Por Joaquín Olona. Consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón.
La reforma en profundidad que se propone centra la ayuda directa de la que es objeto el Primer Pilar de la PAC en la renta personal de los beneficiarios, eliminando los derechos históricos, los pagos por superficie así como la regionalización productiva.
Se propone incluir a todos los profesionales de la agricultura y de la ganadería, con independencia de su orientación productiva, eliminando las discriminaciones territoriales, sectoriales o de cualquier otra índole que hacen ahora de la PAC una política ineficaz e injusta.
Se prima la buena gestión de las explotaciones incentivando la profesionalidad, la dimensión económica y la productividad. Todo ello con la vista puesta en una agricultura productiva y sostenible que, en el marco del modelo familiar y de la actividad vinculada al territorio, resulte atractiva para los jóvenes y las mujeres, contribuya a la economía y al empleo así como a la mitigación de la emisiones de Gases de Efecto Invernadero y la adaptación al cambio climático.
La PAC vigente en España, resultado de una aplicación de la Reforma que sólo ha buscado dejarlo todo como ya estaba antes, perjudica a la agricultura. Porque los derechos históricos dificultan la incorporación y la consolidación de los jóvenes en la actividad agraria, Además, ese determinismo histórico impide que los agricultores y ganaderos que tradicionalmente no han tenido ayudas puedan llegar a tenerlas; por ejemplo, es el caso de los fruticultores. Los pagos por superficie se han convertido una amenaza para la ganadería extensiva, sobre todo en las zonas de montaña donde los ganaderos están encontrando serias dificultades para justificar una actividad que han desarrollado tradicionalmente.
Se propone el establecimiento de una renta agraria de referencia respecto de la que compensar la renta agraria individual realmente obtenida. La renta de referencia se corrige en función del grado de profesionalidad agraria de los beneficiarios. La compensación de la renta se corrige en función de la dimensión de la explotación acreditada por el beneficiario así como de la eficiencia productiva incentivando con ello el uso eficiente de los recursos y penalizando la ociosidad de los mismos. La ayuda queda condicionada en todo caso al cumplimiento de exigencias agronómicas, ambientales y sociales que refuerzan la legitimidad de la ayuda pública asignada.
La propuesta supone una importante simplificación basada en la integración y coordinación del sistema de declaración y control de la ayuda con el sistema fiscal, eliminando el exceso de burocracia que abruma a los agricultores y supone un elevado coste para todos.
