Archivo de la etiqueta: Política agraria

Una PAC que haga de la agricultura una actividad más atractiva para las mujeres.

Joaquín Olona. 8 de marzo de 2017.

En España tenemos ministra de agricultura, consejeras de agricultura, directoras generales y altos cargos de la administración agraria y ambiental que son mujeres así como ingenieras, veterinarias, administradoras superiores y otras titulaciones que prestan sus servicios profesionales tanto en en dicha administración como en las empresas, explotaciones y entidades que configuran el sector.

Sin embargo no es lo habitual ver a una mujer manejando una cosechadora o ninguno de los muchos equipos agrícolas sofisticados existentes en las explotaciones. También nos debería llamar mucho más la atención la escasez extrema de mujeres en las juntas rectoras de las cooperativas, en las juntas de gobierno de las comunidades de regantes o en las organizaciones profesionales agrarias. Todo ello, además de los datos disponibles, pone de manifiesto la importante brecha de género que todavía existe en nuestra agricultura y que es preciso reducir.

Los datos también muestran que las explotaciones agrarias lideradas por mujeres abordan proyectos de mejora y modernización más ambiciosos, con orientaciones productivas más intensivas y con mayor generación de empleo.

La reducción de la brecha de género agrícola, además de por razones de igualdad, también es un objetivo de modernización y mejora institucional del propio sector que justifica que el hecho de ser mujer sea valorado con preferencia en las ayudas a la incorporación de jóvenes.

La Reforma de la PAC también debe ser sensible a la reducción de la brecha de género tratando de hacer de la agricultura una actividad más atractiva para las mujeres. Porque de ello también dependen los resultados de la lucha contra la despoblación rural.

 Ver página web sobre la  mujer rural en Aragón

Una PAC de productores sin privilegios sectoriales ni agravios territoriales.

Joaquín Olona. Zaragoza, 6 de marzo de 2017.

El carácter histórico de los llamados «derechos de la PAC» hace que las ayudas directas aplicadas mediante el actual Régimen de Pago Básico, Pago Verde ,Pequeños Productores y Complemento a jóvenes, aún estando desacopladas de la producción, tengan una fuerte componente sectorial ya que fueron unas determinadas producciones las que generaron tales «derechos». La consecuencia es que los fruticultores, los horticultores, los viticultores, los apicultores, los porcinocultores, los avicultores o los cunicultores están excluidos de estas ayudas, que son las que concentran el grueso del presupuesto de la PAC y ejercen una elevada influencia en el comportamiento general del sector.

Sin que hortofruticultures ni granjeros sean ajenos a las consecuencias de la volatilidad ni de las insuficiencias de los precios percibidos, su exclusión de las ayudas directas de la PAC es otra muestra de lo injusto del sistema. Pero también de su ineficacia ya que la exclusión de las actividades más dinámicas priva del apoyo a quienes más y mejor contribuyen a la productividad laboral del sector así como a la generación de empleo y valor añadido.

La reforma en profundidad que proponemos desde el Gobierno de Aragón tiene carácter inclusivo, proponiéndose que la compensación individual de la renta agraria formulada se  aplique a todos los agricultores y ganaderos sin excepción, con independencia de la actividad productiva que lleven a cabo en la actualidad o hayan desarrollado en el pasado así como de donde se lleve a cabo.

Eso sí, la propuesta de Aragón pasa por la eliminación de las referencias históricas que, por otro lado, conducen al inmovilismo haciendo prácticamente imposible resolver los agravios territoriales que el propio sistema ha generado. También se propone eliminar los actuales pagos desacoplados, imputados a la hectárea, porque no es razonable pagar por ganados que ya no se tienen ni por tierras que no producen.

Es necesario que los propios agricultores y ganaderos profesionales, cuya renta depende exclusivamente o de forma muy significativa de la agricultura y/o de la ganadería, tomen conciencia de los problemas que plantea la PAC vigente, más allá de las complicaciones, exigencias e incomodidades administrativas así como de los calendarios de pago.

Pero, sobre todo, conviene que el sector y sus representantes se planteen seriamente la PAC que quieren y lo manifiesten en el debate que sobre el futuro de esta importante e imprescindible política pública ya se ha abierto. Lo ha hecho el Comisario Hogan, a escala europea, mediante la consulta pública sobre la «Modernzación y simplificación de la PAC» y también la Ministra García Tejerina, a escala nacional, mediante la convocatoria de la Conferencia de alto nivel sobre el futuro de la PAC los próximos días 27 y 28 de marzo en Madrid.

La PAC, amenazada.

Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de marzo de 2017.

La Política Agrícola Común (PAC), la única política verdaderamente comunitaria y la que más ha contribuido a la construcción europea, afronta graves amenazas. No es un problema de presupuesto. Tampoco de exceso de burocracia. Lo es  de inmovilismo del sector así como de falta de convicción política para establecer objetivos concretos e impulsar la reforma en profundidad que se necesita.

No es de extrañar que la PAC se vea amenazada cuando es la propia la Unión Europea quien peligra. A los excesos del neoliberalismo  han venido a sumarse los del nacionalismo, los del populismo, los de la antiglobalización y los del proteccionismo. Movimientos todos ellos que, aun situándose en posiciones ideológicas incluso antagónicas, coinciden en frenar el avance hacia la unión política de los estados europeos.  Unos porque anteponen el mercado, incluido el financiero, a cualquier otra institución y no valoran otros beneficios distintos que los comerciales. Otros porque tan sólo ven en las instituciones europeas un escenario desde el que mostrarse ante sus partidarios defendiendo cualquier cosa salvo los intereses del conjunto de los europeos.

La reciente Reforma de la PAC, la de 2014,no sólo a fracasado sino que ha aumentado todavía más las diferencias de su aplicación entre los diferentes estados de la UE. Con el aparente propósito de avanzar hacia la convergencia entre beneficiarios  lo que se ha producido en la práctica es una mayor divergencia entre los estados miembros, que han acrecentado sus diferencias en la aplicación  de la PAC. Con ello han aumentado los riesgos de lo que, sin duda, es la principal y más grave amenaza de la PAC: su renacionalización.

La completa renacionalización de la PAC, y consiguiente desaparición, es tan improbable, al menos a medio plazo, como la extinción de la Unión Europea. Sin embargo no lo es tanto que la PAC sufra una renacionaización parcial por la vía del aumento significativo de la tasa de cofinanciación nacional. Ya hay quienes defienden que las ayudas directas del Primer Pilar de la PAC, actualmente con cargo exclusivo al presupuesto comunitario, pasen a confinanciarse por los estados miembros. Tampoco faltan quienes, con el propósito de potenciar el desarrollo rural del Segundo Pilar ya cofinanciado por los estados miembros, apuestan por el trasvase de fondos entre pilares, del Primero hacia el Segundo.

Pero la amenaza más grave y preocupante de la PAC radica en el inmovilismo del propio sector unido a la falta de impulso político para abordar la reforma en profundidad que necesita. Porque la reciente Reforma de 2014, y su apuesta por el statu quo,  ha demostrado su fracaso. El sistema de ayudas directas desacopladas de la producción, basadas en derechos históricos, distribuye el apoyo de forma injusta, sus resultados económicos, sociales y ambientales son cuestionables al tiempo que difícilmente verificables. A todo ello hay que añadir los problemas y costes que se derivan de la complejísima gestión de su implementación y control.

No sólo es imprescindible mantener el apoyo público a la agricultura. Lo es que siga abordándose a escala europea mediante una nueva PAC. Porque es la manera más efectiva para evitar que la alimentación segura y asequible de la que disfrutamos en el mundo desarrollado sea a costa exclusiva de los agricultores. También para que nuestra sociedad siga disfrutando de otros muchos bienes públicos asociados a las actividades agrícolas y ganaderas pero que no son remunerados por el mercado, Entre ellos la biodiversidad que pretende proteger la Red Natura 2000, la acción de conservación más ambiciosa y a mayor escala jamás abordada en el mundo.

Ver propuesta de Reforma

Alimentar a la población no es el reto, lo es hacerlo de forma sostenible.

Joaquín Olona. Zaragoza, 2 de marzo de 2017.

Contamos con recursos naturales y tecnológicos más que suficientes para garantizar  el reto alimentario global derivado del crecimiento demográfico y, sobre todo, de la reducción de la pobreza. El desafío consiste en asegurar la sostenibilidad social, económica y ambiental.

Politécnica Huesca

Toma de posesión del Prof. Dr. D. Francisco Javier García Ramos como Director de la Escuela Politécnica de Huesca (Universidad de Zaragoza). Huesca, 1 de marzo de 2017.

La sostenibilidad agroalimentaria, en su tripe dimensión, exige a) mejorar la formación y el asesoramiento de los agricultores; b) reducir las brechas de género, productividad del trabajo y renta; c) reducir la contaminación asociada al nitrógeno y al fósforo, las emisiones de óxido nitroso, metano y amoniaco, el uso de antibióticos, biocidas y de moléculas persistentes así como el impacto sobre la pérdida de biodiversidad.

Es necesario que las universidades y los centros de investigación generen conocimientos en los que fundamentar soluciones técnicas y políticas para los problemas agroalimentarios. Pero también es necesario que estos problemas se formulen al mundo académico y a los investigadores.

Es preciso recuperar la formación profesional para formar los agricultores que necesitan las explotaciones familiares, contribuyendo también con ello a dignificar la profesión de agricultor. También se necesita reinventar la extensión agraria mediante un sistema de asesoramiento y transferencia útil para los agricultores, que responda a sus intereses y contribuya a mejorar sus rentas.

Es imprescindible garantizar la gestión eficiente de los subproductos, desechos y residuos agroalimentarios, particularmente de los generados por la ganadería intensiva, en el nuevo marco de la economía circular. También se necesita aumentar la dimensión económica de las explotaciones agrarias y de las empresas agroalimentarias con el propósito de generar más valor añadido y, con ello, la productividad del trabajo de la que dependen las rentas y los salarios.

Pero casi nada de lo anterior puede lograrse sin reformar la PAC en profundidad puesto que las ayudas, sobre todo las ayudas directas del Primer Pilar, determinan de forma decisiva el comportamiento de los agricultores.

Durante los últimos 50 años las ciencias agrarias han contribuido de forma determinante al espectacular crecimiento de la productividad de la tierra y del ganado. Estas ciencias también se muestran muy sensibles a los retos ambientales que afronta la agroalimentación. Sin embargo, la contribución académica y de la investigación sigue siendo muy escasa a la fundamentación, análisis y evaluación de las políticas, particularmente del Primer Pilar de la PAC. Una política, la agraria, que habiendo contribuido con eficacia a la seguridad alimentaria y favoreciendo la integración ambiental en beneficio de la sociedad todavía no ha logrado equiparar la renta de los agricultores con la del resto de los ciudadanos.

Debatir estratégicamente sobre la PAC.

Joaquín Olona. Zaragoza, 27 de febrero de 2017.

Siendo importante el presupuesto de la PAC, lo es todavía más concretar el propósito al que pretende aplicarse. Un propósito que debería centrarse en aumentar la renta individual de los que trabajan en la agricultura, tal y como señala el artículo 39 del Tratado de la U.E. pero sin que hasta ahora se haya conseguido.

 

De cara al debate sobre el futuro de la PAC en en Consejo Europeo de Ministros de Agricultura del próximo 6 de marzo, el Presidente ha propuesto seis prioridades iniciales:

1.- Mejorar la capacidad de respuesta a los riesgos relacionados con la meteorología, la salud y la sanidad, los precios y los ingresos, la competitividad y la innovación, la financiación así como con la seguridad alimentaria.

2.- Respuesta a los desafíos medioambientales mejorando la sostenibilidad de la agricultura.

3.- Asegurar el relevo generacional.

4.- Mantener la orientación al mercado logrando el equilibrio entre la apertura de nuevos mercados y la protección de sectores sensibles, fomentando la competencia y mejorando la competitividad de las exportaciones.

5.- Fortalecer la posición de los agricultores en la cadena alimentaria.

6.- Simplificar, no sólo la legislación de la PAC sino también su aplicación y control.

Sin cuestionar la pertinencia de las prioridades mencionadas, tal y como la Ministra García Tejerina ha manifestado, no hay que olvidar que el Tratado de la U.E. atribuye a la PAC el objetivo de mejorar la renta de los agricultores. Efectivamente,  el artículo 39 del Tratado habla del «aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura»un objetivo todavía pendiente de alcazar puesto que la renta de los agricultores sigue siendo la mitad que la del resto de los europeos, lo mismo que hace cincuenta años.

El aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura debería ser, por tanto, un objetivo central y explícito de la PAC cuyo futuro, felizmente, ya se debate en términos estratégicos y no exclusivamente en clave presupuestaria. Porque siendo importante el presupuesto, lo es todavía más el propósito al que pretende aplicarse.

Que España participe activamente en el debate estratégico sobre el futuro de la PAC, influyendo significativamente en su próxima reforma, resulta del máximo interés para la defensa de los intereses de los españoles. A ello contribuye participar en la consulta pública impulsada por el Comisario Phill Hogan sobre la «Modernización y Simplificación de la PAC». Pero contribuirá mucho más, sin duda, la Conferencia que, sobre el futuro de la PAC, promueve la Ministra García Tejerina y organiza, en Madrid, el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente los días 27 y 28 de marzo próximo.

Recuperar el espíritu de la extinta Extensión Agraria.

Joaquín Olona. Zaragoza, 24 de febrero de 2017.

La extensión agraria, eufemísticamente denominada «asesoramiento» en Europa, es imprescindible para el desarrollo de la agricultura del conocimiento, que es la que tiene la respuesta a los retos de la seguridad alimentaria, la productividad, la competitividad y el medio ambiente.

Clausura de la jornada de presentación de los proyectos RICA y Siasa promovidos por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa orientados a vertebrar un sistema de asesoramiento agroalimentario. Zaragoza, 22 de febrero de 2017.

Las potencias agrícolas como Estados Unidos, Canadá o Australia concentran buena parte del apoyo público a su agricultura en la generación de conocimiento y su trasferencia a los agricultores. La propia PAC vigente obliga a los estados miembros a poner a disposición de los agricultores un sistema de asesoramiento. Este sistema, que en Aragón se está poniendo en marcha en un marco que apuesta por la innovación institucional, pretende ser la extensión agraria del siglo XXI. Un sistema descentralizado que, dotado de un importante apoyo público, también se pretende que esté protagonizado por los agricultores como vía más segura para que redunde en su beneficio, que debe concretarse en la mejora de sus rentas.

La agronomía y los agricultores han logrado resultados espectaculares en la mejora de los rendimientos agrícolas y, con ello, en el aumento de la productividad de la tierra. Durante los últimos cincuenta años los rendimientos por hectárea del maíz, por ejemplo, se han multiplicado por diez. Sin embargo, la renta de los agricultores sigue siendo, como hace cincuenta años, la mitad que la del resto de los españoles y de los europeos. Este refleja el fracaso social de la política agraria, que debería poner ahora un especial énfasis en la mejora de la renta, tanto en su elevación como en su estabilización, a través de la productividad del trabajo.

La experiencia internacional demuestra que la transferencia de conocimiento no es viable sin apoyo público y que en países donde se ha privatizado completamente, como es el caso de Reino Unido, se observa que las empresas desatienden a los agricultores redirigiendo su actividad hacia objetivos más lucrativos. Porque es preciso reconocer que un asesoramiento estrictamente privado sea fiable y viable , sobre todo cuando se refiere a recursos e impactos públicos o comunes tales como el agua, el genoma, la contaminación difusa, las plagas, el clima o los ciclos geoquímicos.

Por otro lado, a medida que las tecnologías agrarias se convierten en bienes privados a través de las patentes, los procesos de transferencia se privatizan con cargo directo o indirecto a los agricultores. Sin embargo, en este marco, el asesoramiento técnico está impulsado por intereses no siempre compatibles ni coherentes con los de los agricultores.

Consecuentemente, deben ser los propios agricultores quienes se involucren en la configuración de un sistema de asesoramiento que redunde en su beneficio. Un sistema que supone un reto institucional de primer orden que, en Aragón, está impulsando el propio Gobierno y que cuenta con el apoyo del sector tal y como de manifiesto los proyectos RICA y Siasa promovidos por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Dos proyectos que, financiados por la medida de cooperación del Programa de Desarrollo Rural gestionado por el Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, suponen una importante contribución al desarrollo y configuración del sistema de asesoramiento que la agroalimentacion aragonesa necesita.

La apuesta agrícola brasileña.

Joaquín Olona. Zaragoza, 23 de febrero de 2017.

Brasil es un actor importante en los mercados agrícolas internacionales, siendo el tercer exportador de productos agrícolas sólo por detrás de la Unión Europea y Estados Unidos. La agricultura representa el 5,6 % del PIB y el 13,7% del empleo brasileño.

Tras la eliminación de sus políticas de sustitución de importaciones, Brasil ha pasado de gravar fiscalmente su sector agrícola en los años ochenta y noventa a proporcionar un nivel moderado de apoyo a sus agricultores. El Apoyo Estimado al Productor (PSE, por sus siglas en inglés) alcanza un valor del 2,6% del valor de mercado de la producción frente al 18,9 % de la UE o el 9,4 % de Estados Unidos. ​​Como resultado, la actividad agrícola ha crecido significativamente en las últimas tres décadas. Debido a las mejoras de productividad, la producción agrícola se ha duplicado y la producción ganadera se ha triplicado desde 1990.

En la política agrícola brasileña intervienen dos ministerios distintos. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Adquisiciones (MAPA) se centra en la agricultura comercial, mientras que el Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA) se dirige a la agricultura familiar. Gestionan, fundamentalmente, tres instrumentos destinados a hacer frente a la volatilidad de los precios y los ingresos como son el crédito rural, los precios mínimos garantizados y subvenciones a las primas de los seguros agrícolas.

1.- El crédito rural es la principal fuente de apoyo gubernamental para los agricultores tanto comerciales como familiares. El Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) concede préstamos a los agricultores a tipos de interés preferentes mediante la intervención en el sistema financiero. Los bancos brasileños están obligados a utilizar al menos el 34% de sus depósitos para préstamos a actividades agrícolas a un tipo de interés inferior al precio de mercado. Con el fin de garantizar estos préstamos preferentes, el gobierno puede compensar a los bancos mediante el pago (una parte de) los costos de reducción de la tasa de interés.

El gobierno brasileño fomenta la producción de biocombustibles y de etanol a través de estos instrumentos aplicados al cultivo de semillas oleaginosas y de azúcar. El consumo de biocombustible también se ha promovido a través de la reducción de impuestos para los propietarios de automóviles que funcionan con combinaciones de etanol y diesel.

Estos programas de crédito se han expandido considerablemente en los últimos años, alcanzando los 76.000 millones de dólares en 2014. De esta cantidad, el 87% se destinó a la agricultura comercial, mientras que sólo el 13% se destinó a fincas familiares. Se estima que las subvenciones para esta provisión de crédito alcanzaron los 10.000 millones de dólares durante 2014.

2.- Los precios mínimos garantizados también continúan siendo un pilar importante de la política agrícola brasileña y tienen como objetivo proteger a los agricultores contra la caída de los precios de mercado. 

Para la agricultura comercial, este apoyo de precios es distribuido regionalmente por la CONAB a través de la PGPM (Política de Garantía de Precios Mínimos) incluyendo compras directas del gobierno y el apoyo financiero al almacenamiento. Los instrumentos dirigidos a los precios de los pequeños agricultores también incluyen el Programa de Aquisición de Alimentos (PAA) y los programas de precios mínimos (PGPAF).La CONAB también compra directamente los productos agrícolas de las explotaciones familiares a precios de mercado y los distribuye como parte de los programas de alimentos o los utiliza para reponer sus existencias de alimentos. 

Los instrumentos de garantía de precios cubren más de treinta cultivos, incluyendo algodón, maíz, arroz, soja y trigo, pero también cultivos regionales como açaí, yuca, frijoles, guaraná, sisal y algunos productos ganaderos como leche y miel. Algunos ejemplos de precios de apoyo por tonelada incluyen 231 dólares para el trigo, 128 dólares para el maíz y 224 dólares para el arroz en 2015. Para financiar estos instrumentos, el gobierno brasileño gastó 2.500 millones de dólares en medidas para la agricultura comercial y 516 millones de dólares para la agricultura familiar en 2014.

3.- El apoyo a los seguros combinados y de rendimiento tiene como objetivo mitigar las fluctuaciones en los ingresos de los agricultores a través de 4 programas principales que pagan una parte de la prima del seguro de los agricultores o compensan por pérdidas de producción causadas por desastres naturales.Para las fincas comerciales, el MAPA gestiona el Programa de Garantía Agraria (PROAGRO) y el Programa de Subvención para el Seguro Rural (PSR).

El programa general del PROAGRO está diseñado para ayudar a los productores que tienen problemas para financiar su crédito rural debido a las pérdidas de ingresos causadas por desastres naturales y enfermedades. Los agricultores pagan una prima a este programa basado en diferentes indicadores (el tipo de cultivo, la tecnología aplicada, el área de producción, etc.). Cuando el MAPA valora pérdidas de cosecha significativas, los agricultores quedan exentos de las obligaciones financieras sobre su crédito rural.

El programa rural de PSR subsidia las primas que las explotaciones comerciales tienen que pagar a las compañías de seguros autorizadas por el MAPA. Las contribuciones estatales dependen del tipo de cultivo y varían entre el 40% (para el ganado, la silvicultura y la acuicultura) y el 70% (para el frijol, el trigo y el maíz).

La agricultura a pequeña escala cuenta el seguro de la agricultura familiar (PROAGRO-MAIS / SEAF) y el programa Garantía-Safra, GS. El PROAGRO-MAIS, también llamado SEAF, forma parte del programa PROAGRO y también protege a los agricultores contra la pérdida de ingresos como consecuencia de fenómenos naturales. Cuando las pérdidas de los pequeños agricultores que participan en este programa superan el 30% de los ingresos esperados de los cultivos, están exentos de pagar sus obligaciones financieras del crédito rural. Este apoyo se limita a un máximo de 660 dólares por agricultor. Además, el gobierno subsidia el 75% de la prima del programa. Las explotaciones familiares situadas en áreas específicas de las regiones del Noreste y Sureste de Brasil pueden participar en el programa de GS, que permite a los agricultores que  pagan una cantidad fija de 225 dólares al año pueden recibir compensaciones si sus pérdidas registradas en la producción de frijol, yuca, algodón, maíz o arroz son superiores al 50%.

En 2014, los productores agrícolas comerciales recibieron 645 millones de dólares en subsidios de seguros a través del programa general de seguros y 300 millones de dólares a través del programa de seguros rurales. El apoyo a las explotaciones familiares de pequeña escala bajo el programa PROAGRO-MAIS-SEAF superó los 1.300 millones de dólares.

 

Australia, un referente en la competición agroalimentaria.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 22 de febrero de 2017.

El crecimiento de la productividad ha sido fundamental para la viabilidad y competitividad de las explotaciones agrícolas australianas. Ha sido crucial para el mantenimiento de la rentabilidad de las explotaciones  así como para el impulso del crecimiento de la producción agrícola australiana, que representa el 2,5% PIB y  el 2,8 % del empleo. La productividad total de los factores (PTF) ha aumentado a un ritmo del 1,6% anual entre 2003 y 2012, habiéndose aproximado al promedio de la OCDE.

En julio de 2015, el Gobierno australiano publicó el «Libro Blanco» de la competitividad agrícola, que  es la guía para el desarrollo de la política agrícola australiana. Una política que pretende aumentar la rentabilidad de las explotaciones agrícolas así como la contribución de la agricultura al crecimiento económico, al comercio, a la innovación y a la productividad.

Australia, que es la 12ª economía más grande del mundo, es un importante productor agrícola y tiene un excedente considerablemente grande que destina a la exportación. La agricultura australiana, fuertemente orientada al mercado, consume una proporción elevada de los escasos recursos hídricos de Australia. Esta escasez de agua, que se acentuará por el cambio climático, es el principal factor que limita la expansión agrícola. La agricultura es también la fuente dominante de metano y óxido nitroso, emitiendo alrededor del 16% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero de Australia.

El apoyo a los agricultores australianos se ha reducido continuamente desde niveles relativamente bajos en 1986-88 hasta el actual 1,3% en términos del indicador PSE de la OCDE que mide la ayuda pública total como porcentaje del valor de mercado de la producción. Se trata del segundo valor más bajo de la OCDE, después de Nueva Zelanda. El apoyo total a la agricultura (TSE) fue equivalente al 0,1% del PIB en los últimos años y el apoyo general a los servicios (GSSE) representa la mayor parte del apoyo total, con los principales elementos de financiación del Sistema de Conocimiento e Innovación Agrícola y el desarrollo de infraestructuras, que representan respectivamente el 58% y el 31% del GSSE.

Las reformas han llevado a precios internos alineados con los precios mundiales, y el Apoyo a los Precios del Mercado (MPS) es cero. La proporción de apoyo que distorsiona potencialmente el mercado se ha reducido del 86% del PSE en 1986-88 al 7% en 2013-2015. Al mismo tiempo, el apoyo agrícola se ha desplazado hacia pagos directos más específicos y la proporción de servicios generales en el apoyo total ha aumentado del 6% al 58%.

Con un bajo nivel de apoyo directo del gobierno a los agricultores y ningún esquema permanente de subvenciones agrícolas, los programas financiados con cargo al presupuesto se utilizan principalmente para el ajuste estructural, la asistencia temporal durante las sequías y para la gestión de los recursos naturales y el medio ambiente.

Dado que los agricultores australianos se enfrentan ocasionalmente a condiciones climáticas extremas (como ciclones, incendios forestales, tormentas de granizo, inundaciones y sequías), la política agrícola australiana se centra principalmente en la gestión de riesgos y catástrofes implementados por los gobiernos central y locales. Si bien la mitad del presupuesto agrícola se destina también a apoyar los servicios generales, la conservación del medio ambiente y los programas de I + D, los principales instrumentos políticos de prevención de pérdidas graves de ingresos para los agricultores consisten en asistencia en casos de desastre y exenciones fiscales.

Los Acuerdos de Socorro y Recuperación por Desastres Naturales (NDRRA, por sus siglas en inglés) configuran un marco que reembolsa parcialmente a los agricultores que sufren daños por desastres naturales (excluidas las sequías)  Los reembolsos suelen cubrir el 50% de las pérdidas y se activan para «pequeños desastres» si el daño en un estado excede los 170 000 dólares y para «eventos de impacto severo» si son aprobados por el Primer Ministro australiano.

En 2014, se introdujeron medidas de asistencia adicionales a través del Acuerdo Intergubernamental sobre la Reforma del Programa Nacional de Sequía entre los gobiernos federal, estatal y territorial. Este nuevo enfoque reemplazó los acuerdos existentes para las sequías, centrándose en las diferentes causas de dificultad financiera para los agricultores. En particular, se creó el programa de ayuda familiar para proporcionar  apoyo a los agricultores que experimentan dificultades financieras, independientemente de sus razones (por lo que no se limita a los desastres naturales). Los reembolsos de este programa no dependen de los factores desencadenantes, sino que dependen de la situación  financiera de cada explotación,que es evaluada expresamente.

En 2014, el gobierno australiano gastó 157 millones de dólares en programas de asistencia a desastres y 308 millones en concesiones fiscales. En conjunto, estos programas representan más de la mitad del presupuesto total de apoyo a la agricultura, que es de 830 millones de dólares.

El Acuerdo Intergubernamental de 2014 también introdujo concesiones fiscales a los productores agrícolas facilitando el acceso de los agricultores al Esquema de Depósitos de Gestión Agropecuaria, cuyo objetivo es suavizar las fluctuaciones de los ingresos de los agricultores y mejorar su seguridad financiera a largo plazo. El importe mínimo de estos depósitos es de 700 dólares sin que puedan superar los 285.000 dólares, quedando exento de varias obligaciones tributarias. También se amplió el Plan de Préstamos Concesionales de Finanzas Agropecuarias, otorgando préstamos  adicionales con tasas de interés subvencionadas en varios estados. Estos préstamos pueden utilizarse para reestructurar la deuda, para financiar los gastos de funcionamiento y para las actividades de recuperación de sequías. Por último, también se ofrecen incentivos fiscales para promover inversiones y sistemas de producción sostenibles.

Los programas de investigación y desarrollo (I + D) son una componente importante del apoyo a la agricultura australiana. Las corporaciones rurales de investigación y desarrollo (RDCs) son el principal vehículo del gobierno australiano para apoyar la innovación rural y estimular el crecimiento de la productividad agrícola. Los CDR son una alianza entre el gobierno y el sector creada para compartir la orientación de la financiación y la dirección estratégica para la I + D agrícola, la inversión en I + D y la posterior adopción de los productos de I + D. Un sistema de gravámenes prevé la recaudación de las contribuciones de los agricultores para financiar los CDR y el Gobierno de Australia proporciona la contrapartida para los gravámenes.

Australia tiene una protección arancelaria insignificante en las importaciones de productos agrícolas y alimentos, y su política de comercio agrícola se dirige hacia la apertura del mercado mediante acuerdos comerciales multilaterales, bilaterales y regionales. Cuenta con diez ALC completos vigentes, tanto regionales como bilaterales, con Nueva Zelanda (ANZCERTA 1983), Singapur (SAFTA 2003), Tailandia (TAFTA 2005), Estados Unidos de América (AUSFTA 2005), Chile ), El Área de Libre Comercio ASEAN-Australia-Nueva Zelanda (AANZFTA 2010), Malasia (2013), República de Corea (KAFTA 2014), Japón (JAEPA 2015) y China (ChAFTA 2015).

El principal acontecimiento en la política comercial australiana fue la firma del acuerdo de la Asociación Transpacífica (TPP) entre Australia y otros 11 miembros en febrero de 2016.

China refuerza su política agraria.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 20 de febrero de 2017.

El apoyo financiero aplicado por el gobierno chino a su agricultura ha aumentado significativamente en la última década, mostrando una tendencia fuertemente alcista. Así lo refleja el indicador de la OCDE que mide el apoyo al productor (PSE) como porcentaje del valor de mercado de la producción. Este apoyo alcanza actualmente el 21,3 % frente al 18,9 % de la UE o el 9,4 % de Estados Unidos. Pero, además, la productividad del trabajo y del resto de los factores también está creciendo de forma muy destacada.

Los agricultores chinos cuentan con precios mínimos garantizados para el trigo y el arroz así  como intervenciones ad hoc para otros productos agrícolas. En combinación con los aranceles, los contingentes arancelarios y los controles gubernamentales, estos instrumentos de mercado garantizan un nivel mínimo de precios percibidos por los agricultores. Además, el gobierno chino aplica pagos directos a los productores de granos, subvenciona la compra de fertilizantes y energía así como la compra de semillas mejoradas y maquinaria. También subvenciona los seguros agrarios.

China se ha convertido en el primer productor agrícola mundial, produciendo en términos de valor, tanto como el valor total combinado de todos los países miembros de la OCDE. La agricultura sigue siendo un sector clave que representa el 31% del empleo total y aporta casi el 10% del PIB chino (2014). La producción agrícola se basa en pequeñas explotaciones familiares de menos de una hectárea en promedio, aunque la producción a gran escala se ha desarrollado rápidamente, en particular en las provincias del noreste. La producción ganadera se concentra en grandes unidades comerciales.

China también se ha convertido en un gran importador neto de productos agroalimentarios, en particular de soja, algodón, aceites comestibles y azúcar. Alrededor del 60% de las importaciones agroalimentarias son productos primarios destinados a la transformación industrial. Hay que tener en cuenta que, concentrando casi el 20% de la población mundial, tan sólo concentra el 7% del agua potable y el 10% de las tierras agrícolas mundiales.

El crecimiento de la producción agrícola en China promedió 3.6% entre 2003 y 2012, casi un tercio por encima de la media mundial. Se ha impulsado por un impresionante aumento de la productividad total de los factores en un 3,2% anual, casi el doble de la media mundial. Sin embargo, un crecimiento tan rápido ejerce presiones crecientes sobre los recursos naturales.

Los precios mínimos garantizados para los granos son determinados por la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC), en estrecha cooperación con el Ministerio de Agricultura de China y otras instituciones estatales. Las garantías de precios se limitan a las mayores provincias productoras de granos y difieren para los distintos tipos de grano. En 2015, los precios medios de apoyo por tonelada se estima que fueron de 384 dólares para el trigo, 361 dólares para el maíz y 438 dólares para el arroz.

Las compras de intervención se llevan a cabo por la Corporación de Reservas de Granos de China (Sinograin)  cuando el precio de mercado del trigo, maíz y arroz cae por debajo de ciertos niveles. Esto requiere grandes reservas públicas, que son gestionadas por la Administración Estatal de Granos. El nivel actual de reservas de cereales equivale al 40% del consumo interno de China, que es  superior a la de cualquier otro país del mundo. El coste del mantenimiento de estas reservas ascendió a 8.800 millones de dólares en el año 2013.

También se llevan a cabo intervenciones ad hoc de mercado a precios fijos, aunque éstos no siempre se ejecutan y hay diferencias regionales significativas. Sin embargo, en los últimos años se han abandonado las prácticas intervencionistas en los sectores del algodón y la soja, que se han sustituido por un sistema de pagos directos compensatorios cuando los precios caen por debajo de cierto nivel. Este sistema podría extenderse a otros productos en el futuro.

El importe de las transferencias presupuestarias proporcionadas a través de estas intervenciones de precios ha aumentado significativamente desde fines de la década de 1990, ya que los precios mínimos se han incrementado cada año. En 2014, el gobierno chino compró a sus agricultores 365 millones de toneladas de productos agrícolas, lo que representa un tercio del gasto agrícola total del país. Como resultado de estas medidas, los precios percibidos por los agricultores chinos son un 20% más altos que los de los mercados mundiales.

Además, los aranceles aplicados a los productos agrícolas ascienden en promedio al 15%, y varios productos agrícolas también están sujetos a contingentes arancelarios, entre ellos el trigo, el maíz, el arroz, la lana, el algodón y ciertos tipos de abonos.

Los productores de cereales también reciben pagos directos para apoyar su producción y estabilizar sus ingresos. Se pagan a una tasa fija por unidad de terreno, que consiste en 24 o 36 dólares por hectárea, dependiendo de la región. El gasto público en estos pagos directos supone 2.400 millones de dólares anuales.

Se conceden subsidios, en forma de pagos fijos por hectárea, a los insumos agrícolas para compensar a los productores de granos por el aumento de los precios de los fertilizantes, la energía y el combustible con el propósito de apoyar directamente los ingresos de los agricultores. Las transferencias presupuestarias para todos este programas suponen 17.100 millones de dólares

Existe un programa de mejora de semillas en forma de subvenciones a los agricultores que dependen del cultivo: mientras el gobierno nacional efectúa pagos en efectivo por hectárea para arroz, maíz y colza, las provincias pueden hacer pagos directos o reducciones en los precios de las semillas para el trigo, la soja y el algodón. Los agricultores reciben entre 24 y 36 dólares por hectárea, dependiendo del producto. Sin embargo, no se controla si estos fondos se utilizan realmente para la compra de semillas. El presupuesto de este programa asciende a 3,500 millones de dólares-

Las compras de maquinaria agrícola también están siendo cada vez más subvencionadas a través de un programa que compensa al comprador o vendedor por el 30% del precio. Actualmente, este programa de subsidios abarca 12 categorías y 48 subcategorías de máquinas. En teoría, las contribuciones estatales se limitan a 7.900 dólares por partida individual, pero estos límites de subsidio nunca se aplican en la práctica. El coste de este programa es de 3.500 millones de dólares.

Por último, existen varios regímenes de seguros combinados tanto para los cultivos como para el ganado a nivel regional. En 2013, los seguros cubrieron 73 millones de hectáreas de tierra agrícola, que es casi la mitad de la superficie total de cultivo. Los seguros son proporcionados por 25 corporaciones privadas elegibles, mientras que los costes de la prima son compartidos entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los propios productores agrícolas. Existen algunas variaciones en los factores desencadenantes de las reclamaciones de pago, ya que éstas se deciden a nivel regional (por ejemplo, en la provincia de Shandong las pérdidas de rendimiento para el trigo deben ser superiores al 40%). El porcentaje de subvención también varía para los diferentes productos agrícolas, pero cubre las primas  en un mínimo de 60% para los cultivos y 70% para el ganado.

Los seguros agrícolas se han extendido en los últimos años, y China se ha convertido en el segundo mayor mercado de seguros agrícolas del mundo, después de Estados Unidos. Las contribuciones del gobierno central ascendieron a 3.600 millones de dólares en 2013, mientras que 33,7 millones de hogares se beneficiaron de estos planes de seguro por un importe total de 3.400 millones de dólares.

Fuentes:

Riesgos y rentas en la Farm Bill.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 19 de febrero de 2017.

El fortalecimiento de los seguros y la eliminación de los pagos directos desacoplados, que han sido sustituidos por los programas de cobertura de pérdidas e ingresos, han sido las principales novedades de la Farm Bill vigente con respecto a la anterior. La renta de los agricultores se ve así apoyada, tanto en lo que se refiere a la suficiencia como a su estabilización, que son dos problemas distintos a tener en cuenta.

La Farm Bill 2014-2018, que es el equivalente a la PAC en Estados Unidos, cuenta con un presupuesto total de 488.631 millones  para el periodo 2014-2018.  La ayuda alimentaria a la propia población estadounidense, dotada con 390.650 millones $, concentra el 79,95 % del presupuesto total.  Le siguen en dotación el Programa de Seguros Agropecuarios, con 41.420 millones $, los programas de conservación que, con 28.165 $, incentivan el uso agrícola sostenible de la tierra y los Programas de cobertura de pérdidas e ingresos, dotados con 23.556 millones $ . Estos 4 programas concentran el 99,01 % del presupuesto.

Farm Bill 2014-2018 Millones $ %
Ayuda alimentaria 390.650 79,95%
Seguros agropecuarios 41.420 8,48%
Programas de conservación 28.165 5,76%
Cobertura de pérdidas e ingresos 23.556 4,82%
Comercio 1.782 0,36%
Apoyo a la hortofruticultura 874 0,18%
Investigación y extensión 800 0,16%
Energías renovables y eficiencia 625 0,13%
Desarrollo rural 218 0,04%
Otros 541 0,11%
TOTAL 488.631 100,00%

En los programas de conservación así como los de cobertura de pérdidas e ingresos quedan excluidos quienes presentan un Ingreso Bruto Ajustado  (AGI), incluyendo el ingreso no agrícola, superior a 900,000 $ anuales. Además, el máximo anual que puede percibirse es de 125.000 $ por beneficiario (ambos cónyuges pueden serlo) considerando todos los pagos procedentes de los nuevos programas de cobertura de precios e ingresos y las ayudas en forma de préstamos para comercialización. Existe un límite separado de 125,000 $ para los cacahuetes. Los pagos de transición del algodón se limitan a $ 40.000 por año. No hay limitaciones de pago para las ayudas a los seguros.

1,.- El programa de seguros agropecuarios proporciona seguros, subvencionando primas y gastos, para proteger a los productores contra las pérdidas resultantes de los riesgos asociados a los precios y los rendimientos.

En el Programas de Seguro de cosechas la opción de cobertura suplementaria (SCO) ofrece una cobertura basada en el rendimiento medio o de los ingresos del condado, subvencionando a los productores el 65 por ciento del importe de las primas.

El Programa de Protección de Margen (MPP) es un seguro que ayuda a los productores de leche cuando la diferencia entre los precios de la leche y los costes de alimentación cae por debajo de un margen objetivo.

Las compañías aseguradoras venden y la Agencia de Gestión de Riesgos del USDA desarrolla, administra los subsidios de primas y gastos, aprueba y apoya los productos y reasegura.

2.- Los Programas de cobertura de pérdidas e ingresos  incluyen ayudas basadas ​​en precios e ingresos de referencia. Consta de dos programas, el de Cobertura de pérdidas por precios (PLC) y el del Cobertura de Riesgos Agrícolas (ARC) pudiendo adherirse los productores a solo uno de los dos:

2.1.- El Programa de Cobertura de pérdidas por precios (PLC) ayuda al producto acogido al programa en la explotación cuando el precio de mercado cae por debajo del precio de referencia.

                                PLCij = Tpi x 0,85 x Sbij x Rpij

  • PLCij es el Importe de pago que recibe la explotación (j) para el producto cubierto (i) al que se ha acogido dicha explotación para todo el plazo de vigencia de la FB2014 .
  • Tpi es la Tasa de pago del cultivo Tpi = Pri – Pmi
  • Pri es el precio de referencia establecido en la FB de 2104
  • Pmi es el precio de mercado (media nacional anual).
  • Sbij es la Superficie de base asignada al cultivo (i) en la explotación (j) en función del periodo 2009-2012.
  • Rpij es el Rendimiento de pago o promedio obtenido en la explotación (j) durante 2008-2012.

2.2.- El Programa de Cobertura de Riesgos Agrícolas (ARC)  paga una ayuda cuando el ingreso cae por debajo del nivel de referencia, que puede ser el del condado o el individual.

2.2.1.- En el Programa ARC con referencia en el condado la ayuda se paga cuando el ingreso procedente del cultivo acogido al programa en la explotación cae por debajo del 85% del ingreso de referencia establecido para el condado.

                    ARCij= Sbij x (IRCiIREij) ≤ 0,10 x IRCi x 0,85 x Sbij

  • ARCij es Importe de la ayuda resultante para el cultivo (i) en la explotación (j)
  • Sbij es la Superficie de base asignada al cultivo (i) en la explotación (j) en función del periodo 2009-2012.
  • IRCi es el Ingreso de referencia del cultivo para el condado (por acre): rendimiento promedio del condado de los últimos 5 años multiplicado por el precio promedio nacional olímpico o el precio de referencia-el que sea mayor para cada año- diferenciando regadío y secano.
  • IREij es el Ingreso real del cultivo obtenido en la explotación (por acre): rendimiento medio obtenido en la explotación multiplicado por el precio medio nacional.

2.2.2.- En el Programa ARC con referencia individual la ayuda se paga cuando los ingresos procedentes de todos los cultivos de la explotación acogidos al programa son inferiores al 86% de la garantía individual establecida. A partir de la Referencia Individual: IRIj  = ∑i Sbij  x Rpij x máx (Pri,Pmi) y el Ingreso real de la explotación: IREj = ∑i Sij  x Rij x Pmi el Importe de la ayuda a la explotación es

                           ARCj= IRIj– IREj ≤  0,10 x IRIj x 0,65 x Sbj  

siempre y cuando IREj < 0,86 x IRIj. Pero si IREj ≥ 0,86 x IRIj entones ARCj=0.