Archivo del Autor: Joaquin Olona

Retos de la Política Agraria (V).

Pronunciarse sobre los Fondos de inversión y el modelo agrario sobre el que sustentar la seguridad alimentaria europea.

8 de febrero de 2025

Dado que la agricultura es objeto de una importante regulación y apoyo público, la política agraria no debería permanecer ajena a la entrada masiva de fondos de inversión que se está produciendo.

No cabe cuestionar, ni mucho menos limitar, la decisión de que unos u otros agentes privados decidan apostar por la agricultura al igual que por cualquier otra actividad económica. Por el contrario, debe preservarse el marco jurídico que otorga la libertad de hacerlo. Asimismo, debe preservarse la libertad de los propietarios para vender o arrendar sus tierras a quienes quieran.

Sin embargo, la política agraria está obligada a analizar las consecuencias que, sobre el sistema agroalimentario, sobre el mundo rural y sobre la propia política agraria, tiene la apuesta agrícola de los fondos de inversión.

La política agraria vigente en la Unión Europea (PAC) es una política conceptualmente dirigida al apoyo de la renta de los agricultores, no de la rentabilidad de los capitales. Aunque dista mucho de resultar eficaz, es el enfoque que legitima actualmente la PAC, es decir, el que justifica destinar a dicha política la cuarta parte del presupuesto de la UE y que, por cierto, suponía las tres cuartas partes en 1985.

Por otro lado, la política estructural agraria europea, enmarcada en el llamado Segundo Pilar de la PAC y que permite destinar fondos públicos al regadío, a la modernización de explotaciones, a la incorporación de jóvenes, a la agricultura ecológica o a las medidas agroambientales, se legitima en el modelo de agricultura familiar y su papel determinante en el sostenimiento del mundo rural. Es cierto que el apoyo político al modelo familiar es tan teórico como retórico, pero es dicho modelo el que dice proteger la PAC.

Una primera consecuencia de la entrada masiva de capitales atendiendo a legítimos criterios de rentabilidad financiera en un sector que recibe ayudas por hectárea, sin relación alguna con el nivel de renta del beneficiario y cuya mejora estructural (regadíos, maquinaria, comercialización, etc.) también es objeto de una significativa ayuda pública, permite que los fondos de inversión capitalicen tales ayudas. 

La ambiciosa apuesta ambiental europea, inevitablemente acompañada de exigentes condiciones administrativas, mientras ahoga al modelo familiar agrario genera incentivos financieros a unos fondos que pueden incluso diseñar ad-hoc su gestión.  El cobro por fijación de carbono y por la prestación de otros servicios ambientales que el propio sector agrario demanda y que las autoridades comunitarias estudian introducir ya forma parte, de hecho, de la apuesta inversora.

Incluso la reivindicación de “precios justos” que concentra las protestas y exigencias de los agricultores, y a las que desde la política agraria trata de dar respuesta tratando de “innovar” en el marco de las normas sobre la competencia y el mercado, constituye otro incentivo para los inversores que apuestan por las economías de escala en la producción, así como por el encarecimiento de la alimentación, en particular, la del reducido elenco de productos sobre los que centran su atención.

La agricultura familiar ha demostrado su capacidad para ofrecer una alimentación segura y asequible. No cabe plantear duda alguna sobre la capacidad del modelo corporativo para ofrecer garantías de seguridad, en términos de salubridad, e incluso con mayor eficacia en el logro de los objetivos ambientales en función de los que la UE condiciona la ayuda agrícola. Sin embargo, su apuesta por el encarecimiento de la alimentación unida a su estrategia de escala puede traducirse en una grave amenaza para la seguridad alimentaria de los sectores sociales más vulnerables. 

Los responsables políticos, así como los representantes del propio sector deberían pronunciarse sobre el modelo de agricultura que el presupuesto público debe apoyar. Porque los dos modelos, el familiar y el corporativo, exigen políticas completamente diferentes. Mientras el primero necesita de una política agraria eficaz de apoyo a la renta y al mundo rural, el segundo exige más bien sustituir aquélla por otra de apoyo directo al consumidor. 

En reconocimiento y agradecimiento a Javier Lambán.

1 de Febrero de 2025

Hace pocos días, Javier Lambán, anunciaba su retirada de la política institucional tras 40 años de dedicación a la misma. Dado que tuve la suerte y el honor de formar parte de su Gobierno durante las dos legislaturas en las que presidió la Comunidad Autónoma de Aragón (julio de 2015 -agosto de 2023) quiero unirme con este breve escrito a las muestras de afecto y reconocimiento que ya ha recibido.

Cuando de manera totalmente inesperada, dada mi falta de experiencia y de afiliación política, me propuso ser consejero de Agricultura y Medio Ambiente de su gobierno me insistió en que su objetivo prioritario era la recuperación de las políticas sociales y que, en materia de agricultura, agroalimentación, desarrollo rural y medio ambiente había que tratar de hacer lo mejor para Aragón sin ningún otro condicionante político, y mucho menos partidista. Puedo dar fe de que así fue, incluso en los momentos más críticos y difíciles de las dos legislaturas.

Este enfoque tan generoso y valiente para con Aragón del presidente Lambán me permitió, por ejemplo, defender en todo momento una reforma en profundidad de la PAC con el único propósito de favorecer el modelo de agricultura familiar y profesional. Todo ello al margen de cualquier estrategia u oportunismo político-partidista, como de la posición del Ministerio de Agricultura, tanto en la etapa de Isabel García Tejerina (PP) como en la de Luis Planas (PSOE) a quienes, en justo reconocimiento, también tengo que agradecer el respeto y buen trato que siempre nos dispensaron.

La prioridad de los intereses de Aragón frente a cualesquiera otros que en todo momento me trasladó el presidente Lambán como guía fundamental de actuación, también hizo posible un nuevo modelo de financiación que, exigiendo mucho mayor compromiso a los regantes, permitió la transformación de más de 30.000 hectáreas de nuevos regadíos que llevaban esperando décadas. Para hacerlo posible, así como afrontar las permanentes tentaciones trasvasistas de los “Gobiernos de Madrid” o para avanzar en la protección de la Ribera del Ebro frente a las avenidas, también hubo que defender, con la debida y obligada lealtad institucional, pero a fondo y sin complejos, los intereses de Aragón, tanto en la etapa del presidente Rajoy como en la del presidente Sánchez.

Podría detallar otros muchos avances en materia de agricultura, agroalimentación, desarrollo rural y medio ambiente que, a pesar de la grave pandemia del COVID-19, se derivaron de esa preferencia de Javier Lambán por el desarrollo de Aragón y el bienestar de los aragoneses frente a cualquier otro interés personal y partidista, así como en el marco de la unidad y estabilidad de España como nación y comunidad política con la que se identifica Aragón.

Pero no es mi propósito reivindicar logros, sino agradecer y reconocer la generosidad y altura de miras de quien presidió Aragón entre 2015 y 2023 y de quien aprendí que existen valores políticos y éticos muy superiores a los de cualquier política sectorial o partidista. Todo lo contrario de lo que predomina en la actual política española que, fruto de su incoherencia y falta de rigor, no hace más que aumentar la desafección ciudadana y, consecuentemente, dañar la democracia.

¿Un nuevo comisario de Agricultura para que todo siga igual?

31 de Enero de 2025

Poco tiempo ha necesitado el nuevo comisario europeo de Agricultura, Christophe Hansen, para rebajar las expectativas que sobre una verdadera reforma de la PAC había podido llegar a crear el Informe sobre el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura europea presentado el pasado 4 de septiembre de 2024 a petición de la propia presidenta de la Comisión Von der Leyen al final de su primer mandato.

En declaraciones recientes el Comisario Hansen ha apostado por la continuidad de la actual formulación de la PAC. Eso sí, también ha dicho que sin descartar un mayor apoyo a determinados colectivos como los jóvenes.

Prometer más apoyo a los jóvenes, apostando a la vez por la continuidad de la PAC vigente, no solo encierra una profunda incoherencia, sino que es una amenaza para los propios jóvenes que se incorporan por mucha ayuda que, en el marco vigente, se les prometa.

Porque las ayudas por hectárea, con elevadas exigencias ambientales y administrativas, no son las que necesita el modelo familiar y profesional al que los jóvenes se incorporan. Sí que son, por el contrario, las más atractivas para el modelo corporativo y los fondos de inversión que, apostando por el encarecimiento de la alimentación y el cobro por fijación de carbono y otros servicios ambientales, reducirá la agricultura familiar a su mínima expresión sino se abordan con urgencia las reformas necesarias en su favor, que no parece que vaya a promoverse desde la política, ni tampoco desde las Organizaciones Profesionales Agrarias.

Retos de la Política Agraria (III)

El negacionismo biotecnológico dominante en la UE en relación con la agricultura supone un grave impedimento, no solo para la competitividad y la seguridad alimentaria, sino también para la sostenibilidad ambiental de la agricultura europea y su adaptación al cambio climático.

Publicado en AGRONEGOCIOS el 27 de septiembre de 2024.

Retos de la Política Agraria (II)

El Informe sobre el diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura europea.

8 de Septiembre de 2024

Por fin, se ha puesto sobre la mesa una verdadera propuesta de reforma en profundidad de la PAC que esperemos se aborde tal y como pide el equipo de expertos que la proponen. Una propuesta que, por cierto, pone el énfasis en la renta de los agricultores tal y como ya se propuso desde Aragón en relación con la última Reforma (2020-2027) entre 2016 y 2018 (**).

El pasado 4 de septiembre de 2024, la presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, recibió el informe final del Diálogo Estratégico, dirigido por el alemán Peter Strohschneider, titulado «Una perspectiva compartida para la agricultura y la alimentación en Europa», Strategic Dialogue on the Future of EU Agriculture (europa.eu).

Entre sus recomendaciones, el informe incluye la adaptación de la PAC a cuatro objetivos centrales: (1) Proporcionar apoyo socioeconómico a los agricultores que más lo necesitan; (2) Promover resultados ambientales, sociales y de bienestar animal positivos para la sociedad; (3) Fortalecimiento de las condiciones propicias para las zonas rurales; (4) Creación de un Fondo de Transición para acelerar la transición hacia la sostenibilidad del sector.

En relación con el apoyo socioeconómico el informe señala expresamente que los ingresos medios de las explotaciones agrícolas siguen siendo bajos y muy volátiles, sobre todo para determinados sectores, territorios/regiones y tipos de explotaciones. Si bien el apoyo a la renta básica sigue siendo la medida de la PAC que cuenta con mayor dotación financiera, la mayor parte de este apoyo no está relacionado con las necesidades socioeconómicas. Por lo tanto, este apoyo a la renta debe estar mejor dirigido a los agricultores activos que más lo necesitan, no solo por razones de presupuesto público, sino también para reducir la carga administrativa y evitar consecuencias indeseables tales como el impacto sobre los precios de la tierra y los arrendamientos que encarecen la producción agrícola y dificultan el relevo generacional.

Así, continúa el informe señalando que, en el marco de su objetivo socioeconómico, la PAC debe proporcionar ayuda a los ingresos para determinados agricultores activos, pero de una manera mucho más y mejor focalizada. Dicho apoyo debe evitar el abandono de las explotaciones y garantizar que los agricultores puedan tener una renta decente prestando especial atención a las zonas con limitaciones naturales, pequeñas explotaciones, jóvenes agricultores, explotaciones mixtas y nuevas incorporaciones.

Con el fin de garantizar un apoyo eficaz a la renta, el informe señala la necesidad de abandonar los pagos por superficie y basarse en las necesidades de los agricultores. Señala el informe que la viabilidad del sistema adoptado debe garantizarse evaluando los mecanismos y criterios más apropiados para una mejor orientación del apoyo a la renta analizando aspectos tales como los mecanismos de redistribución, limitación, degresividad y elegibilidad, así como nuevos mecanismos de distribución inspirados en las políticas sociales. Dicha evaluación debería estar lista antes de finalizar la próxima reforma de la PAC 2028-2035 y el informe pide expresamente a los legisladores europeos que adopten esta reforma.

(**) Hacia una PAC más justa y eficaz. | Joaquín Olona (joaquinolona.com) 12 de mayo de 2016

El reto de una PAC simplificada, más justa y eficaz. | Joaquín Olona (joaquinolona.com) 28-01-2017

Construyendo la PAC del futuro. | Joaquín Olona (joaquinolona.com)  3-04-2017

El algoritmo del Gobierno de Aragón para compensar la renta en una nueva PAC. | Joaquín Olona (joaquinolona.com) 24-04-2017

El algoritmo para una PAC más social. | Joaquín Olona (joaquinolona.com) 22-05-2017

Asegurar la justa remuneración de los agricultores teniendo también en cuenta su contribución ambiental. | Joaquín Olona (joaquinolona.com) 30-08-2017

Simplificar y modernizar la PAC para hacerla más social y eficaz. | Joaquín Olona (joaquinolona.com) 26-10- 2017

La propuesta aragonesa para reformar la PAC en profundidad. | Joaquín Olona (joaquinolona.com) 31-05-2018

180525-00-Posición-de-la-Comunidad-Autónoma-de-Aragón-sobre-la-reforma-de-la-PAC.pdf (joaquinolona.com) 25-05-2018

Retos de la política agraria (I).

La regeneración política como punto de partida.

15 de agosto de 2024

Las políticas sectoriales, la agraria entre ellas, arrastran el problema de fondo que supone el descrédito provocado por la incoherencia y falta de rigor predominante en la acción política. Un problema agravado por la creciente falta de respeto al orden institucional y constitucional que demuestran tener quienes, desde las más altas responsabilidades políticas y gubernamentales, pretenden poner la ley al servicio de sus exclusivos intereses electorales, partidistas y personales. 

Descalificar a jueces y Tribunales invadiendo el ámbito jurisdiccional desde la política y desde el Gobierno, tal y como está ocurriendo en relación con Cataluña y con algún otro asunto, resulta tan intolerable como insoportable. 

La imperfección es un atributo que comparten todas las instituciones como obras humanas que son. También las vinculadas a los tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y la propia separación entre ellos. Una imperfección que en ningún caso justifica que ninguno de los poderes pretenda prevalecer sobre los otros. Por el contrario, lo que resulta exigible es el respeto mutuo entre quienes ejercen los poderes, que es la condición necesaria para que los mecanismos de corrección y compensación operen con eficacia ante la imperfección.

El descrédito y el bochorno provocado por el prófugo Puigdemont el pasado 8 de agosto con el obsceno insulto al Estado y a sus instituciones que ha puesto en ridículo a España y a los españoles ante el resto del mundo, tan sólo es la consecuencia más inmediata de la falta de respeto a la ley, a sus instituciones y a la separación de poderes.

La falta de respeto y burla aludidas atentan contra los fundamentos del Estado de derecho sobre los que se asientan la convivencia, la libertad y la propia democracia. Pero también es un grave impedimento para el desarrollo de las políticas sectoriales y el funcionamiento eficaz de la Administración Pública encargada de gestionarlas sobre la base del marco normativo que las fundamenta.

Es por ello que el desarrollo eficaz de la política agraria, al igual que el de las demás políticas públicas, depende de una verdadera regeneración política que modere el desenfrenado deseo de alcanzar y/o mantener el poder a cualquier precio, incluido el de no poder gobernar o hacerlo de manera tan precaria como haga falta.  Una regeneración de naturaleza necesariamente ética y estética que no parece estar en los propósitos, ni de unos, ni de otros.

Sin esa auténtica regeneración ética y estética de la práctica política, las políticas públicas enfrentan un futuro sombrío del que solo cabe esperar, en el mejor de los casos, el aumento de la ya elevada desafección política de la sociedad y, con ello, el agravamiento de los problemas ya existentes, que son los que configuran los retos específicos de la política agraria que me propongo analizar en artículos posteriores. 

Una PAC más justa.

Publicado en Agronegocios

Una PAC más justa. Artículo de opinión de Joaquín Olona Blasco. (agronegocios.es)

Una PAC más justa. Por Joaquín Olona Blasco

Zaragoza, 30 de mayo de 2024

La Política Agrícola Común (PAC) sigue teniendo un importante peso en la política comunitaria, al menos desde el punto de vista presupuestario, al tiempo que sigue siendo una de las pocas políticas estrictamente comunitarias respecto de la que los estados miembros tan solo juegan un papel subsidiario. La relevancia de la nueva configuración política del Parlamento Europeo, resultante de las elecciones del próximo 9 de junio, es por tanto incuestionable también desde la perspectiva agroalimentaria y rural.

Las protestas de los agricultores en absoluto deben confundir sobre la utilidad y necesidad de una política agrícola plenamente comunitaria para hacer frente a unos retos que como los de la seguridad alimentaria, la adaptación al cambio climático o la sostenibilidad ambiental tienen un carácter global y, por tanto, una dimensión claramente transnacional. Lo que ponen de manifiesto las protestas es que la política agraria comunitaria debe afrontar una profunda reflexión más allá de las medidas de “flexibilización” recientemente adoptadas.

Un primer ámbito de reflexión, de importancia capital, es la fuerte componente tecnocrática que caracteriza la PAC y de la que se deriva muy probablemente la excesiva carga burocrática de la que, con no poca razón, se quejan los agricultores. Las dos últimas reformas, tanto la de 2013 como la de 2020, iniciaron su andadura con el buen propósito de una “simplificación administrativa” que se tradujo en todo lo contrario. Sin embargo, la carga burocrática -hasta cierto punto inevitable en todo programa de ayuda pública- no es la peor consecuencia de la tecnocracia imperante en la PAC.

A juzgar por los hechos, y dejando al margen el detonante político ultraderechista y antieuropeo que trata de capitalizar el descontento del mundo agrario y rural, la peor consecuencia de la tecnocracia comunitaria es la imposición de criterios -supuestamente técnicos- que cuando deben ponerse a prueba se constata que no cuentan con el apoyo político ni social necesario derivándose como resultado la poco edificante respuesta de “la marcha atrás”.

Las dos últimas reformas, la de 2013 y la de 2020, no puede decirse que hayan sido un éxito precisamente. Lejos de contribuir a la mejora de la cultura ambiental de los agricultores y a un reparto de fondos más justo y eficaz, las medidas adoptadas -algunas de ellas carentes de sentido agronómico o impropias de una política agrícola- no han hecho otra cosa que frenar el apoyo preferente a quienes pretenden vivir realmente de la agricultura, así como alimentar la insolidaridad con el resto del mundo y el “antiambientalismo” hasta el punto de la vergonzante petición de la supresión de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Es cierto que la agricultura afronta importantes retos técnicos y tecnológicos que también involucran a la política agraria. También lo es que las decisiones políticas deben tener fundamento técnico. Pero nada de eso debe llevar a la grave irresponsabilidad de que la política institucional siga amparándose en la tecnocracia con tal de no pronunciare ante los retos fundamentales.

Por ejemplo, el papel que debe jugar el modelo familiar y profesional agrario y su preferencia o no en relación con la ayuda pública no es una cuestión técnica, lo es profundamente política. Es por ello que los partidos políticos y sus dirigentes deberían posicionarse con claridad sobre esta cuestión, así como sobre todas las necesarias para configurar una verdadera política agraria. Y no sólo deberían hacerlo con mucha más claridad, sino como mucha más seriedad, responsabilidad y respeto a la inteligencia. Porque la política agraria quizás no la necesite la agricultura como tal, pero es indispensable para la supervivencia de los agricultores y del mundo rural tal y como lo conocemos, así como para los consumidores que, obviamente, somos todos los ciudadanos.

La tecnocracia en ningún caso debe ser la fórmula de gobernanza de la PAC, ni de ninguna otra política pública. Primero y principal, porque es una anomalía en una sociedad verdaderamente democrática. Pero también, porque ha demostrado su ineficacia para hacer frente a los retos que en estos momentos afronta el mundo agrario y rural.

Las fórmulas vigentes de “cogobernanza” de la PAC, que dan cabida a la tecnocracia, deben evolucionar hacia una verdadera gobernanza donde cada cual ejerza el papel que su legitimidad le otorga. Y debe hacerse con la máxima urgencia si, entre otras razones, se quiere que el campo europeo, en vez de convertirse  en el principal reducto de los reaccionarios frente a la sostenibilidad y la justicia social, siga siendo una de nuestras señas de identidad al tiempo que granero y despensa segura y asequible para todos.

El apoyo a la agricultura familiar en Aragón, más aparente y retórico que real.

Publicado en Agronegocios 17-05-2024 Apoyo a la agricultura familiar en Aragón. Joaquín Olona Blasco (agronegocios.es)

El apoyo a la agricultura familiar en Aragón, más aparente y retórico que real. Por Joaquín Olona Blasco

Siempre he pensado, y afirmado, que el apoyo generalizado a la agricultura familiar es más aparente y retórico que real. Así lo demuestran los hechos, en particular la reciente confirmación por parte del Gobierno de Aragón (PP-VOX) del inicio del proceso de derogación de la Ley 6/2023 de protección y modernización de la agricultura social y familiar y del patrimonio agrario de Aragón, aprobada en febrero de 2023 por las Cortes de Aragón.

Por supuesto que la nueva mayoría política PP-Vox vigente en Aragón está en su derecho de modificar el marco legal de competencia autonómica. Lo que no resulta creíble, ni coherente, es derogar esta ley afirmando a la vez el apoyo a la agricultura familiar. Los propios argumentos con los que se trata de justificar la derogación delatan la contradicción, al tiempo que ocultan las verdaderas razones. Y me explico: no cabe cuestionar la legitimidad de la ley por el hecho de que se aprobara en las Cortes de Aragón por mayoría y no por una unanimidad, ya negada de facto antes de la tramitación parlamentaria.

Tampoco le resta legitimidad la oposición minoritaria del sector, representado por ASAJA y ARAGA -absolutamente radical desde que se anunció la intención de formular la ley-, frente al apoyo mayoritario del sector representado por UAGA-COAG y UPA.

Además, no es legítimo pretender negar las mayorías referidas, distorsionando los hechos o haciendo intervenir a agentes que no representan a los agricultores, sino a otros agentes.

Por si fuera poco, tachar la ley de “ideológica” resulta paradójico cuando la iniciativa de la derogación surge del ámbito político-partidista (PP-VOX). El argumento de que la ley supone una extralimitación autonómica carece de solidez, dado que el Estatuto de Autonomía de Aragón atribuye plenas competencias en materia de Agricultura, obligando a defenderlas y desarrollarlas.

La cuestión de inconstitucionalidad, planteada de hecho y como suele ser habitual ante toda ley autonómica por parte de la Administración General de Estado, quedó limitada a un reducido ámbito de cuestiones técnicas, ajenas a la esencia de la ley.

Afirmar, como se hizo, que la ley perjudica a los agricultores y ganaderos de Aragón y que se deroga en su beneficio equivale a decir que la mayoría de los agricultores y ganaderos aragoneses facturan más de un millón de euros anuales, algo que obviamente sólo puede afirmarse, salvo intenciones inconfesables, desde el más absoluto desconocimiento.

Decir también que la ley -de agricultura familiar- “define un modelo de agricultura caduco” deja muy claro cuál es la posición de quienes apoyan e impulsan la derogación de la ley, al tiempo que su incoherencia y contradicción, cuando a renglón seguido tratan de erigirse como los verdaderos y únicos defensores de los “agricultores” e incluso del propio modelo familiar.

De lo que no existe duda alguna, aunque nunca se mencione expresamente, es que lo que se quiere derogar en realidad es la preferencia del apoyo público al modelo familiar y profesional agrario frente a cualquier otra modalidad, que es lo que realmente constituye la esencia de la ley y, que como ya se ha dicho, sobre lo que no ha existido la más mínima cuestión de inconstitucionalidad.

Digo que no existe duda alguna sobre ello porque quienes desde el primer momento se opusieron de manera radical a la formulación de la ley, con el actual consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón y anterior representante de Asaja a la cabeza, siempre han manifestado que todas las modalidades de agricultura deben ser objeto de apoyo público. Una posición tan legítima y respetable como, a la vez, incompatible con un apoyo real al modelo familiar y profesional. Porque si todas las modalidades son objeto del mismo apoyo, entonces ¿en qué consiste exactamente el apoyo que se dice ofrecer al modelo familiar?

Razonamientos y razones

En más de una ocasión los escasos razonamientos expuestos para oponerse a esta ley han confundido – ya sea de forma premeditada, por falta de lectura y de reflexión, o por todo ello la vez- la protección y modernización del modelo familiar con una supuesta ley de agricultura general que, en ningún momento se pretendió hacer.

Es cierto que la ley hace referencia a cuestiones tales como el regadío, la concentración parcelaria, el patrimonio agrario de la Comunidad Autónoma, las cooperativas o la ganadería intensiva, pero lo hace en la medida que todas estas cuestiones resultan instrumentos determinantes para los objetivos de protección y modernización del modelo familiar y, sobre todo, cuando esos instrumentos se financian con fondos públicos.

La ley en modo alguno trata de impedir el desarrollo de otras modalidades de agricultura, en particular la de carácter corporativo. Lo que sí plantea con absoluta claridad, como ya se ha reiterado, es que la ayuda pública debe dirigirse de manera prioritaria al modelo familiar y profesional por las cinco razones que cito:

Porque el modelo corporativo tiene acceso a economías de escala, que son imposibles para el modelo familiar salvo que pierda dicho carácter;

porque el desarrollo del modelo corporativo, precisamente por su acceso a las economías de escala y a los fondos de inversión para el logro de sus objetivos de rentabilidad, no resulta razonable que se produzca a costa del presupuesto público;

porque la supervivencia del modelo familiar y profesional se encuentra gravemente amenazada, como lo demuestran los numerosos datos y análisis disponibles y atestiguan las movilizaciones de los últimos meses. ¿O es que acaso quienes se movilizan son directivos o trabajadores del modelo corporativo exigiendo mejoras salariales?

También porque toda la política de incorporación de jóvenes y de rejuvenecimiento del sector se centra exclusivamente en el modelo de agricultura familiar o profesional. ¿Resulta coherente este hecho con el de negar a continuación la prioridad de ayuda al modelo familiar y profesional?

Es más, el modelo familiar y profesional agrario, sin ser el más competitivo, ni tampoco seguramente el más eficaz ni el más eficiente, ni desde el punto de vista de la seguridad alimentaria ni desde el ambiental, sí que resulta esencial para la supervivencia del mundo rural, tal y como lo conocemos, así como para evitar el oligopolio alimentario al que tiende el modelo corporativo.

Por si no fuera bastante, la ley reconoce incluso la contribución que hace, y que debe seguir haciendo, el modelo corporativo en favor del modelo familiar, ya sea mediante la integración vertical dominante en la ganadería intensiva o mediante las cooperativas, en relación con la comercialización, la industrialización o la prestación de servicios.

La ley pretende evitar, sobre todo, que el modelo familiar acabe siendo expulsado de dichas modalidades corporativas, como ya ha ocurrido prácticamente en la cría porcina (“granjas de madres”) o en la producción de huevos.

Pero la ley también contempla el papel que juega el modelo familiar en relación con ambos sistemas corporativos, sobre todo como activo social ante el creciente rechazo del que es objeto la ganadería intensiva por parte de la opinión pública o el sombrío futuro que, en el mejor de los casos, cabe prever para las cooperativas si el modelo de agricultura familiar termina siendo irrelevante.

Es por esta última razón que me permito invitar a la reflexión a quienes desde uno y otro ámbito corporativo promueven o apoyan la derogación de la ley, ya que podría no ser tan dañina como piensan para sus propios intereses, admitiendo, por supuesto, que en toda ley siempre existe margen de mejora.+

Economía de la ganadería extensiva aragonesa.

24 de marzo de 2024

Si bien tan sólo aporta el 1,3% de la Producción Final Agraria aragonesa, la ganadería extensiva es una de las actividades agrarias más presentes en el debate político de la Comunidad Autónoma. Siendo bien conocido y apreciado su valor social, cultural y territorial es preciso conocer mejor las debilidades de su estructura económica que hacen imprescindible una ayuda pública cuya coherencia y eficacia es preciso mejorar.