Zaragoza, 20 de julio de 2025

La propuesta de Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, que es la del presupuesto de la UE para dicho periodo, además de reducir brutalmente el presupuesto de la PAC elimina la componente estructural y regional de la PAC: el Desarrollo Rural.

Una decisión tomada unilateralmente por la Comisión Europea, sin debate previo alguno con las partes interesadas, con el máximo secretismo que ha podido y en contradicción con las conclusiones del Diálogo estratégico encargado por la propia presidenta Von der Leyen y hechas públicas el 4 de septiembre de 2024, así como con el contenido de la Comunicación de la propia Comisión Europea sobre la Visión del futuro de la agricultura y la alimentación presentada por el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural Christophe Hansen el pasado 19 de febrero.

El Desarrollo Rural, que cuenta con un total 102.296 millones en la vigente etapa 2021-2027, incluyendo los 8.070 millones de Next Generation, integra lo que se conoce como Segundo Pilar de la PAC, que es el régimen de cofinanciación entre el fondo europeo Feader, los Estados miembros y los propios beneficiarios incluyendo:

• Ayudas directas por compensación de limitaciones naturales, como las que sufren las zonas de montaña, o compromisos voluntarios, como la agricultura ecológica o las razas autóctonas y en peligro, u obligatorios, como los impuestos por la Red Natura 2000.
• La política estructural agraria, es decir, el apoyo a las inversiones en modernización de explotaciones, incorporación de jóvenes, regadíos y otras infraestructuras agrícolas, industrialización y comercialización agroalimentaria, transferencia del conocimiento, cooperación e innovación.
• Inversiones medioambientales destinadas a la prevención de incendios o la promoción y mejora de la Red Natura 2000 y del resto de espacios naturales protegidos.
• Inversiones para la mejora de la calidad de vida y la diversificación de la economía rural a través de la metodología Leader.

Con un elevado grado participativo, tanto en su programación como en su financiación, al menos en España, los Programas de Desarrollo Rural cuentan con una buena valoración general y una elevada componente de inversión privada, lo que hace todavía más sorprendente la supresión unilateral

Aunque la presidenta Von der Leyen ha dicho que “hay potencialmente mucha más financiación accesible” en referencia a la agricultura y el nuevo fondo único de 1 billón de € (*) creado a partir del recorte de los que sustentaban las políticas ahora fusionadas (PAC, pesca, cohesión económica, social y territorial, desarrollo sostenible, competitividad y seguridad, además del reembolso de Next Generation) lo cierto es que lo único que se garantiza para la agricultura es un mínimo de 300.000 millones de € para ayudas directas y, por tanto, ajenas a las inversiones de carácter estructural. Y también, que ese nuevo fondo pondrá a competir entre sí a los beneficiarios actuales de las políticas fusionadas con una cuantía global menor a repartir entre todos ellos.

Pero es que, además, la gestión eficaz y simplificada que motiva el único Plan de Asociación Nacional y Regional (PPNR) por estado miembro también propuesto, plantea serias dudas ya que supone exigir a las Administraciones nacionales capacidades de coordinación de las que la propia Comisión Europea carece. Cabe citar al respecto, por ejemplo, la experiencia de la programación del Objetivo 5b que sucumbió a las tensiones suscitadas entre las propias administraciones responsables de coordinar el desarrollo rural, financiado por el entonces FEOGA-Orientación, con la cohesión financiada por el FEDER y el FSE.

Lo uno y lo otro hace que la afirmación de la presidenta Von der Leyen relativa a que “la agricultura saldrá reforzada” no sólo carezca de rigor, sino que ponga en cuestión su propia credibilidad.

Menos mal que en España, ante la desconfianza de que alguna posible decisión comunitaria perjudicara con un instrumento tan genuino y eficaz como es el seguro agrario, siempre hubo pleno consenso sobre la inconveniencia de cofinanciarlo con el marco del Desarrollo Rural. Ahora se demuestra que la desconfianza no sólo estaba justificada, sino que existen motivos para ampliarla a todo el ámbito de la política estructural agraria cofinanciada con fondos europeos durante los últimos 35 años y empezar a pensar en soluciones alternativas con independencia de aprovechar el margen que pueda aún existir en el proceso de aprobación del MFP, que no parece muy amplio.

(*) De los que 865.000 millones de euros son los destinados a los Planes de Asociación Nacional y Regional correspondientes a las políticas fusionadas.