La ciudadanía, lejos de entender la PAC como una verdadera política pública, igual que la de sanidad o la de educación, la percibe como un complicado sistema de reparto de subvenciones.
Que la PAC es una política pública, lo establece el artículo 38 del Tratado de la UE cuando afirma que “La Unión definirá y aplicará una política común de agricultura y pesca”. El Tratado distingue con abosluta claridad entre los objetivos de dicha política (artículo 39) y los instrumentos para alcanzarlos (artículos 40 a 44). En realidad estos artículos regulan lo que ahora conocemos como Primer Pilar de la PAC. No hay que olvidar que existe un segundo pilar, el del desarrollo rural, que en realidad se deriva de otra política, la de cohesión económica, social y territorial, regulada por el artículo 174 del Tratado.
Pero el término PAC parece haber perdido su verdadero significado habiéndose convertido en sinónimo de subvenciones agrícolas. La ciudadanía, lejos de entender la PAC como una verdadera política pública, igual que la de sanidad o la de educación, la percibe como un complicado sistema de reparto de subvenciones. Y lo cierto es que, por unas razones u otras, los instrumentos, es decir, las subvenciones, han terminado primando sobre los objetivos. De este modo, al identificar la opinión pública PAC y subvenciones no hace otra cosa que percibir una realidad en la que lo agrario está completamente ausente del debate político y social.
La tecnoburocracia de la Comisión Europea, que constituye en sí misma una completa anomalía en una sociedad democrática avanzada, parece no tener tan presentes como debería los objetivos que el Tratado establece para la política agrícola común:
a) Aumentar la productividad agrícola mediante el progreso técnico y el uso racional de los recursos.
b) Equiparar las rentas de los agricultores con el de sus conciudadanos.
c) Estabilizar los mercados agrícolas.
d) Garantizar el abastecimiento.
La Estrategia EUROPA 2020 elaborada por la Comisión Europea tan sólo contempla la política agrícola y de desarrollo rural como mero instrumento al servicio de la lucha contra el cambio climático. Con independencia de esta contribución y otras posibles, la citada estrategia pone de manifiesto, una vez más, la poca atención prestada a los verdaderos objetivos de la PAC, que no son otros que los señalados en el artículo 39 citado. Conviene aclarar que la Estrategia 2020 es el referente estratégico comunitario vigente más importante. Esperemos que tenga más éxito que la Estrategia de Lisboa, a la que sustituye, y que era la que iba a hacer de la UE la zona más competitiva y avanzada del mundo en 2012.
Las medidas de las sucesivas reformas de la PAC, sobre todo las de 1992 y de 2000, no sólo no han contribuido al logro del primero de los objetivos del Tratado. En realidad han perseguido todo lo contrario: retirada de tierras, extensificación de la producción, destrucción de producciones, limitación del regadío, obstrucción a las nuevas tecnologías, etc. Sólo tras la grave crisis alimentaria de 2008 la Comisión Europea parece admitir, por fin, la necesidad de una agricultura productiva y competitiva. Sin embargo los mensajes comunitarios resultan todavía muy contradictorios y confusos. Al tiempo que se dice que la agricultura europea debe ser de de altos rendimientos, y que debe contribuir a satisfacer la demanda mundial de alimentos, también se dice que debe ser “verde”. Los calificativos “verde” y “productivo” no tendrían por por qué ser incompatibles, sin embargo, es bastante evidente que, en la práctica, lo son. Se trata de uno de los muchos problemas sobre los que reflexionar en el ámbito de las relaciones agricultura y medio ambiente.
Las rentas de los agricultores europeos, hoy, al igual que hace 50 años, equivalen más o menos, y como en muchas otras partes del mundo avanzado, a la mitad de las del resto de sus conciudadanos. Así pues, el segundo de los objetivos del Tratado todavía está lejos de alcanzarse. Lo que por sí mismo justificaría una política pública no parece cobrar la importancia y visibilidad que merece.
El tercero de los objetivos del Tratado, el que se refiere a la estabilidad de los mercados, es objeto de profundos debates. Pero lo curioso es que no se dirigen a cómo abordarlo, sino a si debe o no ser abordardo. Aunque el mandato del Tratado es claro, la voluntad de acatarlo no parece que lo sea tanto. La realidad es que los mercados agrícolas, sobre todo el de los cereales, se muestran totalmente descontrolados. Ni esto ni las evidencias aportadas por la crisis alimentaria de 2008, parecen convencer a quienes siguen cuestionando la necesidad de intervención en los mercados agrícolas, cuyas características especiales forman parte del conocimiento económico.
El cuarto objetivo del Tratado, el relativo a la garantía del abastecimiento, aporta la dimensión más irónica y cruel de la PAC. Sobre todo cuando se le atribuye el haber estado a punto de morir de éxito. La Agenda 2000 afirmaba literalmente que “Al cabo de 40 años, tenemos otras preocupaciones, y garantizar el suministro alimentario no es ahora tan importante estratégicamente como antes”. Diez años después de semejante afirmación no podemos hacer otra cosa que añadirla a las evidencias que cuestionan lo inadecuado de la tecnocracia. En un mundo que, sin haber erradicado el hambre, afronta enormes crecimientos en la demanda de alimentos, la seguridad alimentaria debe ser una prioridad absoluta. Así lo ha considerado de hecho el G20 recientemente. Porque la alimentación resulta esencial para el crecimiento económico y la estabilidad social. Y conviene no olvidar que en la UE existen más de 20 millones de pobres, que por serlo, sufren carencias nutricionales.
Tanto desde el Parlamento como desde la Comisisón Europea se han hecho sonoras declaraciones sobre la importancia y necesidad de explicar la nueva reforma de la PAC, no sólo a los agricultores, sino a todos los ciudadanos europeos. Pero lo cierto es que nadie parece estar verdaderamente interesado en profundizar de verdad en este enfoque. Y ello a pesar de que nada indica que haya especiales dificultades para que la ciudadanía pueda comprender los cuatro objetivos que fija el Tratado para la PAC ni para que pueda entender y aceptar algo tan sencillo y natural como que la misión esencial de la agricultura es alimentar a la población. ¿O es que se pretenden otros objetivos y otras misiones distintas que no interesa explicar?
Es comprensible que, por la trascendencia que tienen, se centre la atención en los aspectos financieros y en los detalles técnicos. Sin duda es lo que determinará el montante a distribuir, desde las instituciones comuniatrias, nacionales y regionales, al sector agroalimentario y rural. Pero este no es el mejor camino para recuperar la legitimidad social perdida por la PAC. Todo lo contrario. Es cierto que lo que más interesa a los perceptores de las ayudas, y también a quienes las gestionan, son los los detalles técnicos de los isntrumentos. Sin embargo todo ello carece de interés para la opinión pública y los contribuyentes, a quienes lo que interesa realmente son los objetivos perseguidos. Al poner todo el énfasis en los instrumentos termina por perderse de vista los objetivos. Y al centrar toda la atención en los beneficiarios, termina por limitarse el foco de atención a un reducido sector económico y social. Con todo ello la opinión pública lo que termina por cuestionar es el interés general, es decir, el de todos, que es la razón de ser de toda política pública.
Publicado por J. Olona. Agronegocios (3-06-2011)