La misión de la PAC es asegurar la alimentación de la población sin arrruinar a la agricultura ni a la industria alimentaria.

En España existen, más o menos, un millón de agricultores que producen, esencialmente, materias primas para la fabricación de alimentos. Para ello se requieren procesos bastante costosos y complejos que realizan unas 30.000 industrias agrarias. Los alimentos llegan finalmente a nuestros hogares a través de una distribución enormemente concentrada, pácticamente en poco más de una docena de grandes empresas, que dominan el mercado. A la vista de estos datos es fácil entender el desequilibrio de fuerzas que impera en el Sistema Agroalimentario, que es como se denomina al conjunto de actividades agrícolas, industriales y de distribución vinculadas a los alimentos.

La distribución manda y los demás, agricultores e industriales, obedecen. Particularmente en materia de precios. Pero la decisión de compra, es decir cuánto, qué, cómo, a cuánto y dónde, radica en el consumidor final, es decir en Vd. mismo. Nadie reconoce comprar los alimentos más baratos, pero los hechos del mercado no lo corroboran. Cuando no hay crisis, la alimentación compite con muchas otras cosas en las que gastar, y cuando la hay, la alimentación también se resiente porque hay menos para gastar. Las grandes cadenas de alimentación no fidelizan a su clientela vendiendo caro, sino entendiendo y satisfaciendo ese deseo imperante de comprar alimentos buenos y baratos; pero siendo buenos, cuanto más baratos mejor. En demasiadas ocasiones, el precio final, por muy elevado que parezca en relación con el percibido por el productor, no permite cubirir satisfactoriamente todos los costes, que son muchos, muchísimos. Producir alimentos, con el nivel de seguridad y de calidad que exigimos, y con la comodidad que deseamos, es enormemente costoso, que no es lo mismo que caro. Haga la prueba: compre un pollo vivo e intente asarlo; si lo consigue, comprobará lo que cuesta.

Para convertir los productos del campo en alimentos aptos para el consumo hacen falta una industria y una distribución avanzadas. Éstas no sólo requieren de materias primas sino también de otros materiales, energía, mano de obra, capital, conocimientos y tecnología. Por cierto, no es muy conocido que la alimentaria es la primera rama de la industria española, tanto en aportación al PIB como al empleo. Tampoco es muy conocida la escasa rentabilidad de esta rama, que es la más baja de toda la industria española.

Es muy conocido que los precios que pagamos aumentan enormemente en relación con los del campo. Por ejemplo, en el caso del tomate, ese aumento fue del 226% en 2008. Sin embargo, durante ese mismo año, el beneficio global asociado al tomate no sólo estuvo muy mal repartido entre agricultores, industriales y comerciantes, sino que no fue el que pudiera parecer. Según los datos del Observatorio de Precios de los Alimentos del MARM fue, concretamente, de 16 céntimos por cada € pagado por el consumidor final. Y conviene saber que fue uno de los productos con mayor margen de beneficio global de entre los controlados por el Observatorio. Los hay con beneficio prácticamente nulo para el conjunto de la cadena, como es el caso de la carne de porcino o el  aceite de oliva, o incluso negativo, como es el caso de la pera.

Producir alimentos, llevándolos del “campo al plato”, cuesta dinero, mucho dinero, en realidad más del que quieren pagar unos, y más del que pueden pagar otros. Éste es uno de los problemas de fondo de la agroalimentación y, a su vez, una de las razones que justifica la aplicación de políticas públicas en todo el mundo, sobre todo en los países avanzados. Es una de las justificaciones esenciales, o debería serlo, de la Política Agrícola Común (PAC) de la U.E. que, tras medio siglo de vigencia, aborda una nueva reforma en profundidad. Esperemos que no pierda de vista su misión esencial, que no es otra que asegurar la adecuada alimentación de la población sin arruinar, del todo ni definitivamente, a la agricultura ni a la industria alimentaria.

En España existen, más o menos, un millón de agricultores que producen, esencialmente, materias primas para la fabricación de alimentos. Para ello se requieren procesos bastante costosos y complejos que realizan unas 30.000 industrias agrarias. Los alimentos llegan finalmente a nuestros hogares a través de una distribución enormemente concentrada, pácticamente en poco más de una docena de grandes empresas, que dominan el mercado. A la vista de estos datos es fácil entender el desequilibrio de fuerzas que impera en el Sistema Agroalimentario, que es como se denomina al conjunto de actividades agrícolas, industriales y de distribución vinculadas a los alimentos.

La distribución manda y los demás, agricultores e industriales, obedecen. Particularmente en materia de precios. Pero la decisión de compra, es decir cuánto, qué, cómo, a cuánto y dónde, radica en el consumidor final, es decir en Vd. mismo. Nadie reconoce comprar los alimentos más baratos, pero los hechos del mercado no lo corroboran. Cuando no hay crisis, la alimentación compite con muchas otras cosas en las que gastar, y cuando la hay, la alimentación también se resiente porque hay menos para gastar. Las grandes cadenas de alimentación no fidelizan a su clientela vendiendo caro, sino entendiendo y satisfaciendo ese deseo imperante de comprar alimentos buenos y baratos; pero siendo buenos, cuanto más baratos mejor. En demasiadas ocasiones, el precio final, por muy elevado que parezca en relación con el percibido por el productor, no permite cubirir satisfactoriamente todos los costes, que son muchos, muchísimos. Producir alimentos, con el nivel de seguridad y de calidad que exigimos, y con la comodidad que deseamos, es enormemente costoso, que no es lo mismo que caro. Haga la prueba: compre un pollo vivo e intente asarlo; si lo consigue, comprobará lo que cuesta.

Para convertir los productos del campo en alimentos aptos para el consumo hacen falta una industria y una distribución avanzadas. Éstas no sólo requieren de materias primas sino también de otros materiales, energía, mano de obra, capital, conocimientos y tecnología. Por cierto, no es muy conocido que la alimentaria es la primera rama de la industria española, tanto en aportación al PIB como al empleo. Tampoco es muy conocida la escasa rentabilidad de esta rama, que es la más baja de toda la industria española.

Es muy conocido que los precios que pagamos aumentan enormemente en relación con los del campo. Por ejemplo, en el caso del tomate, ese aumento fue del 226% en 2008. Sin embargo, durante ese mismo año, el beneficio global asociado al tomate no sólo estuvo muy mal repartido entre agricultores, industriales y comerciantes, sino que no fue el que pudiera parecer. Según los datos del Observatorio de Precios de los Alimentos del MARM fue, concretamente, de 16 céntimos por cada € pagado por el consumidor final. Y conviene saber que fue uno de los productos con mayor margen de beneficio global de entre los controlados por el Observatorio. Los hay con beneficio prácticamente nulo para el conjunto de la cadena, como es el caso de la carne de porcino o el  aceite de oliva, o incluso negativo, como es el caso de la pera.

Producir alimentos, llevándolos del “campo al plato”, cuesta dinero, mucho dinero, en realidad más del que quieren pagar unos, y más del que pueden pagar otros. Éste es uno de los problemas de fondo de la agroalimentación y, a su vez, una de las razones que justifica la aplicación de políticas públicas en todo el mundo, sobre todo en los países avanzados. Es una de las justificaciones esenciales, o debería serlo, de la Política Agrícola Común (PAC) de la U.E. que, tras medio siglo de vigencia, aborda una nueva reforma en profundidad. Esperemos que no pierda de vista su misión esencial, que no es otra que asegurar la adecuada alimentación de la población sin arruinar, del todo ni definitivamente, a la agricultura ni a la industria alimentaria.

Publicado por J. Olona en Heraldo de Aragón (20-02-2011)