Zaragoza, 12 de septiembre de 2021

Quienes representamos a las Comunidades Autónomas en relación con la Reforma de la PAC, a juzgar por los análisis dominantes, parece ser que carecemos de otra visión y propósito que no sea el logro del mayor presupuesto posible en el reparto del importe nacional a expensas del resto.

Debería resultar obvio que la obligación de los consejeros autonómicos es la defensa de los intereses de su Comunidad respectiva. Más aún cuando su posición está refrendada por acuerdos y mandatos que incluyen a los propios parlamentos regionales. Pero eso no implica que tan solo se busque maximizar el sobre autonómico a expensas del resto del Estado; y mucho menos que siempre se haga de manera insolidaria, desleal y con absoluta falta de visión de Estado.

No es Aragón, en absoluto, la única Comunidad Autónoma que mantiene criterios y posiciones relativas a la Reforma de la PAC que trascienden esa visión tan miope y estrecha que se nos achaca. Tampoco es Aragón una excepción en la formulación de acuerdos con otras Comunidades Autónomas que, atendiendo a criterios geográficos, agronómicos o de otra índole, persigue contribuir a la mejor formulación posible del Plan Estratégico Nacional.

La posición aragonesa en relación con la reforma de la PAC, sustentada en un amplio y sólido acuerdo político y social, defiende la concentración de las ayudas en el apoyo directo de la renta de quienes más dependen de la actividad agraria en función de sus ingresos. Ello no excluye, en absoluto, a quienes practican la agricultura a tiempo parcial ya que en ningún momento hemos identificado al “profesional” con quien acredita ingresos exclusivamente agrarios. Es más, hemos admitido porcentajes de ingresos agrarios tan escasos como el 25%, incluyendo las ayudas de la PAC, para considerar al beneficiario como profesional a los efectos de la PAC y vincularlo así a la preferencia que reivindicamos. Una preferencia que resulta determinante para la defensa de los jóvenes y del rejuvenecimiento del sector ya que el apoyo a su incorporación viene exigiendo en la práctica niveles de profesionalidad más elevados.

Concentrar la ayuda en los “profesionales”, una vez establecidas las correspondientes limitaciones de pagos por encima de determinadas cantidades y condiciones, haciendo uso sobre todo de la Ayuda redistributiva a la renta, equivale a concentrar la ayuda en quienes más la necesitan, siendo además la vía más eficaz para afrontar la brecha de renta existente entre los agricultores y el resto de los ciudadanos.

Pero para que la ayuda se concentre efectivamente en quienes más la necesitan exige, a su vez, la supresión de unas referencias históricas y de unos derechos individuales que, además de injustos e ineficaces, bloquean la redistribución de los fondos respecto de cualquier objetivo que se plantee, incluido el del género.

El sistema de derechos se ha traducido en anomalías sociales y territoriales que es preciso subsanar con la mayor urgencia posible. Así, desde Aragón también propugnamos la reducción significativa del número de regiones productivas, así como la aceleración del proceso de convergencia, tal y como de hecho le exige a España la propia Comisión Europea. Es la única vía para que desaparezcan las aberrantes diferencias actualmente existentes en los pagos por hectárea, de modo que por producir lo mismo en las mismas o similares condiciones se aplique el mismo pago por hectárea.

También defendemos desde Aragón que la ganadería extensiva, dadas las especiales dificultades que afronta y el importante papel socio-territorial y ambiental que desempeña, tenga un tratamiento preferente a través de las ayudas asociadas de modo que el pago por cabeza se incremente de forma significativa, sobre todo en el caso de la ganadería ovina.

Sorprende que estas propuestas hayan sido valoradas como interesadas para Aragón, cuando no descalificadas por su falta de contribución a la necesaria política de Estado. Consecuentemente cabría formular las siguientes preguntas:

• ¿Acaso sólo hay dependientes de la agricultura y de la ganadería en Aragón?
• ¿Es que en el resto de España no hay agricultores y ganaderos que aspiran a vivir de la actividad agraria?
• Si la exigencia de acreditar cualquier porcentaje de ingresos procedentes de la agricultura, incluyendo las ayudas, por mínimo que sea, se interpreta que excluye a los agricultores a tiempo parcial ¿Qué se entiende entonces por agricultor y agricultura a tiempo parcial?
• Sabiendo que es preciso afrontar mayores exigencias ambientales de las que se derivarán, sin duda, mayores costes ¿No es conveniente reforzar el apoyo a la renta de quienes más se van a ver afectados y mayor esfuerzo deberán hacer (los profesionales)?
• ¿Acaso la brecha de renta que sufren los agricultores y ganaderos no es un serio obstáculo para la mejora social, económica y ambiental de nuestra agricultura y ganadería?
• ¿Podemos afrontar realmente los retos del rejuvenecimiento, del género, de la competitividad y de la sostenibilidad marginando en las ayudas a la profesionalidad agraria?
• ¿Podemos afrontar realmente el futuro del mundo rural y la despoblación marginando en las ayudas la profesionalidad agraria?
• ¿No cabe considerar como cuestión de estado los problemas y retos que plantea la ganadería extensiva?

La cuestión de los derechos históricos y de la convergencia en absoluto sitúa a Aragón en posición de ventaja. Si bien existe una mayoría política y social a favor, también hay fuerzas políticas Organizaciones Agrarias que se oponen. Si defendemos la supresión de los derechos y la aceleración de la convergencia no es porque Aragón amplíe su “sobre” de la PAC, sino porque es lo mejor para quienes viven o tratan de vivir de la agricultura y de la ganadería en Aragón, pero también en cualquier otra parte de España.

Cabe preguntarse por último sobre dos cuestiones adicionales:

Una, sobre la coherencia de quienes piden que las ayudas se concentren en los profesionales al mismo tiempo que exigen que los derechos históricos se mantengan o que incluso se tengan en cuenta en la aplicación de los ecoesquemas cuando se pide su regionalización. ¿Será que hay territorios donde los derechos históricos están justa y eficazmente distribuidos en función de la profesionalidad y de la brecha de renta? En Aragón desde luego que no es así; y me temo que en el resto de España tampoco.

La otra, sobre la coherencia de quienes exigen la intervención del Estado sobre los precios y mercados agrarios al objeto de garantizar una renta justa para los productores –que está fuera de toda posibilidad en el marco jurídico-administrativo de la UE- pero rechazan la redistribución de las ayudas de la PAC destinadas al apoyo a la renta en favor de quienes más dependen de la actividad agraria, es decir, de los profesionales. ¿Será que saldrían más beneficiados los pequeños agricultores y ganaderos profesionales con la (imposible) fijación de precios mínimos que con una distribución más justa de la ayuda a la renta? En Aragón, desde luego que no; y en el resto de España me temo que tampoco.

Zaragoza, 23 de abril de 2021.

Sobre la base del Acuerdo de Almagro (2018) los consejeros de Agricultura de Castilla-La Mancha y de Aragón hemos suscrito un nuevo acuerdo con el propósito de contribuir al debate político y al deseable acuerdo nacional que garantice que la aplicación de la PAC en España, a partir de 2023, sea más justa y eficaz, es decir, para que esta importante política pública lo sea en favor de la verdadera agricultura y ganadería familiar, de los jóvenes y de las mujeres, para que por hacer lo mismo se cobre lo mismo y, en definitiva, para que cobren más quienes más lo necesitan.

La Reforma ha sido planteada con objetivos ambiciosos en el seno de las instituciones europeas y ambiciosa debería ser también su aplicación en España. Porque ninguno de los propósitos citados podrá lograrse si seguimos haciendo lo mismo que ya hacemos.

Si el Plan Estratégico Nacional de la PAC, que debe acordarse y aprobarse en los próximos meses, no contempla una clara prioridad en favor de los agricultores profesionales y del modelo familiar, será difícil que el resultado final favorezca a este ámbito que todos decimos defender. No solo no cabe esperar que la agricultura familiar y sus profesionales salgan beneficiados sin tomar ninguna medida discriminatoria y suficientemente eficaz en su favor, sino que, de no tomarlas, se corre el riesgo de perjudicar precisamente a quienes se pretende beneficiar.

Si no se eliminan de forma real y completa los derechos históricos a partir de 2023, ni se reduce de forma drástica el número de regiones agronómicas actuales (50) ni se garantiza el acceso a las ayudas a todos los profesionales con independencia de su orientación productiva y ubicación, lo único que puede asegurarse que se conseguirá es la continuidad de los agricultores (y ganaderos) de sofá, el mantenimiento de las diferencias abusivas entre territorios, y del mercadeo de derechos, así como la persistencia de todas las demás anomalías que impiden concentrar los importantes fondos que distribuye la PAC en quienes más los necesitan y merecen.

Pero, además, es preciso utilizar con la máxima eficacia las herramientas redistributivas reglamentarias, en particular la nueva Ayuda redistributiva para la sostenibilidad de la renta cuya dotación presupuestaria debe asegurarse con independencia del efecto de los techos fijados para la también nueva Ayuda básica a la renta y cuya aplicación debe garantizarse en favor de los agricultores y ganaderos más profesionales y más dependientes de la actividad agraria.

El tratamiento prioritario a los más profesionales y dependientes de la agricultura y de la ganadería, se hace todavía más necesaria como consecuencia de las limitaciones reglamentarias que ya pueden darse por seguras. En particular, las fuertes exigencias que respecto de los eco-esquemas está imponiendo el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, supone detraer una parte significativa de la ayuda a la renta (entre el 20 y el 30% del Primer Pilar), que se traducirá en una reducción equivalente en la ayuda por hectárea, así como en una nueva fuente de desequilibrio entre beneficiarios y territorios.

Porque los eco-esquemas no pretenden reducir la brecha de renta que sufren los pequeños y medianos agricultores profesionales, sino que, responden a objetivos estrictamente ambientales que, sin cuestionarlos, es preciso darse cuenta que, por sí mismos, no benefician necesariamente al modelo familiar agrario; todo lo contrario, de no adoptar las medidas apropiadas, pueden perjudicar a los pequeños y medianos agricultores en favor del modelo corporativo. La voluntariedad de aplicación de los eco-esquemas, unida a los mayores costes, dificultades técnicas y exigencias administrativas que sin duda traerán, harán que sean más fáciles de adoptar por parte de la agricultura corporativa que por parte de la familiar.

La ganadería extensiva, sin duda el ámbito productivo mejor valorado y más reivindicado social y políticamente, tampoco mejorará manteniendo las anomalías vigentes y sin adoptar medidas específicas de apoyo. Es más, de empeñarse en hacerlo, la vaca nodriza y el sector ovino podrían incluso empeorar su situación, dada la ineficacia que suponen los pagos por hectárea para quienes, por lo general, no tienen tierra pero sí ganado, así como por la fuerte limitación impuesta a los pagos por cabeza dada la imposibilidad de adoptarlos más allá de unas ayudas asociadas que van a quedar limitadas al 13% del importe total del Primer Pilar y sin que, al parecer, para su aplicación puedan adoptarse criterios regionales.

En este proceso de Reforma de la PAC, a diferencia de los anteriores, se ha logrado propiciar en España un profundo y largo debate político que encuentra sus primeras referencias ya en 2016. Pero resulta imprescindible, que al menos en su etapa final en la que ya estamos, los pequeños y medianos agricultores profesionales titulares de las explotaciones familiares, no solo presten atención al desenlace de las negociaciones, sino que se comprometan con la defensa de sus propios intereses. Desde el Gobierno de Aragón, y me consta que igualmente desde el de Castilla-La Mancha, esos y no otros son los intereses que defendemos.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 22 de Diciembre de 2020

Publicado en la web de Agronegocios.

El arraigado enfoque sectorial de nuestra política agraria, es decir el empeño en vincular las ayudas a producciones agrícolas y ganaderas concretas, no solo es uno de los problemas que enfrenta la Reforma en profundidad de la PAC por la que abogamos desde Aragón, sino que impide concentrar la ayuda pública en los profesionales, los jóvenes y las mujeres, limitando con ello el apoyo al modelo familiar.

El vínculo con las referencias históricas que la Comisión Europea recomienda[1] eliminar a España, así como la acusada divergencia en los pagos por hectárea que la Comisión recomienda también reducir, son consecuencia del enfoque sectorial del pasado.

Apostar por el enfoque sector de la ayuda agraria conlleva el riesgo de caer en los mismos errores del pasado generen nuevos agravios entre beneficiarios y territorios. Supone, además, contradecir las recomendaciones internacionales contrarias a las ayudas acopladas a la producción por su distorsión de los mercados.

Las ayudas acopladas a producciones concretas, de acuerdo con las orientaciones de la Reforma en curso, solo deberían aplicarse con carácter excepcional para afrontar problemas socio-ambientales específicos. Es el caso, por ejemplo, de la ganadería extensiva vinculada preferentemente a razas autóctonas y ecosistemas dependientes del pastoreo, que es el ámbito exclusivo al que se propone aplicar los pagos directos acoplados en Aragón.

El carácter esencialmente sectorial de las reivindicaciones de las Organizaciones Agrarias y de las Cooperativas, junto con la resistencia a perder las ventajas sectoriales otrora logradas (status quo) obstaculizan la redistribución de la ayuda directa a la renta que la Comisión Europea incluye asimismo entre sus recientes recomendaciones a España en relación con el Plan Estratégico Nacional de la PAC.

Las ayudas a cultivos y ganados concretos no garantizan, por sí mismas, que el apoyo se destine al modelo familiar, ni a los profesionales, ni a los jóvenes ni tampoco a las mujeres. Es evidente, o al menos debería serlo, que los sectores están configurados por un conglomerado heterogéneo de productores de muy distintas características socioeconómicas. Ningún sector está completamente vinculado a un determinado perfil socioeconómico ni modelo productivo concreto, sino que en todos los sectores coexisten multitud de perfiles y de modelos productivos, entre los que el familiar muestra, por lo general, una preocupante regresión.

Qué sector necesita apoyo de la PAC no es la pregunta más acertada. Si de apoyar el modelo familiar se trata, resulta más pertinente preguntarse qué tipo de agricultores deben ser los beneficiarios de la PAC. La propuesta reglamentaria es clara: los genuinos.

Esta Reforma de la PAC es una gran oportunidad para afrontar con decisión el problema de la brecha de renta que padecen los agricultores y ganaderos profesionales, con independencia de las producciones que llevan a cabo. Porque los análisis reflejan que la brecha de renta no es un problema sectorial, sino horizontal y motivado por las limitaciones de dimensión consustancial al propio carácter familiar.

El reto de la brecha de renta exige maximizar la componente presupuestaria del Primer Pilar de la PAC destinada al apoyo directo desacoplado a la renta (Ayuda básica a la renta, Ayuda redistributiva a la renta y Ayuda a la renta de los jóvenes) en favor exclusiva a los agricultores genuinos.

Defender a los agricultores profesionales, así como a los jóvenes y a las mujeres, no se logrará privilegiando unos sectores productivos en detrimento de otros. Exige, por el contrario, apoyar a los productores de un determinado perfil socioeconómico, en particular a quienes, teniendo una elevada dependencia económica agraria, sufren una importante brecha de renta. Este es el perfil al que deberían responder los agricultores genuinos en España y, consecuentemente, los beneficiarios de Primer Pilar de la PAC con independencia de las ayudas aplicadas (desacopladas, acopladas, ecoesquemas y programas e intervenciones sectoriales).

El posicionamiento del Gobierno de Aragón, contario al mantenimiento de los derechos históricos, del enfoque sectorial y del resto de anomalías de las que adolece la aplicación vigente de la PAC en España, no es consecuencia de ningún cálculo interesado en favor de la Comunidad Autónoma. Por el contrario, es consecuencia de la apuesta en favor del modelo familiar y, por tanto, de los profesionales, de los jóvenes y de las mujeres. Una apuesta que no es retórica, sino real.

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[1] Comunicación de la Comisión Europea (CE) de 18-12-2020 sobre las recomendaciones a los Estados miembros en relación con los Planes Estratégicos de la Política Agrícola Común (PAC).

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 4 de septiembre de 2017.

La gestión de la crisis de la fruta de hueso que estamos viviendo ya ha demostrado el valor de la acción colectiva coordinada en pro de un objetivo bien definido. Sería muy deseable aplicar esta lección en el complejo trabajo que falta por hacer para afrontar los problemas que sufre el sector así como la propia política agraria.

El sector productor, el aragonés y el catalán, ha sabido ponerse de acuerdo y trasladar su petición a los gobiernos. Al margen de los detalles,  cada cual hemos hecho nuestro trabajo lo mejor posible, lo que se ha traducido en que, en tan sólo 22 días, el MAPAMA ha sido capaz de convencer a la Comisión Europea de que se necesitaba retirar mucha más fruta de la autorizada inicialmente para esta campaña 2017. Se demuestra así que cuando se fijan objetivos concretos y se trabaja de forma coordinada para conseguirlos los resultados favorables son posibles.

Existe un amplio acuerdo sobre la naturaleza estructural de los problemas que enfrenta el sector de la fruta de hueso y que, por tanto, deben adoptarse medidas estructurales. Pero esto no es decir gran cosa. Porque  ¿de qué problemas estructurales hablamos exactamente? Y, consecuentemente ¿de qué medidas estructurales hablamos exactamente? ¿con qué propósito?  Para destinar el dinero público ¿a dónde y a quiénes?.

Las Organizaciones de Productores (OP’s)  y sus Programas Operativos canalizan la política pública actualmente aplicada sobre el sector hortofrutícola. Sin embargo, estas Organizaciones, que tan sólo aglutinan la mitad de la producción, arrojan importantes zonas de sombra. Canalizando los fondos públicos que recibe el sector (unos 15 millones € anuales en Aragón) no está claro que redunden todo lo que deberían en beneficio de las explotaciones familiares. Estas explotaciones configuran la base productiva y social del sector. Más bien está claro que no lo hacen. Tampoco está clara su contribución a la mejora de la capacidad comercial del sector, imprescindible para conducir con eficacia el importante crecimiento productivo hasta el consumo final. Más bien está clara su escasa contribución en la medida que la inversión en acciones comerciales propiamente dichas, a través de los Programas Operativos, ha sido prácticamente nula durante los últimos años. Se hace necesario, por tanto, revisar a fondo el papel desempeñado por las OP`s y si es preciso o no reorientar su función.

Pero también es preciso revisar si el apoyo al sector hortofrutícola, o más concretamente a las explotaciones familiares que configuran su base social, debe basarse exclusivamente en ayudas a la inversión  así como en operaciones de retirada cuando caen los precios de mercado. Esto es lo que se ha venido haciendo y no parece que los resultados sean los más adecuados. ¿No debería considerarse la aplicación de ayudas directas a la renta cuando esta no sea la adecuada?. En realidad, de un modo u otro,  es lo que terminamos haciendo a través de fórmulas como la de los préstamos subvencionados que  nuevamente, al menos en el caso de Aragón, vamos a tener que intentar poner a disposición de las explotaciones familiares para que puedan hacer frente al descalabro ocasionado por los bajos precios.

Que los precios sean bajos no es raro. En la agricultura -con independencia del sector- es lo habitual y deberíamos asumirlo como tal habilitando, claro está, las medidas políticas adecuadas. Porque ni cabe pensar en que los mercados impartan justicia ni que la oferta y la demanda agrícolas dejen de operar de la manera singular que lo hacen como consecuencia de su elevada inelasticidad y que, de hecho, justifica la existencia de la política agrícola.

En el contexto actual, resulta muy poco realista pensar en intervenir directamente,   aplicando fondos públicos, en las producciones y/o en los mercados. Pero es que, además, la política agrícola debe evitarlo, si tiene un mínimo enfoque social. Porque las cuotas productivas sí como los precios subvencionados, entre otros problemas,  terminan concentrando la ayuda pública en los productores más grandes y perjudicando a los más pequeños.

La ayuda directa a la renta, eso sí, en función de la renta y de otros parámetros tal y como proponemos desde el Gobierno de Aragón en relación con la reforma de la PAC y con carácter universal para todos los productores y sectores, además de contribuir a la simplificación supone una fórmula  más justa y eficaz , sobre todo cuando de apoyar a las explotaciones familiares y a los agricultores más desfavorecidos se trata.

 

 

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 30 de agosto de 2017.

La propuesta de reforma en profundidad de la PAC del Gobierno de Aragón, basada en la compensación directa de la renta de los agricultores  con el propósito de lograr la justa remuneración del trabajo de los agricultores, se perfecciona tomando en consideración la generación de bienes públicos, en particular la contribución ambiental efectiva y verificable de las explotaciones.

Se propone compensar la renta de un determinado beneficiario individual (k) como diferencia entre su renta agraria (RAk), entendida como Rendimiento Neto Reducido de las actividades agrarias imputado en la declaración del IRPF más la atribución de rentas agrarias procedentes de sociedades con actividades agrarias, excluidas obviamente las subvenciones, y una determinada renta agraria de referencia (RAo). Dicha diferencia se  corrige mediante la aplicación de cinco factores:

• La profesionalidad (ak) del beneficiario, medida como proporción de los ingresos agrarios sobre los ingresos totales consignados en la declaración del IRPF. Pretende favorecer la profesionalidad.
• La productividad (bk) de la explotación, medida como relación entre el valor de mercado de la producción realmente obtenida y el valor de la producción potencial a priori establecida para la explotación. Pretende penalizar la infrautilización de los recursos agrarios y la ociosidad.
• La dimensión económica (ck) de la explotación, medida como relación entre el valor de mercado de la producción potencial de la explotación y una producción estándar a priori establecida.
• La contribución ambiental (dk) de la explotación, medida como la fracción de la producción estándar de la explotación con efectos ambientales positivos, efectivos y verificables (agricultura ecológica, medidas agroambientales vinculadas a la Red Natura 2000, agricultura de conservación, etc.)
• Coeficiente de prorrateo () que ajusta la compensación en función de la relación resultante entre la suma de las compensaciones individuales y la dotación presupuestaria disponible. Si esta última excediera al primer importe cabría considerar tres posibles alternativas o combinación de las mismas: 1) Incremento de la compensación individual aplicando el prorrateo, 2) Dotación de un fondo de reserva, 3) Traspaso al Segundo Pilar, que se propone mantener focalizando su atención en favor de la mejora estructural del sistema agroalimentario y agroambiental.

La compensación de la renta se anula cuando la profesionalidad (ak) es cero y/o la productividad (bk) y la dimensión económica (ck) son simultáneamente cero.

Cuando los coeficientes ak, bk y ck toman sus valores máximos (1,00) entonces la diferencia entre la renta obtenida y la renta de referencia no se minora por razones económicas, dependiendo la compensación de la contribución ambiental (dk). En cualquier caso, si la contribución ambiental es cero, entonces la compensación de la renta se ve minorada en un 25% ya que el factor toma el valor 0,75. Si la contribución ambiental toma su valor máximo (dk=1,00) entonces la compensación de la renta se ve mayorada un 50% ya que el factor resulta 1,5.

De este modo, el modelo propuesto prioriza la ayuda en favor de quienes tienen mayor dependencia agraria en  sus ingresos (coeficiente de profesionalidad) al tiempo que incentiva la productividad, la dimensión económica y la contribución ambiental de la explotación.

Supone la modificación en profundidad  del criterio de distribución entre beneficiarios del conjunto de las ayudas  del Primer Pilar de la PAC así como de las ayudas del Segundo Pilar que también implican ayudas directas a la renta (Indemnizaciones en Zonas con limitaciones Naturales, Medidas de Agroambiente y Clima o ayuda a la agricultura ecológica). No supondría, necesariamente, modificar la distribución financiera relativa,   estatal y autonómica, establecida en la última Reforma 2014-2020.

Implica la eliminación de los derechos históricos, los pagos por superficie y la regionalización productiva del pago básico , evitando con ello el colapso al que conduce cualquier reforma que implique la confrontación entre territorios, producciones, secano-regadío, generaciones, grandes y pequeños, profesionales, activos, etc.

El pago por superficie se sustituye por la compensación de la renta en función del ejercicio real de la actividad agraria. El enfoque de la regionalización productiva se sustituye por la consideración individual, tomando en cuenta a los beneficiarios en su condición de persona física, con independencia de la modalidad jurídico-fiscal bajo la que desarrolle la actividad agraria. Supone la Inclusión de todos los agricultores y ganaderos en la compensación de rentas, con independencia de su orientación productiva, ubicación y dimensión.

Se apuesta por el mantenimiento del enfoque vigente del Segundo Pilar si bien eliminado del mismo. por integrarse en la ayuda directa única de compensación de renta, las medidas que suponen ayudas directas a la renta (Indemnizaciones en Zonas con limitaciones Naturales, Medidas de Agroambiente y Clima o ayuda a la agricultura ecológica) y fortaleciendo su orientación a la mejora de la estructura agroalimentaria y agroambiental, con el propósito de reducir los problemas y dificultades que justifican la ayuda directa.

La necesidad del apoyo público a la agricultura radica en la insuficiencia de las rentas así como en la incapacidad del mercado para remunerar correctamente el trabajo de los agricultores.

El 72,35 % de las personas físicas aragonesas que declararon rentas agrarias en el IRPF de 2015, un total de 35.471 declarantes, presentaron resultados negativos una vez descontadas todas las subvenciones directas percibidas. El resultado medio global, para el conjunto de Aragón, fue de una pérdida de 3.643 € por declarante.

Los análisis demuestran que ni la mejora de la profesionalidad de los agricultores ni, tampoco, la mejora de la productividad y de la dimensión económica de sus explotaciones, que son factores esenciales de la competitividad, son acciones suficientes por sí mismas para elevar las rentas al nivel requerido. Porque como muestra el gráfico adjunto se observan valores elevados de profesionalidad, productividad y dimensión económico para niveles muy diferentes de renta. Esto demuestra la incapacidad del mercado para remunerar de forma justa y eficiente el trabajo agrícola así como que la ayuda pública a la agricultura resulte imprescindible.

Las subvenciones directas actualmente vigentes, que incluyen el régimen de pago básico así como las ayudas asociadas, las medidas agroambientales, el apoyo a la agricultura ecológica, las indemnizaciones en Zonas con Limitaciones Específicas y otras, corrigen globalmente la situación de las rentas de modo que, con su aplicación, el 95,69% de las rentas agrarias resultan positivas. No obstante, la renta agraria media de los declarantes del IRPF, incluidas las subvenciones, tan sólo es de 5.105 €.

Siendo imprescindibles las ayudas directas y presentando un efecto globalmente positivo sobre las rentas agrícolas, lo que se resulta cuestionable es la forma en la que se distribuye, que, a la luz de los resultados obtenidos, dista bastante de poder considerarse justa y eficaz. Mientras que parece razonable que se aplique más ayuda cuanto más negativa sea la renta, no lo es que las ayudas sean tanto más elevadas cuanto mayores sean las rentas. De ahí la propuesta de reforma en profundidad que proponemos desde el Gobierno de Aragón.

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