¿DEBE AYUDARSE A LA AGRICULTURA? (J. Olona. Heraldo de Aragón, 22-11-2009)

EXISTEN RAZONES MÁS QUE SUFICIENTES PARA APOYAR A LA AGRICULTURA. EL PROBLEMA CONSISTE EN DETERMINAR EN QUÉ CUANTÍA Y BAJO QUÉ FÓRMULAS DEBE OTROGARSE LA AYUDA.

Los expertos señalan que el obstáculo principal para la reducción del hambre es la insuficiente inversión en agricultura.  La crisis alimentaria primero, y la crisis económica mundial después, han agravado los problemas haciendo que el número de personas subalimentadas sobrepase actualmente los mil millones.

Los estados ayudan a sus agriculturas en todas las economías avanzadas, aunque con intensidades muy distintas. Los agricultores de la OCDE reciben el equivalente al 23 % de lo que producen; sin embargo éste indicador (PSE) varía entre el 0,93 % (Nueva Zelanda) y el 62 % (Noruega); entre ambos extremos están los Estados Unidos, con el 10%, la Unión Europea, con el 27%, España, con el 28 % o Aragón, con 33 %. Las economías emergentes, tales como China, Brasil o Chile presentan valores (PSE) del 8,6%, 5% y 4% respectivamente. Por el contrario, los países subdesarrollados, en vez de ayudarla, tienden a utilizar la agricultura para financiar su crecimiento económico. Por ejemplo, en 1993, eran los agricultores chinos quienes ayudaban al resto de su economía con unos recursos equivalentes al 13,5% de la producción bruta agraria.

Las ayudas a la pueden destinarse directamente a los agricultores mediante ayudas a los precios, a la producción, a la renta, a la compra de inputs, a las inversiones, a las desventajas, riesgos y desastres naturales, etc. También pueden aplicarse  en forma de I+D, inspección y gestión, formación, dotación de infraestructura, promoción de productos u otros servicios generales o mediante transferencias de distinto tipo entre productores, consumidores y contribuyentes.

Las ayudas se han reducido durante los últimos 20 años en  todos los países desarrollados. Así, por ejemplo, en el conjunto de la OCDE el apoyo público total a la agricultura, como proporción del PIB total, ha pasado del 2,48% (1986-88) al 0,89 % (2006-08); en Estados Unidos, del 1,33% al 0,72% y en la Unión Europea, del 2,71 % al 0,95%. En el periodo 2002-2006, en España, esos porcentajes han caído desde el 1,95 % hasta 1,29 % mientras que en Aragón lo han hecho desde el 4,79 % hasta 3,69 %. El apoyo específicos a los agricultores (PSE), ha pasado del 37% (1986-88) al 23 % (2006-08) en el conjunto de la OCDE mientras que en USA lo ha hecho del 22% al 10% y en la Unión Europea, del 40% al 27%.

Los países que más han reducido las ayudas agrarias lo han hecho en paralelo a otros procesos de liberalización. El caso más destacable es el de Nueva Zelanda, que en 1986 redujo de forma drástica las ayudas agrarias abordando profundas reformas en el mercado de capitales, en el de trabajo y en su política macroeconómica. La principal lección extraída de esta experiencia, única en el mundo desarrollado, es que los procesos de liberalización exigen escenarios sociales, culturales, geográficos y políticos muy favorables y  que sólo producen los beneficios perseguidos si se abordan mediante políticas sectoriales y macroeconómicas coordinadas y coherentes; de lo contrario, los desequilibrios económicos y sociales pueden resultar inaceptables.

Aunque  la productividad  agraria aumenta sin cesar, en todos los países desarrollados permanece por debajo de la industrial. Por ejemplo, en España, la renta por ocupado agrario tan sólo equivale al 54% de la renta media del conjunto de los ocupados. Pero es que la agricultura, además de producir alimentos, fibras y otros bienes de mercado, también produce otros que no lo son (paisaje, retención de CO2, etc.). La inestabilidad de la producción y de los precios agrarios, como consecuencia de la incidencia de los factores naturales, aconseja, por otro lado, considerar el papel estratégico de la agricultura.

Existen por tanto razones más que suficientes para  apoyar a la agricultura. El problema consiste más bien en determinar en qué cuantía y bajo qué fórmulas debe otorgarse la ayuda para que redunde en el interés general y resulte aceptable y comprensible para la sociedad.

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