Los políticos deberían abordar con urgencia una profunda reflexión sobre las graves carencias políticas que sufre la PAC.
Las subvenciones agrícolas europeas suponen para España un ingreso anual de casi 7.000 millones de euros. Justifican la cuarta parte de la renta agraria nacional y resultan claves para la financiación del sistema agroalimentario y del desarrollo rural. La mayor parte del dinero se destina a la mejora de la renta de los agricultores, que sigue siendo, en España como en el resto de la UE, poco más de la mitad de la de sus conciudadanos. Este es un viejo problema que no ha mejorado durante los últimos 50 años y que tiene mucho que ver con la oferta de alimentos tan variada, saludable y barata de la que disfrutamos. Porque los consumidores aumentamos sin cesar nuestras exigencias de calidad y seguridad, pero no nuestra disponibilidad de pago, que en todo caso reducimos para dar cabida a otras necesidades y deseos.
Pero siendo imprescindibles, las subvenciones no dejan de ser un mero instrumento de la Política Agrícola Común (PAC). Sin embargo, el término PAC se ha convertido en sinónimo de subvenciones, y con ello, ha acabado perdiendo su verdadero significado y dimensión. La PAC ha derivado en un complejo sistema de reparto de ayudas donde los medios y los instrumentos han terminado por ocultar los fines y los objetivos. Una de las consecuencias más evidentes es la práctica desaparición de lo agrario del debate político y social, que ni siquiera llama ya la atención. Como tampoco parece llamarla la invisibilidad del liderazgo político, prácticamente inexistente. No es de extrañar, por tanto, que la ciudadanía haya dejado de percibir la PAC como una verdadera política pública al servicio del interés general y cuestione abiertamente, no sólo su utilidad, sino incluso su legitimidad.
Es habitual escuchar que, siendo la PAC una política comunitaria, poco o nada queda para los Estados. Sin embargo, ésto no es aceptable. Primero porque no es cierto que todo se decida en las instituciones europeas. Las decisiones que adoptan los estados miembros son numerosas e importantes. Por ejemplo, la definición de agricultor, que determina la distribución social y territorial de las ayudas y que es uno de los asuntos más controvertidos.Segundo, porque aún siendo cuestionable que mande tanto, la Comisión Europea tan sólo formula propuestas legislativas al Consejo que, integrado por los ministros de los Estados miembros, es quien las aprueba. Y tercero porque los miembros del Parlamento Europeo, los eurodiputados, los elegimos en cada Estado. Siendo la PAC la principal política comunitaria, ¿qué opionan nuestros eurodiputados sobre las cuestiones agrarias? El Parlamento Europeo estableció en 2009 el mandato de explicar la PAC, no sólo a los agricultores, sino a todos los ciudadanos. Han transcurrido dos años y poco o nada se ha hecho al respecto. ¿Piensa hacerse algo?
Tras muchas reformas, la PAC vuelve nuevamente a reformarse. Ahora, con la vista en 2020, se promete una reforma profunda. Pero vuelve a afrontarse sin el liderazgo ni el debate político deseable que conduce, inevitablemente, al laberinto ya conocido de tecnoburocracia comunitaria, grupos de interés y expertos. Un ámbito que, por carecer de capacidad para fijar verdaderos fines y objetivos, naturalmente políticos, limita su atención a los medios y a los instrumentos.
Siendo los políticos los principales responsables de la política, deberían abordar con urgencia una profunda reflexión sobre las graves carencias políticas que sufre la PAC y tomar las medidas oportunas. Porque es la legitimidad de la PAC lo que está en juego, y con ello, la supervivencia del propio sistema agroalimentario europeo, el más seguro del mundo. Y porque, en democracia, son las instituciones políticas las verdaderamente legitimadas para desarrollar políticas públicas. Es cierto que se ha producido un avance con el nuevo sistema de “codecisión” entre la “Comisión-Consejo” y el Parlamento Europeo. Pero en democracia son los parlamentos quienes legislan, es decir quienes deben decidir, y no “codecir”.
La PAC es cosa de todos porque con el dinero de todos se paga y porque, la seguridad alimentaria a todos interesa. Pero, por ser una política pública, son los políticos quienes deben liderarla y legislarla de verdad. También es cosa de técnicos yde expertos, que deben ayudar pero no decidir ni codecidir. Porque los ciudadanos, con su voto, juzgan a los políticos y sus políticas, no a los expertos y sus teorías.
Publicada por J. Olona. Heraldo de Aragón (3-07-2011)