Joaquín Olona en la clausura de la Jornada «El Regadío de Bardenas de Aragón y Navarra en la Cuenca del Ebro». Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 22 de septiembre de 2016.
¿Cómo sería Aragón sin regadíos y sin regulación hidráulica? ¿Cómo sería Ejea si no existiera el embalse de Yesa y sin sus 33.000 hectáreas de regadío?
En Aragón, la regulación hidráulica y los regadíos son consustanciales al desarrollo socioeconómico y la vertebración territorial.
Las verdaderas amenazas en relación con el agua, en el contexto de cambio climático, no son de escasez física ni de agotamiento del recurso como equivocadamente establece el paradigma dominante. El problema es la existencia de una institucionalidad obsoleta que dificulta ver y hacer ver con claridad los problemas y retos que afronta la gobernanza del agua en el siglo XXI.
Es hora de que la visión mítica del agua y del regadío con la que Aragón ha forjado su identidad de paso a otra visión más realista que asegure su progreso y desarrollo.
La escasez de agua no es física sino económica. En el contexto de acentuada aridez e irregularidad hidrológica propia de la zona central de la Depresión del Ebro, que se verá incrementada con el cambio climático, el problema es de falta de regulación así como de contaminación y calidad de las masas de agua.
El agua agraria no es propiamente un bien público sino que es un bien de carácter comunal, que es parecido pero no exactamente lo mismo. Es por ello que la asignación y uso eficiente del agua exige instituciones, es decir, normas formales e informales por las que se rigen los usuarios, que antepongan la cooperación, la acción colectiva y la descentralización a la competencia, el mercado y la intervención pública. Estas instituciones ya existen, pero es preciso fortalecerlas dotándolas de los medios e incentivos adecuados para que evolucionen y se adapten. Se trata de las Comunidades de Regantes, o mejor dicho, de Usuarios. Su reconocimiento internacional contrasta con la escasa valoración y deficiente comprensión de lo que son y representan. Sobre todo en las instancias europeas así como por parte de quienes se atribuyen la exclusividad de la cultura del agua.
La política de modernización de los regadíos fue certera en su inicio al identificar a las Comunidades de Regantes como protagonistas de las acción. Sin embargo erro en su desarrollo al no comprender bien su verdadera función y someterlas a una intervención pública excesiva. Pero sobre todo, que al limitar la acción modernizadora a las infraestructuras físicas y no entender que la verdadera modernización sólo de producirá si se modernizan las Comunidades de regantes, que es lo que proponemos desde el Gobierno de Aragón como clave de las innovación de la arquitectura institucional que exige la gobernanza del agua y del regadío.
Urge un nuevo marco financiero que permita afrontar las inversiones en el corto plazo evitando los elevados costes de oportunidad que implica posponer las actuaciones sin un horizonte claro y concreto.
Este proceso innovador, que ya se ha traducido en algunas medidas legislativas que es preciso completar, resulta imprescindible para adecuar la gobernanza del agua y del regadío a nuestra realidad social, política y económica. Una realidad que poco o nada tiene que ver con la que condujo a la promulgación de la Ley de 7 de julio de 1911 sobre obras hidráulicas con destino a riegos ni a la de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 1973 que todavía conforman la institucionalidad vigente del regadío y que, obviamente, urge modernizar.
