El Complejo Agroalimentario debe afrontar enormes retos y debe hacerlo con el optinismo que exige la responsabilidad de alimentar correctamente a toda la población.
La industria alimentaria, conjunto de actividades industriales estadísticamente identificadas como Alimentación, Bebidas y Tabaco, presenta una cifra de negocio próxima a los 85.000 millones de Euros. Desde este punto de vista es, de hecho, el primer sector industrial español. Su contribución al PIB nacional representa el 7,61 % y con más de 30.000 empresas, mayoritariamente PYMES, da empleo directo a medio milón de trabajadores.
Por otro lado, la industrialización agraria es una herramienta de desarrollo rural muy destacada. Su importancia queda patente si se tiene en cuenta, por ejemplo, que de los 24.500 millones de Euros con la que está dotado el conjunto de los Programas de Desarrollo Rural 2007-2013 españoles, 7.126 millones, es decir el 29 %, corresponde a inversiones en industrias agrarias. Esta importancia es todavía mayor si se tiene en cuenta que la aportación privadada del sector se espera que supere los 5.300 millones de Euros, que es la mitad de la inversión privada total que se prevé generen los programas citados.
Esta contribución al desarrollo rural debe interpretarse en un doble sentido. Por un lado, por la aportación que hace a la mejora y diversificación de las economías rurales. Por otro, por la creación y retención de valor añadido que deriva sobre el medio rural, que es tanto mayor y más estable cuanto mayor es su vinculación con el sector agrario local.
Las cifras económicas de la industria alimentaria adquieren por tanto un valor cualitativo especial cuando se vincula y relaciona con el sector agrario y con el medio rural. Por esta y otras razones de carácter funcional y estratégico conviene considerarla en íntima conexión con el sector agrario (y pesquero) formando lo que suele denominarse Sector o Complejo Agroalimentario. Éste es el responsable del empleo directo de más de millón y medio de trabajadores en España y de la aportación directa de más del 10% del PIB nacional, lo que no es una bagatela. Tampoco lo es el hecho de que garantice la seguridad alimentaria española, tanto desde el punto de vista cuantitativo o del abastecimiento, como desde el del cualitativo o sanitario. También conviene recordar que presenta una balanza comercial muy positiva.
Pero es evidente que el Complejo Agroalimentario debe afrontar enormes retos y debe hacerlo con el optinismo que exige la responsabilidad de alimentar correctamente a toda la población. Uno de los retos más difíciles es seguramente el aumento de la productividad, tanto la del trabajo como la del capital que, si ya es alarmantemente baja en el conjunto de la economía nacional, lo es más en el Complejo Agroalimentario así como en los dos grandes sectores que lo componen. Y este incremento debe hacerse en coherencia con un elevado y creciente grado de exigencias sociales y ambientales. Este reto sólo puede abordarse intensificando la innovación tecnológica. Ésta, que debe traducirse en el aumento de la eficiencia productiva de todos los factores, es algo consustancial a la propia agricultura pero que en los últimos tiempos, como consecuencia del fracaso de una PAC mal orientada, parecía no sólo innecesario sino, incluso, inapropiado.
Resulta por tanto urgente reorientar la mentalidad colectiva hacia la eficiencia productiva que es un concepto que se opone a cualquier tipo de despilfarro o uso inadecuado o insostenible de los recursos utilizados. Se trata asimismo de un concepto estrechamente ligado a la ingeniería y con el que los ingenieros agrónomos debemos comprometernos, sin complejo alguno y para beneficio del conjunto de la sociedad.
Editorial de J. Olona. Revista Agrónomos, nº 39/2009.