Publicado por Joaquín Olona y Javier Lorén en Heraldo de Aragón el 5 de febrero de 2014.

Dedicar, como máximo, un 9,75% del presupuesto total de la PAC, permitiendo incluso no destinar nada, pone de manifiesto la timidez de la apuesta europea por la competitividad agrícola, claramente insuficiente para afrontar los retos del mercado global.

Ojalá tenga razón el Ministro Arias Cañete al afirmar que los agricultores serán competitivos con la nueva Política Agrícola Común (PAC). Una política que supondrá 47.000 millones € en España entre 2014 y 2020 procedentes de los fondos agrícolas europeos, el 12,60 % de toda la asignación comunitaria para agricultura y desarrollo rural.

El 85% de la asignación española corresponde, fundamentalmente, a pagos directos, mayormente desacoplados -basados en derechos históricos- y, en menor medida, acoplados – asociados a la superficie de ciertos cultivos o cabezas de ganado-. Estos pagos complementan la renta de los agricultores a cambio del cumplimiento de estrictas condiciones ambientales. Un enfoque que no distorsiona los mercados pero que tampoco se demuestra eficaz para equiparar las rentas de los agricultores con las del resto de los ciudadanos; tampoco, para mejorar la productividad.

El 15% restante debe destinarse para cofinanciar los Programas de Desarrollo Rural, que es donde, un tanto disfrazadas, están las herramientas de la competitividad agrícola. Sin que exista ninguna exigencia presupuestaria mínima en relación con este objetivo sí que se limita su dotación máxima. Estos programas deben destinar, como mínimo, el 30% de su presupuesto a la sostenibilidad ambiental y la lucha contra el cambio climático. También deben contribuir con otro mínimo del 5% al desarrollo territorial equilibrado a través del enfoque local (Leader).

Dedicar, como máximo, un 9,75% del presupuesto total de la PAC, permitiendo incluso no destinar nada, pone de manifiesto la timidez de la apuesta europea por la competitividad agrícola, claramente insuficiente para afrontar los retos del mercado global. Es el resultado de la fuerte influencia del lobby ajeno a la agricultura así como de las conveniencias cortoplacistas, no sólo políticas, sino también del propio sector.

El acuerdo alcanzado el pasado 21 de enero por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural se ha traducido en 466,8 millones € para Aragón. Una buena noticia por representar el 5,8% del importe asignado a España con cargo al Fondo Europeo Agrícola y de Desarrollo Rural (FEADER). Pero cubrir la inversión total necesaria que permita aprovechar estos fondos exigirá un enorme esfuerzo de cofinanciación al Gobierno de Aragón así como al sector agroalimentario aragonés.

Toca ahora pronunciarse al Gobierno de Aragón. No sólo deberá dotar con fondos propios al Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 sino que tendrá que distribuir su presupuesto entre las tres prioridades comunitarias (competitividad agrícola, sostenibilidad de los recursos naturales y acción por el clima y desarrollo territorial equilibrado). La competitividad agrícola, en Aragón, está asociada a la modernización de explotaciones, creación y modernización –productiva- de regadíos, concentración parcelaria, industrialización y comercialización agraria, incorporación de jóvenes, formación y transferencia de innovaciones al sector. Estas medidas podrían concentrar, conforme a las normas comunitarias, hasta un máximo del 65% del presupuesto total. La aproximación a esta cifra medirá la apuesta por la competitividad agrícola del Gobierno de Aragón que, en cualquier caso, exige el respaldo del sector.