Por Joaquín Olona. Zaragoza, 26 de junio de 2018.

Resulta inadmisible que, planteando nuevos retos y exigencias, la Comisión Europea haya propuesto reducir el presupuesto de la Política Agrícola Común (PAC) poniendo en peligro incluso su fuerte carácter comunitario.  Pero el requerimiento de un presupuesto coherente con las necesidades no debe dejar en un segundo plano, y mucho menos anular, la exigencia de cambios profundos en la orientación y aplicación de las ayudas de la PAC.

La propuesta de la Comisión Europea no sólo plantea un presupuesto insuficiente, con una reducción particularmente preocupante para el desarrollo rural, sino que muestra una escasa ambición, particularmente en la redistribución de la ayuda a la renta canalizada a través de los pagos directos. Una redistribución de fondos que podría resultar inoperante en la práctica:

1. El mantenimiento de las referencias históricas en los derechos de pago supone un pesado lastre para reasignar la ayuda con respecto a una situación actual con desigualdades injustificables, sobre todo desde el punto de vista de la equiparación de rentas así como desde la incorporación de nuevos activos jóvenes y mujeres.
2. La reducción de pagos, sólo aplicable tras deducir al pago por hectárea el coste imputable a la mano de obra, puede no ser tal impidiendo consecuentemente que se generen fondos efectivos para redistribuir.
3.  Los pagos directos, aplicados exclusivamente en función de las hectáreas admisibles, no garantizan que la ayuda se concentre en los «agricultores genuinos» a los que se refiere la propia Comisión Europea pero que no define. Tampoco en la agricultura familiar vinculada al territorio ni en los agricultores que más y mejor contribuyen a la lucha contra la despoblación, que la propuesta comunitaria  ni si quiera considera entre sus objetivos,
4. Resulta cuestionable que los objetivos redistributivos y de compensación de renta, expresamente perseguidos, puedan lograrse con eficacia sin tener en cuenta la renta agrícola de los beneficiarios de la ayuda.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 24 de junio de 2018.

La Política Agrícola Común (PAC) se centró inicialmente en la regulación de los precios y mercados relativos a determinadas producciones, que evolucionaron en favor del ámbito continental (cereales, leche, carne de vacuno, azúcar y otros) frente a las de carácter mediterráneo (frutas y hortalizas, vino, aceite u ovino).

El fracaso de este enfoque fue tempranamente anticipado en 1968 por el propio padre de la PAC (Sicco Mansholt),  quien se dio cuenta de que los graves problemas estructurales de los que adolecía la agricultura europea (insuficiente dimensión de las explotaciones, carencias formativas de los agricultores o falta de canales de comercialización, entre otras)  hacían que la política de precios y mercados, aplicada a sectores específicos, fuera ineficiente y generase desequilibrios. Para afrontarlo propuso equiparar las rentas agrarias y compensar las desventajas geográficas. Sin embargo, el Plan Mansholt fue objeto de un enérgico rechazo por parte de los agricultores y tuvo que retirarlo

Aunque tímidamente, la evidencia del problema estructural hizo aparecer el apoyo para afrontarlo. Finalmente pudo consolidarse el actual Segundo Pilar destinado al desarrollo rural que, de todos modos, siempre ha sido el pariente pobre de la PAC. Pero sin que el sistema agroalimentario haya resuelto, ni mucho menos, sus graves problemas estructurales, la Reforma de la PAC ahora propuesta por el Comisario Hogan plantea un recorte presupuestario inadmisible para el desarrollo rural que debilita, todavía más, las medidas destinadas verdaderamente a la mejora estructural agroalimentaria.

Es  cierto que la nueva Reforma contempla expresamente la mejora de la renta de los agricultores con independencia del sector productivo al que pertenecen, entendiendo que la insuficiencia e inestabilidad de la renta agrícola es el reflejo sintético del problema estructural. Sin embargo, la propuesta reglamentaria de la Comisión Europea, manteniendo los pagos disociados por hectárea con la posibilidad de aplicarlos en función de referencias históricas así como una amplia gama de ayudas asociadas a determinadas producciones, mantiene todavía un importante enfoque sectorial que limita gravemente la mejora estructural de la que depende, particularmente, el futuro de la agricultura familiar.

El reto estructural planteado por el modelo familiar agrícola del que, en gran medida, depende  a su vez el futuro de nuestro mundo rural, debe abordarse en términos esencialmente transversales y con una especial sensibilidad social. Con carácter general, no deben ser los sectores quienes reciban la ayuda procedente de la PAC. Tampoco las hectáreas, ni las cabezas de ganado. La ayuda deben recibirla los agricultores. Y deben hacerlo en función de sus dificultades de renta y de su grado de dependencia agrícola teniendo en cuenta, además, su contribución a la mejora estructural en función de la productividad y de la dimensión económica de las explotaciones así como de la producción de bienes públicos de naturaleza ambiental y social.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 17 de junio de 2018.

Con fecha 25 de mayo de 2018, los grupos parlamentarios Socialista, Chunta Aragonesista, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida de las Cortes de Aragón acordaron, junto con UPA- Aragón, UAGA-COAG y el Gobierno de Aragón, la posición de la Comunidad Autónoma de Aragón en relación con la Reforma de la PAC.

El acuerdo, que apuesta por una reforma en profundidad de la PAC para hacerla más justa y eficaz, señala que el sistema vigente en España de derechos basados en referencias históricas, que determinan la ayuda actual en función de circunstancias pasadas del beneficiario, no sólo resulta injusto e ineficaz sino que, dificultando también el acceso a la tierra, supone una obstrucción para el rejuvenecimiento y la lucha contra la despoblación.

Consecuentemente, es preciso comprender que la lucha contra la despoblación así como contra el envejecimiento y la desigualdad de género que lastran el sector agrario y el mundo rural, no sólo deben ser una prioridad del Segundo Pilar de la PAC sino que también debe serlo para el Primer Pilar. En particular, los pagos directos, por configurar la herramienta financiera más importante destinada al mundo rural, no sólo deben dejar de ser una obstrucción para los objetivos citados sino que deben contribuir, de manera eficaz, a su consecución.

Siendo imperativo lograr una PAC más justa y eficaz, resulta imprescindible su reforma en profundidad que, por razones obvias, no será posible sin la eliminación de unos «derechos históricos» cuya aplicación, por el momento, la propuesta reglamentaria presentada por la Comisión Europea el 1 de junio pasado deja a la consideración de los Estados miembros.

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 31 de mayo de 2018.

Anteponiendo la defensa de los agricultores que viven de la agricultura así como del modelo familiar vinculado al sostenimiento de un mundo rural vivo  a cualesquiera otros intereses de índole partidista u oportunista, en un ejercicio ejemplar de responsabilidad política, los grupos parlamentarios Socialista, Chunta Aragonesista, Podemos, Izquierda Unida y Ciudadanos de las Cortes de Aragón junto con el Gobierno de Aragón y las Organizaciones Profesionales Agrarias UAGA-COAG y UPA-Aragón han suscrito el documento «Posición común de la Comunidad Autónoma de Aragón sobre la reforma de la PAC’. Un documento que tiene la voluntad, la convicción y la exigencia de que tiene que haber una reforma de la PAC en profundidad.

Una Política Agrícola Común fuerte, integral e integradora y legitimada socialmente para un mundo rural vivo. El sector agrario y el medio rural necesitan una nueva Política Agraria Común, legitimada socialmente y más comprensible, tanto para el sector como para la opinión pública, que sea más eficaz y elimine sus injusticias más clamorosas. Una Política Agraria Común en defensa de un mundo rural vivo y al servicio del modelo de agricultura familiar, social y sostenible que se traduzca en explotaciones de las que poder vivir dignamente, vinculadas al territorio, que respondan a los retos del cambio climático, que extienda los sistemas, modelos, prácticas y producciones sostenibles.

La Política Agraria Común debe ser concebida de una manera integral. En este sentido, es necesario fortalecer la idea de tres pilares de actuación en el marco de los Planes Estratégicos:

• Ayudas directas orientadas a la agricultura familiar que proteja las rentas de los agricultores y ganaderos en función de su profesionalidad, productividad y contribución a la producción de bienes públicos.
• Orientación a un Desarrollo Rural Sostenible más flexible y adaptado a las necesidades territoriales que articule todas las medidas y fondos disponibles para impulsar los planes y estrategias que precisan los diferentes territorios. Todo ello integrado en una Política de Estado de Desarrollo Rural.
• Implementación de herramientas de mercado que actualice el principio de preferencia comunitaria y hagan frente a los problemas de inestabilidad de los mercados agrícolas, así como de volatilidad de los precios. También debe incluir las cuestiones arancelarias y los mecanismos de salvaguarda, así como las excepciones al derecho de la competencia para hacer más transparente y justa la cadena agroalimentaria desarrollando los instrumentos que permiten actuar sobre el mercado para anticiparse a la crisis y actuar cuando sobrevienen.

Un modelo de agricultura y ganadería familiar, social y sostenible, ligada al territorio. La agricultura familiar y su conexión con el territorio, configura un modelo de producción que resulta estratégico para el desarrollo rural y la lucha contra la despoblación, garantizando el equilibrio social y ambiental, así como la vertebración territorial.

Propuesta para una aplicación más justa y eficaz de las ayudas directas de la PAC.

• Apoyar la renta de todos los agricultores mediante pagos directos disociados de la producción condicionados a la actividad productiva.
• Apoyo excepcional a sectores especialmente sensibles mediante pagos asociados a la producción.
• Contribuir a la remuneración de bienes públicos ambientales verificables incentivando su producción.
• Enfoque estratégico orientado a los resultados y la simplificación.
• Parámetros e indicadores para promover la eficacia y la equidad.

Una agricultura social, familiar y sostenible en el contexto de un mundo rural vivo. La apuesta firme de la PAC por un Desarrollo Rural.

• Mejora de las estructuras productivas agroalimentarias
• Mejora de las estructuras comerciales agroalimentarias
• Gestión de riesgos
• Diversificación de la economía rural mediante la metodología Leader

Medidas de mercado para una cadena alimentaria más justa y equilibrada.

Ver documento

Por Joaquín Olona. Zaragoza, 20 de mayo de 2018.

El pasado día 16 de mayo de 2018, el Comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea Phill Hogan  publicó en el Heraldo de Aragón (página 23) un artículo titulado  «La UE y los agricultores». En el mismo explica que el presupuesto propuesto  para la PAC, que él mismo califica como justo, «garantizará en la próxima década ayudas de la UE por importe de 365.000 euros en apoyo de los 22 millones de agricultores europeos«. Se trata del presupuesto propuesto por la Comisión Europea  para la el la PAC en el seno del Marco Financiero Plurianual 2021-2027, presentado por la propia Comisión Europea el día 2 de mayo de 2018..

El Comisario no explica que la PAC cuenta en el periodo vigente 2014-2020 con 408.313 millones de euros. Una cifra que si se compara con los 365.000 millones de euros no se traduce en una reducción de «menos del 5%», tal y como como dice su artículo, sino del 10,61 %. Pero es seguro que si el Comisario lo afirma es porque tendrá una explicación que no ofrece. ¿Quizás la explicación tiene que ver con el Brexit? Quizás, pero debe ser el Comisario Hogan quien debería aclararlo.

También debería explicar el Comisario que la propia Comisión Europea diferencia entre euros corrientes y euros constantes. Porque claro, para que las cifras puedan compararse con rigor cuando se refieren a periodos tan largos (2014-2027) debe tenerse en cuenta la inflación. Así, referidas las cifras al año 2018 la reducción del presupuesto propuesto para el nuevo periodo 2021-2027 es del 17,97 %.

Efectivamente, la PAC necesita una «Una financiación adecuada para ayudar a los agricultores y al resto del sector agroalimentario» como dice el Comisario Hogan. Sin embargo, difícilmente lo será sino se adoptan las reformas necesarias, concretando las prioridades políticas pertinentes para determinar con mayor precisión a quiénes se destina el dinero y para qué finalidad. Porque, por ejemplo, no es lo mismo ayudar a los agricultores de verdad que «al resto del sector agroalimentario».

Por Joaquín Olona Blasco. Zaragoza, 11 de mayo de 2018.

De acuerdo con el análisis efectuado por Alan Matthews  el límite máximo de 60.000 € por explotación (capping)  propuesto por la Comisión Europea para los pagos directos no tendrá el más mínimo efecto en la mayoría de los Estados miembros, entre ellos España, porque, en la gran mayoría de los casos los pagos netos a los que se aplicará el límite serán cero.

La inoperancia práctica de la nueva artimaña comunitaria para que nada cambie radica en la aparentemente razonable deducción de los costes laborales, incluidos los del trabajo no remunerado, del importe de los pagos directos antes de la aplicación del límite máximo. El truco es bastante burdo y radica en el hecho de que, por regla general, los costes laborales medios  por hectárea (720 €/ha para el conjunto de la UE y 531 €/ha para España) son mucho mayores que el pago directo promedio por hectárea (256 €/ha para el conjunto de la UE y 220 €/ha para España).

La gráfica elaborada por Matthews muestra el caso en el que el coste unitario de la mano de obra es 250 €/ha porque es justo el valor para el que los pagos directos netos a los que se aplica el límite máximo de los 60,000 € es justamente cero. Así el umbral de límite (la línea de puntos inclinada) nunca se cruza con la línea roja que representa el pago directo total recibido por la explotación y que, consecuentemente, nunca se ve reducido. Sólo si el coste unitario de la mano de obra es menor que el pago directo promedio por hectárea (que solo pasa en Bulgaria, Rumanía, Lituania y en algunos casos de Estonia)  la línea del límite máximo puede llegar a cortarse con la del pago directo total (linea roja) en una cantidad elevada. Si el coste unitario del trabajo es mayor que el pago promedio unitario (que es lo habitual en España) entonces la inoperancia del capping está totalmente  asegurada.