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La decepcionante propuesta de la Comisión Europea para reformar la PAC.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 1 de Mayo de 2018.

El pasado 26 de abril se filtró un borrador sobre la propuesta de Reglamento sobre la nueva PAC en el que trabaja la Comisión Europea. Mientras que la Comunicación sobre el futuro de la agricultura y los alimentos sorprendió por su enfoque atrevido y novedoso, el borrador, si bien favorece algunos de los planteamientos que hacemos desde el Gobierno de Aragón, sorprende por la ausencia de cambios de calado, lo que nos sitúa de nuevo ante el riesgo de una Reforma tan inútil como la anterior.

Habiendo fracasado hasta el momento todas las definiciones del supuesto agricultor sobre el que concentrar las ayudas de forma prioritaria, la Comisión Europea insiste ahora con una nueva figura: la del «agricultor genuino». No es una broma. En realidad, el borrador no lo define sino que «deberá definirse para garantizar que no se conceda ayuda a quienes su actividad agrícola sea una parte insignificante de su actividad económica general o cuya actividad comercial principal no sea agrícola, sin excluir de la ayuda a los agricultores a tiempo parcial» . Añade que «los estados miembros definirán qué agricultores no se consideran genuinos en función de condiciones tales como justificantes de ingresos, mano de obra contratada en la explotación, finalidad de la empresa y/o inclusión en registros«. Si bien introduce la consideración del peso de la actividad agraria en relación con la actividad total del beneficiario en línea con lo propuesto desde el Gobierno de Aragón, nos encontramos ante un concepto que lo suficiente ambiguo para que, a los efectos prácticos,  resulte tan inútil o más como la de «agricultor activo».

El borrador deja libertad a los Estados miembros para mantener o eliminar los sistemas de derechos de pago básico lo que permite mantener la asignación de derechos y de sus importes en base a derechos históricos. Ello impide la necesaria redistribución de la ayuda en favor de los más jóvenes y profesionales así como de quienes más dependen de la actividad agraria o se sitúan en zonas con menor potencial productivo.

Las ayudas directas desacopladas mantienen el modelo actualmente vigente basado en el pago por «hectáreas admisibles». Todo ello con independencia de que, en línea con lo propuesto desde el Gobierno de Aragón y en el marco de los planes de apoyo estatales abiertos a su establecimiento a escala regional, podrían ser más coherentes con las políticas agrarias autonómicas mediante el Apoyo a los Ingresos Básicos para la Sostenibilidad (BISS), el Apoyo a los Ingresos Redistributivos Complementarios para la Sostenibilidad (CRISS), el Apoyo de Ingresos Complementarios para Jóvenes Agricultores (CIS-YF) o el Esquema Voluntario para el clima y el medio ambiente (Echo-scheme).

Las ayudas acopladas mantienen prácticamente la misma estructura actual.

La posibilidad de financiar el pago a los «pequeños agricultores» con fondos propios abre la puerta a la cofinanciación nacional de los pagos directos manteniendo, además, las complicaciones administrativas actualmente existentes.

Si bien establece un límite máximo absoluto de ayuda (capping)  teniendo en cuenta la remuneración del trabajo aplicado en la explotación, da la posibilidad de limitarlo individualmente lo que -con independencia del riesgo de fraccionamiento de explotaciones- puede llevar a que, como ya ha ocurrido con la figura de agricultor activo, no tenga efectos prácticos o sean muy limitados. Por otro lado, la cifra establecida para el límite máximo absoluto (60.000 €) resulta un tanto arbitraria y, a pesar de tener en cuenta la remuneración del trabajo, no garantiza una compensación de rentas justa ni eficaz.

La condicionalidad incrementa sus ámbitos de control lo que, unido a las nuevas exigencias en relación con el capping y la ausencia de nuevos planteamientos en relación con la gestión, no sólo impedirá la prometida simplificación sino que introducirá más complejidad administrativa y más dificultades burocráticas, sobre todo para los beneficiarios y las Comunidades Autónomas.

Persisten los enfoques sectoriales y las intervenciones en frutas y hortalizas, vino, aceite o apicultura siguen la misma línea que la OCM actual de lo que cabe deducir que los agricultores dedicados a estas actividades, junto con quienes dedican su actividad a otros sectores como el porcino, la avicultura o la cunicultura, seguirán excluidos de los pagos directos con independencia de sus dificultades de renta.

Si bien el capping así como del umbral mínimo establecido para la superficie  elegible (artículo 32) favorecería a la agricultura familiar, no se introducen los cambios necesarios para el apoyo que necesita ante las graves amenazas que afronta en el actual contexto de población agraria muy envejecida, falta de relevo generacional – si  que el borrador preste especial atención a la incorporación de jóvenes- y fuerte competitividad internacional.

Si bien se considera positivo que se considere como objetivo el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales, el borrador no contempla nuevos mecanismos para lograrlo sin que se aprecien novedades destacables en materia de desarrollo rural.

Finalmente, aunque de carácter marginal, cabe resaltar por su potencial en relación con la política agraria nacional,  que el borrador incluya como medida contra la volatilidad de la renta  de las explotaciones, eximir de la consideración de Ayuda de Estado  el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre una base plurianual.

Ante el carácter poco reformador del Borrador se impone la necesidad de promover los cambios de calado que la Comisión Europea, según parece no contempla. Porque son los agricultores, y no tanto la agricultura en sí misma, quienes están gravemente amenazados y, con ello, nuestro mundo rural tal y como lo conocemos.

Simplificar y modernizar la PAC para hacerla más social y eficaz.

Joaquín Olona. Zaragoza, 26 de octubre de 2017.

La propuesta de reforma en profundidad de la PAC que proponemos desde el Gobierno de Aragón se demuestra eficaz porque mejora significativamente la renta de los agricultores, no sólo de los que acreditan rentas más bajas sino de los que más dependen ecómicamente de la actividad agraria y cuentan con explotaciones más productivas, más viables y de mayor contribución  ambiental.

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El reto de una PAC simplificada, más justa y eficaz.

Por Joaquín Olona. Versión actualizada de la propuesta de Reforma de la PAC remitida a la Ministra García Tejerina y al Comisario Hogan. 28 de enero 2017.

La Política Agrícola Común (PAC) debe mejorar su utilidad de modo que contribuya  al logro de una agricultura productiva y sostenible que, en el marco del modelo familiar y de la  actividad vinculada al territorio, resulte atractiva para los jóvenes y las mujeres, genere valor añadido y empleo, garantice el uso eficiente de los recursos así como su adaptación a las condiciones de cambio climático.

Para ello se precisa una reforma en profundidad que elimine los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización productiva, compensando directamente la renta de los agricultores en función del ejercicio real de la actividad agraria que llevan a cabo.

Es preciso incluir, como beneficiarios potenciales de la PAC, a todos los agricultores y ganaderos independientemente de su orientación productiva y dimensión, modulando la compensación de renta en función de tres parámetros  fundamentales:

  • La dependencia agraria de la renta total, primando la profesionalidad.
  • La productividad de la explotación, penalizando la ociosidad.
  • La dimensión económica de las explotaciones, evitando la insuficiencia.

También es preciso condicionar los pagos al cumplimiento de buenas prácticas así como a la generación de beneficios ambientales y sociales verificables.

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En Bruselas ya se debate abiertamente el futuro de la PAC.

Por Joaquín Olona, tomado de Allan Mattews (8-11-2016)

El pasado 8 de noviembre el Comité AGRI organizó en Bruselas, en el Parlamento Europeo, una jornada de trabajo  sobre el futuro de la PAC después de 2020. El experto Allan Mattews, catedrático emérito de Política Agrícola en el Departamento de Economía del Trinity College de Dublín (Irlanda), presentó su informe sobre el futuro de los pagos directos en el que valora el sistema vigente y formula propuestas que conducen a una reforma en profundidad. Me he permitido resumir la intervención del profesor Mattews en los siguientes puntos:

  1. El sistema vigente de pagos directos no es una solución satisfactoria. No es eficaz  ni eficiente  para hacer frente con equidad a los retos de la renta agrícola y su estabilidad, de la productividad y de la competitividad así como del medio ambiente  y el clima.
  2. Las ayudas directas desacopladas, basadas en pagos por superficie, deberían eliminarse gradualmente estableciendo un periodo de transición.
  3. Cuando los pagos se consideran derechos, las condiciones que se establecen generan cargas burocráticas excesivas. Del paradigma de los «derechos» debería pasarse a un nuevo paradigma en el que los agricultores reciban la ayuda a cambio de productos específicos e identificables sobre una base contractual. Para ello es preciso focalizar la política agrícola en objetivos concretos y especificos  alcanzables mediante acciones orientadas a resultados verificables abandonando la retórica de su mera referencia genérica.
  4. La ayuda a la agricultura debe continuar para hacer frente a los fallos de mercado que impiden que los resultados del libre mercado no sean óptimos. Debe asegurarse, en primer lugar, que los agricultores protegen la biodiversidad y mantienen los servicios de los ecosistemas más allá de las buenas prácticas agrícolas.
  5. Existe justificación para apoyar la producción de calidad, incluyendo la agricultura ecológica, las prácticas agroecológicas, las elevadas exigencias de bienestar animal, la innovación y la mejora de  la mejora de la competitividad, el fortalecimiento del papel de los productores en la cadena alimentaria o la incorporación de los jóvenes agricultores.
  6. Hace falta encontrar el modo de retribuir a quienes contribuyen al secuestro de carbono y a la mitigación del cambio climático. También es preciso apoyar los riesgos y su  gestión  así como a la agricultura en las zonas con limitaciones naturales dados los efectos indeseables del abandono de los usos agrarios.
  7. Es necesario poder verificar, por parte del público y del contribuyente, que los servicios o bienes públicos en base a los que se paga a los agricultores desarrollando prácticas agrícolas que van más allá de lo que se requiere legalmente se obtienen y entregan a la sociedad realmente.
  8. Siendo necesario que los agricultores observen las buenas prácticas agrícolas y medioambientales, todos los beneficiarios de la PAC deberían estar obligados a cumplir las normas de condicionalidad. Sin embargo, en la práctica vigente, no hay relación entre los pagos  que reciben los agricultores y los costes adicionales en los que incurren realmente como consecuencia del cumplimiento de la condicionalidad y de la ecologización («greening»).
  9. La condicionalidad y la ecologización podrían sustituirse por la obligación de inscribirse en un plan agroambiental cofinanciado por la PAC («ecologización condicional»)  reuniendo las normas de condicionalidad no estatutarias y las prácticas de ecologización en un solo régimen, que tendría una amplia cobertura de tierras agrícolas debido a su vinculación con otros pagos que los agricultores podrían recibir dando flexibilidad a los Estados Miembros para diseñar planes que sean apropiados para sus circunstancias locales.
  10. La estructura de la PAC en dos pilares se ha demostrado útil y debería continuar si bien el profesor Mattews propone que todo el gasto de la PAC debería ser objeto de cofinanciación por parte de los Estados Miembros y no sólo las medidas tradicionales del Pilar 2, forzando con ello a los Estados a pensar mejor el diseño de sus esquemas de ayuda.

John Nash y el agua.

Publicado por Joaquín Olona en iagua (8-07-2015)

John Nash (13-06-1928), Nobel de Economía (1995) y premio Abel de Matemáticas (2015) popularizado por la película “Una mente maravillosa” (2002), falleció el pasado día 23 de mayo junto a su esposa en un accidente de tráfico. Su contribución a la teoría de juegos es muy relevante para la gobernanza de los recursos que, como el agua, no responden necesariamente a los postulados del mercado.

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Agua, crecimiento y empleo.

Publicado por Joaquín Olona en iagua el 7 de mayo de 2015.

El agua es un bien económico y como tal debe ser tratado. No necesariamente para convencernos de que sólo cabe ser ahorrado sino de que también debe ser utilizado, particularmente por el sector agroalimentario.

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Las inundaciones del Ebro.

Publicado por Joaquín Olona en iagua (9-03-2015).

A la vista de la imagen de satélite, ampliamente difundida, sobre la reciente inundación del Ebro, a quienes anteponen la protección del río frente a cualquier otro propósito cabe preguntarles a dónde y cuando se traslada la ciudad de Zaragoza.

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Huella hídrica, comercio virtual de agua y soberanía alimentaria.

Publicado por Joaquín Olona en iagua (24-02-2015).

El Observatorio del Agua de la Fundación Botín (OAFB) considera signo de mala gobernanza aplicar agua a las producciones agrícolas de bajo valor comercial. Subraya que la agricultura, siendo la actividad que más agua consume, produce un escaso valor económico y se pregunta hasta qué punto interesa dedicar agua para regar cereales, que tienen poco valor económico y pueden importarse.

Estas opiniones, en la medida que lo son, resultan cuestionables. La asignación del agua, lo mismo que la del resto de recursos estratégicos, no puede basarse en criterios simplistas ni exclusivamente comerciales. Los cereales son la base de la alimentación y reducir su cultivo, que permitiría ahorrar un agua que tenemos, perjudicaría una fortaleza económica de la que carecemos.

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El Partenariado del Agua del Ebro rechaza la ley de Aguas y Ríos de Aragón.

Publicado por Joaquín Olona en iagua (11-02-2015).

El Partenariado del Agua del Ebro promueve la mejora institucional de la gobernanza del agua basada en la acción colectiva, directa y responsable, de los usuarios en el marco de las cuencas hidrográficas.

En su manifiesto de 19-01-2015, el Partenariado insta a los órganos competentes para que, en el ejercicio de sus responsabilidades y competencias, actúen en defensa del principio de unidad de cuenca y de los sistemas hidráulicos. La ley que se rechaza es un nuevo ejemplo de degradación y desprestigio del patrimonio institucional que fundamenta la gobernanza española del agua.

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Ver manifiesto.