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Ayúdanos, el fuego no perdona.

Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de marzo de 2017.

La lucha contra el fuego, en el contexto de fenómenos extremos asociados al cambio climático  en nuestro marco geográfico mediterráneo, requiere la participación activa de toda la sociedad. Nadie, ni en el ámbito rural ni en el urbano, debe permanecer ajeno a lo que acontece en nuestros montes y, por tanto, a las amenazas que, como el fuego, amenazan un patrimonio que es de todos.

Premios fotografía campaña sensibilización contra el fuego. Zaragoza, 3 de abril de 2017.

La lucha contra el fuego exige la colaboración de todos incluyendo el sistema educativo o la investigación así como de las empresas y los profesionales presentes en el medio rural y en el entorno forestal. También de los medios de comunicación, que son los encargados de informar con responsabilidad sobre la problemática que rodea al fuego en un contexto geográfico en el que, como el mediterráneo, es preciso aprender a convivir mejor con el fuego.

Más de 1500 escolares de colegios urbanos y rurales han participado, a través de 70 actividades distintas, en la campaña “Ayúdanos, el fuego no perdona”, que el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad ha llevado a cabo en los últimos meses de 2016 con el fin de incentivar la prevención frente a los incendios forestales.

El colectivo agrario y ganadero, así como otros trabajadores del entorno rural han tomado parte asimismo en la campaña, que ha llegado a los distintos grupos mediante charlas y actividades educativas que han servido como experiencia piloto para impulsar una nueva edición en 2017, que tendrá objetivos más ambiciosos en dimensión territorial y número de acciones.

Las negligencias y accidentes por actividades en el medio rural se encuentran detrás de muchos de los incendios aragoneses, hasta alcanzar cifras de más del 50 % del total. Esta realidad estadística obliga necesariamente a los poderes públicos a adoptar las medidas necesarias para reducir los incendios forestales en número, magnitud y consecuencias. Medidas en las que la sensibilización y la educación son de vital importancia al objeto de que la sociedad tenga una adecuada comprensión sobre el fuego forestal.

 

Caza y pesca: herramientas para el desarrollo sostenible.

Joaquín Olona. Zaragoza, 2 de abril de 2017.

La caza y la pesca, contribuyen al desarrollo rural y son una herramienta imprescindible para la conservación de nuestros montes, ríos y masas de agua.

V edición de la Feria de Caza, Pesca y Turismo de Calatayud-Illueca

La caza y la pesca son actividades deportivas con un importante colectivo social asociado que las practican. Además del movimiento económica que genera, con repercusión muy significativa sobre el medio rural, son actividades que, debidamente reguladas, nos ayudan a conservar y mejorar nuestros montes, ríos y masas de agua.

La caza se configura, en particular, como la acción clave para luchar contra la superpoblación de conejo, jabalí, corzo  y otras especies que, en muchas zonas, provoca graves daños agrícolas.

La extensión de la captura y suelta, como enfoque dominante de la pesca deportiva, hace que esta actividad esté siendo objeto de un interés social creciente.

Incidiendo, por tanto, sobre las tres dimensiones social, económica y ambiental de la sostenibilidad, la caza y la pesca ofrecen una gran oportunidad para el desarrollo rural que necesita Aragón.

 

Los jóvenes agricultores y ganaderos se reúnen en FIGAN.

Joaquín Olona, Zaragoza, 26 de marzo de 2017.

El futuro de cualquier sector no sólo depende de que haya continuidad en la actividad que lo configura. Es imprescindible que quienes continúan aporten las habilidades, las capacidades y el impulso que se necesita. No sólo hay que competir en los mercados sino que también hay que comunicar con la sociedad, con la opinión pública, con las instituciones políticas, con las organizaciones sociales, con los medios de comunicación o con las universidades y centros de investigación. Para todo ello se necesita de los mejores y la agricultura no es la excepción.

El elevado envejecimiento del que adolece el sector agrario exige intensificar y facilitar la incorporación de jóvenes. Para ello se cuenta con una medida específica de ayuda, a escala europea, en el marco de los Programas de Desarrollo Rural cofinanciados por el Feader.

Importa que se incorporen nuevos agricultores en número suficiente. En Aragón lo han hecho 474 durante 2016, un 20% mujeres. Pero importa mucho más si cabe que quienes se incorporan lo hagan a través de explotaciones viables y con futuro. Porque de ello depende el futuro inmediato de nuestra agricultura.

En Aragón, se pone un especial  énfasis en el hecho mismo de la incorporación y no tanto en las inversiones que los jóvenes pretenden llevar a cabo que, no obstante, también son objeto de ayuda. Interesa muy especialmente el perfil profesional, su formación, su determinación para convertirse en un verdadero agricultor profesional así como en la viabilidad de su proyecto empresarial. Todo ello teniendo en cuenta que se trata de un auténtico emprendedor y que la profesión de agricultor supone grandes retos personales y profesionales.

El próximo 31 de marzo, en el marco de FIMA GANADERA (FIGAN) que se celebra en Zaragoza y por iniciativa del Gobierno de Aragón, se reunirán los nuevos agricultores aragoneses recientemente incorporados, estando también invitados todos los demás profesionales vinculados al secrtor o que pretenden hacerlo.

La finalidad del encuentro es facilitar las relaciones entre los propios agricultores así como con los responsables de las diferentes unidades administrativas regionales. También para intercambiar información sobre cuestiones de especial interés.

Acceso a la convocatoria del encuentro.

 

Quebrantahuesos: un referente para integrar biodiversidad y desarrollo rural.

Joaquín Olona. Zaragoza, 12 de marzo de 2017.

Los buenos resultados logrados con el quebrantahuesos, medidos en términos de mejora neta de la especie, demuestran la necesidad y utilidad de trabajar de forma coordinada e integrada, sobre todo con el territorio y sus agentes.

Suelta de ejemplares de quebrantahuesos en Picos de Europa en 2016.

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) es una de las aves más singulares y emblemáticas  de la avifauna mundial siendo la única ave osteófaga, es decir, la única que se alimenta a base de huesos.  Estando en peligro de extinción, cuenta con una Estrategia Nacional para su Conservación, así como un Plan de Recuperación en Aragón que, aprobado por Decreto 45/2003 de 25 de febrero. es uno de los pocos ejemplos y más destacados de éxito en una política de bodiversidad que urge reorientar.

Las acciones de conservación de esta especie, impulsada y pilotada por la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos,  se coordina con las diferentes  comunidades autónomas pirenaicas y la vertiente pirenaica francesa, mediante un protocolo común de actuación, así como con el Principado de Asturias.

No sólo se está logrando la expansión del quebrantahuesos y su recuperación en los Pirineos y en los Picos de Europa, donde este año ha logrado reproducirse, sino que también se está promoviendo el desarrollo rural mediante proyectos de cooperación con los agentes del territorio. Un enfoque esencial para que la conservación y mejora de la biodiversidad sea entendida en el medio rural no sólo como una obligación sino como un recurso para el desarrollo sostenible.

Porque los mayores problemas ambientales que afectan al quebrantahuesos no sólo son los tendidos eléctricos, la caza ilegal, el uso de venenos, la trasformación del hábitat o el fracaso reproductor sino, también y quizás sobre todo, el retroceso de la ganadería extensiva en las zonas de montaña, lo que disminuye la disponibilidad de alimento para esta carroñera tan especializada en su alimentación.

Una PAC que haga de la agricultura una actividad más atractiva para las mujeres.

Joaquín Olona. 8 de marzo de 2017.

En España tenemos ministra de agricultura, consejeras de agricultura, directoras generales y altos cargos de la administración agraria y ambiental que son mujeres así como ingenieras, veterinarias, administradoras superiores y otras titulaciones que prestan sus servicios profesionales tanto en en dicha administración como en las empresas, explotaciones y entidades que configuran el sector.

Sin embargo no es lo habitual ver a una mujer manejando una cosechadora o ninguno de los muchos equipos agrícolas sofisticados existentes en las explotaciones. También nos debería llamar mucho más la atención la escasez extrema de mujeres en las juntas rectoras de las cooperativas, en las juntas de gobierno de las comunidades de regantes o en las organizaciones profesionales agrarias. Todo ello, además de los datos disponibles, pone de manifiesto la importante brecha de género que todavía existe en nuestra agricultura y que es preciso reducir.

Los datos también muestran que las explotaciones agrarias lideradas por mujeres abordan proyectos de mejora y modernización más ambiciosos, con orientaciones productivas más intensivas y con mayor generación de empleo.

La reducción de la brecha de género agrícola, además de por razones de igualdad, también es un objetivo de modernización y mejora institucional del propio sector que justifica que el hecho de ser mujer sea valorado con preferencia en las ayudas a la incorporación de jóvenes.

La Reforma de la PAC también debe ser sensible a la reducción de la brecha de género tratando de hacer de la agricultura una actividad más atractiva para las mujeres. Porque de ello también dependen los resultados de la lucha contra la despoblación rural.

 Ver página web sobre la  mujer rural en Aragón

Gestionar sosteniblemente las especies exóticas invasoras.

Joaquín Olona. Zaragoza, 5 de marzo de 2017.

Las especies exóticas invasoras constituyen una de las principales causas de pérdida de biodiversidad en el mundo. De ahí el desarrollo legislativo sobre gestión de estas especies. Una legislación nacional que, a diferencia de la comunitaria, todavía no tiene en cuenta el contexto económico y social.

Tras la promulgación de la Sentencia 637/2016, de 16 de marzo de 2016, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, que obliga a eliminar ciertas  especies exóticas invasoras que sustentan una importante actividad económica en determinadas zonas en función del elevado valor piscícola alcanzado, es preciso consensuar nuevas estrategias que conduzcan el perfeccionamiento legislativo que impone la consideración de la realidad socioeconómica  del medio sobre el que se pretende actuar. Particularmente en el Bajo Ebro, donde el río original fue convertido en embalse viéndose obligados los municipios afectados a reorientar su economía.

Acuerdo entre los ayuntamientos ribereños del Bajo Ebro  y el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón para formular nuevas estrategias de pesca sostenible. Zaragoza, 3 de marzo de 2017.

En coherencia con el cumplimiento de la Sentencia antes referida, el Plan General de Pesca de Aragón para 2017 autoriza, como medida de gestión y eliminación, la pesca de las especies exóticas invasoras que se detallan a continuación, en los tramos donde fueron introducidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en régimen extractivo obligatorio y con la obligación para el pescador de sacrificar  todos los ejemplares capturados en el mismo momento de su captura, : Carpa común (Cyprinus carpio) y sus variedades. Trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss). Salvelino (Salvelinus fontinalis). Black bass (Micropterus salmoides). Siluro (Silurus glanis). Lucioperca (Sander lucioperca). Perca europea (Perca fluviatilis). Alburno (Alburnus alburnus). Rutilo (Rutilus rutilus). Escardino (Scardinius erythrophthlmus). Pez gato (Ameiurus melas). Lucio (Esox lucius). Pez Sol (Lepomis gibbosus).

Esta disposición se fundamenta en el artículo 10.5 del Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, que establece que se podrá contemplar la caza y la pesca como métodos de control, gestión y erradicación de las especies incluidas en el Catálogo español de especies exóticas invasoras y cuya introducción se produjo con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, cuando este objetivo quede recogido en los instrumentos normativos de caza y pesca y se circunscriba a las áreas de distribución ocupadas por estas especies con anterioridad a esa fecha.

También se apoya en el artículo 64.3 de la Ley 33/2015, de 21 de septiembre, por la que se modifica la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que señala que la prohibición genérica, relativa a las especies exóticas invasoras,  de posesión, transporte, tráfico y comercio de ejemplares vivos, de sus restos o propágulos que pudieran sobrevivir o reproducirse, incluyendo el comercio exterior podrá quedar sin efecto, previa autorización administrativa de la autoridad competente, cuando sea necesario por razones de investigación, salud o seguridad de las personas, o con fines de control o erradicación, en el marco de estrategias, planes y campañas que, a tal efecto, se aprueben.

Pero la pesca deportiva orientada expresamente a la eliminación del recurso que la sustenta, dada la importancia económica y social alcanzada, resulta incoherente con los principios de sostenibilidad. Es por ello que, sin renunciar al objetivo de lucha contra la pérdida de biodiversidad, es preciso trabajar en la línea que muestra el Reglamento (UE) nº 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2014 sobre la prevención y la gestión de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras.

Dicho Reglamento señala en su considerando doce que con el fin de evitar costes excesivos o desproporcionados para los Estados miembros y salvaguardar el valor añadido de la actuación de la Unión  deben tomarse en consideración los gastos de aplicación para los Estados miembros, el coste de la inacción, la rentabilidad y los aspectos sociales y económicos. En este contexto, al seleccionar las especies exóticas invasoras que deben figurar en la lista de la Unión, se debe prestar especial atención a las especies que se utilizan mucho y que proporcionan beneficios sociales y económicos en un Estado miembro, sin comprometer los objetivos del Reglamento. En este sentido, el artículo 18 establece excepciones a la obligación de erradicación rápida de modo que, basándose en sólidas pruebas científicas, un Estado miembro podrá decidir no aplicar medidas de erradicación, si se cumple al menos una de las siguientes condiciones:

a) se demuestra que la erradicación resulta técnicamente inviable, porque no se pueden aplicar los métodos disponibles en el entorno en que está establecida la especie exótica invasora;

b) un análisis de costes y beneficios demuestra, basándose en los datos disponibles y con certeza razonable, que los costes serán, a largo plazo, excepcionalmente elevados y desproporcionados con respecto a los beneficios de la erradicación;

c) los métodos de erradicación no están disponibles, o lo están, pero tienen efectos negativos muy graves en la salud humana, el medio ambiente u otras especies.

Para avanzar en la línea apuntada sin renunciar a las acciones administrativas y políticas que puedan abordarse a corto plazo para atenuar el grave impacto económico y social  de la Sentencia del Tribunal Supremo, que es preciso acatar, hace falta  profundizar en los diferentes ámbitos científico, jurídico y político de modo que puedan alcanzarse soluciones estables atendiendo a la triple dimensión ambiental, económica y social de la sostenibilidad.

Reenfocar la política de biodiversidad.

Joaquín Olona. Zaragoza, 27 de febrero de 2017.

Los escasos resultados logrados durante los últimos 30 años en materia de biodiversidad obligan a cuestionar  la política aplicada. Porque, además, ninguna política pública debe basarse exclusivamente en criterios científicos ni en prácticas tecnocráticas.

El quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), que es objeto de una gestión diferenciada y ejemplar con relevancia a escala europea, es la única especie protegida que ha mejorado en Aragón.

La biodiversidad es la variedad de ecosistemas, hábitats y especies que nos rodea y que nos proporciona alimento, agua, aire limpio, abrigo y medicamentos; atenúa las catástrofes naturales, las plagas y enfermedades, contribuye a regular el clima y nos presta servicios ecosistémicos en provecho de nuestra economía.

La Directiva de Hábitats, junto con la Directiva de Aves son el núcleo de la política europea para frenar la pérdida de biodiversidad, que es una de las amenazas más graves que sufre el Planeta. La creación de la Red Natura 2000 supone la iniciativa  más ambiciosa, y a mayor escala jamás emprendida en el mundo, para conservar el patrimonio natural europeo y sus ecosistemas.

La Estrategia Europea de Biodiversidad (1) asume el fracaso  de las políticas europeas de conservación de la biodiversisdad de las últimas décadas. La revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE (2) señala que “el estado general de las especies y los hábitats protegidos no ha mejorado de forma significativa en los últimos seis años”.

Sin embargo, no se rectifica el enfoque político, sino que se apuesta por su profundización, insistiendo en idénticas convicciones y paradigmas que los que están propiciando la falta de resultados. Fundamentalmente, los enfoques holísticos, basados en el establecimiento de amplios catálogos de especies amenazadas e implementación de planes de conservación o recuperación  fundamentados en criterios exclusivamente científicos y con escasa o nula participación de los territorios sobre los que pretenden aplicarse. Ante esta discutible opción, es necesario abordar líneas de actuación complementarias y alternativas -en ningún caso contradictorias- a la anterior pero orientadas a la obtención de resultados prácticos.

Para lograr que la biodiversidad cuente con una verdadera política pública, y que esta sea eficaz, resulta imprescindible someterla a criterios políticos, ajustados a razones prácticas y fundamentados en conocimientos técnicos y científicos solventes, ampliamente aceptados, Porque, en democracia, la política es la vía para priorizar la asignación de recursos.

La recuperación del lince ibérico (Lynx pardinus): un proyecto especialmente destacable a escala europea (3).

La política de biodiversidad  estatal y autonómica debe empezar por asumir y coordinar con más acierto sus respectivos ámbitos competenciales, comprender mejor la escala europea del desafío y atender, además, a los tres principios básicos siguientes:

  1. Vincular la política ambiental al desarrollo y mejora de las condiciones de vida de las personas, tal y como señala el artículo 45 de la Constitución Española.
  2. Reconocer la función social y pública del patrimonio natural y la biodiversidad intensificando su vinculación con el desarrollo social y económico así como con la salud y el bienestar de las personas, tal y como señala el artículo 4 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
  3. Promover y articular la participación de los habitantes y de los propietarios de los territorios en los beneficios que se deriven de las actividades de conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad llevadas a cabo en los mismos, tal y como establece el apartado k) del artículo 2 de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

(1) COM(2011) 244 final. Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: nuestro seguro de vida y capital natural. 

(2) COM(2017) 63 final. Revisión de la aplicación de la normativa medioambiental de la UE: problemas comunes y cómo combinar esfuerzos para obtener mejores resultados.

(3) Proyecto Life+ Iberlince

 

Mejorar la productividad agroalimentaria.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 16 de febrero de 2017.

La productividad (del trabajo) es un concepto clave, y como tal considerado, en la política económica y en la industria . Sin embargo, no es el caso en la política agraria ni en el sector agrario a pesar de las continuas referencias al valor añadido. Aclarar que la productividad no es otra cosa que el valor añadido (bruto) generado por unidad de trabajo.

Es habitual que cuando se habla de aumentar el valor añadido agroalimentario sólo se piensa en hacerlo a través de la agroindustria y de la mejora de la cadena alimentaria. Seguir pensando así es un error que urge corregir. La propia actividad agrícola y ganadera , obviamente, también genera valor añadido si bien no resulta tan obvio para el sector.

Durante el trienio 2013-2015, en Aragón, la agricultura y la ganadería han generado un Valor Añadido Bruto (VAB) medio de 1.607 M€. Se trata de la contribución al PIB, que ha sido del 4,86 %, sabiendo que su contribución al empleo ha sido del 6%.

Rama Agraria en Aragón 2013 2014 2015 Promedio
Producción (millones €) 3.957,9 3.522,7 3.521,1 3.667
VAB (millones €) 1.789,8 1.426,9 1.605,5 1.607
Subvenciones (millones €) 505,5 427,8 382,9 439
Renta Agraria (millones €) 1.856,1 1.596,4 1.685,1 1.713

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Aragonés de Estadística.

Generar más valor añadido en las propias explotaciones agrícolas y ganaderas y no sólo a través de la agroindustria y la distribución, resulta esencial para mejorar la productividad del trabajo agrario. Esta mejora resulta determinante, a su vez, para elevar la renta de los agricultores, que es la razón de ser de la política agraria o, al menos, debería serlo en coherencia con el artículo 39 del Tratado de la UE así como con el artículo 130 de nuestra propia Constitución.

La agricultura se caracteriza por la baja productividad del trabajo que, en Aragón y medida en términos de Valor Añadido Bruto por ocupado, alcanzó un valor medio de 50.219 € durante el trienio 2013-2015 frente a una productividad media del resto de la economía de 61.846 €. La productividad de la industria agroalimentaria también es baja situándose en 55.158 € frente a 67.028 € del conjunto de la industria aragonesa en 2014.

La baja renta de los agricultores es consecuencia de la baja productividad de su trabajo. Ello se debe a la insuficiencia de los precios agrícolas, que no siempre remuneran correctamente los factores aplicados. Pero también a las graves deficiencias estructurales de las que adolece el sector.

Por tanto, mejorar la renta agrícola exige aumentar la productividad del trabajo y para ello es preciso profundizar en la mejora estructural del sistema agroalimentario sobre la base de los Programas de Desarrollo Rural 2014-2020 en lo que se concreta el Segundo Pilar de la PAC. Pero también es preciso reformar en profundidad el Primer Pilar, es decir, lo que coloquialmente llamamos PAC. Porque mal cabe hablar de productividad cuando se paga incluso por no producir nada. Y porque, por mucho que se mejoren las estructuras, no se puede asegurar que el mercado remunere de forma justa el trabajo de los agricultores.

 

Sostenibilidad de las zonas de montaña.

Joaquín Olona en la apertura del III Foro por la Sostenibilidad del Pirineo. Sallent de Gállego (Huesca), 4 de octubre de 2016.

La sostenibilidad, en su triple dimensión económica, social y ambiental, también debemos entenderla como un reto ético en la medida que afecta a las personas.

La despoblación es, sin duda, el principal factor de la insostenibilidad de las zonas rurales y, especialmente, en las zonas de montaña.  Obedece a una dinámica difícil de combatir dada la tendencia demográfica global a favor de las ciudades determinada, a su vez, por el empleo y los servicios. Esta tendencia justifica y exige la aplicación de políticas públicas en favor de la sostenibilidad de las zonas rurales y, en particular, de las zonas de montaña atendiendo a sus características específicas que condicionan y limitan su accesibilidad, la actividad económica y la oferta de servicios.

Todas las políticas públicas deben implicarse en el desarrollo rural, que es el marco político desde el que afrontar los retos sociales, económicos y ambientales que plantean las zonas de montaña. La educación y la sanidad así como las acciones en favor de la igualdad y la lucha contra la discriminación son determinantes.

No obstante, hay que hacer referencia a la PAC, que sigue siendo la primera política comunitaria si atendemos al presupuesto. Una política que viene demostrando su ineficacia e inequidad, sobre todo e su aplicación en España donde la reciente Reforma dejó todo igual (de mal) que estaba.

La ganadería extensiva, que es la que ha modelado el paisaje y la cultura pirenaica, viene siendo maltratada por la PAC como consecuencia de los derechos históricos, el desacoplamiento y los nuevos pagos por hectárea. También por la perversión que implica considerar el cebo intensivo de vacuno como ganadería extensiva. La regresión ganadera determina pérdida de pastos con consecuencias ecológicas preocupantes que afectan a los incendios y al régimen hidrológico como consecuencia de los cambios del uso del suelo así como a la pérdida de actividad económica.

Para combatir estas y otras anomalías es imprescindible cambiar la PAC en profundidad tal y como proponemos desde el Gobierno de Aragón. También es preciso una mayor y más decidida apuesta en favor del enfoque territorial de su Segundo Pilar dedicado al desarrollo rural, especialmente de las zonas de montaña tal y como ya hemos hecho este año en Aragón duplicando el importe de las Indemnizaciones Compensatorias en dichas zonas.  También es preciso mejorar las medidas agroambientales, cuya aplicación debe priorizarse en favor de las zonas de más alto valor natural que, por lo general, tienen mucho que ver con las zonas de montaña y, sobre todo, con los espacios naturales protegidos. Unos espacios donde es preciso potenciar la participación de la población local así como el papel de la Administración que debe adaptarse al escenario social, económico y político vigente. Una adaptación que también es un factor relevante de sostenibilidad.

 

Desarrollo rural con agricultura.

Joaquín Olona en la apertura del curso académico 2016 del IAMZ. Zaragoza, 26 de Septiembre de 2016.

El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) supone una importante contribución a la generación y difusión del conocimiento científico y técnico en el marco de la cooperación internacional. Contribuye con ello a la fundamentación científica de las políticas de desarrollo rural y agrícola que, al igual que las tecnologías, también requieren de la investigación y el desarrollo.

En un mundo cada vez más urbano y en el que la población que vive en las ciudades ya supera a la que vive en los pueblos, el desarrollo rural sigue siendo un objetivo relevante de las políticas públicas. Sigue siendo, de hecho, una política pública. Es más, en el siglo XXI supone un reto vinculable a otros desafíos globales tales como la mitigación y adaptación al cambio climático o como el que supone alimentar a una población que no sólo crece sino que aumenta su demanda efectiva de alimentos como consecuencia de la reducción de la pobreza.

En la Unión Europea, tras 25 años de impulso específico al desarrollo rural en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) se ha logrado prestigiar al mundo rural, lo que ha supuesto un importante avance social. Sin embargo no se ha conseguido detener la despoblación de las áreas rurales, sobre todo en las zonas de menos densidad demográfica.  En Aragón , si se excluye la ciudad de Zaragoza, la densidad regional no alcanza los 10 habitantes/km2 y ya existen comarcas con menos de 1 habitante/km2.

Es preciso, por tanto, revisar los paradigmas en los que han sustentado la política de desarrollo rural europea durante los últimos 25 años, sin duda el referente  más destacado en el panorama mundial, proponiendo en su caso otros nuevos. Para ello es preciso tener en cuenta los nuevos desafíos  globales así como las lecciones aprendidas de la amplia experiencia acumulada en un escenario tan amplio y diverso como supone el conjunto de las regiones europeas, que es la escala a la que se ha aplicado la política de desarrollo rural.

La necesidad de la política de desarrollo rural es evidente. No lo es tanto como visibilizarla y gestionarla teniendo en cuenta su horizontalidad. En el Gobierno de Aragón, la existencia de un departamento específico sobre desarrollo rural (y sostenibilidad) no impide que todos los demás departamentos atiendan al desarrollo de las zonas rurales. La política social, es decir,  la educación, la sanidad, la atención a los desfavorecidos y la lucha contra la desigualdad contribuye directamente al desarrollo de las zonas rurales aragonesas adquiriendo, incluso, una mayor relevancia e impacto.

No debe confundirse la política de desarrollo rural con la política agraria, ni mucho menos pretender sustituir una por la otra. El tradicional antagonismo entre “agraristas” y “ruralistas” carece de sentido y debe superarse. Ambas políticas, la rural y la agraria, son necesarias y distintas sin que esté justificada la pretensión de que una anule o niegue a la otra. La minusvaloración de la agricultura, o incluso su desprecio, en la que incurrió la propia PAC de final del siglo XX fue un grave error. En la definición estratégica del Horizonte 2020 europeo se ha vuelto la mirada hacia una agricultura productiva que puede y debe contribuir al crecimiento económico, al empleo y al desafío alimentario mundial al tiempo que genera bienes públicos ambientales, sociales y territoriales.

No cabe pensar en un desarrollo rural basado exclusivamente en la agricultura pero tampoco en un desarrollo rural que prescinda o minusvalore la agricultura.  Las actividades agrícolas y ganaderas configuran la base económica , en ocasiones prácticamente insustituíble, de la mayor parte de las zonas rurales. Pero es que, además,  existe una profunda conexión y dependencia entre dichas actividades y los ecosistemas incluso de más alto valor.

Tampoco cabe pensar en un desarrollo rural sin atender a dos componentes esenciales que determinan el sistema de poblamiento como son  la generación de empleo y la oferta de servicios básicos que, en nuestro contexto, son los factores que garantizan una calidad de vida equiparable a la urbana.