Por Joaquín Olona. Zaragoza, 24 de junio de 2018.

La Política Agrícola Común (PAC) se centró inicialmente en la regulación de los precios y mercados relativos a determinadas producciones, que evolucionaron en favor del ámbito continental (cereales, leche, carne de vacuno, azúcar y otros) frente a las de carácter mediterráneo (frutas y hortalizas, vino, aceite u ovino).

El fracaso de este enfoque fue tempranamente anticipado en 1968 por el propio padre de la PAC (Sicco Mansholt),  quien se dio cuenta de que los graves problemas estructurales de los que adolecía la agricultura europea (insuficiente dimensión de las explotaciones, carencias formativas de los agricultores o falta de canales de comercialización, entre otras)  hacían que la política de precios y mercados, aplicada a sectores específicos, fuera ineficiente y generase desequilibrios. Para afrontarlo propuso equiparar las rentas agrarias y compensar las desventajas geográficas. Sin embargo, el Plan Mansholt fue objeto de un enérgico rechazo por parte de los agricultores y tuvo que retirarlo

Aunque tímidamente, la evidencia del problema estructural hizo aparecer el apoyo para afrontarlo. Finalmente pudo consolidarse el actual Segundo Pilar destinado al desarrollo rural que, de todos modos, siempre ha sido el pariente pobre de la PAC. Pero sin que el sistema agroalimentario haya resuelto, ni mucho menos, sus graves problemas estructurales, la Reforma de la PAC ahora propuesta por el Comisario Hogan plantea un recorte presupuestario inadmisible para el desarrollo rural que debilita, todavía más, las medidas destinadas verdaderamente a la mejora estructural agroalimentaria.

Es  cierto que la nueva Reforma contempla expresamente la mejora de la renta de los agricultores con independencia del sector productivo al que pertenecen, entendiendo que la insuficiencia e inestabilidad de la renta agrícola es el reflejo sintético del problema estructural. Sin embargo, la propuesta reglamentaria de la Comisión Europea, manteniendo los pagos disociados por hectárea con la posibilidad de aplicarlos en función de referencias históricas así como una amplia gama de ayudas asociadas a determinadas producciones, mantiene todavía un importante enfoque sectorial que limita gravemente la mejora estructural de la que depende, particularmente, el futuro de la agricultura familiar.

El reto estructural planteado por el modelo familiar agrícola del que, en gran medida, depende  a su vez el futuro de nuestro mundo rural, debe abordarse en términos esencialmente transversales y con una especial sensibilidad social. Con carácter general, no deben ser los sectores quienes reciban la ayuda procedente de la PAC. Tampoco las hectáreas, ni las cabezas de ganado. La ayuda deben recibirla los agricultores. Y deben hacerlo en función de sus dificultades de renta y de su grado de dependencia agrícola teniendo en cuenta, además, su contribución a la mejora estructural en función de la productividad y de la dimensión económica de las explotaciones así como de la producción de bienes públicos de naturaleza ambiental y social.