Joaquín Olona. Zaragoza, 8 de abril de 2017.

Que los mercados agrícolas sean más estables y los precios menos volátiles es totalmente  deseable. La pregunta es si es realista aspirar a dicha estabilización y si ello debe ser el objetivo de la política agrícola actual.

40 Aniversario de la creación de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA

La intervención de los mercados agrícolas, estableciendo precios de garantía u otras fórmulas que nadie especifica, no sólo es inviable en nuestro contexto comercial actual sino que puede resultar profundamente injusto. Porque los precios de garantía, siendo  una subvención indirecta a los productores cuando los precios de mercado caen, implica transferir más fondos públicos a quienes más kilos producen. De este modo, el dinero público termina favoreciendo a las explotaciones más grandes con el riesgo de que sean las grandes corporaciones empresariales y no las explotaciones familiares quienes terminen concentrando la ayuda a la agricultura.

Por otro lado, las políticas de precios y mercados se aplican en la práctica a determinadas producciones y sectores, que terminan  privilegiándose en detrimento de los que no son objeto de atención, no porque no lo necesiten sino por otras razones o intereses.

La intervención de los mercados ha demostrado su ineficacia. La historia de la propia PAC lo avala. Pero es que, además, en el contexto actual, dicha práctica compromete la viabilidad de las políticas públicas que pretenden aplicarla. Porque, sin estar claro que beneficie realmente al colectivo que se pretende, suele demostrarse perjudicial para el conjunto de los contribuyentes.

La naturaleza y comportamiento de los precios y mercados agrícolas, aunque no asumida por los agricultores y sus organizaciones, es bien conocida por los académicos así como por las administraciones. Siendo inestables a corto tienden a la baja a largo plazo. Un comportamiento que perjudica a los agricultores pero que juega a favor del resto de una sociedad que dispone de alimentos cada vez más asequibles. Un comportamiento con categoría de ley económica cuya modificación puede resultar tan ilusorio como pretender alterar la ley de la gravedad.

Asumiendo la realidad de los mercados agrícolas hemos de aceptar que la explotación familiar agraria, hoy por hoy, es inviable sin ayuda pública y que, por ello, es imprescindible una política de rentas eficaz y suficientemente dotada que haga frente a  la imperfección de los mercados así como a la imposibilidad de estabilizarlos.

Sin negar la necesidad e importancia de la mejora estructural, tanto productiva como comercial, la ayuda directa a las rentas  agrarias resulta imprescindible para el sostenimiento del modelo de agricultura familiar, base a su vez de nuestro mundo rural.

Es cierto que la agricultura y la ganadería producen, de manera conjunta a los alimentos, otros bienes públicos de naturaleza ambiental y social. Sin embargo no debería seguir recurriéndose a cuestionables y arriesgadas justificaciones ambientales que, lejos de legitimar la política agraria, más bien la cuestionan y la amenazan. La integración ambiental de la agricultura es una exigencia indiscutible; lo que  no debe ser es una justificación interesada de unas ayudas cuya contribución ambiental siga siendo difícilmente verificable.

La legitimidad de la política agrícola, entendida como tal, surge del fallo de los mercados agrícolas, incapaces de asignar con eficiencia los recursos ni  de remunerar correctamente a los agricultores.

Es la insuficiencia de la renta de los agricultores, derivada a su vez de la imperfección de los mercados  que perjudica a los agricultores en beneficio del resto de la sociedad, y la necesidad de equipararla con el resto de los ciudadanos lo que legitima la política agraria y el presupuesto público que debe acompañarla. Un presupuesto que debe poder explicarse a los contribuyentes con claridad y honestidad por qué y para qué se necesita.

Estas son las razones que justifican que, desde el Gobierno de Aragón, apostemos por una PAC más social basada en pagos directos destinados a compensar la renta agraria, no en función de las superficies ni de los precios, sino de las propias rentas agrarias. No en función de referencias ni derechos históricos, ni tampoco de sectores ni de producciones específicas, sino abierta a todos los agricultores y ganaderos sin excepción. Y, desde luego, en función del ejercicio real de la actividad agrícola, de la profesonalidad, de la dependencia agraria de los ingresos y del uso eficiente y sostenible de los recursos agrarios.Todo ello en beneficio y protección de la explotación familiar agraria como base de nuestro modelo agralimentario y rural.

Joaquín Olona. Zaragoza, 2 de marzo de 2017.

Contamos con recursos naturales y tecnológicos más que suficientes para garantizar  el reto alimentario global derivado del crecimiento demográfico y, sobre todo, de la reducción de la pobreza. El desafío consiste en asegurar la sostenibilidad social, económica y ambiental.

Toma de posesión del Prof. Dr. D. Francisco Javier García Ramos como Director de la Escuela Politécnica de Huesca (Universidad de Zaragoza). Huesca, 1 de marzo de 2017.

La sostenibilidad agroalimentaria, en su tripe dimensión, exige a) mejorar la formación y el asesoramiento de los agricultores; b) reducir las brechas de género, productividad del trabajo y renta; c) reducir la contaminación asociada al nitrógeno y al fósforo, las emisiones de óxido nitroso, metano y amoniaco, el uso de antibióticos, biocidas y de moléculas persistentes así como el impacto sobre la pérdida de biodiversidad.

Es necesario que las universidades y los centros de investigación generen conocimientos en los que fundamentar soluciones técnicas y políticas para los problemas agroalimentarios. Pero también es necesario que estos problemas se formulen al mundo académico y a los investigadores.

Es preciso recuperar la formación profesional para formar los agricultores que necesitan las explotaciones familiares, contribuyendo también con ello a dignificar la profesión de agricultor. También se necesita reinventar la extensión agraria mediante un sistema de asesoramiento y transferencia útil para los agricultores, que responda a sus intereses y contribuya a mejorar sus rentas.

Es imprescindible garantizar la gestión eficiente de los subproductos, desechos y residuos agroalimentarios, particularmente de los generados por la ganadería intensiva, en el nuevo marco de la economía circular. También se necesita aumentar la dimensión económica de las explotaciones agrarias y de las empresas agroalimentarias con el propósito de generar más valor añadido y, con ello, la productividad del trabajo de la que dependen las rentas y los salarios.

Pero casi nada de lo anterior puede lograrse sin reformar la PAC en profundidad puesto que las ayudas, sobre todo las ayudas directas del Primer Pilar, determinan de forma decisiva el comportamiento de los agricultores.

Durante los últimos 50 años las ciencias agrarias han contribuido de forma determinante al espectacular crecimiento de la productividad de la tierra y del ganado. Estas ciencias también se muestran muy sensibles a los retos ambientales que afronta la agroalimentación. Sin embargo, la contribución académica y de la investigación sigue siendo muy escasa a la fundamentación, análisis y evaluación de las políticas, particularmente del Primer Pilar de la PAC. Una política, la agraria, que habiendo contribuido con eficacia a la seguridad alimentaria y favoreciendo la integración ambiental en beneficio de la sociedad todavía no ha logrado equiparar la renta de los agricultores con la del resto de los ciudadanos.