LOS PROBLEMAS QUE SE APRECIAN DE DESPOBLACIÓN RURAL Y DE DESEQUILIBRIO ESPACIAL JUSTIFICAN LA NECESIDAD DEL ENFOQUE TERRITORIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Frente a la tradicional polarización entre lo rural y lo urbano, cada vez toma más fuerza la idea de potenciar las relaciones entre ambos y con el fin de impulsar el desarrollo del territorio en su conjunto.

Los problemas de despoblación rural y de desequilibrio espacial, especialmente visibles en Aragón, unidos a la necesidad de equiparar las condiciones de vida de los ciudadanos con independencia de su residencia, justifican la necesidad del enfoque territorial en la las políticas públicas.

El reciente Tratado de Lisboa añade expresamente la dimensión territorial al principio de Cohesión que, hasta ahora, sólo se contemplaba formalmente desde la perspectiva económica y social. Por otro lado, el Libro Verde sobre la Cohesión Territorial de la Comisión Europea pone un especial énfasis en las relaciones y vinculaciones entre el “campo y la ciudad”. De este modo responde a los planteamientos de la Estrategia Territorial Europea, aprobada en 1999 en Postdam, así como a la más reciente Agenda Territorial de la UE aprobada en Leipzig en 2007.

El desarrollo territorial debe traducirse en la reducción de las desigualdades geográficas, particularmente en las condiciones y calidad de vida de la población. Debería ser simplemente el resultado de la buena gestión de unas políticas públicas bien diseñadas y coordinadas. Esto no se consigue por el mero hecho de crear más y más órganos y organismos que, en ocasiones, lo único que consiguen es aumentar el gasto y dificultar todavía más la coordinación. Tampoco se consigue anteponiendo los intereses institucionales, cuando no meramente partidistas, a las necesidades y problemas reales de la gente. La instrumentalización político-partidista de los procesos de descentralización administrativa, la excesiva focalización de la Ordenación Territorial sobre el urbanismo, la clamorosa falta de colaboración ministerial y departamental en la puesta en marcha y aplicación de la Ley para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural, la desvinculación de la Política de Desarrollo Rural de la Política de Cohesión de la UE o la escasa visibilidad del enfoque territorial en ésta última son ejemplos que ponen de manifiesto las insuficiencias institucionales y políticas a las que debe hacerse frente si se quiere abordar en serio el objetivo de la cohesión territorial.

Pero también es preciso avanzar en una mejor comprensión de lo “urbano” y lo “rural”. Aunque son conceptos muy intuitivos no son tan útiles ni operativos como parece. Llama la atención, por ejemplo, que nunca se haya conseguido una definición formal y precisa, plenamente aceptada, ni de la ruralidad ni de lo urbano. El tratamiento tradicionalmente separado de ambos conceptos resulta cada vez más inadecuado siendo conveniente adoptar una nueva visión, más sencilla y práctica, en la que simplemente se considere el territorio en su conjunto. Lo rural y lo urbano no son entes aislados y separados sino que es de forma conjunta como configuran la realidad y la dinámica territorial que observamos. Éstas surgen de unas complejas relaciones sociales, económicas, ambientales e institucionales cuya puesta en valor e intensificación es una de las claves sobre las que abordar una nueva estrategia de desarrollo más útil y efectiva para todos, que es lo que interesa.

El Segundo Congreso Nacional de Desarrollo Rural, organizado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco en el ámbito de la 36 edición de la FIMA recientemente llevada a cabo en Zaragoza, ha puesto de manifiesto que innovar desde el territorio, que es tan necesario como posible, implica impulsar cambios en la economía y en la sociedad rural para mejorar su calidad de vida y lograr un desarrollo regional mejor y más equilibrado. No puede pretenderse poner en conserva el campo ni tampoco congelar nuestros pueblos y sus gentes convirtiéndolos en museos. Se necesita un medio rural vivo, activo y productivo, bien relacionado con las ciudades y con los mercados.

La innovación requiere de personas capaces de generar nuevas ideas y de llevarlas a la práctica asumiendo riesgos, que son consustanciales al proceso innovador. La innovación se alimenta de los avances científicos y tecnológicos, a los que la sociedad rural no puede ni debe renunciar. La innovación debe traducirse en actividades productivas orientadas al mercado contribuyendo al mismo tiempo a la cohesión social y territorial así como a la mejora ambiental.

La agricultura es imprescindible para la economía y la ecología rurales; también para afrontar los restos de una población en continuo crecimiento y que aumenta sin cesar su demanda de alimentos, fibras y energía; también sus exigencias de calidad y seguridad. Para lograr una agricultura más eficiente, limpia y segura deben aprovecharse todos los conocimientos y herramientas tecnológicas disponibles, que son múltiples y diversas. Los criterios científicos y técnicos deben tener más peso e influencia en la opinión pública y en la decisión política puesto que son especialmente adecuados y útiles para luchar contra la arbitrariedad, el capricho y el fundamentalismo de cualquier naturaleza, incluido el conservacionista.

La agricultura, a lo largo de su historia, ya ha demostrado sobradamente su capacidad para adaptarse al continuo incremento de necesidades y exigencias de todo tipo; lo ha hecho, y lo seguirá haciendo, gracias a la innovación tecnológica. Pero la agricultura, y mucho menos el resto de actividades rurales tradicionales, no pueden dar respuesta, por sí mismas y en exclusiva, a las necesidades y retos de una sociedad rural verdaderamente avanzada. Sin renunciar a la agricultura y aprovechando todas las posibilidades que ofrece el medio rural necesita de nuevas actividades productivas generadoras de valor añadido y de empleo. El desarrollo rural no puede prescindir de la agricultura como base económica esencial pero debe enmarcarse en el objetivo más amplio de la cohesión territorial introducido por el reciente Tratado de Lisboa de la Unión Europea.

Las infraestructuras y los servicios de telecomunicación son esenciales para la economías y el bienestar de la población rural, que no puede excluirse de la nueva sociedad de la información y del conocimiento. Estas infraestructuras y servicios se han convertido en factores fundamentales de vertebración y de cohesión económica, social y territorial, que son los objetivos a los que aspira el verdadero desarrollo regional y a cuyo logro debe contribuir el desarrollo rural. También se han convertido en una herramienta clave al servicio de la innovación productiva y de los mercados, que es hacia donde debe enfocar preferentemente sus objetivos la política y la sociedad rural.

Ver la agricultura como un freno para la economía es tan equivocado como valorar el desarrollo rural como un obstáculo para el desarrollo regional. Sigue leyendo →