El comisario de Agricultura Ciolos ha expresado el deseo de excluir de las ayudas a los “agricultores del sofá”, a los campos de golf y a los aeropuertos. Una habilidosa manera de expresar la voluntad por mejorar la legitimidad de la PAC pero sin concretar ni el fin perseguido ni la forma de alcanzarlo.
La Estrategia de Lisboa pretendía que la UE fuese la región más avanzada del mundo en 2012. Pronto se vio que era exagerado e inalcanzable. En marzo de 2010, la Comisión Europea la sustituyó por la Estrategia 2020 que, con unas metas mucho más difusas, pone la Política Agrícola Común (PAC) al servicio de la lucha contra el cambio climático. Fueron muchos quienes aplaudieron y apoyaron una idea que, sin duda, resultaba muy oportuna para salvar la PAC de un recorte presupuestario que amenazaba con eliminarla. Y lo cierto es que se ha salvado hasta 2020, que no es poco.
Muchos de los que aplaudían una PAC al servicio del clima ahora se rasgan las vestiduras. Y lo cierto es que lo finalmente propuesto por la Comisión Europea, si algo tiene de destacable, es su coherencia con lo ordenado por la Estrategia 2020. Convendría reflexionar sobre la cita de Aristóteles, extraída de su “Política”: “hay dos cosas en las que está el bien para todos: una consiste en poner correctamente la meta y el fin de las acciones, y otra en encontrar las acciones que conducen a ese fin”. Porque lo que puede ser una abultada factura por renovar la PAC, que esperemos pueda negociarse, es consecuencia del desacierto en la asignación de sus fines.
La Comisión Europea ha considerado que la mejor forma de justificar la ayuda que reciben los agricultores es ligarla a los sistemas y prácticas agrícolas beneficiosas para el medio ambiente y el clima, que además son bienes públicos no remunerables por el mercado. El argumento ha terminado desembocando en la introducción de “una fuerte componente ecológica” ó “verdeo” (“greening”). Ni el reto alimentario mundial, presente en las agendas internacionales más destacadas, ni el hecho de que los agricultores europeos sigan teniendo la mitad de la renta que el resto de sus conciudadanos, ni tampoco la conveniencia de que éstos puedan seguir disfrutando de alimentos extraordinariamente baratos y seguros han tenido suficiente entidad, a juicio de la lobby-tecnocracia de Bruselas, para fundamentar la PAC. Una PAC que debería aspirar a ser una verdadera política pública al servicio de todos y no a ser un mero mecanismo de reparto de subvenciones entre unos u otros.
La verdadera intención del “verdeo” no es clara. Por un lado se insinúan sencillas prácticas efectuadas normalmente por los agricultores. En tal caso, la “fuerte componente ecológica” corre el riesgo de quedar sin contenido real, lo que hará un flaco favor a una PAC que tiene en su deslegitimación social su principal amenaza. Pero si el “verdeo” pretende que las ayudas se traduzcan en verdadero valor añadido adicional ambiental, es decir, que para que los agricultores puedan cobrar lo mismo que ya cobran tengan que asumir más costes, entonces no se les ayuda sino que se les penaliza.
La agricultura puede y debe contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y al secuestro de carbono. Pero esa no es su misión esencial. Lo es producir alimentos de forma limpia, segura y eficiente. Una misión que justifica la necesidad de una política pública importante y estratégica, tal y como declara la propia propuesta de la Comisión. Pero difícilmente puede optar a ese carácter estratégico limitándose, exclusivamente, a contribuir a los objetivos de otras políticas de las que se convierte en subsidiaria.
El comisario de Agricultura Ciolos también ha expresado el deseo de excluir de las ayudas a los “agricultores del sofá”, a los campos de golf y a los aeropuertos. Una habilidosa manera de expresar la voluntad por mejorar la legitimidad pero sin concretar ni el fin perseguido ni la forma de alcanzarlo. Es muy conveniente que los políticos nacionales y autonómicos se comprometan en el diseño y aplicación de las acciones de la PAC. Pero difícilmente lo harán con el rigor y la eficacia necesaria si desde las instanacias comunitarias no se establecen fines claros, coherentes y razonables. Confiemos en que nuestros políticos, los de aquí y los de allí, no se limiten a repartir los dineros sin acordar y explicar de forma mucho más clara, creíble y comprensible, el fin último al que destinarlos.
Publicado por J. Olona. HERALDO DE ARAGÓN (6-11-2011)