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El compromiso de Aragón con el Cambio Climático.

Por Joaquín Olona.  V Congreso Científico Internacional Pages. Zaragoza, 13 de Mayo de 2017. 

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La mitigación y adaptación al Cambio Climático también es una oportunidad para el desarrollo de la sociedad y la economía del conocimiento y la innovación tecnológica. Pero, sobre todo, para la formulación de nuevas políticas públicas basadas en la implementación de nuevas reglas de juego que se traduzcan en nuevos incentivos que   favorezcan lo que a todos interesa y nuevas restricciones que impidan hacer lo que a todos perjudica (innovación institucional).

En la configuración de las nuevas reglas de juego, la cooperación resulta clave. La propia naturaleza del Cambio Global y Climático, del que nadie puede excluirse ni quedar inmune a lo que hagan los demás, hace cuestionable la utiidad de los instrumentos convencionales de mercado o de intervención estatal. Sobre todo cuando las casas son de carácter difuso  como ocurre con la agricultura o el transporte. Por el contrario, se requieren nuevas soluciones institucionales, mucho más avanzadas y específicas basadas en la acción común.

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Declaración de Aragón por la Sostenibilidad.

Por Joaquín Olona. Firma de la “Declaración de Aragón por la Sostenibilidad” en la presentación del avance del informe Come On! del Club de Roma. Zaragoza, 4 de mayo de 2017.

Una sociedad no depende tanto de la naturaleza de sus individuos como de las reglas que rigen sus relaciones, es decir, de su diseño institucional. Si tales reglas son acertadas y, sobre todo, respetadas la sociedad cabe esperar que sobreviva y progrese. De lo contrario, el fracaso está asegurado.

Las reglas mutuamente aceptadas y generalmente respetadas (familia, democracia, ciencia, deporte, ley, partidos políticos, empresas, ONG’s, comunidades de vecinos, etc.) configuran la estructura institucional de una sociedad, que tendrá tanto más éxito en su progreso y desarrollo cuanto más eficiente y respetada sea dicha estructura. Si, además de eficiencia y respeto, las instituciones dominantes responden a determinados valores éticos y estéticos, el éxito, desarrollo y  progreso se extenderá a una amplia mayoría de los individuos que componen la sociedad. De lo contrario solo a unos pocos, a una minoría.

En nuestro contexto no sólo importan las relaciones entre los individuos sino de estos con su entorno biofísico, es decir, con las diferentes componentes de lo que llamamos medio ambiente y del que nosotros mismos formamos parte.

Si el medio ambiente se incorpora con eficacia a la estructura institucional, la sociedad y el mundo en el que vive será sostenible de modo que sus logros y virtudes serán  duraderas. En caso contrario dichos logros y virtudes se desvanecerán, y aunque el mundo seguirá, la sociedad, más pronto que tarde, fracasara.

Esto es lo que requiere ahora nuestra máxima atención: la Sostenibilidad. Un reto de marcado signo institucional en el que respetar es, sin duda, el requerimiento esencial. El respeto a nosotros mismos y a las normas que rigen nuestra relaciones mutuas con los demás así como con las diferentes componentes que integran el medio ambiente es la clave de la sostenibilidad.

Declaración

 

Regular los mercados agrícolas no es la solución.

Joaquín Olona. Zaragoza, 8 de abril de 2017.

Que los mercados agrícolas sean más estables y los precios menos volátiles es totalmente  deseable. La pregunta es si es realista aspirar a dicha estabilización y si ello debe ser el objetivo de la política agrícola actual.

40 Aniversario de la creación de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA

La intervención de los mercados agrícolas, estableciendo precios de garantía u otras fórmulas que nadie especifica, no sólo es inviable en nuestro contexto comercial actual sino que puede resultar profundamente injusto. Porque los precios de garantía, siendo  una subvención indirecta a los productores cuando los precios de mercado caen, implica transferir más fondos públicos a quienes más kilos producen. De este modo, el dinero público termina favoreciendo a las explotaciones más grandes con el riesgo de que sean las grandes corporaciones empresariales y no las explotaciones familiares quienes terminen concentrando la ayuda a la agricultura.

Por otro lado, las políticas de precios y mercados se aplican en la práctica a determinadas producciones y sectores, que terminan  privilegiándose en detrimento de los que no son objeto de atención, no porque no lo necesiten sino por otras razones o intereses.

La intervención de los mercados ha demostrado su ineficacia. La historia de la propia PAC lo avala. Pero es que, además, en el contexto actual, dicha práctica compromete la viabilidad de las políticas públicas que pretenden aplicarla. Porque, sin estar claro que beneficie realmente al colectivo que se pretende, suele demostrarse perjudicial para el conjunto de los contribuyentes.

La naturaleza y comportamiento de los precios y mercados agrícolas, aunque no asumida por los agricultores y sus organizaciones, es bien conocida por los académicos así como por las administraciones. Siendo inestables a corto tienden a la baja a largo plazo. Un comportamiento que perjudica a los agricultores pero que juega a favor del resto de una sociedad que dispone de alimentos cada vez más asequibles. Un comportamiento con categoría de ley económica cuya modificación puede resultar tan ilusorio como pretender alterar la ley de la gravedad.

Asumiendo la realidad de los mercados agrícolas hemos de aceptar que la explotación familiar agraria, hoy por hoy, es inviable sin ayuda pública y que, por ello, es imprescindible una política de rentas eficaz y suficientemente dotada que haga frente a  la imperfección de los mercados así como a la imposibilidad de estabilizarlos.

Sin negar la necesidad e importancia de la mejora estructural, tanto productiva como comercial, la ayuda directa a las rentas  agrarias resulta imprescindible para el sostenimiento del modelo de agricultura familiar, base a su vez de nuestro mundo rural.

Es cierto que la agricultura y la ganadería producen, de manera conjunta a los alimentos, otros bienes públicos de naturaleza ambiental y social. Sin embargo no debería seguir recurriéndose a cuestionables y arriesgadas justificaciones ambientales que, lejos de legitimar la política agraria, más bien la cuestionan y la amenazan. La integración ambiental de la agricultura es una exigencia indiscutible; lo que  no debe ser es una justificación interesada de unas ayudas cuya contribución ambiental siga siendo difícilmente verificable.

La legitimidad de la política agrícola, entendida como tal, surge del fallo de los mercados agrícolas, incapaces de asignar con eficiencia los recursos ni  de remunerar correctamente a los agricultores.

Es la insuficiencia de la renta de los agricultores, derivada a su vez de la imperfección de los mercados  que perjudica a los agricultores en beneficio del resto de la sociedad, y la necesidad de equipararla con el resto de los ciudadanos lo que legitima la política agraria y el presupuesto público que debe acompañarla. Un presupuesto que debe poder explicarse a los contribuyentes con claridad y honestidad por qué y para qué se necesita.

Estas son las razones que justifican que, desde el Gobierno de Aragón, apostemos por una PAC más social basada en pagos directos destinados a compensar la renta agraria, no en función de las superficies ni de los precios, sino de las propias rentas agrarias. No en función de referencias ni derechos históricos, ni tampoco de sectores ni de producciones específicas, sino abierta a todos los agricultores y ganaderos sin excepción. Y, desde luego, en función del ejercicio real de la actividad agrícola, de la profesonalidad, de la dependencia agraria de los ingresos y del uso eficiente y sostenible de los recursos agrarios.Todo ello en beneficio y protección de la explotación familiar agraria como base de nuestro modelo agralimentario y rural.

Ayúdanos, el fuego no perdona.

Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de marzo de 2017.

La lucha contra el fuego, en el contexto de fenómenos extremos asociados al cambio climático  en nuestro marco geográfico mediterráneo, requiere la participación activa de toda la sociedad. Nadie, ni en el ámbito rural ni en el urbano, debe permanecer ajeno a lo que acontece en nuestros montes y, por tanto, a las amenazas que, como el fuego, amenazan un patrimonio que es de todos.

Premios fotografía campaña sensibilización contra el fuego. Zaragoza, 3 de abril de 2017.

La lucha contra el fuego exige la colaboración de todos incluyendo el sistema educativo o la investigación así como de las empresas y los profesionales presentes en el medio rural y en el entorno forestal. También de los medios de comunicación, que son los encargados de informar con responsabilidad sobre la problemática que rodea al fuego en un contexto geográfico en el que, como el mediterráneo, es preciso aprender a convivir mejor con el fuego.

Más de 1500 escolares de colegios urbanos y rurales han participado, a través de 70 actividades distintas, en la campaña “Ayúdanos, el fuego no perdona”, que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha llevado a cabo en los últimos meses de 2016 con el fin de incentivar la prevención frente a los incendios forestales.

El colectivo agrario y ganadero, así como otros trabajadores del entorno rural han tomado parte asimismo en la campaña, que ha llegado a los distintos grupos mediante charlas y actividades educativas que han servido como experiencia piloto para impulsar una nueva edición en 2017, que tendrá objetivos más ambiciosos en dimensión territorial y número de acciones.

Las negligencias y accidentes por actividades en el medio rural se encuentran detrás de muchos de los incendios aragoneses, hasta alcanzar cifras de más del 50 % del total. Esta realidad estadística obliga necesariamente a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para reducir los incendios forestales en número, magnitud y consecuencias. Medidas en las que la sensibilización y la educación son de vital importancia al objeto de que la sociedad tenga una adecuada comprensión sobre el fuego forestal.

 

Caza y pesca: herramientas para el desarrollo sostenible.

Joaquín Olona. Zaragoza, 2 de abril de 2017.

La caza y la pesca, contribuyen al desarrollo rural y son una herramienta imprescindible para la conservación de nuestros montes, ríos y masas de agua.

V edición de la Feria de Caza, Pesca y Turismo de Calatayud-Illueca

La caza y la pesca son actividades deportivas con un importante colectivo social asociado que las practican. Además del movimiento económica que genera, con repercusión muy significativa sobre el medio rural, son actividades que, debidamente reguladas, nos ayudan a conservar y mejorar nuestros montes, ríos y masas de agua.

La caza se configura, en particular, como la acción clave para luchar contra la superpoblación de conejo, jabalí, corzo  y otras especies que, en muchas zonas, provoca graves daños agrícolas.

La extensión de la captura y suelta, como enfoque dominante de la pesca deportiva, hace que esta actividad esté siendo objeto de un interés social creciente.

Incidiendo, por tanto, sobre las tres dimensiones social, económica y ambiental de la sostenibilidad, la caza y la pesca ofrecen una gran oportunidad para el desarrollo rural que necesita Aragón.

 

La ley que impide los trasvases del Ebro también exige velar para que no ocurran.

Joaquín Olona. Zaragoza, 25 de marzo de 2017.

El Estatuto de Autonomía de Aragón es una ley orgánica que no sólo obliga a los aragoneses sino al conjunto del Estado. Es por ello que trasvasar aguas del Ebro contraviene la ley.

El Ebro en Gelsa.

El Estatuto, en su artículo 19.3, impide que se lleven a cabo transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras, Por tanto, la Generalitat de Catalunya no sólo debe abstenerse de promover trasvases procedentes de la cuenca del Ebro sino que, también, corresponde al Gobierno de España impedirlo. Al Gobierno de Aragón le corresponde incluso más ya que el citado artículo del Estatuto le ordena expresamente que vele para evitar trasvases procedentes de las cuencas incluidas en el territorio de la Comunidad Autónoma.

Los aragoneses hemos demostrado sobradamente nuestra solidaridad siempre que ha hecho falta. Fue precisamente un ejercicio de solidaridad admitir en 2010,  de forma TEMPORAL Y TRANSITORIA, que unos determinados municipios catalanes, con territorio ajeno a la cuenca del Ebro, pudieran recibir aguas del Segre para su abastecimiento en una situación de sequía extrema y hasta que pudieran reabastecerse con aguas procedentes de las Cuencas Internas catalanas. Fue el argumento en el que se basó el informe favorable del Gobierno de Aragón, conforme al articulo 72.3 del Estatuto, y con apoyo de las Cortes de Aragón, para que el Gobierno de España emitiera  en 2010 la Orden ministerial que autorizaba, en las condiciones antes mencionadas, los abastecimientos citados.

Una Orden que, por las razones y condiciones que la motivaron, debe entenderse caducada sin que proceda invocarse, y menos  utilizarse, para autorizar ahora una transferencia de caudales fuera de la cuenca del Ebro. De aplicarse y autorizarse lo ahora pretendido por la Generalitat no nos encontraremos ante una mera concesión administrativa de aguas sino ante un trasvase y un fraude de ley.

La alarma y preocupación ha aumentado tras la aprobación, con la oposición del Gobierno de Aragón, del Plan de Gestión de las cuencas internas catalanas que contempla un déficit estructural que prevé cubrirse con aportaciones externas con una cuantía de 2 m3/seg a corto plazo y de 6 m3/seg a largo plazo. Una solución del todo coherente con la recomendación del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat, mediante su informe de 28 de mayo de 2015, por la que se instaba a la Agencia Catalana del Agua a estudiar el potencial y la viabilidad del abastecimiento de Cataluña,  en particular del Área Metropolitana de Barcelona,  desde el río Segre a través del Canal Segarra-Garrigues, definiendo con ello “una política del agua con visión de país”. 

Todo ello en un escenario de aparente búsqueda de nuevos usos y usuarios con los que hacer frente al fracaso del regadío Segarra-Garrigues como consecuencia de la falta de adhesión de los regantes, que rechazan los elevados costes en los que se traduce el sistema concesional adoptado. Y naturalmente, en el contexto de dificultad que viven las relaciones políticas e institucionales entre Cataluña y el resto de España.

El derecho forma parte de la tradición e historia de Aragón (“Antes la ley que el Rey”).  La exigencia, permanente e insistente, del cumplimiento de la legalidad  incluye la de los artículos estatutarios, reiteradamente conculcados, que hacen referencia a la relaciones entre la Comunidad Autónoma y el Estado. Por ejemplo, el  artículo 88 relativo a las condiciones de lealtad, coordinación y ayuda mutua que deben presidir  dichas relaciones y que, en la cuestión que ahora nos ocupa, nuevamente brillan por su ausencia.

Frente al Brexit, más unión: el Libro Blanco sobre el futuro de Europa.

Joaquín Olona. Zaragoza, 14 de marzo de 2017.

El próximo 25 de marzo se reunirán en Roma los dirigentes de veintisiete Estados miembros de la Unión Europea para celebrar el 60 aniversario de los Tratados de Roma. Con ello se pondrá en marcha un debate sobre el futuro de la Unión Europa, recordándonos que Europa ha mejorado nuestras vidas, que debemos velar porque siga mejorando la de los que vendrán detrás de nosotros y que siempre nos ha ido mejor cuando nos hemos mantenido unidos.

Para orientar el debate, la Comisión acaba e publicar “El Libro Blanco sobre el futuro de Europa en el que se exponen cinco escenarios y una serie de instantáneas sobre el posible estado de la Unión en 2025 en función de las decisiones que se tomen.

La hoja de ruta incluida en el Libro Blanco  cuenta con que el Consejo Europeo pueda extraer las primeras conclusiones a finales de este mismo año determinando de ese modo una línea de actuación con vistas a las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2019.

Como temas objeto de reflexión durante el próximo trimestre se contemplan la dimensión social de Europa, el aprovechamiento de la globalización, la seguridad y defensa, la Unión Económica y Monetaria así como las Finanzas.

Como fortalezas de la Unión Europea se resalta el hecho de tener las sociedades más igualitarias del mundo, contar con los sistemas de seguridad social más avanzados, que pueden ofrecer soluciones a los retos sociales en todo el mundo, y el que la comunidad científica europea está a la vanguardia de la investigación mundial en materia de salud.

Entre los retos el Libro Blanco señala el despliegue de nuevos derechos sociales para adecuarse a la evolución del mundo laboral así como la modernización de los sistemas de protección social para asegurar su sostenibilidad y adaptarlos a las nuevas realidades demográficas y laborales en el contexto de una profunda digitalización de la sociedad  en la que se desdibujan las diferencias entre los trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia, entre los bienes y los servicios o entre los consumidores y los productores.

También considera como desafíos la ambiciosa descarbonización de la economía, la reducción de las emisiones nocivas, la profundización en la adaptación a las crecientes presiones medioambientales y climáticas así como la configuración de nuevas funciones en la industria, las ciudades y los hogares y la aplicación de nuevas fuentes de energía. Todo ello ejerciendo el liderazgo en «ciudades inteligentes», en el uso eficiente de recursos naturales, en la lucha mundial contra el cambio climático y en las tecnologías energéticas renovables. Pero también, el hecho de que Europa tendrá, en 2030 y con una edad mediana de 45 años, la población más enevejcida del mundo.

 

Quebrantahuesos: un referente para integrar biodiversidad y desarrollo rural.

Joaquín Olona. Zaragoza, 12 de marzo de 2017.

Los buenos resultados logrados con el quebrantahuesos, medidos en términos de mejora neta de la especie, demuestran la necesidad y utilidad de trabajar de forma coordinada e integrada, sobre todo con el territorio y sus agentes.

Suelta de ejemplares de quebrantahuesos en Picos de Europa en 2016.

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) es una de las aves más singulares y emblemáticas  de la avifauna mundial siendo la única ave osteófaga, es decir, la única que se alimenta a base de huesos.  Estando en peligro de extinción, cuenta con una Estrategia Nacional para su Conservación, así como un Plan de Recuperación en Aragón que, aprobado por Decreto 45/2003 de 25 de febrero. es uno de los pocos ejemplos y más destacados de éxito en una política de bodiversidad que urge reorientar.

Las acciones de conservación de esta especie, impulsada y pilotada por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos,  se coordina con las diferentes  comunidades autónomas pirenaicas y la vertiente pirenaica francesa, mediante un protocolo común de actuación, así como con el Principado de Asturias.

No sólo se está logrando la expansión del quebrantahuesos y su recuperación en los Pirineos y en los Picos de Europa, donde este año ha logrado reproducirse, sino que también se está promoviendo el desarrollo rural mediante proyectos de cooperación con los agentes del territorio. Un enfoque esencial para que la conservación y mejora de la biodiversidad sea entendida en el medio rural no sólo como una obligación sino como un recurso para el desarrollo sostenible.

Porque los mayores problemas ambientales que afectan al quebrantahuesos no sólo son los tendidos eléctricos, la caza ilegal, el uso de venenos, la trasformación del hábitat o el fracaso reproductor sino, también y quizás sobre todo, el retroceso de la ganadería extensiva en las zonas de montaña, lo que disminuye la disponibilidad de alimento para esta carroñera tan especializada en su alimentación.

Gestionar sosteniblemente las especies exóticas invasoras.

Joaquín Olona. Zaragoza, 5 de marzo de 2017.

Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. De ahí el desarrollo legislativo sobre gestión de estas especies. Una legislación nacional que, a diferencia de la comunitaria, todavía no tiene en cuenta el contexto económico y social.

Tras la promulgación de la Sentencia 637/2016, de 16 de marzo de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que obliga a eliminar ciertas  especies exóticas invasoras que sustentan una importante actividad económica en determinadas zonas en función del elevado valor piscícola alcanzado, es preciso consensuar nuevas estrategias que conduzcan el perfeccionamiento legislativo que impone la consideración de la realidad socioeconómica  del medio sobre el que se pretende actuar. Particularmente en el Bajo Ebro, donde el río original fue convertido en embalse viéndose obligados los municipios afectados a reorientar su economía.

Acuerdo entre los ayuntamientos ribereños del Bajo Ebro  y el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón para formular nuevas estrategias de pesca sostenible. Zaragoza, 3 de marzo de 2017.

En coherencia con el cumplimiento de la Sentencia antes referida, el Plan General de Pesca de Aragón para 2017 autoriza, como medida de gestión y eliminación, la pesca de las especies exóticas invasoras que se detallan a continuación, en los tramos donde fueron introducidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en régimen extractivo obligatorio y con la obligación para el pescador de sacrificar  todos los ejemplares capturados en el mismo momento de su captura, : Carpa común (Cyprinus carpio) y sus variedades. Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). Salvelino (Salvelinus fontinalis). Black bass (Micropterus salmoides). Siluro (Silurus glanis). Lucioperca (Sander lucioperca). Perca europea (Perca fluviatilis). Alburno (Alburnus alburnus). Rutilo (Rutilus rutilus). Escardino (Scardinius erythrophthlmus). Pez gato (Ameiurus melas). Lucio (Esox lucius). Pez Sol (Lepomis gibbosus).

Esta disposición se fundamenta en el artículo 10.5 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, que establece que se podrá contemplar la caza y la pesca como métodos de control, gestión y erradicación de las especies incluidas en el Catálogo español de especies exóticas invasoras y cuya introducción se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, cuando este objetivo quede recogido en los instrumentos normativos de caza y pesca y se circunscriba a las áreas de distribución ocupadas por estas especies con anterioridad a esa fecha.

También se apoya en el artículo 64.3 de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que señala que la prohibición genérica, relativa a las especies exóticas invasoras,  de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior podrá quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la autoridad competente, cuando sea necesario por razones de investigación, salud o seguridad de las personas, o con fines de control o erradicación, en el marco de estrategias, planes y campañas que, a tal efecto, se aprueben.

Pero la pesca deportiva orientada expresamente a la eliminación del recurso que la sustenta, dada la importancia económica y social alcanzada, resulta incoherente con los principios de sostenibilidad. Es por ello que, sin renunciar al objetivo de lucha contra la pérdida de biodiversidad, es preciso trabajar en la línea que muestra el Reglamento (UE) nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras.

Dicho Reglamento señala en su considerando doce que con el fin de evitar costes excesivos o desproporcionados para los Estados miembros y salvaguardar el valor añadido de la actuación de la Unión  deben tomarse en consideración los gastos de aplicación para los Estados miembros, el coste de la inacción, la rentabilidad y los aspectos sociales y económicos. En este contexto, al seleccionar las especies exóticas invasoras que deben figurar en la lista de la Unión, se debe prestar especial atención a las especies que se utilizan mucho y que proporcionan beneficios sociales y económicos en un Estado miembro, sin comprometer los objetivos del Reglamento. En este sentido, el artículo 18 establece excepciones a la obligación de erradicación rápida de modo que, basándose en sólidas pruebas científicas, un Estado miembro podrá decidir no aplicar medidas de erradicación, si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) se demuestra que la erradicación resulta técnicamente inviable, porque no se pueden aplicar los métodos disponibles en el entorno en que está establecida la especie exótica invasora;

b) un análisis de costes y beneficios demuestra, basándose en los datos disponibles y con certeza razonable, que los costes serán, a largo plazo, excepcionalmente elevados y desproporcionados con respecto a los beneficios de la erradicación;

c) los métodos de erradicación no están disponibles, o lo están, pero tienen efectos negativos muy graves en la salud humana, el medio ambiente u otras especies.

Para avanzar en la línea apuntada sin renunciar a las acciones administrativas y políticas que puedan abordarse a corto plazo para atenuar el grave impacto económico y social  de la Sentencia del Tribunal Supremo, que es preciso acatar, hace falta  profundizar en los diferentes ámbitos científico, jurídico y político de modo que puedan alcanzarse soluciones estables atendiendo a la triple dimensión ambiental, económica y social de la sostenibilidad.

Alimentar a la población no es el reto, lo es hacerlo de forma sostenible.

Joaquín Olona. Zaragoza, 2 de marzo de 2017.

Contamos con recursos naturales y tecnológicos más que suficientes para garantizar  el reto alimentario global derivado del crecimiento demográfico y, sobre todo, de la reducción de la pobreza. El desafío consiste en asegurar la sostenibilidad social, económica y ambiental.

Politécnica Huesca

Toma de posesión del Prof. Dr. D. Francisco Javier García Ramos como Director de la Escuela Politécnica de Huesca (Universidad de Zaragoza). Huesca, 1 de marzo de 2017.

La sostenibilidad agroalimentaria, en su tripe dimensión, exige a) mejorar la formación y el asesoramiento de los agricultores; b) reducir las brechas de género, productividad del trabajo y renta; c) reducir la contaminación asociada al nitrógeno y al fósforo, las emisiones de óxido nitroso, metano y amoniaco, el uso de antibióticos, biocidas y de moléculas persistentes así como el impacto sobre la pérdida de biodiversidad.

Es necesario que las universidades y los centros de investigación generen conocimientos en los que fundamentar soluciones técnicas y políticas para los problemas agroalimentarios. Pero también es necesario que estos problemas se formulen al mundo académico y a los investigadores.

Es preciso recuperar la formación profesional para formar los agricultores que necesitan las explotaciones familiares, contribuyendo también con ello a dignificar la profesión de agricultor. También se necesita reinventar la extensión agraria mediante un sistema de asesoramiento y transferencia útil para los agricultores, que responda a sus intereses y contribuya a mejorar sus rentas.

Es imprescindible garantizar la gestión eficiente de los subproductos, desechos y residuos agroalimentarios, particularmente de los generados por la ganadería intensiva, en el nuevo marco de la economía circular. También se necesita aumentar la dimensión económica de las explotaciones agrarias y de las empresas agroalimentarias con el propósito de generar más valor añadido y, con ello, la productividad del trabajo de la que dependen las rentas y los salarios.

Pero casi nada de lo anterior puede lograrse sin reformar la PAC en profundidad puesto que las ayudas, sobre todo las ayudas directas del Primer Pilar, determinan de forma decisiva el comportamiento de los agricultores.

Durante los últimos 50 años las ciencias agrarias han contribuido de forma determinante al espectacular crecimiento de la productividad de la tierra y del ganado. Estas ciencias también se muestran muy sensibles a los retos ambientales que afronta la agroalimentación. Sin embargo, la contribución académica y de la investigación sigue siendo muy escasa a la fundamentación, análisis y evaluación de las políticas, particularmente del Primer Pilar de la PAC. Una política, la agraria, que habiendo contribuido con eficacia a la seguridad alimentaria y favoreciendo la integración ambiental en beneficio de la sociedad todavía no ha logrado equiparar la renta de los agricultores con la del resto de los ciudadanos.