involucren en la configuración de un sistema de asesoramiento que redunde en su beneficio. Un sistema que supone un reto institucional de primer orden que, en Aragón, está impulsando el propio Gobierno y que cuenta con el apoyo del sector tal y como de manifiesto los proyectos RICA y Siasa promovidos por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Dos proyectos que, financiados por la medida de cooperación del Programa de Desarrollo Rural gestionado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, suponen una importante contribución al desarrollo y configuración del sistema de asesoramiento que la agroalimentacion aragonesa necesita.

Innovación en la gestión de purines.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 17 de febrero de 2017.

La solución de los grandes retos agroambientales exige innovaciones no sólo tecnológicas sino, también, institucionales. El modelo de gestión de purines desarrollado por la ADS nº 2 de porcino, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), es un magnífico ejemplo práctico de ello.

Aragón se está convirtiendo en la potencia de referencia del sector porcino europeo. No sólo por su importancia productiva creciente sino, sobre todo, por su desarrollo tecnológico y organizativo o institucional.

El elevado grado de competitividad alcanzado se manifiesta en las elevadas tasas de exportación del sector que se basan, a su vez, en los importantes avances tecnológicos y sanitarios logrados. Toca ahora dar respuesta al reto ambiental que supone la gestión sostenible de los estiércoles producidos en forma de purines. El «Centro Gestor de purines» desarrollado en Ejea de los Caballeros por la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) nº2 , basado en la acción colectiva y la colaboración entre agricultores y ganaderos con la finalidad de utilizar los purines como fertilizante agrícola, ha demostrado su eficacia e interés. Tanto es así que es el modelo adoptado como solución general a extender al conjunto de la Comunidad Autónoma por el Gobierno de Aragón mediante el decreto que, sobre gestión de estiércoles, se publicará próximanente.

Formación Profesional Agraria para una Agricultura del Conocimiento.

Joaquín Olona en la firma de convenio de colaboración entre el Departamento de Educación, Cultura y Deporte y el de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. San Blas (Teruel), 11 de Noviembre de 2016.

Los retos económicos, sociales y ambientales que plantea la agricultura sólo pueden abordarse a través del conocimiento. Ello implica agricultores más y mejor formados, lo que también resulta esencial para prestigiar la profesión de agricultor en el contexto de la sociedad de la información y del conocimiento.

En estos momentos, ni siquiera el 20% de quienes se incorporan al sector tienen la formación agraria adecuada. En el caso de los beneficiarios de las ayudas a la modernización de explotaciones dicho porcentaje todavía es menor.

No es suficiente con que nuestros jóvenes se incorporen a la agricultura, es imprescindible que cuenten con la formación adecuada. Para ello es imprescindible ofrecer ciclos formativos que se ajusten a las necesidades del sector, en particular de las explotaciones familiares agrarias. Todo ello en coherencia con el carácter estratégico que otorgamos a la agroalimentación en Aragón.

La formación y el conocimiento también resultan esenciales para lograr que las ayudas públicas a la agricultura tengan una aplicación mucho más justa y eficaz. Así,desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad queremos dar más peso al criterio de formación profesional agraria en la aplicación de las ayudas a la incorporación así como a las de modernización de explotaciones. También queremos potenciar las ayudas destinadas al desarrollo de proyectos relacionados con la innovación, el conocimiento y su transferencia.