Joaquín Olona. Zaragoza, 24 de febrero de 2017.

La extensión agraria, eufemísticamente denominada «asesoramiento» en Europa, es imprescindible para el desarrollo de la agricultura del conocimiento, que es la que tiene la respuesta a los retos de la seguridad alimentaria, la productividad, la competitividad y el medio ambiente.

Clausura de la jornada de presentación de los proyectos RICA y Siasa promovidos por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa orientados a vertebrar un sistema de asesoramiento agroalimentario. Zaragoza, 22 de febrero de 2017.

Las potencias agrícolas como Estados Unidos, Canadá o Australia concentran buena parte del apoyo público a su agricultura en la generación de conocimiento y su trasferencia a los agricultores. La propia PAC vigente obliga a los estados miembros a poner a disposición de los agricultores un sistema de asesoramiento. Este sistema, que en Aragón se está poniendo en marcha en un marco que apuesta por la innovación institucional, pretende ser la extensión agraria del siglo XXI. Un sistema descentralizado que, dotado de un importante apoyo público, también se pretende que esté protagonizado por los agricultores como vía más segura para que redunde en su beneficio, que debe concretarse en la mejora de sus rentas.

La agronomía y los agricultores han logrado resultados espectaculares en la mejora de los rendimientos agrícolas y, con ello, en el aumento de la productividad de la tierra. Durante los últimos cincuenta años los rendimientos por hectárea del maíz, por ejemplo, se han multiplicado por diez. Sin embargo, la renta de los agricultores sigue siendo, como hace cincuenta años, la mitad que la del resto de los españoles y de los europeos. Este refleja el fracaso social de la política agraria, que debería poner ahora un especial énfasis en la mejora de la renta, tanto en su elevación como en su estabilización, a través de la productividad del trabajo.

La experiencia internacional demuestra que la transferencia de conocimiento no es viable sin apoyo público y que en países donde se ha privatizado completamente, como es el caso de Reino Unido, se observa que las empresas desatienden a los agricultores redirigiendo su actividad hacia objetivos más lucrativos. Porque es preciso reconocer que un asesoramiento estrictamente privado sea fiable y viable , sobre todo cuando se refiere a recursos e impactos públicos o comunes tales como el agua, el genoma, la contaminación difusa, las plagas, el clima o los ciclos geoquímicos.

Por otro lado, a medida que las tecnologías agrarias se convierten en bienes privados a través de las patentes, los procesos de transferencia se privatizan con cargo directo o indirecto a los agricultores. Sin embargo, en este marco, el asesoramiento técnico está impulsado por intereses no siempre compatibles ni coherentes con los de los agricultores.

Consecuentemente, deben ser los propios agricultores quienes se involucren en la configuración de un sistema de asesoramiento que redunde en su beneficio. Un sistema que supone un reto institucional de primer orden que, en Aragón, está impulsando el propio Gobierno y que cuenta con el apoyo del sector tal y como de manifiesto los proyectos RICA y Siasa promovidos por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Dos proyectos que, financiados por la medida de cooperación del Programa de Desarrollo Rural gestionado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, suponen una importante contribución al desarrollo y configuración del sistema de asesoramiento que la agroalimentacion aragonesa necesita.