Por Joaquín Olona. Zaragoza, 11 de febrero de 2017.
La simplificación de la PAC no es un reto administrativo, lo es político y seguirá sin lograrse mientras no se asuma como tal.
La Reforma de 2014, llevada a cabo en la PAC con el firme propósito de que todo permaneciera igual, puede tildarse ya de fracaso sin paliativos. Pero es que, además, no es cierto que todo haya quedado igual. Sin entrar a valorar lo que realmente importa en términos de objetivos e impacto, lo cierto es que la gestión del nuevo sistema de Pago Básico, Pago Verde, Pequeños Productores y Complemento a Jóvenes, basado en derechos históricos y pagos por superficie, está resultando un verdadero quebradero de cabeza, no sólo para los agricultores y los ganaderos sino que también para las administraciones autonómicas.
La desproporcionada complejidad de las declaraciones a las que están obligados los beneficiarios en relación con la solicitud de la ayuda, y de los sistemas de control y verificación a los que están obligadas las administraciones, están provocando todo tipo de problemas, incluyendo los de carácter político. En este momentos cada cual tiene sus quejas y razones, sin embargo casi nadie quiere ir a la raíz del problema, que no es otra que la permanencia de unos derechos históricos así como de un sistema de pago por superficie que, además de demostrarse injustos e ineficaces, exigen una compleja gestión con costes desproporcionados para los beneficiarios así como para la Administración.
Los pagos por superficie han llevado a configurar en España el llamado SIGPAC, la operación de información geográfica más ambiciosa jamás llevada a cabo a nivel nacional. Sin cuestionar su utilidad para otros muchos fines distintos al específico de control de la PAC para el que fue creado, su mantenimiento y actualización supone una pesada carga económica y técnica para la administración agraria. Pero lo más preocupante es el desproporcionado nivel de detalle gráfico y superficial con el que las normas vigentes obligan a aplicar las operaciones de control sobre la base del SIGPAC, que carecen de la más mínima justificación agronómica. Eso sí, como la PAC paga por m2 hay que comprobar los m2 de las parcelas, subparcelas, recintos, subrecintos, aprovechamientos y más elementos que los beneficiarios están obligados a declarar con precisión casi milimétrica y que los funcionarios están obligados a comprobar.
Los derechos históricos integran la segunda componente en la que radica la complejidad operativa. Estando sujetos a cómputo nacional, cualquier transferencia de derechos entre beneficiarios, por mínima que sea, bloquea los pagos anticipados a los intervinientes en la transmisión. Unos anticipos que levan a cabo las comunidades autónomas previa autorización expresa de la Comisión Europea y del FEGA.
Desde el Gobierno de Aragón proponemos eliminar los pagos por superficie así como los derechos históricos, no por la complejidad que acarrean sino por demostrarse injustos e ineficaces. La propuesta consiste en una compensación directa de la renta agraria declarada en el IRPF en función de una renta de referencia, modulando la compensación en función de la dedicación agraria y de la productividad y sometiéndola a una una condicionalidad ambiental y social coherente agronómicamente.
Dicha propuesta, que persigue acabar con los agravios sociales y territoriales que deriva la PAC vigente así como con su ineficacia e ineficiencia económica, ambiental y territorial, se propone también como respuesta eficaz al reto de la simplificación. Eliminado el pago por superficie ya no hay m2 que controlar ni SIGPAC que gestionar. Eliminados los derechos históricos ya no hay estrategias de distribución que optimizar, ni cómputo que verificar, ni balance nacional que equilibrar. Lo que hay, fundamentalmente, es una declaración de la renta que presentar y , en su caso, que inspeccionar. Para la administración agraria quedaría el control de la condicionalidad que, si se asegura su coherencia agronómica, responderá a su razón de ser y acreditará su utilidad.
La propuesta tiene, por último, otra ventaja: por su enfoque completamente horizontal (basado en la renta agraria) elimina el carácter fuertemente sectorial que todavía persiste, a pesar de los pagos por superficie, como consecuencia de los derechos históricos. Al tomar la renta como referente de la ayuda agrícola, además de incluir a todos los agricultores y ganaderos, con independencia de lo que produzcan y del sector al que pertenecen, pueden integrarse un una sola línea de ayuda las decenas de líneas actualmente aplicadas como complemento a los pagos por superficie y que, teniendo por objeto compensar la renta en realidad, son otro factor adicional de complejidad.
