¿Qué pretende lograrse con la PAC reformada? Una pregunta que, ahora mismo, es muy difícil de contestar en la forma sencilla y clara que exige la opinión pública.
Pocas sorpresas, respecto de lo que cabía esperar, se desprenden de la propuesta legislativa de reforma de la PAC presentada por el comisario de Agricultura Dacian Ciolos ante el Parlamento Europeo el pasado 12 de octubre, día del Pilar. Se abre ahora un largo proceso de negociación política, con un peso de la Eurocámara mayor que nunca, que debería servir, sobre todo, para que la PAC deje de ser un mero mecanismo de reparto de subvenciones y se convierta en una política pública de verdad. Una PAC que, por la falta de claridad en sus fines, resulta cada vez más incomprensible para la sociedad.
La importancia de los fines y la supeditación de las acciones a los mismos ya lo subrayó Aristóteles. En el libro VII de su “Política”, dedicado a la descripción del estado ideal, dice que “hay dos cosas en las que está el bien para todos: una consiste en poner correctamente la meta y el fin de las acciones, y otra en encontrar las acciones que conducen a ese fin”.
En realidad, los objetivos de la PAC están claramente definidos en el Tratado de la Unión Europea: elevar la productividad agrícola mediante el uso racional de los recursos, equiparación de las rentas de los agricultores con las de sus conciudadanos, estabilización de los mercados y asegurar el abastecimiento alimentario. Y deberían ser estos objetivos, reiteradamente incumplidos y obviados por las sucesivas reformas, el referente esencial respecto del que evaluar cualquier propuesta de reforma de la PAC.
La Estrategia de Lisboa pretendía que la UE, en 2012, fuera la región más avanzada del mundo. Pronto se vio que se trataba de una ambición exagerada e inalcanzable. En marzo de 2010 la Comisión Europea la sustituyó por la Estrategia 2020. La nueva estrategia, con metas mucho más difusas, apuesta por la economía del conocimiento y la lucha contra el cambio climático. Señala, expresamente, que la PAC es un instrumento que, junto con otros, puede contribuir a la lucha contra el cambio climático y la mejora de la seguridad alimentaria mundial. Pero es con el objetivo específico de “Clima, energía y movilidad” con el que la Estrategia 2020 relaciona concretamente la PAC.
Y de aquéllos polvos estos lodos. Es cierto que la nueva propuesta legislativa formula expresamente el deseo de contar con “una agricultura fuerte y vital para la industria alimentaria europea y la seguridad alimentaria mundial”. Pero por lo que apuesta verdaderamente, en coherencia con el mandato de la Estrategia 2020, es por la idea de que la agricultura intensifique sus esfuerzos en beneficio del clima y de la energía. También de la biodiversidad. Señalando expresamente la voluntad de que la reforma de la PAC contribuya a acelerar la integración de las exigencias ambientales, la propuesta introduce lo que el propio texto define como “una fuerte componente ecológica”. Componente que pretende absorber el 30% de los pagos directos. Y es la necesidad de mantener unos sistemas y prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente y el clima, junto con el reconocimiento de la imposibilidad de que el mercado remunere estos bienes públicos, el argumento por el que la Comisión apuesta para justificar la ayuda financiera que debe prestarse a los agricultores. Unos agricultores que, no hay que olvidar, siguen teniendo la mitad de la renta que sus conciudadanos. Lo mismo que como ocurría hace 50 años
El desarrollo rural, que definitivamente será el segundo pilar de la PAC, también se prioriza a favor de la gestión sostenible de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático. La propuesta afirma, expresamente, la voluntad de contribuir, de forma muy significativa, al completo desarrollo de las Directivas Natura 2000 y Marco del Agua así como a la realización de la estrategia sobre biodiversidad en el horizonte 2020. La prioridad ambiental queda clara respecto del agua y el regadío, un factor productivo agroalimentario esencial en el ámbito mediterráneo. La propuesta para el nuevo reglamento del FEADER (artículo 46) persiste en las limitaciones ya introducidas con el vigente al limitar la cofinanciación en materia de irrigación a las acciones que se traduzcan en una reducción del agua utilizada que ahora establece que debe ser de, al menos, un 25 % respecto de la situación de partida. Sigue excluyéndose de este modo la ayuda comunitaria a la creación de nuevos regadíos y se limita, muy seriamente, los procesos de modernización. La interpretación que hace la Comisión Europea sobre el uso eficiente del agua es el más simple de todos los posibles, pero no por ello el más apropiado. Porque el uso eficiente del agua, que es una prioridad indiscutible, no implica que haya que reducir y restringir, necesariamente, el uso agrario del agua al objeto de liberar caudales para otros fines. Defender los caudales ecológicos y oponerse a las obras hidráulicas es una opción legítima, pero no parece que sean los principios sobre los que fundamentar una política de regadíos razonable, algo imprescindible para el futuro de la agricultura española y muchos de sus territorios rurales.
Al parecer, la Comisión Europea ha decidido afrontar la deslegitimación que amenaza a la PAC con una estrategia basada en dos pilares esenciales: “verdeo” y actividad agrícola.
La verdadera intención del “verdeo” no es del todo clara. Por un lado se insinúa que las exigencias serán sencillas haciendo referencia a prácticas que ya hacen normalmente los agricultores. En tal caso, la “fuerte componente ecológica” que supuestamente pretende introducirse no sería tal y estaríamos ante una simple operación de cosmética. Pintar de verde la PAC no parece lo más recomendable para abordar el reto de la legitimación social al que se enfrenta. Pero si el verdeo va en serio, es decir, se traduce en exigencias y costes adicionales significativos para que los agricultores puedan cobrar lo que ya cobran, entonces no se les ayuda sino que se les penaliza. Y todo ello, suponiendo que las prácticas y sistemas ambientalmente bendecidos por la Comisión Europea se traduzcan en beneficios netos reales y objetivos para la sociedad y que ésta los perciba como tales, que es mucho suponer y todavía más difícil demostrar.
La agricultura puede y debe contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y al secuestro de carbono. Pero esa no es su misión esencial. Como tampoco lo es generar nuevas fuentes de caudal ecológico ni fomentar la biodiversidad. La agricultura tiene como misión esencial producir alimentos y hacerlo de forma limpia, segura y eficiente. Una misión que, por resultar estratégica, justifica la necesidad de una política pública con sus propias metas y objetivos. Porque una política que se limita a contribuir a los fines de otras difícilmente puede ser estratégica.
La Comisión Europea ha puesto encima de la mesa una propuesta legislativa con la que, nuevamente, focaliza la atención y el debate en los detalles técnicos directamente relacionados con las subvenciones y su reparto. Con ello resta margen e interés al debate político real al tiempo que lo hace prácticamente inaccesible, y carente de interés, para la opinión pública. Una opinión pública ajena a la jerga e intereses de los expertos, lobbys y tecnoburócratas que dominan el entorno de la Comisión Europea pero que, tarde o temprano, termina tomando decisiones sobre las políticas públicas y el dinero que a ellas se asigna.
¿Qué pretende lograrse con la PAC reformada? Una pregunta que, ahora mismo, es muy difícil de contestar en la forma sencilla y clara que exige la opinión pública.
Si lo que persigue la reforma es salvar el presupuesto y prorrogar las ayudas hasta 2020, que no es poco, el grueso del trabajo quizás pueda darse por concluido. En tal caso, buena parte de lo que se haga y gaste de ahora en adelante puede resultar superfluo. Pero si se aspira a convertir la PAC en una política pública de verdad, es decir, legitimada por la percepción social del beneficio que genera, falta mucho por hacer y todo lo que se haga estrá bien empleado. La utilidad final del proceso que ahora se inicia la sabremos una vez aprobados los reglamentos definitivos, que confiemos en que no sean simplemente la traducción a las lenguas oficiales de los textos ahora presentados.
El comisario Ciolos ha expresado con claridad el deseo de excluir de las ayudas de la PAC a los “agricultores del sofá”. También a los campos de golf y a los aeropuertos. Para ello, la propuesta legislativa introduce nuevos condicionantes en relación con los pagos directos. Pero su aplicación, inevitablemente, exigirá decisiones políticas complementarias por parte de los estados miembros, Comunidades Autónomas incluidas. Porque, efectivamente, no todo se decide en Bruselas. Sin embargo, la ambigüedad en las metas finales y en los objetivos generales no es lo más apropiado para tomar decisiones. Y menos cuando son políticamente comprometidas. Porque es muy comprometido alterar la distribución de unas ayudas que, habiendo alcanzado el estatus de “derechos históricos”, desempeñan un papel determinante en la configuración de la renta, tanto de los perceptores como de los terrritorios.
Pero siendo cierto que no todo se decide, ni debe decidirse, en Bruselas, corresponde verdaderamente a los políticos, a los de aquí y a los de allí, señalar la meta y los fines de la nueva PAC reformada. Una PAC que debe concretarse en beneficios claros, creíbles, fiables y comprensibles para todos. Confiemos en que nuestras instituciones y representantes políticos no se limiten a negociar el reparto del dinero sin precisar y explicar mucho mejor los fines últimos a los que destinarlo.
Publicado por J. Olona en AGRONEGOCIOS. 28 Octubre-3 Noviembre ’11.