Política y competitividad agrícola.

Por Joaquín Olona. Heraldo de Aragón, 20-03-2013

Una vez aprobados los presupuestos de la Unión Europea hasta 2020, en los que las partidas agrícolas siguen siendo un capítulo fundamental, es necesario definiruna política agraria que responda a los retos económicos y sociales.

El Consejo Europeo de 7 y 8 de febrero pasado asignó casi un billón de euros al Marco Financiero Plurianual 2014-2020 y sus acciones complementarias. Las dos principales rúbricas, que concentran la mayor parte del presupuesto, están orientadas al crecimiento e integran las dos políticas comunitarias más destacadas: la de cohesión y la agrícola. Esta última, la PAC, ha recibido el 36,39 % del presupuesto total aprobado y, según ha asegurado el Ministro Arias Cañete, permitirá mantener en España el nivel actual de ayudas.

 Disponiéndose ya de una PAC con presupuesto, que es un logro de primer orden, queda por ver si el presupuesto aprobado contará con una política de verdad. Porque concretar objetivos para una política dirigida a un colectivo social tan diverso como son los agricultores es una difícil tarea. Quizás tuviera razón Ronald Reagan cuando afirmaba que si el problema agrario fuera cuestión de dinero, Estados Unidos ya hace tiempo que lo habría resuelto. Pero, siendo la agricultura la base de la alimentación, y por tanto de la salud y del bienestar social, y admitido que los problemas del bienestar colectivo trascienden la razón, el enfoque político es obligado.

 La competitividad es uno de los objetivos prioritarios de la Estrategia Europa 2020 y de la propia PAC. Pero su genérico enunciado y las dificultades que entraña su aplicación no aseguran las acciones políticas necesarias. Competir exige producir más con menos, que no es fácil de aceptar ni de lograr. La competitividad no se mide en los mercados locales sino en la arena internacional, es decir, en el mercado global. En definitiva, implica exportar.

 La dimensión económica de las explotaciones agrícolas es un factor esencial de competitivad. Aumentar dicha dimensión resulta clave, sobre todo cuando hay problemas de rentabilidad. Más del 85 % de la producción agrícola total americana se obtiene en explotaciones rentables. Sin embargo, aunuqe Eurostat no aporta datos equivalentes, ese porcentaje difícilmente superará en España el 63 %. También estamos en desventaja con respecto a Francia, nuestro competidor más inmediato, donde el porcentaje sería del 75%.

 Nuestras deficiencias estructurales se reflejan en la renta agraria. Mientras que en los cuatro últimos años ha crecido, en precios corrientes, un 48% en Estados Unidos, en España tan sólo lo ha hecho un 7%. Mientras que en Francia el pago directo medio procedente de la PAC supera los  veinte mil euros por beneficiario, en España no alcanza los seis mil.

 Al igual que en Estados Unidos, más de la mitad de las explotaciones españolas pierden dinero debido a su escasa dimensión. Sin embargo, estas pequeñas explotaciones, que concentran menos del 1% de la producción en Estados Unidos y del 5% en España, desempeñan funciones y aportan valores que justifican su mantenimiento y protección.

 La cuestión es cómo asegurar que los distintos tipos de explotación desempeñen bien su papel, cómo distribuir las ayudas de manera más justa y eficaz o cómo explicar todo esto a la opinión pública y al propio sector. Todo ello requiere de una verdadera política que, más que repartir dinero, desempeñe un mayor liderazgo económico y social.

 

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