Por Joaquín Olona. Zaragoza, 9 de junio de 2018.
El relevo generacional exigido por nuestra agricultura así como por nuestros pueblos sólo será posible con una reforma real y en profundidad de la PAC que, entre otras acciones, elimine unos derechos históricos que perjudican gravemente a los más jóvenes así como a los territorios más desfavorecidos.
Esta mañana he participado en la jornada “El futuro es de los jóvenes” que, celebrada en el Centro Cultural Valero Lecha de Alcorisa (Teruel) y organizada por UAGA-COAG en el marco de la Segunda Semana Agraria del Bajo Aragón y el Matarraña, también ha servido de homenaje a José Luis Iranzo.
Compartiendo mesa con Toño Romé, miembro de la Comisión Ejecutiva de UAGA y de COAG; Marcos Garcés, coordinador de Juventudes Agrarias de COAG y David Solano, responsable del Área de Innovación de UAGA, he hablado de la Reforma de la PAC:
- De la necesidad de poner la atención en su enfoque y aplicación para lograr que sea más justa y eficaz, sobre todo cuando el marco financiero propuesto por la Comisión Europea plantea 43.000 millones de euros menos para el conjunto de la UE durante el nuevo periodo 2021-2017, que se traduce en 2.500 millones de euros menos para España.
- De la necesidad de una verdadera reforma en profundidad de la PAC que, viéndose favorecida por el acuerdo alcanzado en Aragón entre PSOE, CHA, Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida, UAGA y UPA, no se ve tanto por la poco ambiciosa propuesta reglamentaria de la Comisión Europea (CE).
- De la dificultad que supone lograr una PAC más justa y eficaz con el mantenimiento del sistema de pago por hectárea como única vía de apoyo directo a la renta y, consecuentemente, de la conveniencia de introducir sistemas de compensación de renta que, incluyendo a todos los agricultores y ganaderos, resulten más justos y eficaces tal y como venimos proponiendo desde Aragón.
- De la previsible inoperancia de la limitación del importe de la ayuda por beneficiario (60.000-100.000 €) con el sistema propuesto ya que, por regla general, los importes de los pagos por hectárea suelen situarse por debajo de los costes unitarios imputables a la manos de obra aplicada.
- De la necesidad imperiosa de eliminar los derechos históricos en la aplicación de los pagos directos, que la propuesta de la CE deja a los Estados Miembros como posibilidad y, consecuentemente, de la necesidad de que España opte por su eliminación.
- De las posibilidades que, en todo caso y siempre y cuando se opte por eliminar los derechos históricos, ofrece la formulación del correspondiente Plan Estratégico nacional. Todo ello en la medida que exige, entre otros requerimientos, definir la figura de «Agricultor genuino» de modo que no reciba ayuda quienes desarrollen una actividad agrícola que suponga una parte insignificante de su actividad general o cuya actividad principal no sea agrícola.
- Así mismo, y bajo las condiciones anteriores, las oportunidades de reforma en profundidad que exige la necesidad de dar respuesta eficaz a los indicadores considerados en la propuesta reglamentaria, en particular los indicadores de impacto que hacen referencia expresa a la reducción de la brecha de renta entre los agricultores y el resto de los ciudadanos (1.2), la reducción de la inestabilidad de la renta de los agricultores (1.3), la reducción de las disparidades territoriales de renta (1.5) o el logro de una PAC más justa mediante la mejora de la distribución de la ayuda.
- De la necesidad de que quienes más dependen de la agricultura pierdan el miedo a una reforma como la que promovemos en Aragón porque sólo se hace en su beneficio.
- Del rechazo que merece la intención de introducir cambios con la única intención de que todo siga igual (de mal).
- De la necesidad de que el Gobierno de España impulse la reforma en profundidad que necesitan nuestra agricultura familiar y nuestro mundo rural. También, que la instituciones europeas hagan su trabajo de modo que la nueva PAC pueda aplicarse, tal y como corresponde, a partir de 2021.
Muy buena síntesis de tu opinión sobre la reforma que comparto plenamente.
Si se mantienen las actuales ayudas basadas en el número de hectáreas de cada explotación; la supresión de los derechos históricos solo lleva a un punto: encarecimiento del precio de la tierra tanto en venta como en alquiler.( Beneficiando a los de siempre) Es evidente que aumentaria el intrusismo, los fines de semana encontraríamos en el campo a los nuevos agricultores de ciudad, esos que tendrían la agricultura como «otra actividad», donde la producción poco importaría mientras se perciban ayudas. Esa competencia deja a los jóvenes en unas condiciones pésimas para acceder a la titularidad de la tierra, su capacidad económica,se supone, es menor que la de aquellos que ya están activos u obtienen otras rentas.