Los políticos deberían hacer buenas políticas públicas para que la agricultura alimente a todos correctamente.
Durante los últimos años las inversiones especulativas en materias primas, incluidas las agrícolas, han aumentado de forma explosiva. En enero de este mismo año 2011 el Parlamento Europeo señalaba que “los movimientos especulativos son responsables de casi el 50% de los recientes aumentos de precios de los alimentos”. Pero no sólo están siendo objeto del interés de los inversores la volatilidad de los precios del trigo, del maíz o de la soja. También han empezado a serlo las tierras agrícolas de los países más pobres, que están pasando a formar parte de los activos de los fondos de inversión y de pensiones.
La incorporación de los recursos agrarios a los activos de los fondos hace que ciertas ONG’s apelen a la responsabilidad social de los pequeños ahorradores tratando de influirles para que, prestando atención al carácter y orientación de los gestores en los que depositan su confianza, apoyen modelos de agricultura tradicional como alternativa a la agricultura tecnificada en los países menos desarrollados.
Que en la agricultura y la alimentación existen grandes intereses económicos en juego donde participan, o intentan hacerlo, todo tipo de empresas grandes y pequeñas no debería escandalizar a nadie. Porque la agroalimentación también es una actividad económica y una fuente de negocio, y por lo tanto de empleo. Lo que sí debería escandalizarnos a todos es que dicho juego e intereses no estén sometidos y condicionados por políticas públicas eficaces. Porque la agroalimentación también es la base de la salud, de la estabilidad social y del desarrollo. Y porque las malas políticas agrarias, o la ausencia de ellas, son causa principal de inseguridad alimentaria, tanto desde el punto de vista de los riesgos sanitarios asociados a la alimentación como desde la insuficiencia e inaccesibilidad a los alimentos.
La FAO y el G-20 vienen subrayando el enorme reto alimentario que enfrenta la humanidad y que los europeos no terminamos de asumir. El crecimiento de la demanda alimentaria está asociada, sobre todo, al aumento de la capacidad adquisitiva de cientos de millones de personas en las potencias emergentes que se están sumando al consumo y que, como nosotros, desean alimentarse, no sólo para subsistir sino para nutrirse y disfrutar.
La agricultura y la agroindustria disponen de potencial tecnológico e innovador más que suficiente para producir, de forma sostenible, todo lo necesario. Tanto para los 7.000 millones de habitantes que somos ahora en el mundo, como para los más de 9.000 millones que, según parece, el mundo tendrá en 2050. Ello implica un uso más limpio y eficiente de la tierra agrícola, del agua y del resto de los recursos agrarios. Sin embargo hay muchas formas de impedirlo. La más eficaz, mediante el desarrollo y aplicación de políticas agrarias malas e ineficaces, como hace la Unión Europea, o impidiendo su existencia, como ocurre en los países hambrientos. Porque las malas políticas públicas, o su inexistencia, son causa principal de inseguridad alimentaria.
Los mercados no son buenos ni malos. Tan sólo reflejan las relaciones entre la oferta y la demanda, anticipando expectativas de las que, si pueden, se aprovechan los especuladores. Pero si especulan con los alimentos, y con las tierras donde producirlos, es porque los mercados anticipan escasez. Y lo hacen porque “confían” en que las políticas públicas, en vez de promover el desarrollo del potencial agroalimentario seguirán dificultándolo.
No parece razonable pensar que los mercados financieros, ni siquiera apelando a la responsabilidad social y la sostenibilidad en sus estrategias de marketing, resulten fiables ni eficaces para combatir la inseguridad alimentaria. Llamar a la responsabilidad social de quienes confían en que sus modestos planes de pensiones les ayuden a vivir dignamente en el futuro, no parece lo más acertado. Mejor sería exigir a nuestros políticos que cumplan con su misión aplicándose, con mucha mayor responsabilidad y eficacia, al desarrollo de las buenas políticas públicas que se necesitan para garantizar que la agricultura cumpla con su misión esencial: alimentar a todos correctamente.
Porque quienes proponen un futuro agrario basado en el pasado, lo someten a intereses exclusivamente ambientales, pretenden reducir el comercio al ámbito local, dificultan el uso eficiente de los recursos agrarios disponibles e impiden la innovación basada en el conocimiento científico y en la tecnología contribuyen a generar y potenciar los escenarios de escasez de los que, a través de las más ingeniosas y variadas modalidades, se aprovechan los especuladores.
Pubblicado por J. Olona en HERALDO DE ARAGÓN (4-12-2011).