Joaquín Olona en diversas intervenciones relacionadas con las inundaciones del Ebro durante mayo y junio de 2016.

Tenemos que cambiar nuestra percepción y posición sobre las inundaciones de los ríos, y muy particularmente las del Ebro, dejando de pensar que podemos evitarlas y tratando de aprender a convivir mucho mejor con ellas. Forman parte de la naturaleza y como tales hay que entenderlas. Pero esto no debe impedir que también nos esforcemos en comprender que quienes viven en la ribera llevan haciéndolo desde hace siglos y que tienen que poder seguir viviendo donde siempre lo han hecho. Debemos admitir que la ribera del Ebro, aunque mucho menos que el de otros grandes ríos europeos, es un espacio fuertemente humanizado.

Es imprescindible romper la dinámica de la confrontación actualmente dominante en todos los ámbitos. Es preciso integrar mucho más y mejor  los conocimientos científicos con los de carácter local, que también tienen la categoría de conocimiento. También urge armonizar la visión ambientalista con la económica y social, la visión del campo con la de la ciudad, los enfoques técnicos con los políticos, etc. Porque sólo a través del diálogo y la cooperación, desde el mutuo respeto entre las partes, podremos avanzar hacia las soluciones que necesitamos. Unas soluciones que exigen decisión pero también paciencia y prudencia. No sólo porque los medios y conocimientos son limitados sino porque también concurren sentimientos, sensibilidades y emociones.

La extrema complejidad del problema y multitud de dimensiones que presenta impide pensar en soluciones exclusivamente científico-técnicas. Porque la ciencia no tiene soluciones para problemas tan complejos. Por eso hace falta la política, entendida esta como herramienta de resolución de conflictos colectivos, y las inundaciones lo son, con intención de obligar. Eso sí, sabiendo que la política tan solo puede proporcionar soluciones imperfectas aunque suficientemente válidas y estables si respeta las distintas sensibilidades y se basa en los conocimientos disponibles. No puede seguir ocurriendo que la política sólo actúe cuando se produce la inundación sino que debe estar presente, de forma mucho más activa y responsable, en los procesos de planificación y gestión.

Es así que ciencia, sociedad y política están llamadas a colaborar con mucha más voluntad, respeto mutuo y eficacia. Para ello es preciso introducir nuevos incentivos en nuestra configuración institucional. El fortalecimiento de la coordinación y de la cooperación entre las administraciones local, la autonómica y la general así como de todas ellas con los agentes económicos, sociales y ambientales, y de todos ellos entre sí resulta clave. Es lo que el Gobierno de Aragón trata de impulsar favoreciendo y promoviendo todo tipo de encuentros y diálogos traducidos, por ejemplo, en la Ponencia sobre inundaciones que, en el seno de la Comisión del Agua de Aragón, se constituyó el pasado 9 de junio.

Respecto de la compensación de daños no cabe pensar en indemnizar lo que es asegurable. El Gobierno de Aragón mantiene y apuesta por una decidida política de seguros agrarios que se ve cuestionada y perjudicada cuando se indemniza a quienes no hacen lo que deben y que no es otra cosa que asegurar sus cultivos y ganados. No suscribir los seguros, que con una importante ayuda pública se ponen a disposición de los agricultores y ganaderos, también resulta insolidario para con el resto de los ciudadanos.

En modo alguno cabe pensar en que vuelva a repetirse lo ocurrido en la última inundación de 2015, donde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, en un escenario de extrema dificultad presupuestaria, ha tenido que hacer frente al pago de 23,4 millones de euros en el ámbito agrario, además de otros 6 millones de euros en infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento municipal a través del Instituto Aragonés del Agua. Debe entenderse como algo completamente excepcional, tanto como que en la inundación de 2003 la cifra total pagada fue de 6,7 millones de euros, en la de 2007 el importe fue de 5,6 millones de euros y en la de 2013 nada.

Desde el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad promovemos el restablecimiento progresivo de la llanura de inundación favoreciendo el retranqueo o eliminación de diques y motas así como el desarrollo de soluciones innovadoras para el establecimiento de un Dominio Público Hidráulico real, basadas en la oferta voluntaria de tierras u otros mecanismos que es preciso desarrollar. Todo ello para que el río disponga del espacio que necesita y se eliminen o reduzcan significativamente los riesgos y daños materiales.  Todo ello garantizando la protección de los núcleos urbanos y de las poblaciones por encima de cualquier otra prioridad. Propiciamos también un uso agrícola compatible y coherente con la gestión sostenible de las avenidas, que se considera esencial mantener como herramienta de gestión eficaz de las propias avenidas. Una coherencia que también debe asegurarse en la gestión de los espacios naturales incluidos en la misma llanura de inundación.

Contamos con herramientas de gran potencial que es preciso optimizar y que permiten innovar:

• El Programa de Desarrollo Rural, por ejemplo, permite la aplicación de medidas agroambientales que no sólo contribuyan al desarrollo de la Directiva de hábitats (Natura 2000) sino también al de la Directiva Marco del Agua, un enfoque hasta ahora inédito que pretendemos desarrollar empezando por la aplicación de una nueva medida de cultivos compatibles con la inundación y a la que podrán acogerse los agricultores en la próxima declaración de la PAC de 2017.
• La concentración parcelaria combinada con la modernización de las huertas tradicionales y la gestión de tierras que, debidamente combinadas, debe y puede contribuir al restablecimiento de la llanura de inundación y del Dominio Público Hidráulico.
• La gestión coordinada del Dominio Público Forestal cono el Hidrológico, que puede potenciar la acción anterior.
• Los Planes de Gestión de las ZEPA’s y LIC’s todavía pendientes de completar y aprobar.
• La condicionalidad ambiental de los pagos del Primer Pilar de la PAC, que desde el Gobierno de Aragón proponemos reformar en profundidad.
• Los seguros agrarios ya aludidos como herramienta esencial para la gestión del riesgo que opera sobre los bienes materiales en las zonas inundables.
• La planificación urbanística, incidiendo con más eficacia en la ordenación de los usos en las zonas con riesgo de inundación.
• Los planes municipales de protección civil.

Todo lo anterior  debe complementar, reforzar y contribuir a desarrollar las acciones del Plan de Gestión de Riesgos de Inundación así como las del propio Plan Hidrológico del Ebro. Dos instrumentos de vital importancia, ambos competencia de la Administración General del Estado ejercida a través de Confederación Hidrográfica del Ebro, una entidad esencial para la gobernanza del agua y del Dominio Público Hidráulico pero que debe lograr una mayor y mejor adaptación a la realidad social y política vigente.

El llamamiento al diálogo así como a la búsqueda del consenso político y social resulta obligado. Porque, o dialogamos con el Ebro, o el Ebro impondrá su monólogo.