Pronunciarse sobre los Fondos de inversión y el modelo agrario sobre el que sustentar la seguridad alimentaria europea.
8 de febrero de 2025
Dado que la agricultura es objeto de una importante regulación y apoyo público, la política agraria no debería permanecer ajena a la entrada masiva de fondos de inversión que se está produciendo.
No cabe cuestionar, ni mucho menos limitar, la decisión de que unos u otros agentes privados decidan apostar por la agricultura al igual que por cualquier otra actividad económica. Por el contrario, debe preservarse el marco jurídico que otorga la libertad de hacerlo. Asimismo, debe preservarse la libertad de los propietarios para vender o arrendar sus tierras a quienes quieran.
Sin embargo, la política agraria está obligada a analizar las consecuencias que, sobre el sistema agroalimentario, sobre el mundo rural y sobre la propia política agraria, tiene la apuesta agrícola de los fondos de inversión.
La política agraria vigente en la Unión Europea (PAC) es una política conceptualmente dirigida al apoyo de la renta de los agricultores, no de la rentabilidad de los capitales. Aunque dista mucho de resultar eficaz, es el enfoque que legitima actualmente la PAC, es decir, el que justifica destinar a dicha política la cuarta parte del presupuesto de la UE y que, por cierto, suponía las tres cuartas partes en 1985.
Por otro lado, la política estructural agraria europea, enmarcada en el llamado Segundo Pilar de la PAC y que permite destinar fondos públicos al regadío, a la modernización de explotaciones, a la incorporación de jóvenes, a la agricultura ecológica o a las medidas agroambientales, se legitima en el modelo de agricultura familiar y su papel determinante en el sostenimiento del mundo rural. Es cierto que el apoyo político al modelo familiar es tan teórico como retórico, pero es dicho modelo el que dice proteger la PAC.
Una primera consecuencia de la entrada masiva de capitales atendiendo a legítimos criterios de rentabilidad financiera en un sector que recibe ayudas por hectárea, sin relación alguna con el nivel de renta del beneficiario y cuya mejora estructural (regadíos, maquinaria, comercialización, etc.) también es objeto de una significativa ayuda pública, permite que los fondos de inversión capitalicen tales ayudas.
La ambiciosa apuesta ambiental europea, inevitablemente acompañada de exigentes condiciones administrativas, mientras ahoga al modelo familiar agrario genera incentivos financieros a unos fondos que pueden incluso diseñar ad-hoc su gestión. El cobro por fijación de carbono y por la prestación de otros servicios ambientales que el propio sector agrario demanda y que las autoridades comunitarias estudian introducir ya forma parte, de hecho, de la apuesta inversora.
Incluso la reivindicación de “precios justos” que concentra las protestas y exigencias de los agricultores, y a las que desde la política agraria trata de dar respuesta tratando de “innovar” en el marco de las normas sobre la competencia y el mercado, constituye otro incentivo para los inversores que apuestan por las economías de escala en la producción, así como por el encarecimiento de la alimentación, en particular, la del reducido elenco de productos sobre los que centran su atención.
La agricultura familiar ha demostrado su capacidad para ofrecer una alimentación segura y asequible. No cabe plantear duda alguna sobre la capacidad del modelo corporativo para ofrecer garantías de seguridad, en términos de salubridad, e incluso con mayor eficacia en el logro de los objetivos ambientales en función de los que la UE condiciona la ayuda agrícola. Sin embargo, su apuesta por el encarecimiento de la alimentación unida a su estrategia de escala puede traducirse en una grave amenaza para la seguridad alimentaria de los sectores sociales más vulnerables.
Los responsables políticos, así como los representantes del propio sector deberían pronunciarse sobre el modelo de agricultura que el presupuesto público debe apoyar. Porque los dos modelos, el familiar y el corporativo, exigen políticas completamente diferentes. Mientras el primero necesita de una política agraria eficaz de apoyo a la renta y al mundo rural, el segundo exige más bien sustituir aquélla por otra de apoyo directo al consumidor.
