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Desarrollo rural con agricultura.

Joaquín Olona en la apertura del curso académico 2016 del IAMZ. Zaragoza, 26 de Septiembre de 2016.

El Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza (IAMZ) supone una importante contribución a la generación y difusión del conocimiento científico y técnico en el marco de la cooperación internacional. Contribuye con ello a la fundamentación científica de las políticas de desarrollo rural y agrícola que, al igual que las tecnologías, también requieren de la investigación y el desarrollo.

En un mundo cada vez más urbano y en el que la población que vive en las ciudades ya supera a la que vive en los pueblos, el desarrollo rural sigue siendo un objetivo relevante de las políticas públicas. Sigue siendo, de hecho, una política pública. Es más, en el siglo XXI supone un reto vinculable a otros desafíos globales tales como la mitigación y adaptación al cambio climático o como el que supone alimentar a una población que no sólo crece sino que aumenta su demanda efectiva de alimentos como consecuencia de la reducción de la pobreza.

En la Unión Europea, tras 25 años de impulso específico al desarrollo rural en el marco de la Política Agrícola Común (PAC) se ha logrado prestigiar al mundo rural, lo que ha supuesto un importante avance social. Sin embargo no se ha conseguido detener la despoblación de las áreas rurales, sobre todo en las zonas de menos densidad demográfica.  En Aragón , si se excluye la ciudad de Zaragoza, la densidad regional no alcanza los 10 habitantes/km2 y ya existen comarcas con menos de 1 habitante/km2.

Es preciso, por tanto, revisar los paradigmas en los que han sustentado la política de desarrollo rural europea durante los últimos 25 años, sin duda el referente  más destacado en el panorama mundial, proponiendo en su caso otros nuevos. Para ello es preciso tener en cuenta los nuevos desafíos  globales así como las lecciones aprendidas de la amplia experiencia acumulada en un escenario tan amplio y diverso como supone el conjunto de las regiones europeas, que es la escala a la que se ha aplicado la política de desarrollo rural.

La necesidad de la política de desarrollo rural es evidente. No lo es tanto como visibilizarla y gestionarla teniendo en cuenta su horizontalidad. En el Gobierno de Aragón, la existencia de un departamento específico sobre desarrollo rural (y sostenibilidad) no impide que todos los demás departamentos atiendan al desarrollo de las zonas rurales. La política social, es decir,  la educación, la sanidad, la atención a los desfavorecidos y la lucha contra la desigualdad contribuye directamente al desarrollo de las zonas rurales aragonesas adquiriendo, incluso, una mayor relevancia e impacto.

No debe confundirse la política de desarrollo rural con la política agraria, ni mucho menos pretender sustituir una por la otra. El tradicional antagonismo entre «agraristas» y «ruralistas» carece de sentido y debe superarse. Ambas políticas, la rural y la agraria, son necesarias y distintas sin que esté justificada la pretensión de que una anule o niegue a la otra. La minusvaloración de la agricultura, o incluso su desprecio, en la que incurrió la propia PAC de final del siglo XX fue un grave error. En la definición estratégica del Horizonte 2020 europeo se ha vuelto la mirada hacia una agricultura productiva que puede y debe contribuir al crecimiento económico, al empleo y al desafío alimentario mundial al tiempo que genera bienes públicos ambientales, sociales y territoriales.

No cabe pensar en un desarrollo rural basado exclusivamente en la agricultura pero tampoco en un desarrollo rural que prescinda o minusvalore la agricultura.  Las actividades agrícolas y ganaderas configuran la base económica , en ocasiones prácticamente insustituíble, de la mayor parte de las zonas rurales. Pero es que, además,  existe una profunda conexión y dependencia entre dichas actividades y los ecosistemas incluso de más alto valor.

Tampoco cabe pensar en un desarrollo rural sin atender a dos componentes esenciales que determinan el sistema de poblamiento como son  la generación de empleo y la oferta de servicios básicos que, en nuestro contexto, son los factores que garantizan una calidad de vida equiparable a la urbana.

Política del agua y medio ambiente.

Publicado por Joaquín Olona en Heraldo de Aragón. 

Los poderes públicos tienen la obligación de  proteger y mejorar los recursos hidrológicos y los ecosistemas asociados porque de ello depende nuestro desarrollo y bienestar así como el de nuestros descendientes.

La calidad de los cursos  fluviales  y de las masas de agua, en nuestro contexto fuertemente antropizado, se ve condicionada por las actividades económicas y los servicios que sustentan nuestra sociedad. La sostenibilidad de estas actividades y servicios exige compatibilizar sus efectos sobre el medio ambiente, y en particular sobre el sistema hidrológico, con los estándares de calidad ambiental preestablecidos. Un proceso que  genera conflictos inevitables que, necesariamente, conducen a la política, entendida esta como la toma de decisiones sobre conflictos de interés colectivo con carácter vinculante, es decir, con intención de obligar.

La extrema irregularidad hidrológica del dominio mediterráneo hace que la fijación de caudales ecológicos así como del resto de parámetros y criterios que definen el buen o mal estado de las masas de agua reviste una enorme complejidad, de hecho inabordable desde presupuestos exclusivamente técnicos. Los dilemas que se derivan, fruto de la confluencia de intereses económicos, sociales y ambientales, solo permiten soluciones imperfectas cuya estabilidad depende de la solidez y amplitud de los acuerdos políticos y de los fundamentos técnicos en las que se sustentan.

Es preciso revisar la idea de cuenca excedentaria, particularmente cuando los caudales son tan irregulares como los del Ebro, que a su paso por Zaragoza puede no alcanzar los 100 m3/segundo o superar los 4.000 m3/segundo. En todo caso hace falta garantizar que los ríos desemboquen en el mar, comprendiendo que las aguas que llegan al mar no son un desperdicio o que las crecidas y avenidas fluviales forman parte del ciclo natural. Todo ello es necesario para que los ríos sigan siéndolo lo que no impide exigir coherencia con su régimen hidrológico natural.

También es preciso revisar la invocación de la solidaridad como justificación de los trasvases. Porque la distribución de los recursos naturales no es justa ni injusta. Invocar la solidaridad para trasvasar agua pierde su sentido cuando pretende aplicarse a territorios desarrollados, similares en su configuración socioeconómica. Cada territorio debe aprovechar sus propios recursos que, naturalmente, son diferentes y que, por serlo, configuran especializaciones económicas distintas. Una especialización que ningún territorio debería lograr a expensas de los recursos de otro.

La política del agua no puede reducirse a la política hidraúlica, es decir a la planificación y gestión de las infraestructuras de regulación y transporte necesarias para que el agua sea un recurso accesible y nuestra sociedad cuente con los niveles de seguridad hídrica que necesita. Una política -la hidráulica- que refleja una de las primeras asociaciones entre dos ámbitos todavía excesivamente alejados entre sí como son la política y la técnica. Una política forjada en Aragón, donde también siempre se ha cuestionado y ahora demonizado, pero que debe valorarse en la justa medida que la necesitamos. Porque la llamada política de gestión de la demanda, basada en el ahorro y la eficiencia, siendo necesaria no es suficiente para cubrir nuestras expectativas de desarrollo económico y bienestar social, sobre todo del medio rural.

El agua no solo es un recurso natural que proteger y mejorar, también es un bien económico que debemos saber utilizar.  Razón ésta por la que la política del agua tampoco es reducible a la política ambiental y es preciso coordinarla mejor con otras políticas fundamentales como son la energética, la agrícola, la de desarrollo rural o la de cambio climático.

Otra vez Biscarrués.

Publicado por Joaquín Olona en Heraldo de Aragón, 24 de junio de 2015.

Paralizar de nuevo el embalse de Biscarrués, proyectado en el río Gállego, no contribuye necesariamente al bienestar del conjunto de la sociedad, es decir, al interés general. Al igual que los intereses económicos son particulares cuando los beneficios se circunscriben a un grupo social limitado lo mismo cabe decir respecto de los intereses ambientales cuando no están legitimados por la mayoría social.

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El reto del asesoramiento agroalimentario en Aragón.

Publicado por Joaquín Olona en AgroNegocios (22-05-2015).

Los agentes más destacados del sector agroalimentario aragonés deben afrontar el reto que supone organizar un verdadero sistema de extensión agraria al servicio de los agricultores y de las empresas. La agroalimentación aragonesa, al igual que la del resto de España, debe hacer frente al grave deterioro que sufre su productividad buscando soluciones en la gestión del conocimiento. La nueva programación con cargo al Feader ofrece posibilidades financieras pero son los agentes del sector quienes deben esforzarse en buscar soluciones que permitan aprovecharlas con eficacia.

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Agua y soberanía alimentaria.

Publicado por Joaquín Olona en Heraldo de Aragón, 31 de marzo de 2015.

Reducir el cultivo de cereales y otros cultivos de supuesto bajo valor económico en los regadíos, ta y como se propone desde el Observatorio del Agua de la Fundación Botin, es cierto que permitiría ahorrar agua. Un ahorro de un recurso que tenemos, el agua, a costa de perjudicar una fortaleza económica de la que carecemos.

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La crecida del Ebro.

Publicado por Joaquín Olona en AgroNegocios (13-03-2015).

La Expo-2008 de Zaragoza, dedicada al “Agua y el desarrollo sostenible”, ocupó el “Meandro de Ranillas”. Gran parte de la huerta de Zaragoza ha sido urbanizada durante los últimos 50 años. ¿ Alguien piensa en devolver estos espacios al río? Entones, sabiendo que los pueblos ribereños basan su economía en la agricultura ¿por qué anteponer la dinámica natural del río a los usos agrícolas centenarios?  Una dinámica fluvial que, en realidad, hace mucho que dejó de ser natural y que está profundamente modificada.

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La política agraria y el ‘agricultor activo’

Publicado por Joaquín Olona y Javier Lorén el Heraldo de Aragón (21-01-2015).

La definición de ‘agricultor activo’ en el contexto de la PAC, es decir, la decisión sobre el quién, el cómo y el por qué de las ayudas agrícolas, está en la misma esencia de la la política agraria. Eso sí, siempre que se entienda como tal, es decir, como una verdadera política pública. Pero lamentablemente, no es a lo que responde la PAC ni las decisiones que sobre ella impone la tecno-burocracia de Bruselas, una auténtica anomalía en una democracia avanzada.

Recientemente el Gobierno español ha tenido que rectificar su consideración de agricultor activo, para acomodarla al dictado de los funcionarios de la Comisión Europea, que no sabemos ante quien responden. Un episodio muy poco ejemplar que no contribuye a legitimar la política agraria que se necesita sino, en todo caso, la de la ‘agricultura del sofá’.

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¿Desgobernanza del agua?

Publicado por Joaquin Olona en Heraldo de Aragón (3-01-2015) y anteriormente en iagua (23-12-2014).

La Ley 10/2014 de Aguas y Ríos de Aragón, promulgada recientemente por las Cortes de Aragón, pone nuevamente en cuestión un prinicipio esencial para la gobernanza del agia como es el de la unidad de cuenca.

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Acceso a iagua

Apostando por el futuro del Valle del Ebro.

Publicado por Joaquín Olona en el suplemento especial de Heraldo de Aragón «Perspectivas 2015» de 1 de enero de 2015.

El sector agroalimentario debe mejorar la confianza en su propio futuro, presentándose ante la sociedad como un aliado de la inversión, el crecimiento económico, la innovación, el conocimiento, la tecnología y el empleo. Todo ello mucho más vinculado a la producción que a la subvención. Pero la sociedad también debe ser más consciente de las oportunidades que la agroalimentación ofrece para el desarrollo de la industria, la I+D, el comercio, los servicios y el territorio.

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¿Cómo ha quedado la Farm Bill 2014?

Publicado por Joaquín Olona en AgroNegocios (5-12-2014)

La nueva Ley Agrícola de 2014 aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el pasado 7 de febrero elimina los pagos directos desacoplados, sustituyéndolos por una red de seguridad basada en precios e ingresos de referencia y en los seguros agropecuarios.

Configurando los pagos desacoplados el vigente paradigma internacional de ayuda a la agricultura sin distorsionar los mercados, la nueva Farm Bill supone un desafío a la Organización Mundial de Comercio (OMC) al tiempo que envía señales sobre las tendencias de los mercados así como de la propia política agraria.

FarmBill14-18

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