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@PhillHoganUE sigue si aclarar el recorte propuesto para la PAC 2021-2027

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 20 de mayo de 2018.

El pasado día 16 de mayo de 2018, el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea Phill Hogan  publicó en el Heraldo de Aragón (página 23) un artículo titulado  «La UE y los agricultores». En el mismo explica que el presupuesto propuesto  para la PAC, que él mismo califica como justo, «garantizará en la próxima década ayudas de la UE por importe de 365.000 euros en apoyo de los 22 millones de agricultores europeos«. Se trata del presupuesto propuesto por la Comisión Europea  para la el la PAC en el seno del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, presentado por la propia Comisión Europea el día 2 de mayo de 2018..

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El Comisario no explica que la PAC cuenta en el periodo vigente 2014-2020 con 408.313 millones de euros. Una cifra que si se compara con los 365.000 millones de euros no se traduce en una reducción de «menos del 5%», tal y como como dice su artículo, sino del 10,61 %. Pero es seguro que si el Comisario lo afirma es porque tendrá una explicación que no ofrece. ¿Quizás la explicación tiene que ver con el Brexit? Quizás, pero debe ser el Comisario Hogan quien debería aclararlo.

También debería explicar el Comisario que la propia Comisión Europea diferencia entre euros corrientes y euros constantes. Porque claro, para que las cifras puedan compararse con rigor cuando se refieren a periodos tan largos (2014-2027) debe tenerse en cuenta la inflación. Así, referidas las cifras al año 2018 la reducción del presupuesto propuesto para el nuevo periodo 2021-2027 es del 17,97 %.

Efectivamente, la PAC necesita una «Una financiación adecuada para ayudar a los agricultores y al resto del sector agroalimentario» como dice el Comisario Hogan. Sin embargo, difícilmente lo será sino se adoptan las reformas necesarias, concretando las prioridades políticas pertinentes para determinar con mayor precisión a quiénes se destina el dinero y para qué finalidad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo ayudar a los agricultores de verdad que «al resto del sector agroalimentario».

El límite de 60.000 € para los pagos directos de la PAC no tendría ningún efecto práctico.

Por Joaquín Olona Blasco. Zaragoza, 11 de mayo de 2018.

De acuerdo con el análisis efectuado por Alan Matthews  el límite máximo de 60.000 € por explotación (capping)  propuesto por la Comisión Europea para los pagos directos no tendrá el más mínimo efecto en la mayoría de los Estados miembros, entre ellos España, porque, en la gran mayoría de los casos los pagos netos a los que se aplicará el límite serán cero.

La inoperancia práctica de la nueva artimaña comunitaria para que nada cambie radica en la aparentemente razonable deducción de los costes laborales, incluidos los del trabajo no remunerado, del importe de los pagos directos antes de la aplicación del límite máximo. El truco es bastante burdo y radica en el hecho de que, por regla general, los costes laborales medios  por hectárea (720 €/ha para el conjunto de la UE y 531 €/ha para España) son mucho mayores que el pago directo promedio por hectárea (256 €/ha para el conjunto de la UE y 220 €/ha para España).

La gráfica elaborada por Matthews muestra el caso en el que el coste unitario de la mano de obra es 250 €/ha porque es justo el valor para el que los pagos directos netos a los que se aplica el límite máximo de los 60,000 € es justamente cero. Así el umbral de límite (la línea de puntos inclinada) nunca se cruza con la línea roja que representa el pago directo total recibido por la explotación y que, consecuentemente, nunca se ve reducido. Sólo si el coste unitario de la mano de obra es menor que el pago directo promedio por hectárea (que solo pasa en Bulgaria, Rumanía, Lituania y en algunos casos de Estonia)  la línea del límite máximo puede llegar a cortarse con la del pago directo total (linea roja) en una cantidad elevada. Si el coste unitario del trabajo es mayor que el pago promedio unitario (que es lo habitual en España) entonces la inoperancia del capping está totalmente  asegurada.

 

 

El verdadero recorte propuesto para la PAC 2021-2027.

Por Joaquín Olona. Zaragoza. 6 de Mayo de 2018.

Resulta sorprendente que, tras la presentación de la propuesta del presupuesto comunitario para la nueva etapa 2021-2027 por parte de la Comisión Europea (CE), se difundiera que la reducción para la PAC fuera del 5% cuando en realidad es del 10,61 % en precios corrientes y del 17,97 % en precios constantes de 2018. Pero todavía es más incomprensible que la CE siga sin ofrecer ninguna aclaración.

La  CE propone un recorte del 7,30% en precios corrientes y del 14,97 % en precios de 2018 para el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) sin que sepamos todavía cuál sería la distribución entre los pagos directos del Primer Pilar y las medidas de mercado de la OCM. Por lo que se refiere al desarrollo rural (Segundo Pilar de la PAC) la reducción es del 20,86% en precios corrientes y del 27,26 % en precios de 2018.

Los porcentajes  se han calculado en base a las cifras que recoge el cuadro que sigue, que se ha obtenido considerando que,  dado que la CE ofrece las cifras del Marco Financiero Plurianual 2014-2021 en precios corrientes así como en precios de 2011, 1 € de 2011 equivale a 1,08 € de 2018.:

En la página 24 de la Comunicación COM(2018) 321 final, que puede verse en https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/ES/COM-2018-321-F1-ES-MAIN-PART-1.PDF, se afirma que «la Comisión ha examinado de forma crítica dónde se puede ahorrar sin menoscabar el valor añadido de los programas de la UE. Como parte de este esfuerzo, la Comisión propone reducir moderadamente la dotación presupuestaria para la política agrícola común y la política de cohesión a fin de tener en cuenta el nuevo contexto y poder liberar recursos para otras actividades«.  Difícilmente puede admitirse que la reducción presupuestaria propuesta para la PAC sea «moderada» una vez vista su verdadera magnitud.

Esa misma Comunicación incluye el gráfico que sigue donde se muestra la continua y preocupante pérdida de peso que viene sufriendo la PAC en el conjunto del presupuesto comunitario. Con la reciente propuesta de la CE, la PAC pasaría de representar el 55% del presupuesto comunitario durante el periodo 1988-1992 a menos del 30% en el nuevo periodo 2021-2017. Todo ello sabiendo que el presupuesto total no ha crecido en relación con el PIB ya que el el programado para 2021-2027 representa el 1,11% de la Renta Nacional Bruta de la UE-27 mientras que el del periodo 1993-1999 representó el 1,25%.

Con el recorte propuesto en el marco de la evolución regresiva del presupuesto de la PAC resulta difícilmente creíble que «la modernización de estas políticas les permitirá seguir cumpliendo sus principales objetivos y contribuir a su vez a las nuevas prioridades» tal y como afirma la Comunicación. Sobre todo una vez conocido el decepcionante borrador del Reglamento mediante el que la CE pretende «reformar» la PAC.

 

 

 

 

 

La decepcionante propuesta de la Comisión Europea para reformar la PAC.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 1 de Mayo de 2018.

El pasado 26 de abril se filtró un borrador sobre la propuesta de Reglamento sobre la nueva PAC en el que trabaja la Comisión Europea. Mientras que la Comunicación sobre el futuro de la agricultura y los alimentos sorprendió por su enfoque atrevido y novedoso, el borrador, si bien favorece algunos de los planteamientos que hacemos desde el Gobierno de Aragón, sorprende por la ausencia de cambios de calado, lo que nos sitúa de nuevo ante el riesgo de una Reforma tan inútil como la anterior.

Habiendo fracasado hasta el momento todas las definiciones del supuesto agricultor sobre el que concentrar las ayudas de forma prioritaria, la Comisión Europea insiste ahora con una nueva figura: la del «agricultor genuino». No es una broma. En realidad, el borrador no lo define sino que «deberá definirse para garantizar que no se conceda ayuda a quienes su actividad agrícola sea una parte insignificante de su actividad económica general o cuya actividad comercial principal no sea agrícola, sin excluir de la ayuda a los agricultores a tiempo parcial» . Añade que «los estados miembros definirán qué agricultores no se consideran genuinos en función de condiciones tales como justificantes de ingresos, mano de obra contratada en la explotación, finalidad de la empresa y/o inclusión en registros«. Si bien introduce la consideración del peso de la actividad agraria en relación con la actividad total del beneficiario en línea con lo propuesto desde el Gobierno de Aragón, nos encontramos ante un concepto que lo suficiente ambiguo para que, a los efectos prácticos,  resulte tan inútil o más como la de «agricultor activo».

El borrador deja libertad a los Estados miembros para mantener o eliminar los sistemas de derechos de pago básico lo que permite mantener la asignación de derechos y de sus importes en base a derechos históricos. Ello impide la necesaria redistribución de la ayuda en favor de los más jóvenes y profesionales así como de quienes más dependen de la actividad agraria o se sitúan en zonas con menor potencial productivo.

Las ayudas directas desacopladas mantienen el modelo actualmente vigente basado en el pago por «hectáreas admisibles». Todo ello con independencia de que, en línea con lo propuesto desde el Gobierno de Aragón y en el marco de los planes de apoyo estatales abiertos a su establecimiento a escala regional, podrían ser más coherentes con las políticas agrarias autonómicas mediante el Apoyo a los Ingresos Básicos para la Sostenibilidad (BISS), el Apoyo a los Ingresos Redistributivos Complementarios para la Sostenibilidad (CRISS), el Apoyo de Ingresos Complementarios para Jóvenes Agricultores (CIS-YF) o el Esquema Voluntario para el clima y el medio ambiente (Echo-scheme).

Las ayudas acopladas mantienen prácticamente la misma estructura actual.

La posibilidad de financiar el pago a los «pequeños agricultores» con fondos propios abre la puerta a la cofinanciación nacional de los pagos directos manteniendo, además, las complicaciones administrativas actualmente existentes.

Si bien establece un límite máximo absoluto de ayuda (capping)  teniendo en cuenta la remuneración del trabajo aplicado en la explotación, da la posibilidad de limitarlo individualmente lo que -con independencia del riesgo de fraccionamiento de explotaciones- puede llevar a que, como ya ha ocurrido con la figura de agricultor activo, no tenga efectos prácticos o sean muy limitados. Por otro lado, la cifra establecida para el límite máximo absoluto (60.000 €) resulta un tanto arbitraria y, a pesar de tener en cuenta la remuneración del trabajo, no garantiza una compensación de rentas justa ni eficaz.

La condicionalidad incrementa sus ámbitos de control lo que, unido a las nuevas exigencias en relación con el capping y la ausencia de nuevos planteamientos en relación con la gestión, no sólo impedirá la prometida simplificación sino que introducirá más complejidad administrativa y más dificultades burocráticas, sobre todo para los beneficiarios y las Comunidades Autónomas.

Persisten los enfoques sectoriales y las intervenciones en frutas y hortalizas, vino, aceite o apicultura siguen la misma línea que la OCM actual de lo que cabe deducir que los agricultores dedicados a estas actividades, junto con quienes dedican su actividad a otros sectores como el porcino, la avicultura o la cunicultura, seguirán excluidos de los pagos directos con independencia de sus dificultades de renta.

Si bien el capping así como del umbral mínimo establecido para la superficie  elegible (artículo 32) favorecería a la agricultura familiar, no se introducen los cambios necesarios para el apoyo que necesita ante las graves amenazas que afronta en el actual contexto de población agraria muy envejecida, falta de relevo generacional – si  que el borrador preste especial atención a la incorporación de jóvenes- y fuerte competitividad internacional.

Si bien se considera positivo que se considere como objetivo el fortalecimiento del tejido socioeconómico de las zonas rurales, el borrador no contempla nuevos mecanismos para lograrlo sin que se aprecien novedades destacables en materia de desarrollo rural.

Finalmente, aunque de carácter marginal, cabe resaltar por su potencial en relación con la política agraria nacional,  que el borrador incluya como medida contra la volatilidad de la renta  de las explotaciones, eximir de la consideración de Ayuda de Estado  el cálculo del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre una base plurianual.

Ante el carácter poco reformador del Borrador se impone la necesidad de promover los cambios de calado que la Comisión Europea, según parece no contempla. Porque son los agricultores, y no tanto la agricultura en sí misma, quienes están gravemente amenazados y, con ello, nuestro mundo rural tal y como lo conocemos.

Simplificar y modernizar la PAC para hacerla más social y eficaz.

Joaquín Olona. Zaragoza, 26 de octubre de 2017.

La propuesta de reforma en profundidad de la PAC que proponemos desde el Gobierno de Aragón se demuestra eficaz porque mejora significativamente la renta de los agricultores, no sólo de los que acreditan rentas más bajas sino de los que más dependen ecómicamente de la actividad agraria y cuentan con explotaciones más productivas, más viables y de mayor contribución  ambiental.

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El reto de una PAC simplificada, más justa y eficaz.

Por Joaquín Olona. Versión actualizada de la propuesta de Reforma de la PAC remitida a la Ministra García Tejerina y al Comisario Hogan. 28 de enero 2017.

La Política Agrícola Común (PAC) debe mejorar su utilidad de modo que contribuya  al logro de una agricultura productiva y sostenible que, en el marco del modelo familiar y de la  actividad vinculada al territorio, resulte atractiva para los jóvenes y las mujeres, genere valor añadido y empleo, garantice el uso eficiente de los recursos así como su adaptación a las condiciones de cambio climático.

Para ello se precisa una reforma en profundidad que elimine los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización productiva, compensando directamente la renta de los agricultores en función del ejercicio real de la actividad agraria que llevan a cabo.

Es preciso incluir, como beneficiarios potenciales de la PAC, a todos los agricultores y ganaderos independientemente de su orientación productiva y dimensión, modulando la compensación de renta en función de tres parámetros  fundamentales:

  • La dependencia agraria de la renta total, primando la profesionalidad.
  • La productividad de la explotación, penalizando la ociosidad.
  • La dimensión económica de las explotaciones, evitando la insuficiencia.

También es preciso condicionar los pagos al cumplimiento de buenas prácticas así como a la generación de beneficios ambientales y sociales verificables.

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En Bruselas ya se debate abiertamente el futuro de la PAC.

Por Joaquín Olona, tomado de Allan Mattews (8-11-2016)

El pasado 8 de noviembre el Comité AGRI organizó en Bruselas, en el Parlamento Europeo, una jornada de trabajo  sobre el futuro de la PAC después de 2020. El experto Allan Mattews, catedrático emérito de Política Agrícola en el Departamento de Economía del Trinity College de Dublín (Irlanda), presentó su informe sobre el futuro de los pagos directos en el que valora el sistema vigente y formula propuestas que conducen a una reforma en profundidad. Me he permitido resumir la intervención del profesor Mattews en los siguientes puntos:

  1. El sistema vigente de pagos directos no es una solución satisfactoria. No es eficaz  ni eficiente  para hacer frente con equidad a los retos de la renta agrícola y su estabilidad, de la productividad y de la competitividad así como del medio ambiente  y el clima.
  2. Las ayudas directas desacopladas, basadas en pagos por superficie, deberían eliminarse gradualmente estableciendo un periodo de transición.
  3. Cuando los pagos se consideran derechos, las condiciones que se establecen generan cargas burocráticas excesivas. Del paradigma de los «derechos» debería pasarse a un nuevo paradigma en el que los agricultores reciban la ayuda a cambio de productos específicos e identificables sobre una base contractual. Para ello es preciso focalizar la política agrícola en objetivos concretos y especificos  alcanzables mediante acciones orientadas a resultados verificables abandonando la retórica de su mera referencia genérica.
  4. La ayuda a la agricultura debe continuar para hacer frente a los fallos de mercado que impiden que los resultados del libre mercado no sean óptimos. Debe asegurarse, en primer lugar, que los agricultores protegen la biodiversidad y mantienen los servicios de los ecosistemas más allá de las buenas prácticas agrícolas.
  5. Existe justificación para apoyar la producción de calidad, incluyendo la agricultura ecológica, las prácticas agroecológicas, las elevadas exigencias de bienestar animal, la innovación y la mejora de  la mejora de la competitividad, el fortalecimiento del papel de los productores en la cadena alimentaria o la incorporación de los jóvenes agricultores.
  6. Hace falta encontrar el modo de retribuir a quienes contribuyen al secuestro de carbono y a la mitigación del cambio climático. También es preciso apoyar los riesgos y su  gestión  así como a la agricultura en las zonas con limitaciones naturales dados los efectos indeseables del abandono de los usos agrarios.
  7. Es necesario poder verificar, por parte del público y del contribuyente, que los servicios o bienes públicos en base a los que se paga a los agricultores desarrollando prácticas agrícolas que van más allá de lo que se requiere legalmente se obtienen y entregan a la sociedad realmente.
  8. Siendo necesario que los agricultores observen las buenas prácticas agrícolas y medioambientales, todos los beneficiarios de la PAC deberían estar obligados a cumplir las normas de condicionalidad. Sin embargo, en la práctica vigente, no hay relación entre los pagos  que reciben los agricultores y los costes adicionales en los que incurren realmente como consecuencia del cumplimiento de la condicionalidad y de la ecologización («greening»).
  9. La condicionalidad y la ecologización podrían sustituirse por la obligación de inscribirse en un plan agroambiental cofinanciado por la PAC («ecologización condicional»)  reuniendo las normas de condicionalidad no estatutarias y las prácticas de ecologización en un solo régimen, que tendría una amplia cobertura de tierras agrícolas debido a su vinculación con otros pagos que los agricultores podrían recibir dando flexibilidad a los Estados Miembros para diseñar planes que sean apropiados para sus circunstancias locales.
  10. La estructura de la PAC en dos pilares se ha demostrado útil y debería continuar si bien el profesor Mattews propone que todo el gasto de la PAC debería ser objeto de cofinanciación por parte de los Estados Miembros y no sólo las medidas tradicionales del Pilar 2, forzando con ello a los Estados a pensar mejor el diseño de sus esquemas de ayuda.

John Nash y el agua.

Publicado por Joaquín Olona en iagua (8-07-2015)

John Nash (13-06-1928), Nobel de Economía (1995) y premio Abel de Matemáticas (2015) popularizado por la película “Una mente maravillosa” (2002), falleció el pasado día 23 de mayo junto a su esposa en un accidente de tráfico. Su contribución a la teoría de juegos es muy relevante para la gobernanza de los recursos que, como el agua, no responden necesariamente a los postulados del mercado.

Ver artículo en iagua

Agua, crecimiento y empleo.

Publicado por Joaquín Olona en iagua el 7 de mayo de 2015.

El agua es un bien económico y como tal debe ser tratado. No necesariamente para convencernos de que sólo cabe ser ahorrado sino de que también debe ser utilizado, particularmente por el sector agroalimentario.

Leer artículo en iagua.