Ponencia presentada en la Jornada «Retos y oportunidades de la nueva regulación fitosanitaria» organizada por la Alianza Agroalimentaria Aragonesa. Zaragoza, 19-10-2014.

Es preciso que todos los agentes, pero muy especialmente las Organizaciones Profesionales Agrarias, tomen más conciencia sobre los retos y oportunidades que plantea la nueva regulación fitosanitaria así como del papel que ellas mismas deben desempeñar en su gobernanza. Porque es mucho lo que está en juego con ella, sobre todo la salud de la población.

La nueva regulación fitosanitaria es fruto de la transposición de la Directiva Europea sobre uso sostenible de plaguicidas y , en esencia, se traduce en la obligación de adoptar, por parte de los agricultores, la Gestión Integrada de Plagas (GIP) en sus explotaciones.

La sanidad vegetal también es un bien económico, es decir, algo bueno pero escaso siendo, por tanto, deseable que sea objeto de una gestión eficiente. Pero el problema (o virtud) es que, como ocurre con otros muchos recursos agrarios, no es un bien estrictamente privado. Nadie puede blindar su cultivo frente a las plagas y enfermedades en las que influye mucho, positiva y negativamente, lo que hacen o dejan de hacer los vecinos. Tampoco es un bien propiamente público porque si lo fuera no existiría rivalidad en el consumo de recursos fitosanitarios. Se trata de un bien de naturaleza común (commons en inglés) lo mismo que internet, la wikipedia, el cambio climático o el agua de riego. Los comunes son por tanto de la máxima actualidad aunque en nuestro idioma (comunes o comunales) rememoran muy equivocadamente ideas del pasado.

La eficiencia económica de los bienes comunes no se obtiene mediante la aplicación exclusiva de las herramientas de mercado. Si la GIP fuera un recurso «comercial», las grandes empresas multinacionales del sector ya lo habrían resuelto y la realidad es que la solución dista mucho de estar al alcance de la mano. La aplicación de las herramientas del estado, por sí mismas, tampo garantizan el uso eficiente de los recursos comunes. Si lo hiciesen, los prinicipios de la GIP se estarían aplicando desde el mismo día cuya aplicación se declaró obligatoria, siendo obvio que no es así.

El logro de la eficiencia en el uso de los recursos comunes exige la acción colectiva de los interesados (Ostrom, E.) siendo determinante la cooperación (Nash, J.). En el caso de la sanidad vegetal las ATRIAS, implantadas con éxito desde hace más de 25 años en Aragón, son las instituciones que responden a las condiciones deseables de acción colectiva y cooperación.

Defender la continuidad y mejora del modelo basado en las ATRIAS resulta determinante para una buena gestión de la sanidad vegetal y sería lamentable perderlo para tener que reinventarlo. Por ello es imprescindible el apoyo político del propio sector, es decir, de las Organizaciones Profesionales Agrarias. También es preciso que el resto de los agentes del sector (cooperativas, distribuidores privados, fabricantes, técnicos, etc.) apoyen el sistema y colaboren activamente en su defensa y mejora cumpliendo cada cual el papel que le corresponde. Además, resulta esencial el apoyo técnico, administrativo y financiero público sin el cual, el sector por sí mismo, será incapaz de sostener las ATRIAS ni ofrecer ninguna otra solución. En particular, en el caso de Aragón, esto se traduce en apoyar expresamente al Centro de Sanidad y Certificación Vegetal, cuya actuación, incluidos los fondos que gestiona para el apoyo de las ATRIAS, resulta imprescindible.