Por Joaquín Olona. Publicado en iagua el 4 de mayo de 2018.
La protección permanente de los núcleos urbanos frente a avenidas debe ser una prioridad absoluta frente a cualquier otro interés.
No debemos limitarnos a lograr un cauce preferente y una la llanura de inundación más resilientes. También podemos y debemos reducir la probabilidad de inundación o de su periodo de retorno aumentando la capacidad de regulación del río en el marco de la unidad de cuenca.
Joaquín Olona. Zaragoza, 18 de junio de 2017.
Río Ebro a su paso por Zaragoza en junio de 2017.
Oponerse al trasvase del Ebro desde Aragón tiende a tacharse de insolidario desde el resto de España. Se trata de una valoración injusta consecuencia, fundamentalmente, de una política hidrológica que, en demasiadas ocasiones, atiende prioridades o intereses que poco o nada tienen que ver realmente con los problemas del agua y sus soluciones.
Los problemas del agua, al menos en la Cuenca del Ebro, no son consecuencia tanto de su escasez física como de las dificultades económicas, sociales y ambientales para acceder a la misma.
La extrema irregularidad hidrológica, tanto espacial como temporal, propia de la Cuenca del Ebro hace que el acceso al agua dependa de la disponibilidad de infraestructuras hidráulicas, tanto de regulación como de transporte que, necesariamente, alteran unas condiciones naturales hidrológicas que condicionan el desarrollo.
La aridez o falta permanente de agua en el suelo que también caracteriza a la Depresión Central del Ebro, y que no debe confundirse con la sequía, impide el aprovechamiento del elevado potencial agroalimentario de la zona. Este potencial sólo puede aprovecharse en su plenitud mediante el regadío, que sigue apreciándose como opcíón válida y deseable para el desarrollo socioeconómico y territorial de Aragón.
La transformación de secano en regadío es un proceso de desarrollo todavía inconcluso en Aragón y por el que, desde el Gobierno de Aragón apostamos junto a la modernización del regadío ya existente. Es el caso del Plan de Riegos del Alto Aragón (1916), los Regadíos del Canal de Bardenas (1932) o de los del Canal del Civán (968). Sin olvidar los que, respondiendo a reivindicaciones históricas, ni siquiera han llegado a iniciarse; es el caso de los Regadíos de La Litera Alta o del Canal de la Margen Derecha del Ebro. También hay que tener presentes los regadíos infradotados que dependen de mejoras en la regulación como es el caso, por ejemplo, de los Regadíos del Jalón.
Esta demanda de regadío insatisfecha lo es en tanto que depende de la construcción de obras hidráulicas (Yesa, Almudévar, Biscarrués, Mularroya y otras) competencia de la Administración General del Estado (AGE), que permitan utilizar caudales disponibles, ahora no utilizados, imprescindibles para el desarrollo de Aragón. Unas actuaciones que, acumulando años de retraso, vienen careciendo del compromiso presupuestario necesario en los Presupuestos Generales del Estado. Tampoco cuenta la AGE con el Gobierno de Aragón, que es quien tiene las competencias en materia de regadíos, todo lo que debería en la planificación y gestión de estos proyectos hidráulicos.
Las actuaciones hidráulicas, así como las del regadío propiamente dicho, además de inversión pública exigen innovaciones institucionales que se sumen a las tecnológicas. El Gobierno de Aragón ya la está adoptando con el desarrollo de un marco de financiación alternativo al derivado de la obsoleta Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 que apuesta por las Comunidades de Regantes. Porque el uso eficiente del agua, atendiendo a su naturaleza económica como bien comunal (elevada rivalidad y difícil exclusión), depende del acierto en la configuración de soluciones institucionales específicas, basadas en la cooperación y el acuerdo, distintas del mercado así como de la intervención.
También es preciso revisar el concepto de «cuenca excedentaria». Particularmente cuando, como ocurre en la del Ebro, la irregularidad temporal de caudales es extrema. Por ejemplo, el caudal del Ebro a su paso por Zaragoza oscila entre menos de 10 m3/s en estiaje y más de 2.000 m3/s, que es cuando se considera avenida extraordinaria. Pero, sobre todo, porque una cuenca sólo debería calificarse como excedentaria una vez aseguradas las necesidades y expectativas de desarrollo interno de la misma así como asegurados los caudales ecológicos circulantes, incluidos los que, necesariamente, deben llegar al mar. Unas condiciones que exigen conocimientos técnicos y capacidades políticas que distan mucho de las actuales.
El maltrato y desconsideración del que tradicionalmente ha sido objeto Aragón en materia de agua se refleja en el Estatuto de Autonomía, particularmente en dos de sus artículos:
Aragón acredita una generosidad y solidaridad no siempre correspondida desde los poderes centrales. No obstante, la solidaridad es deseable que la practique el fuerte en beneficio del débil. Cuando un territorio menos desarrollado como Aragón niega la transferencia de unos recursos que necesita para su desarrollo a otros que, como los litorales, están más desarrollados o pueden hacerlo con recursos alternativos, no practica la insolidaridad sino que apela a la justicia y a la sostenibilidad.
Joaquín Olona. Zaragoza, 25 de marzo de 2017.
El Estatuto de Autonomía de Aragón es una ley orgánica que no sólo obliga a los aragoneses sino al conjunto del Estado. Es por ello que trasvasar aguas del Ebro contraviene la ley.
El Ebro en Gelsa.
El Estatuto, en su artículo 19.3, impide que se lleven a cabo transferencias de aguas de las cuencas hidrográficas de las que forma parte la Comunidad Autónoma que afecten a intereses de sostenibilidad, atendiendo a los derechos de las generaciones presentes y futuras, Por tanto, la Generalitat de Catalunya no sólo debe abstenerse de promover trasvases procedentes de la cuenca del Ebro sino que, también, corresponde al Gobierno de España impedirlo. Al Gobierno de Aragón le corresponde incluso más ya que el citado artículo del Estatuto le ordena expresamente que vele para evitar trasvases procedentes de las cuencas incluidas en el territorio de la Comunidad Autónoma.
Los aragoneses hemos demostrado sobradamente nuestra solidaridad siempre que ha hecho falta. Fue precisamente un ejercicio de solidaridad admitir en 2010, de forma TEMPORAL Y TRANSITORIA, que unos determinados municipios catalanes, con territorio ajeno a la cuenca del Ebro, pudieran recibir aguas del Segre para su abastecimiento en una situación de sequía extrema y hasta que pudieran reabastecerse con aguas procedentes de las Cuencas Internas catalanas. Fue el argumento en el que se basó el informe favorable del Gobierno de Aragón, conforme al articulo 72.3 del Estatuto, y con apoyo de las Cortes de Aragón, para que el Gobierno de España emitiera en 2010 la Orden ministerial que autorizaba, en las condiciones antes mencionadas, los abastecimientos citados.
Una Orden que, por las razones y condiciones que la motivaron, debe entenderse caducada sin que proceda invocarse, y menos utilizarse, para autorizar ahora una transferencia de caudales fuera de la cuenca del Ebro. De aplicarse y autorizarse lo ahora pretendido por la Generalitat no nos encontraremos ante una mera concesión administrativa de aguas sino ante un trasvase y un fraude de ley.
La alarma y preocupación ha aumentado tras la aprobación, con la oposición del Gobierno de Aragón, del Plan de Gestión de las cuencas internas catalanas que contempla un déficit estructural que prevé cubrirse con aportaciones externas con una cuantía de 2 m3/seg a corto plazo y de 6 m3/seg a largo plazo. Una solución del todo coherente con la recomendación del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible de la Generalitat, mediante su informe de 28 de mayo de 2015, por la que se instaba a la Agencia Catalana del Agua a estudiar el potencial y la viabilidad del abastecimiento de Cataluña, en particular del Área Metropolitana de Barcelona, desde el río Segre a través del Canal Segarra-Garrigues, definiendo con ello “una política del agua con visión de país”.
Todo ello en un escenario de aparente búsqueda de nuevos usos y usuarios con los que hacer frente al fracaso del regadío Segarra-Garrigues como consecuencia de la falta de adhesión de los regantes, que rechazan los elevados costes en los que se traduce el sistema concesional adoptado. Y naturalmente, en el contexto de dificultad que viven las relaciones políticas e institucionales entre Cataluña y el resto de España.
El derecho forma parte de la tradición e historia de Aragón («Antes la ley que el Rey»). La exigencia, permanente e insistente, del cumplimiento de la legalidad incluye la de los artículos estatutarios, reiteradamente conculcados, que hacen referencia a la relaciones entre la Comunidad Autónoma y el Estado. Por ejemplo, el artículo 88 relativo a las condiciones de lealtad, coordinación y ayuda mutua que deben presidir dichas relaciones y que, en la cuestión que ahora nos ocupa, nuevamente brillan por su ausencia.
Joaquín Olona en la clausura de la Jornada anual de Riegos de Alto Aragón. Huesca, 6 de Octubre de 2016.
En nuestro contexto agroclimático el mejor remedio contra la sequía es el regadío, cuya modernización y ampliación debemos contemplar ya como una herramienta clave para la adaptación al cambio climático. También lo es la regulación, y en particular, la del río Gállego ya que la acentuación de la de por sí elevada irregularidad pluviométrica de la cuenca del Ebro debe afrontarse con la ampliación de la capacidad de embalse anual e hiperanual, es decir, haciendo cuanto antes y de una vez Biscarrués y Almudévar, que son imprescindibles para el desarrollo de Aragón como también lo es el Recrecimiento de Yesa o Mularroya. Esta es la posición oficial del Gobierno de Aragón.
Nuestra situación presupuestaria no puede frenar el desarrollo del regadío, ni su modernización ni su ampliación. Todo lo contrario, esté sirviendo para reorientar la política en materia de agua y regadío, que también debe modernizarse haciéndola coherente con nuestra realidad y situando a las Comunidades de Regantes en el foco del proceso de innovación institucional que promovemos desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad.
En Aragón, el regadío es una componente esencial de la inversión, de la generación de valor añadido, del empleo y, por tanto, del crecimiento económico y del desarrollo. Prueba de ello son los 218 millones € de inversión en los que se ha traducido la respuesta de las Comunidades de Regantes a la reciente convocatoria de ayudas para la modernización, de los cuales 179 millones € corresponden a la provincia de Huesca.
Pero si la modernización del regadío es importante, su ampliación todavía lo es más por ser mayor su impacto sobre la generación de empleo y la producción. Para ello también trabajamos en un nuevo marco de financiación donde las Comunidades de Regantes también deben ser protagonistas.
El Plan de Riegos del Alto Aragón, después de cien años, debe completarse en lo que en el corto y medio plazo es posible lograr. Ello exige ejecutar Biscarrués y Almudévar al tiempo que se articulan las medidas necesarias para regar lo antes posible, al tiempo que se aportan incentivos adicionales para la defintiva regulación del Gállego, los sectores VIII, XIII así como los dependientes de la Balsa de Ontiñena y del Sifón de Cardiel.
Joaquín Olona en la clausura de la Jornada «El Regadío de Bardenas de Aragón y Navarra en la Cuenca del Ebro». Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 22 de septiembre de 2016.
¿Cómo sería Aragón sin regadíos y sin regulación hidráulica? ¿Cómo sería Ejea si no existiera el embalse de Yesa y sin sus 33.000 hectáreas de regadío?
En Aragón, la regulación hidráulica y los regadíos son consustanciales al desarrollo socioeconómico y la vertebración territorial.
Las verdaderas amenazas en relación con el agua, en el contexto de cambio climático, no son de escasez física ni de agotamiento del recurso como equivocadamente establece el paradigma dominante. El problema es la existencia de una institucionalidad obsoleta que dificulta ver y hacer ver con claridad los problemas y retos que afronta la gobernanza del agua en el siglo XXI.
Es hora de que la visión mítica del agua y del regadío con la que Aragón ha forjado su identidad de paso a otra visión más realista que asegure su progreso y desarrollo.
La escasez de agua no es física sino económica. En el contexto de acentuada aridez e irregularidad hidrológica propia de la zona central de la Depresión del Ebro, que se verá incrementada con el cambio climático, el problema es de falta de regulación así como de contaminación y calidad de las masas de agua.
El agua agraria no es propiamente un bien público sino que es un bien de carácter comunal, que es parecido pero no exactamente lo mismo. Es por ello que la asignación y uso eficiente del agua exige instituciones, es decir, normas formales e informales por las que se rigen los usuarios, que antepongan la cooperación, la acción colectiva y la descentralización a la competencia, el mercado y la intervención pública. Estas instituciones ya existen, pero es preciso fortalecerlas dotándolas de los medios e incentivos adecuados para que evolucionen y se adapten. Se trata de las Comunidades de Regantes, o mejor dicho, de Usuarios. Su reconocimiento internacional contrasta con la escasa valoración y deficiente comprensión de lo que son y representan. Sobre todo en las instancias europeas así como por parte de quienes se atribuyen la exclusividad de la cultura del agua.
La política de modernización de los regadíos fue certera en su inicio al identificar a las Comunidades de Regantes como protagonistas de las acción. Sin embargo erro en su desarrollo al no comprender bien su verdadera función y someterlas a una intervención pública excesiva. Pero sobre todo, que al limitar la acción modernizadora a las infraestructuras físicas y no entender que la verdadera modernización sólo de producirá si se modernizan las Comunidades de regantes, que es lo que proponemos desde el Gobierno de Aragón como clave de las innovación de la arquitectura institucional que exige la gobernanza del agua y del regadío.
Urge un nuevo marco financiero que permita afrontar las inversiones en el corto plazo evitando los elevados costes de oportunidad que implica posponer las actuaciones sin un horizonte claro y concreto.
Este proceso innovador, que ya se ha traducido en algunas medidas legislativas que es preciso completar, resulta imprescindible para adecuar la gobernanza del agua y del regadío a nuestra realidad social, política y económica. Una realidad que poco o nada tiene que ver con la que condujo a la promulgación de la Ley de 7 de julio de 1911 sobre obras hidráulicas con destino a riegos ni a la de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 que todavía conforman la institucionalidad vigente del regadío y que, obviamente, urge modernizar.
Joaquín Olona en diversas intervenciones relacionadas con las inundaciones del Ebro durante mayo y junio de 2016.
Tenemos que cambiar nuestra percepción y posición sobre las inundaciones de los ríos, y muy particularmente las del Ebro, dejando de pensar que podemos evitarlas y tratando de aprender a convivir mucho mejor con ellas. Forman parte de la naturaleza y como tales hay que entenderlas. Pero esto no debe impedir que también nos esforcemos en comprender que quienes viven en la ribera llevan haciéndolo desde hace siglos y que tienen que poder seguir viviendo donde siempre lo han hecho. Debemos admitir que la ribera del Ebro, aunque mucho menos que el de otros grandes ríos europeos, es un espacio fuertemente humanizado.
Es imprescindible romper la dinámica de la confrontación actualmente dominante en todos los ámbitos. Es preciso integrar mucho más y mejor los conocimientos científicos con los de carácter local, que también tienen la categoría de conocimiento. También urge armonizar la visión ambientalista con la económica y social, la visión del campo con la de la ciudad, los enfoques técnicos con los políticos, etc. Porque sólo a través del diálogo y la cooperación, desde el mutuo respeto entre las partes, podremos avanzar hacia las soluciones que necesitamos. Unas soluciones que exigen decisión pero también paciencia y prudencia. No sólo porque los medios y conocimientos son limitados sino porque también concurren sentimientos, sensibilidades y emociones.
La extrema complejidad del problema y multitud de dimensiones que presenta impide pensar en soluciones exclusivamente científico-técnicas. Porque la ciencia no tiene soluciones para problemas tan complejos. Por eso hace falta la política, entendida esta como herramienta de resolución de conflictos colectivos, y las inundaciones lo son, con intención de obligar. Eso sí, sabiendo que la política tan solo puede proporcionar soluciones imperfectas aunque suficientemente válidas y estables si respeta las distintas sensibilidades y se basa en los conocimientos disponibles. No puede seguir ocurriendo que la política sólo actúe cuando se produce la inundación sino que debe estar presente, de forma mucho más activa y responsable, en los procesos de planificación y gestión.
Es así que ciencia, sociedad y política están llamadas a colaborar con mucha más voluntad, respeto mutuo y eficacia. Para ello es preciso introducir nuevos incentivos en nuestra configuración institucional. El fortalecimiento de la coordinación y de la cooperación entre las administraciones local, la autonómica y la general así como de todas ellas con los agentes económicos, sociales y ambientales, y de todos ellos entre sí resulta clave. Es lo que el Gobierno de Aragón trata de impulsar favoreciendo y promoviendo todo tipo de encuentros y diálogos traducidos, por ejemplo, en la Ponencia sobre inundaciones que, en el seno de la Comisión del Agua de Aragón, se constituyó el pasado 9 de junio.
Respecto de la compensación de daños no cabe pensar en indemnizar lo que es asegurable. El Gobierno de Aragón mantiene y apuesta por una decidida política de seguros agrarios que se ve cuestionada y perjudicada cuando se indemniza a quienes no hacen lo que deben y que no es otra cosa que asegurar sus cultivos y ganados. No suscribir los seguros, que con una importante ayuda pública se ponen a disposición de los agricultores y ganaderos, también resulta insolidario para con el resto de los ciudadanos.
En modo alguno cabe pensar en que vuelva a repetirse lo ocurrido en la última inundación de 2015, donde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en un escenario de extrema dificultad presupuestaria, ha tenido que hacer frente al pago de 23,4 millones de euros en el ámbito agrario, además de otros 6 millones de euros en infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento municipal a través del Instituto Aragonés del Agua. Debe entenderse como algo completamente excepcional, tanto como que en la inundación de 2003 la cifra total pagada fue de 6,7 millones de euros, en la de 2007 el importe fue de 5,6 millones de euros y en la de 2013 nada.
Desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad promovemos el restablecimiento progresivo de la llanura de inundación favoreciendo el retranqueo o eliminación de diques y motas así como el desarrollo de soluciones innovadoras para el establecimiento de un Dominio Público Hidráulico real, basadas en la oferta voluntaria de tierras u otros mecanismos que es preciso desarrollar. Todo ello para que el río disponga del espacio que necesita y se eliminen o reduzcan significativamente los riesgos y daños materiales. Todo ello garantizando la protección de los núcleos urbanos y de las poblaciones por encima de cualquier otra prioridad. Propiciamos también un uso agrícola compatible y coherente con la gestión sostenible de las avenidas, que se considera esencial mantener como herramienta de gestión eficaz de las propias avenidas. Una coherencia que también debe asegurarse en la gestión de los espacios naturales incluidos en la misma llanura de inundación.
Contamos con herramientas de gran potencial que es preciso optimizar y que permiten innovar:
Todo lo anterior debe complementar, reforzar y contribuir a desarrollar las acciones del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación así como las del propio Plan Hidrológico del Ebro. Dos instrumentos de vital importancia, ambos competencia de la Administración General del Estado ejercida a través de Confederación Hidrográfica del Ebro, una entidad esencial para la gobernanza del agua y del Dominio Público Hidráulico pero que debe lograr una mayor y mejor adaptación a la realidad social y política vigente.
El llamamiento al diálogo así como a la búsqueda del consenso político y social resulta obligado. Porque, o dialogamos con el Ebro, o el Ebro impondrá su monólogo.
Publicado por Joaquín Olona en Heraldo de Aragón.
Los poderes públicos tienen la obligación de proteger y mejorar los recursos hidrológicos y los ecosistemas asociados porque de ello depende nuestro desarrollo y bienestar así como el de nuestros descendientes.
La calidad de los cursos fluviales y de las masas de agua, en nuestro contexto fuertemente antropizado, se ve condicionada por las actividades económicas y los servicios que sustentan nuestra sociedad. La sostenibilidad de estas actividades y servicios exige compatibilizar sus efectos sobre el medio ambiente, y en particular sobre el sistema hidrológico, con los estándares de calidad ambiental preestablecidos. Un proceso que genera conflictos inevitables que, necesariamente, conducen a la política, entendida esta como la toma de decisiones sobre conflictos de interés colectivo con carácter vinculante, es decir, con intención de obligar.
La extrema irregularidad hidrológica del dominio mediterráneo hace que la fijación de caudales ecológicos así como del resto de parámetros y criterios que definen el buen o mal estado de las masas de agua reviste una enorme complejidad, de hecho inabordable desde presupuestos exclusivamente técnicos. Los dilemas que se derivan, fruto de la confluencia de intereses económicos, sociales y ambientales, solo permiten soluciones imperfectas cuya estabilidad depende de la solidez y amplitud de los acuerdos políticos y de los fundamentos técnicos en las que se sustentan.
Es preciso revisar la idea de cuenca excedentaria, particularmente cuando los caudales son tan irregulares como los del Ebro, que a su paso por Zaragoza puede no alcanzar los 100 m3/segundo o superar los 4.000 m3/segundo. En todo caso hace falta garantizar que los ríos desemboquen en el mar, comprendiendo que las aguas que llegan al mar no son un desperdicio o que las crecidas y avenidas fluviales forman parte del ciclo natural. Todo ello es necesario para que los ríos sigan siéndolo lo que no impide exigir coherencia con su régimen hidrológico natural.
También es preciso revisar la invocación de la solidaridad como justificación de los trasvases. Porque la distribución de los recursos naturales no es justa ni injusta. Invocar la solidaridad para trasvasar agua pierde su sentido cuando pretende aplicarse a territorios desarrollados, similares en su configuración socioeconómica. Cada territorio debe aprovechar sus propios recursos que, naturalmente, son diferentes y que, por serlo, configuran especializaciones económicas distintas. Una especialización que ningún territorio debería lograr a expensas de los recursos de otro.
La política del agua no puede reducirse a la política hidraúlica, es decir a la planificación y gestión de las infraestructuras de regulación y transporte necesarias para que el agua sea un recurso accesible y nuestra sociedad cuente con los niveles de seguridad hídrica que necesita. Una política -la hidráulica- que refleja una de las primeras asociaciones entre dos ámbitos todavía excesivamente alejados entre sí como son la política y la técnica. Una política forjada en Aragón, donde también siempre se ha cuestionado y ahora demonizado, pero que debe valorarse en la justa medida que la necesitamos. Porque la llamada política de gestión de la demanda, basada en el ahorro y la eficiencia, siendo necesaria no es suficiente para cubrir nuestras expectativas de desarrollo económico y bienestar social, sobre todo del medio rural.
El agua no solo es un recurso natural que proteger y mejorar, también es un bien económico que debemos saber utilizar. Razón ésta por la que la política del agua tampoco es reducible a la política ambiental y es preciso coordinarla mejor con otras políticas fundamentales como son la energética, la agrícola, la de desarrollo rural o la de cambio climático.
Ponencia de Joaquín Olona en la XVII Jornada Informativa de Riegos del Alto Aragón. Huesca, 14 de octubre de 2015.
Salvo excepciones puntuales, la escasez de agua en la cuenca del Ebro no es consecuencia del uso abusivo e insostenible sino de la insuficiente dotación de infraestructuras de regulación y transporte. Esta insuficiencia tampoco obedece a razones de sostenibilidad sino que más bien es consecuencia de una política que propicia el conflicto y la confrontación más que el diálogo y el acuerdo. Es preciso saber y admitir que sin obras de regulación no tendremos agua con la seguridad física y jurídica que necesitamos.
Sin cuestionarla, debe aceptarse que la modernización de regadíos no ahorra necesariamente agua en el conjunto de la cuenca. Aunque aumenta la eficiencia de riego en parcela, la intensificación productiva imprescindible para rentabilizar las elevadas inversiones exigidas por la modernización tiende a aumentar el consumo de un recurso que no nos falta.
El enfoque de la vigente política de regadíos, exclusivamente basada en el ahorro de agua, es completamente desacertada en la cuenca del Ebro y debe reorientarse si queremos ser coherentes con la realidad y con nuestros propios intereses económicos, sociales y ambientales.
La política de regadíos exige innovarse para avanzar teniendo en cuenta que:
La política de regadíos exige innovar la política y la gobernanza del agua de modo que:
Conferencia impartida por Joaquín Olona en la apertura del curso académico 2015-2016 del Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ). 28 de septiembre de 2015.
Probablemente, la principal amenaza de la humanidad no sea la escasez de recursos naturales sino el subdesarrollo institucional. Entendido éste como la configuración de normas y comportamientos que rigen la vida colectiva pero que no generan los incentivos necesarios para promover un verdadero desarrollo ni crean las restricciones adecuadas que impiden hacer lo que a todos perjudica.
Se impone así la necesidad de abandonar de una vez el paradigma maltusiano, basado en el agotamiento apocalíptico de los recursos, y afrontar la búsqueda de normas y comportamientos colectivos que generen incentivos y restricciones coherentes con el desarrollo.
Los avances tecnológicos son imprescindibles pero no serán suficientes para afrontar los retos de nuestro tiempo si no van acompañados de profundos cambios e innovaciones institucionales. Unos avances que deben impulsarse desde la política y que deben conducir a una nueva gobernanza de los ciclos del agua, del carbono y del nitrógeno, de la tierra y de los ecosistemas, de la agricultura y la alimentación, de la energía, de la ciencia y la tecnología, del capital y de la sociedad.
En el siglo XX la humanidad dio pasos de gigante gracias a los avances científicos, que no cesarán en el el XXI sino que se potenciarán gracias a los avances institucionales que sin duda se producirán.
Publicado por Joaquín Olona en Heraldo de Aragón, 24 de junio de 2015.
Paralizar de nuevo el embalse de Biscarrués, proyectado en el río Gállego, no contribuye necesariamente al bienestar del conjunto de la sociedad, es decir, al interés general. Al igual que los intereses económicos son particulares cuando los beneficios se circunscriben a un grupo social limitado lo mismo cabe decir respecto de los intereses ambientales cuando no están legitimados por la mayoría social.