Por Joaquín Olona. Publicado en iagua el 4 de mayo de 2018.
La protección permanente de los núcleos urbanos frente a avenidas debe ser una prioridad absoluta frente a cualquier otro interés.
No debemos limitarnos a lograr un cauce preferente y una la llanura de inundación más resilientes. También podemos y debemos reducir la probabilidad de inundación o de su periodo de retorno aumentando la capacidad de regulación del río en el marco de la unidad de cuenca.
Joaquín Olona. Zaragoza, 18 de junio de 2017.
Río Ebro a su paso por Zaragoza en junio de 2017.
Oponerse al trasvase del Ebro desde Aragón tiende a tacharse de insolidario desde el resto de España. Se trata de una valoración injusta consecuencia, fundamentalmente, de una política hidrológica que, en demasiadas ocasiones, atiende prioridades o intereses que poco o nada tienen que ver realmente con los problemas del agua y sus soluciones.
Los problemas del agua, al menos en la Cuenca del Ebro, no son consecuencia tanto de su escasez física como de las dificultades económicas, sociales y ambientales para acceder a la misma.
La extrema irregularidad hidrológica, tanto espacial como temporal, propia de la Cuenca del Ebro hace que el acceso al agua dependa de la disponibilidad de infraestructuras hidráulicas, tanto de regulación como de transporte que, necesariamente, alteran unas condiciones naturales hidrológicas que condicionan el desarrollo.
La aridez o falta permanente de agua en el suelo que también caracteriza a la Depresión Central del Ebro, y que no debe confundirse con la sequía, impide el aprovechamiento del elevado potencial agroalimentario de la zona. Este potencial sólo puede aprovecharse en su plenitud mediante el regadío, que sigue apreciándose como opcíón válida y deseable para el desarrollo socioeconómico y territorial de Aragón.
La transformación de secano en regadío es un proceso de desarrollo todavía inconcluso en Aragón y por el que, desde el Gobierno de Aragón apostamos junto a la modernización del regadío ya existente. Es el caso del Plan de Riegos del Alto Aragón (1916), los Regadíos del Canal de Bardenas (1932) o de los del Canal del Civán (968). Sin olvidar los que, respondiendo a reivindicaciones históricas, ni siquiera han llegado a iniciarse; es el caso de los Regadíos de La Litera Alta o del Canal de la Margen Derecha del Ebro. También hay que tener presentes los regadíos infradotados que dependen de mejoras en la regulación como es el caso, por ejemplo, de los Regadíos del Jalón.
Esta demanda de regadío insatisfecha lo es en tanto que depende de la construcción de obras hidráulicas (Yesa, Almudévar, Biscarrués, Mularroya y otras) competencia de la Administración General del Estado (AGE), que permitan utilizar caudales disponibles, ahora no utilizados, imprescindibles para el desarrollo de Aragón. Unas actuaciones que, acumulando años de retraso, vienen careciendo del compromiso presupuestario necesario en los Presupuestos Generales del Estado. Tampoco cuenta la AGE con el Gobierno de Aragón, que es quien tiene las competencias en materia de regadíos, todo lo que debería en la planificación y gestión de estos proyectos hidráulicos.
Las actuaciones hidráulicas, así como las del regadío propiamente dicho, además de inversión pública exigen innovaciones institucionales que se sumen a las tecnológicas. El Gobierno de Aragón ya la está adoptando con el desarrollo de un marco de financiación alternativo al derivado de la obsoleta Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 que apuesta por las Comunidades de Regantes. Porque el uso eficiente del agua, atendiendo a su naturaleza económica como bien comunal (elevada rivalidad y difícil exclusión), depende del acierto en la configuración de soluciones institucionales específicas, basadas en la cooperación y el acuerdo, distintas del mercado así como de la intervención.
También es preciso revisar el concepto de «cuenca excedentaria». Particularmente cuando, como ocurre en la del Ebro, la irregularidad temporal de caudales es extrema. Por ejemplo, el caudal del Ebro a su paso por Zaragoza oscila entre menos de 10 m3/s en estiaje y más de 2.000 m3/s, que es cuando se considera avenida extraordinaria. Pero, sobre todo, porque una cuenca sólo debería calificarse como excedentaria una vez aseguradas las necesidades y expectativas de desarrollo interno de la misma así como asegurados los caudales ecológicos circulantes, incluidos los que, necesariamente, deben llegar al mar. Unas condiciones que exigen conocimientos técnicos y capacidades políticas que distan mucho de las actuales.
El maltrato y desconsideración del que tradicionalmente ha sido objeto Aragón en materia de agua se refleja en el Estatuto de Autonomía, particularmente en dos de sus artículos:
Aragón acredita una generosidad y solidaridad no siempre correspondida desde los poderes centrales. No obstante, la solidaridad es deseable que la practique el fuerte en beneficio del débil. Cuando un territorio menos desarrollado como Aragón niega la transferencia de unos recursos que necesita para su desarrollo a otros que, como los litorales, están más desarrollados o pueden hacerlo con recursos alternativos, no practica la insolidaridad sino que apela a la justicia y a la sostenibilidad.
Joaquín Olona. Zaragoza, 25 de marzo de 2017.
El Estatuto de Autonomía de Aragón es una ley orgánica que no sólo obliga a los aragoneses sino al conjunto del Estado. Es por ello que trasvasar aguas del Ebro contraviene la ley.
El Ebro en Gelsa.
El Estatuto, en su artículo 19.3, impide que se lleven a cabo transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras, Por tanto, la Generalitat de Catalunya no sólo debe abstenerse de promover trasvases procedentes de la cuenca del Ebro sino que, también, corresponde al Gobierno de España impedirlo. Al Gobierno de Aragón le corresponde incluso más ya que el citado artículo del Estatuto le ordena expresamente que vele para evitar trasvases procedentes de las cuencas incluidas en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Los aragoneses hemos demostrado sobradamente nuestra solidaridad siempre que ha hecho falta. Fue precisamente un ejercicio de solidaridad admitir en 2010, de forma TEMPORAL Y TRANSITORIA, que unos determinados municipios catalanes, con territorio ajeno a la cuenca del Ebro, pudieran recibir aguas del Segre para su abastecimiento en una situación de sequía extrema y hasta que pudieran reabastecerse con aguas procedentes de las Cuencas Internas catalanas. Fue el argumento en el que se basó el informe favorable del Gobierno de Aragón, conforme al articulo 72.3 del Estatuto, y con apoyo de las Cortes de Aragón, para que el Gobierno de España emitiera en 2010 la Orden ministerial que autorizaba, en las condiciones antes mencionadas, los abastecimientos citados.
Una Orden que, por las razones y condiciones que la motivaron, debe entenderse caducada sin que proceda invocarse, y menos utilizarse, para autorizar ahora una transferencia de caudales fuera de la cuenca del Ebro. De aplicarse y autorizarse lo ahora pretendido por la Generalitat no nos encontraremos ante una mera concesión administrativa de aguas sino ante un trasvase y un fraude de ley.
La alarma y preocupación ha aumentado tras la aprobación, con la oposición del Gobierno de Aragón, del Plan de Gestión de las cuencas internas catalanas que contempla un déficit estructural que prevé cubrirse con aportaciones externas con una cuantía de 2 m3/seg a corto plazo y de 6 m3/seg a largo plazo. Una solución del todo coherente con la recomendación del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat, mediante su informe de 28 de mayo de 2015, por la que se instaba a la Agencia Catalana del Agua a estudiar el potencial y la viabilidad del abastecimiento de Cataluña, en particular del Área Metropolitana de Barcelona, desde el río Segre a través del Canal Segarra-Garrigues, definiendo con ello “una política del agua con visión de país”.
Todo ello en un escenario de aparente búsqueda de nuevos usos y usuarios con los que hacer frente al fracaso del regadío Segarra-Garrigues como consecuencia de la falta de adhesión de los regantes, que rechazan los elevados costes en los que se traduce el sistema concesional adoptado. Y naturalmente, en el contexto de dificultad que viven las relaciones políticas e institucionales entre Cataluña y el resto de España.
El derecho forma parte de la tradición e historia de Aragón («Antes la ley que el Rey»). La exigencia, permanente e insistente, del cumplimiento de la legalidad incluye la de los artículos estatutarios, reiteradamente conculcados, que hacen referencia a la relaciones entre la Comunidad Autónoma y el Estado. Por ejemplo, el artículo 88 relativo a las condiciones de lealtad, coordinación y ayuda mutua que deben presidir dichas relaciones y que, en la cuestión que ahora nos ocupa, nuevamente brillan por su ausencia.
Joaquín Olona en la clausura de la Jornada anual de Riegos de Alto Aragón. Huesca, 6 de Octubre de 2016.
En nuestro contexto agroclimático el mejor remedio contra la sequía es el regadío, cuya modernización y ampliación debemos contemplar ya como una herramienta clave para la adaptación al cambio climático. También lo es la regulación, y en particular, la del río Gállego ya que la acentuación de la de por sí elevada irregularidad pluviométrica de la cuenca del Ebro debe afrontarse con la ampliación de la capacidad de embalse anual e hiperanual, es decir, haciendo cuanto antes y de una vez Biscarrués y Almudévar, que son imprescindibles para el desarrollo de Aragón como también lo es el Recrecimiento de Yesa o Mularroya. Esta es la posición oficial del Gobierno de Aragón.
Nuestra situación presupuestaria no puede frenar el desarrollo del regadío, ni su modernización ni su ampliación. Todo lo contrario, esté sirviendo para reorientar la política en materia de agua y regadío, que también debe modernizarse haciéndola coherente con nuestra realidad y situando a las Comunidades de Regantes en el foco del proceso de innovación institucional que promovemos desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
En Aragón, el regadío es una componente esencial de la inversión, de la generación de valor añadido, del empleo y, por tanto, del crecimiento económico y del desarrollo. Prueba de ello son los 218 millones € de inversión en los que se ha traducido la respuesta de las Comunidades de Regantes a la reciente convocatoria de ayudas para la modernización, de los cuales 179 millones € corresponden a la provincia de Huesca.
Pero si la modernización del regadío es importante, su ampliación todavía lo es más por ser mayor su impacto sobre la generación de empleo y la producción. Para ello también trabajamos en un nuevo marco de financiación donde las Comunidades de Regantes también deben ser protagonistas.
El Plan de Riegos del Alto Aragón, después de cien años, debe completarse en lo que en el corto y medio plazo es posible lograr. Ello exige ejecutar Biscarrués y Almudévar al tiempo que se articulan las medidas necesarias para regar lo antes posible, al tiempo que se aportan incentivos adicionales para la defintiva regulación del Gállego, los sectores VIII, XIII así como los dependientes de la Balsa de Ontiñena y del Sifón de Cardiel.
Joaquín Olona en la clausura de la Jornada «El Regadío de Bardenas de Aragón y Navarra en la Cuenca del Ebro». Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 22 de septiembre de 2016.
¿Cómo sería Aragón sin regadíos y sin regulación hidráulica? ¿Cómo sería Ejea si no existiera el embalse de Yesa y sin sus 33.000 hectáreas de regadío?
En Aragón, la regulación hidráulica y los regadíos son consustanciales al desarrollo socioeconómico y la vertebración territorial.
Las verdaderas amenazas en relación con el agua, en el contexto de cambio climático, no son de escasez física ni de agotamiento del recurso como equivocadamente establece el paradigma dominante. El problema es la existencia de una institucionalidad obsoleta que dificulta ver y hacer ver con claridad los problemas y retos que afronta la gobernanza del agua en el siglo XXI.
Es hora de que la visión mítica del agua y del regadío con la que Aragón ha forjado su identidad de paso a otra visión más realista que asegure su progreso y desarrollo.
La escasez de agua no es física sino económica. En el contexto de acentuada aridez e irregularidad hidrológica propia de la zona central de la Depresión del Ebro, que se verá incrementada con el cambio climático, el problema es de falta de regulación así como de contaminación y calidad de las masas de agua.
El agua agraria no es propiamente un bien público sino que es un bien de carácter comunal, que es parecido pero no exactamente lo mismo. Es por ello que la asignación y uso eficiente del agua exige instituciones, es decir, normas formales e informales por las que se rigen los usuarios, que antepongan la cooperación, la acción colectiva y la descentralización a la competencia, el mercado y la intervención pública. Estas instituciones ya existen, pero es preciso fortalecerlas dotándolas de los medios e incentivos adecuados para que evolucionen y se adapten. Se trata de las Comunidades de Regantes, o mejor dicho, de Usuarios. Su reconocimiento internacional contrasta con la escasa valoración y deficiente comprensión de lo que son y representan. Sobre todo en las instancias europeas así como por parte de quienes se atribuyen la exclusividad de la cultura del agua.
La política de modernización de los regadíos fue certera en su inicio al identificar a las Comunidades de Regantes como protagonistas de las acción. Sin embargo erro en su desarrollo al no comprender bien su verdadera función y someterlas a una intervención pública excesiva. Pero sobre todo, que al limitar la acción modernizadora a las infraestructuras físicas y no entender que la verdadera modernización sólo de producirá si se modernizan las Comunidades de regantes, que es lo que proponemos desde el Gobierno de Aragón como clave de las innovación de la arquitectura institucional que exige la gobernanza del agua y del regadío.
Urge un nuevo marco financiero que permita afrontar las inversiones en el corto plazo evitando los elevados costes de oportunidad que implica posponer las actuaciones sin un horizonte claro y concreto.
Este proceso innovador, que ya se ha traducido en algunas medidas legislativas que es preciso completar, resulta imprescindible para adecuar la gobernanza del agua y del regadío a nuestra realidad social, política y económica. Una realidad que poco o nada tiene que ver con la que condujo a la promulgación de la Ley de 7 de julio de 1911 sobre obras hidráulicas con destino a riegos ni a la de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 que todavía conforman la institucionalidad vigente del regadío y que, obviamente, urge modernizar.
Ponencia de Joaquín Olona en la XVII Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón. Huesca, 14 de octubre de 2015.
Salvo excepciones puntuales, la escasez de agua en la cuenca del Ebro no es consecuencia del uso abusivo e insostenible sino de la insuficiente dotación de infraestructuras de regulación y transporte. Esta insuficiencia tampoco obedece a razones de sostenibilidad sino que más bien es consecuencia de una política que propicia el conflicto y la confrontación más que el diálogo y el acuerdo. Es preciso saber y admitir que sin obras de regulación no tendremos agua con la seguridad física y jurídica que necesitamos.
Sin cuestionarla, debe aceptarse que la modernización de regadíos no ahorra necesariamente agua en el conjunto de la cuenca. Aunque aumenta la eficiencia de riego en parcela, la intensificación productiva imprescindible para rentabilizar las elevadas inversiones exigidas por la modernización tiende a aumentar el consumo de un recurso que no nos falta.
El enfoque de la vigente política de regadíos, exclusivamente basada en el ahorro de agua, es completamente desacertada en la cuenca del Ebro y debe reorientarse si queremos ser coherentes con la realidad y con nuestros propios intereses económicos, sociales y ambientales.
La política de regadíos exige innovarse para avanzar teniendo en cuenta que:
La política de regadíos exige innovar la política y la gobernanza del agua de modo que:
Publicado por Joaquín Olona en Heraldo de Aragón, 24 de junio de 2015.
Paralizar de nuevo el embalse de Biscarrués, proyectado en el río Gállego, no contribuye necesariamente al bienestar del conjunto de la sociedad, es decir, al interés general. Al igual que los intereses económicos son particulares cuando los beneficios se circunscriben a un grupo social limitado lo mismo cabe decir respecto de los intereses ambientales cuando no están legitimados por la mayoría social.
Publicado por Joaquín Olona en iagua el 7 de mayo de 2015.
El agua es un bien económico y como tal debe ser tratado. No necesariamente para convencernos de que sólo cabe ser ahorrado sino de que también debe ser utilizado, particularmente por el sector agroalimentario.
Publicado por Joaquín Olona en AgroNegocios (13-03-2015).
La Expo-2008 de Zaragoza, dedicada al “Agua y el desarrollo sostenible”, ocupó el “Meandro de Ranillas”. Gran parte de la huerta de Zaragoza ha sido urbanizada durante los últimos 50 años. ¿ Alguien piensa en devolver estos espacios al río? Entones, sabiendo que los pueblos ribereños basan su economía en la agricultura ¿por qué anteponer la dinámica natural del río a los usos agrícolas centenarios? Una dinámica fluvial que, en realidad, hace mucho que dejó de ser natural y que está profundamente modificada.
Publicado por Joaquín Olona en iagua (9-03-2015).
A la vista de la imagen de satélite, ampliamente difundida, sobre la reciente inundación del Ebro, a quienes anteponen la protección del río frente a cualquier otro propósito cabe preguntarles a dónde y cuando se traslada la ciudad de Zaragoza.