Cooperar es esencial para afrontar los retos de competitividad que imponen los mercados y su globalización. Pero también para que las soluciones, además de eficientes, resulten justas y respondan a las exigencias de equidad y sostenibilidad en su triple dimensión económica, social y ambiental.
El Tercer Congreso Nacional de Desarrollo Rural, bajo el lema “Cooperar para competir”, se ha llevado a cabo durante los pasados 15, 16 y 17 de Febrero en Zaragoza, en el marco de la 37ª Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA). El éxito alcanzado por FIMA, con más de 1.200 firmas de todo el mundo y más de 210.000 visitantes, ha puesto de manifiesto la vitalidad del sector y el interés de los agricultores por mejorar la agricultura y su competitividad a través de la innovación tecnológica.
Promovido por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, desde la independencia que le otorga su autonomía financiera y que le exige su naturaleza pública, pluralidad y ausencia de ánimo de lucro, con este Congreso, junto con otras actividades que lleva a cabo, el Colegio pretende contribuir a la mejora de la valoración social y de la atención política que el mundo rural y la agroalimentación merecen, y que no siempre tienen. Para ello el Colegio considera necesario que deben redoblarse los esfuerzos de actuación y de comunicación para que los líderes sociales, los políticos y los gobernantes, pero sobre todo la opinión pública, adquieran una mayor y mejor conciencia de la importancia, también económica, que tiene el campo.
La tercera edición del Congreso, bajo el lema “Cooperar para competir” ha contado con el apoyo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, la del Gobierno de Aragón así como la de de otras importantes entidades públicas y privadas.
El enfoque del Congreso ha estado inspirado en la contribución de la Premio Nobel de Economía Elinor Ostrom, que lo obtuvo en 2009 por demostrar que, en ciertos casos, son los propios usuarios quienes mejor y más eficazmente administran los recursos. Ella afirma: “Espera, los mercados pueden fallar pero las soluciones del gobierno podrían no funcionar”. La orientación del Congreso también se ha basado en otras cuatro ideas esenciales. La primera, que la agricultura es un pilar esencial de la economía rural, pero sobre todo, que es la base de la alimentación y, por tanto, de la salud y del bienestar. La segunda, que el futuro de la agricultura y del mundo rural está en manos de los ciudadanos, que son quienes, como consumidores y votantes, terminan decidiendo. La tercera, que el mundo rural y la agricultura no es un lastre para la economía, sino un factor real de crecimiento económico y empleo. Y la cuarta, que la agricultura y el desarrollo rural son esenciales para afrontar los grandes retos y desafíos globales relacionados con la seguridad alimentaria, con la energía y con los ciclos naturales, particularmente los del agua de del carbono.
Las ponencias han sido coordinadas y expuestas por 31 expertos en los diferentes ámbitos tratados y han estado seguidas por unos 200 asistentes representando a los diferentes actores y agentes sociales, económicos, políticos y técnicos. Todos ellos han analizado cómo contribuir, a través de la cooperación, a la mejora de la competitividad territorial, al logro de una cadena alimentaria más eficiente y justa, al acceso a los mercados exteriores, a la extensión de los beneficios de las grandes multinacionales proveedoras de insumos agrarios, a la resolución de conflictos y uso eficiente del agua y para que la investigación se traduzca en innovación.
El Congreso se ha traducido en un importante caudal de ideas y propuestas que en estos momentos se analizan con el fin de obtener las conclusiones definitivas, en un proceso abierto a todos los ponentes y asistentes.
No obstante, el Congreso ha puesto de manifiesto que la cooperación, en su sentido más amplio, resulta esencial para afrontar los retos de competitividad que imponen los mercados y su globalización. Pero también para que las soluciones, además de eficientes, resulten justas y respondan a las exigencias de equidad y sostenibilidad en su triple dimensión económica, social y ambiental.
Los expertos han puesto de manifiesto que son los mercados internacionales, crecientemente globalizados, quienes terminan juzgando la competitividad de las naciones, de las regiones, de los territorios y de las empresas. Pero que son los ciudadanos quienes terminan decidiendo sobre las políticas de los gobiernos, de las instituciones y de las empresas.
El Congreso ha puesto sobre la mesa que la cooperación resulta particularmente imprescindible para la gestión de los recursos que, por su carácter público, como es el caso de la biodiversidad o del paisaje, o comunal, como es el agua, no responden a las leyes del mercado. Su asignación y gestión, para que resulte eficiente y justa, en vez de buscarse a través de los mecanismos de competencia, debe lograrse a través de la concertación, el acuerdo y la negociación.
Pero la cooperación, también entendida en sentido amplio, resulta imprescindible para avanzar hacia una verdadera sociedad y economía del conocimiento. Porque ninguna entidad, pública ni privada, nacional o multinacional, por grande y poderosa que sea, es capaz por sí misma, y de forma aislada, de generar ni obtener, mediante la investigación, todo el saber necesario ni, mucho menos, transferirlo, difundirlo y aplicarlo eficazmente para que se traduzca en innovaciones viables, sostenibles y útiles para la sociedad.
Se ha mostrado que la cultura de la cooperación, y la participación de todos los agentes en la misma, favorece la prevención y la resolución de conflictos demostrándose que conduce a resultados más sólidos y estables que las soluciones basadas en mayorías políticas. Pero también más rápidos y baratos que las que proporciona el sistema judicial.
Se ha llamado la atención sobre la necesidad de que las políticas públicas, particularmente las cofinanciadas con Fondos Europeos, favorecezcan e impulsen, con más eficacia y ambición, la cooperación. Para ello se ha propuesto introducir los incentivos necesarios, favorer su institucionalización y potenciar la aplicación del principio de subsidiariedad, es decir, propiciar que cada ámbito asuma con responsabilidad y eficacia todo lo que le es propio.
En unos momentos en los que, felizmente, empieza a admitirse la necesidad de la existencia de una verdadera Política Agraria Nacional que vaya más allá del mero reparto de subvenciones que supone la PAC, ojalá que la cooperación sea tomada en cuenta y aplicada por todos los agentes y actores implicados con el enfoque y espíritu que ha sido tratada en el Congreso.
Publicado por J. Olona en Agronegocios (24 Febrero-2 Marzo ’12).