Por Joaquín Olona Blasco. Zaragoza, 8 de noviembre de 2020.

La agricultura familiar goza de un amplio reconocimiento. La FAO, que ha declarado el periodo 2019-2028 como la Década de la Agricultura Familiar, considera que se trata de un modelo esencial para la seguridad alimentaria global. La Política Agrícola Común (PAC) de la Unión Europea declara su preferencia por dicho modelo, que también se presenta como dominante en Estados Unidos, así como en el resto de potencias mundiales.

Sin embargo, cabe preguntarse si el peso económico del modelo familiar se corresponde realmente con la preponderancia que se le atribuye. También, si su predilección institucional se traduce en políticas coherentes, más allá de la retórica.

El reciente análisis efectuado en Aragón[1] no corrobora que la agricultura familiar sea la económicamente dominante. Así, el Valor Añadido Neto o Renta Agraria imputable al modelo familiar aragonés no alcanza el 20% de la Renta Agraria total regional, lo que se explica por el elevado peso de la integración vertical que concentra el 73 % de la producción final ganadera.

Los resultados obtenidos explican que los agricultores contemplen con escepticismo la significación del indicador relativo a la Renta agraria nacional por UTA Unidad de Trabajo Año) que, de acuerdo con las Cuentas Económicas de la Agricultura, alcanzó en 2019 los 30.694 euros, superando la renta agraria de referencia fijada para dicho año, que fue de 28.885 euros. El escepticismo está más que justificado si se tiene en cuenta que, en Aragón, la renta media agraria atribuible a los agricultores del modelo familiar tan solo supone un tercio de la renta agraria de referencia. Así, no cabe cuestionar la valoración de la renta agraria nacional pero sí que se impute en su totalidad al modelo familiar que, concentrando la mayor parte de las explotaciones, tan solo representa una fracción progresivamente menor de la producción total, frente al modelo corporativo.

La recesión del modelo familiar es fruto de diversos y complejos factores que operan en su contra. Entre ellos, la falta de rentabilidad de las explotaciones familiares, traducida en una grave insuficiencia de renta de sus titulares, así como de la aplicación de políticas ineficaces, si de proteger el modelo familiar se trata.

Los enfoques tradicionales de apoyo a sectores y producciones específicas, tan fuertemente arraigados en la política agraria, así como entre las entidades representativas, no garantizan, en absoluto, que el apoyo público sea en favor del modelo familiar. Tampoco lo garantizan las obsoletas políticas de regulación de precios y mercados que, aunque abandonadas hace más de 20 años en la UE tras su acreditado fracaso y de imposible restauración en nuestro marco jurídico actual, todavía gozan de una elevada preferencia por parte de los agricultores y sus representantes.

La ayuda exclusivamente basada en pagos por hectárea o cabezas de ganado, al igual que los precios garantizados y por razones obvias, favorece al modelo corporativo frente al familiar. Pero tampoco se favorece necesariamente el modelo familiar cuando la ayuda agrícola se aplica en base a criterios y objetivos exclusivamente territoriales o ambientales.

Difícilmente podrá protegerse el modelo familiar sin tenerlo expresamente en cuenta en la política agraria, no solo en sus declaraciones, sino en la vinculación de la asignación y distribución de la ayuda a las características socioeconómicas de la agricultura familiar.

La importancia y visibilidad concedida en la PAC post-2020 al apoyo directo de las rentas de los agricultores genuinos, una vez alcanzado el acuerdo del Consejo de Ministros, así como del Parlamento Europeo, supone un importante avance en relación con la protección del modelo familiar. Falta por ver que los Trílogos comunitarios cierren una Reforma de la PAC que afronte, definitivamente y en justa correspondencia a la generación de bienes públicos, la reducción de la brecha de renta que sufren los agricultores del modelo familiar al tiempo que contribuye al reto climático y ambiental.

Pero, sobre todo, falta por ver que en España seamos capaces de aplicar la Reforma con todo su potencial, lo que exige, además de la supresión de los derechos individuales y de las referencias históricas entre otras decisiones estratégicas, una definición de agricultor genuino ambiciosa en favor del modelo familiar profesional.

Sin embargo, la agricultura familiar, que es absolutamente esencial para que nuestro mundo rural y nuestros pueblos sigan siendo como lo conocemos, difícilmente podrá sobrevivir sin la vinculación al mercado, a la tecnología y a la competitividad que debe ofrecerle la agroindustria y el modelo corporativo como fórmula de equilibro a consolidar en favor de un complejo agroalimentario económica, social y ambientalmente sostenible.

[1] Análisis del apoyo a las rentas en Aragón. Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente (Junio, 2020)https://www.aragon.es/documents/20127/33062863/An%C3%A1lisis+del+apoyo+a+las+rentas+agrarias+en+Arag%C3%B3n.+Junio+2020.pdf/09a99f6a-b2b9-d404-41c4-287019772a8d?t=1594120699870