Publicado por Joaquín Olona en Heraldo de Aragón.
Los poderes públicos tienen la obligación de proteger y mejorar los recursos hidrológicos y los ecosistemas asociados porque de ello depende nuestro desarrollo y bienestar así como el de nuestros descendientes.
La calidad de los cursos fluviales y de las masas de agua, en nuestro contexto fuertemente antropizado, se ve condicionada por las actividades económicas y los servicios que sustentan nuestra sociedad. La sostenibilidad de estas actividades y servicios exige compatibilizar sus efectos sobre el medio ambiente, y en particular sobre el sistema hidrológico, con los estándares de calidad ambiental preestablecidos. Un proceso que genera conflictos inevitables que, necesariamente, conducen a la política, entendida esta como la toma de decisiones sobre conflictos de interés colectivo con carácter vinculante, es decir, con intención de obligar.
La extrema irregularidad hidrológica del dominio mediterráneo hace que la fijación de caudales ecológicos así como del resto de parámetros y criterios que definen el buen o mal estado de las masas de agua reviste una enorme complejidad, de hecho inabordable desde presupuestos exclusivamente técnicos. Los dilemas que se derivan, fruto de la confluencia de intereses económicos, sociales y ambientales, solo permiten soluciones imperfectas cuya estabilidad depende de la solidez y amplitud de los acuerdos políticos y de los fundamentos técnicos en las que se sustentan.
Es preciso revisar la idea de cuenca excedentaria, particularmente cuando los caudales son tan irregulares como los del Ebro, que a su paso por Zaragoza puede no alcanzar los 100 m3/segundo o superar los 4.000 m3/segundo. En todo caso hace falta garantizar que los ríos desemboquen en el mar, comprendiendo que las aguas que llegan al mar no son un desperdicio o que las crecidas y avenidas fluviales forman parte del ciclo natural. Todo ello es necesario para que los ríos sigan siéndolo lo que no impide exigir coherencia con su régimen hidrológico natural.
También es preciso revisar la invocación de la solidaridad como justificación de los trasvases. Porque la distribución de los recursos naturales no es justa ni injusta. Invocar la solidaridad para trasvasar agua pierde su sentido cuando pretende aplicarse a territorios desarrollados, similares en su configuración socioeconómica. Cada territorio debe aprovechar sus propios recursos que, naturalmente, son diferentes y que, por serlo, configuran especializaciones económicas distintas. Una especialización que ningún territorio debería lograr a expensas de los recursos de otro.
La política del agua no puede reducirse a la política hidraúlica, es decir a la planificación y gestión de las infraestructuras de regulación y transporte necesarias para que el agua sea un recurso accesible y nuestra sociedad cuente con los niveles de seguridad hídrica que necesita. Una política -la hidráulica- que refleja una de las primeras asociaciones entre dos ámbitos todavía excesivamente alejados entre sí como son la política y la técnica. Una política forjada en Aragón, donde también siempre se ha cuestionado y ahora demonizado, pero que debe valorarse en la justa medida que la necesitamos. Porque la llamada política de gestión de la demanda, basada en el ahorro y la eficiencia, siendo necesaria no es suficiente para cubrir nuestras expectativas de desarrollo económico y bienestar social, sobre todo del medio rural.
El agua no solo es un recurso natural que proteger y mejorar, también es un bien económico que debemos saber utilizar. Razón ésta por la que la política del agua tampoco es reducible a la política ambiental y es preciso coordinarla mejor con otras políticas fundamentales como son la energética, la agrícola, la de desarrollo rural o la de cambio climático.