Joaquín Olona en la apertura del III Foro por la Sostenibilidad del Pirineo. Sallent de Gállego (Huesca), 4 de octubre de 2016.
La sostenibilidad, en su triple dimensión económica, social y ambiental, también debemos entenderla como un reto ético en la medida que afecta a las personas.
La despoblación es, sin duda, el principal factor de la insostenibilidad de las zonas rurales y, especialmente, en las zonas de montaña. Obedece a una dinámica difícil de combatir dada la tendencia demográfica global a favor de las ciudades determinada, a su vez, por el empleo y los servicios. Esta tendencia justifica y exige la aplicación de políticas públicas en favor de la sostenibilidad de las zonas rurales y, en particular, de las zonas de montaña atendiendo a sus características específicas que condicionan y limitan su accesibilidad, la actividad económica y la oferta de servicios.
Todas las políticas públicas deben implicarse en el desarrollo rural, que es el marco político desde el que afrontar los retos sociales, económicos y ambientales que plantean las zonas de montaña. La educación y la sanidad así como las acciones en favor de la igualdad y la lucha contra la discriminación son determinantes.
No obstante, hay que hacer referencia a la PAC, que sigue siendo la primera política comunitaria si atendemos al presupuesto. Una política que viene demostrando su ineficacia e inequidad, sobre todo e su aplicación en España donde la reciente Reforma dejó todo igual (de mal) que estaba.
La ganadería extensiva, que es la que ha modelado el paisaje y la cultura pirenaica, viene siendo maltratada por la PAC como consecuencia de los derechos históricos, el desacoplamiento y los nuevos pagos por hectárea. También por la perversión que implica considerar el cebo intensivo de vacuno como ganadería extensiva. La regresión ganadera determina pérdida de pastos con consecuencias ecológicas preocupantes que afectan a los incendios y al régimen hidrológico como consecuencia de los cambios del uso del suelo así como a la pérdida de actividad económica.
Para combatir estas y otras anomalías es imprescindible cambiar la PAC en profundidad tal y como proponemos desde el Gobierno de Aragón. También es preciso una mayor y más decidida apuesta en favor del enfoque territorial de su Segundo Pilar dedicado al desarrollo rural, especialmente de las zonas de montaña tal y como ya hemos hecho este año en Aragón duplicando el importe de las Indemnizaciones Compensatorias en dichas zonas. También es preciso mejorar las medidas agroambientales, cuya aplicación debe priorizarse en favor de las zonas de más alto valor natural que, por lo general, tienen mucho que ver con las zonas de montaña y, sobre todo, con los espacios naturales protegidos. Unos espacios donde es preciso potenciar la participación de la población local así como el papel de la Administración que debe adaptarse al escenario social, económico y político vigente. Una adaptación que también es un factor relevante de sostenibilidad.