Por Joaquín Olona. Zaragoza, 18 de febrero de 2017.

Cuando Franklin Delano Roosvelt (1882-1945) llega a la presidencia de los Estados Unidos (1933), la nación se encuentra al borde del abismo. Las tormentas de polvo (Dust Bowl), un desastre ambiental prologado, entre 1930 y 1939, y  causado por el efecto combinado de la sequía y las malas prácticas agrícolas, agravaron los efectos de la Gran Depresión de 1929. Las malas cosechas devaluaron las tierras y el caos del sistema financiero llevaron a la banca rota a los agricultores de las Grandes Llanuras, que no pudieron hacer frente a sus hipotecas. Los  efectos se hicieron sentir en todo el mundo.

El Presidente Roosvelt ( 1933-1945) promete «esfuerzos concretos para aumentar el valor de los productos agrícolas» y su administración, bajo la dirección del Secretario de Agricultura Henry A. Wallace, aprueba en 1933 la Agricultural Adjustment Act (PL 73-10) dando origen con ello a lo que desde entonces se conoce como Farm Bill. Nace así la política agrícola moderna, orientada al apoyo de las rentas agrícolas al tiempo que se asegura el abastecimiento de alimentos a la población, que sustituye a la vieja política de Reforma Agraria basada en la distribución de la tierra. La Política Agrícola Común (PAC) no aparece hasta 1962, casi 30 años más tarde que la Farm Bill.

En 1933, dar dinero directamente a los agricultores no era una opción en los Estados Unidos ya que habría sido visto como una política socialista. La solución que se adoptó fueron los precios de garantía. En 1936, el impuesto que financiaba la Farm Bill de 1933, aplicado al procesamiento de las materias primas, fue declarado inconstitucional por beneficiar a los agricultores y perjudicar a todos los demás. Sin embargo, la transferencia de dinero a los agricultores para conservar el suelo, en base a la Ley de Conservación del Suelo de 1935 (PL 74-46,) no había sido impugnada por los tribunales y permitió renovar la Farm Bill en 1936 mediante la Soil Conservation and Domestic Allotment Act (PL 74-461).

La Farm Bill de 1936 pretendía “asegurar la protección de la tierra contra la erosión del suelo y otros fines”. Los “otros fines” eran elevar el poder adquisitivo de los agricultores. La población, tras el Dust Bowl y el trabajo de H.H. Bennett, era sensible a la conservación del suelo y los analistas consideraron que esta conservación era de interés público y que, por lo tanto, debía ayudarse con fondos públicos a que los agricultores la llevasen a cabo (Helms, 2003). La nueva política agrícola había arraigado.

La Farm Bill ha tenido continuidad desde su creación en 1933 si bien ha pasado por diferentes fases en relación con su apoyo presidencial y parlamentario. Así, por ejemplo, el presidente Ronald Reagan (1981-1989) afirmaba que “Si el dinero pudiera resolver el problema agrícola, los Estados Unidos lo habrían resuelto hace tiempo”.  El presidente George Walker Bush (2001-2009) vetó la Farm Bill en 2008 por considerar excesiva la ayuda aplicada a los agricultores y excesivos los riesgos de demanda por parte de la Organización Mundial de Comercio (OMC). La mayoría de 2/3 del Congreso permitió superar el veto presidencial. El presidente Barak Hussein Obama (2009-2017), en octubre de 2013, declaraba que ”Deberíamos aprobar la Farm Bill, de la que los agricultores de América dependen, que protege de la necesidad a niños y adultos vulnerables, y que ofrece a las comunidades rurales oportunidades de crecimiento así como las certezas que a largo plazo merecen.“  Obama tuvo dificultades para obtener la aprobación la nueva Farm Bill  de 2014 por parte del  Congreso. Habiendo finalizado la prórroga de la  Farm Bill de 2008 en septiembre de 2013 no pudo aprobarse para el  nuevo periodo 2014-2018 hasta febrero de 2014.

Casi nada de lo que configura la PAC puede considerarse verdaderamente original. Como se ha  visto, no es original en su creación. Pero tampoco lo es ni en su desarrollo ni en su evolución que, a juzgar por los hechos, parece verse fuertemente influida por la Farm Bill pero con efecto retardado. Así Estados Unidos abandonó la politica de precios y mercados a partir de 1985; la Unión Europea no lo hace hasta 1992 con la Reforma MacSharry. La Farm Bill introduce el apoyo a la retirada de tierras agrícolas de la producción  en 1956 para abandonarlo en 1996. La PAC adoptó esta política entre 1988 y 2008. Los programas agroambientales como tales fueron introducidos por la Farm Bill en 1985 mientras que la PAC no los adopta hasta 1992. Ni siquiera los Programas de Desarrollo Rural introducidos por la PAC en 1988 son una aportación europea ya que la Farm Bill los aplica desde 1970. La Farm Bill  2014-2018, aprobada casi al mismo tiempo que la Reforma de la PAC de 2014, elimina completamente los pagos directos desacoplados introducidos en 1996 aplicando nuevas fórmulas de apoyo a las rentas y gestión de riesgos basadas en ingresos de referencia y seguros agrarios. Por el contrario la PAC refuerza y consolida los pagos directos desacoplados, introducidos en 2003.

Sólo el enfoque socio-estructural propuesto por Mansholt en 1968, que fue enérgicamente rechazado por los agricultores europeos, junto con el sistema de seguros agrarios introducidos en España  mediante ley de 1978,  tomada como referencia en todo el mundo, pueden considerarse aportaciones europeas verdaderamente originales a la política agrícola moderna.

Podría decirse que la PAC, que ahora aborda el debate sobre su futuro, debe decidirse entre dos opciones alternativas:

• Seguir copiando, con retraso, las herramientas de la Farm Bill. En tal caso no es difícil pronosticar el final de los pagos directos desacoplados y, con ello, el de los derechos históricos en los que se basa la PAC. Es más difícil pronosticar cuál será la evolución de la Farm Bill, sobre todo teniendo en cuenta las dificultades políticas que ha tenido que superar durante la última década sí como el confuso panorama introducido por Donald Trump.
• Apostar por un enfoque original, no por ser original sino para asegurar la coherencia con  nuestras condiciones socio-territoriales y estructurales, que nada tienen que ver con las de los Estados Unidos. En este caso el sistema de pagos directos desacoplados, basado en derechos históricos, también es rechazable puesto que, entre otros motivos, impide cambiar las cosas.