Porque, aun siendo una vieja receta, muchas de las soluciones a los problemas del sector agroalimentario y del mundo rural pasan por cooperar más y mejor, con menos complejos y restricciones y con más eficacia y decisión.
Las nuevas propuestas estratégicas y reglamentarias de la Comisión Europea parecen consolidar la idea de que la contribución más visible y explícita al Desarrollo Rural se haga desde la Política Agrícola Común (PAC). También de que dicho desarrollo siga estando al servicio de la mejora y adaptación del sistema agroalimentario y del sector forestal, no de forma exclusiva, pero sí muy significativa.
Podrían exponerse argumentos de distinta naturaleza y alcance a favor y en contra del enfoque adoptado. Por ejemplo, que el Desarrollo Rural, que se justifica en base al artículo 174 del Tratado de la UE, tiene mejor encaje conceptual en el marco de la Política de Cohesión Económica, Social y Territorial regulada por dicho artículo que en el de la PAC, regulada por los artículos 38 a 44. Hay quienes interpretan que, con la fórmula adoptada, el Desarrollo Rural detrae recursos de la Política Agrícola propiamente dicha, aplicándolos a otros objetivos y sectores ajenos a la agricultura. También hay quienes opinan lo contrario; es decir, que se restan recursos de la Cohesión para aplicarlos a la Política Agrícola. Y también hay quienes opinan que la ubicación del Desarrollo Rural en la Política de Cohesión, tal como ocurrió entre 1990 y 2006, reduce su visibilidad y, también, su operatividad.
Sin embargo, las políticas públicas están, o deberían estarlo, para establecer prioridades y asignar recursos escasos en función de las necesidades y preferencias de la sociedad. Las soluciones adoptadas, las posibles, sabemos que difícilmente pueden ser del gusto de todos. Pero sí que deben contar con un apoyo mayoritario. Lo importante, pues, y por lo que hay que felicitarse en primer término, es por el hecho de que la UE siga impulsando y apostando por una política de desarrollo rural. También por el hecho de que, como es el caso de la PAC, dicho impulso y apuesta incluya la voluntad de avance hacia un escenario mucho más democrático y mucho menos tecnocrático. Porque la legitimidad de una política pública difícilmente puede alcanzarse de otro modo. Que la política de desarrollo rural se enmarque en una política que, como la PAC, ya ha adoptado el nuevo sistema de codecisión, aporta indudables garantías y ventajas. Eso sí, siempre y cuando el Parlamento Europeo, depositario directo de la voluntad de los europeos, desempeñe verdaderamente, y con eficacia, la función que le corresponde.
Si la cooperación es una práctica deseable y recomendable para cualquier ámbito y actividad, lo es más, si cabe, en el ámbito rural y agroalimentario. El medio rural, y las actividades y servicios que ubica, suelen caracterizarse por el pequeño tamaño. La fragmentación y falta de masa crítica, que suelen ser características consustanciales a la propia naturaleza de las actividades y de los servicios en el mundo rural, dificultan de modo determinante la respuesta a las exigencias de productividad y competitividad.
Como consecuencia de nuestro devenir histórico, de nuestra cultura y también de los principios de libertad que rigen nuestra convivencia, España cuenta con un sistema de producción agraria fragmentado en más de millón y medio de explotaciones. Naturalmente, la dimensión económica media resultante es muy pequeña impidiendo, incluso, el mantenimiento de una Unidad de Trabajo Anual (UTA). La escasez de tamaño también se manifiesta en un subsector agroindustrial constituido por más de 30.000 establecimientos cuya cifra media anual de negocio no alcanza los tres millones de euros. Este panorama contrasta con la existencia de una distribución alimentaria hiperconcentrada en poco más de una docena de grandes empresas, con facturaciones unitarias de miles de millones de euros.
En el ámbito agroalimentario la cooperación no es una novedad, ni mucho menos. Pero no por tratarse de una vieja receta carece de interés. Todo lo contrario. Siendo una herramienta eficaz para afrontar los problemas de fragmentación y escala, tan sólo ha llegado a desarrollar una mínima fracción de todo su enorme potencial. Ni el subempleo de algunos de los recursos que utilizan y en el que en muchas ocasiones incurren las explotaciones agrarias, ni las enormes dificultades impuestas por el mercado han propiciado una cooperación más intensa y de mucho mayor alcance de los agricultores españoles entre sí. La acentuación de los mismos problemas tampoco se ha traducido en más cooperación entre las industrias agrarias, que tampoco cooperan entre sí todo lo que podrían y deberían, atendiendo a su reducida dimensión. La cooperación entre uno y otro sector, es decir, entre la agricultura y la agroindustria, resulta todavía más limitada si cabe siendo una acción siempre propuesta y reivindicada para afrontar los desequilibrios, tanto los territoriales como los de la cadena alimentaria. Una cadena que reparte muy mal entre sus eslabones los esfuerzos y beneficios asociados al valor añadido que genera.
Pero es que en el ámbito agroalimentario la cooperación, por limitada y restrictiva lo es incluso en su conceptuación e interpretación. Habitualmente, en la práctica y en dicho ámbito, la cooperación suele vincularse, de forma biunívoca, a una determinada y concreta fórmula jurídico-empresarial: las cooperativas. Ni siquiera otras fórmulas de cooperación suelen identificarse como verdadera cooperación; la vertical sin ir más lejos, a la que denominamos “integración” y que nunca ha gozado de un apoyo público comparable al ofrecido al mundo de las cooperativas. Pero la cooperación no es patrimonio ni práctica exclusiva de ningún objetivo ni tipo particular de organización. No es preciso que existan objetivos “sociales”, como es el caso de las cooperativas, para que pueda y deba llevarse a cabo la cooperación. La cooperación, en sí misma, tampoco es incompatible con el “ánimo de lucro” ni en absoluto lo impide. La aplicación de la cooperación es una buena práctica abierta a todo tipo de fines, entidades, organizaciones y sectores que, de hecho, la aplican; tanto más, y con mayor eficacia, cuanto más desarrollados y avanzados. Porque cooperar, y hacerlo bien, es un proceso complejo y un objetivo difícil de alcanzar.
Que el Fondo Europeo Agrícola para el Desarrollo Rural (FEADER), como se desprende de las primeras aproximaciones normativas apueste por un enfoque amplio de cooperación para la próxima programación 2014-2020, es una buena noticia. Además de los pertenecientes a la cadena agroalimentaria y al sector forestal, incluye entre los actores de la cooperación, como no debería ser de otro modo, a todos aquéllos que contribuyan a los objetivos y prioridades del desarrollo rural. Incluye así a las empresas privadas, con independencia de su naturaleza jurídica, aunque limitando las ayudas a las microempresas y a la Pymes. Prevé la creación de clústeres y redes, el desarrollo de proyectos piloto así como el establecimiento y funcionamiento de los llamados “Grupos de Productividad y Sostenibilidad Agrícola”, que habrá que esperar para ver qué se pretende exactamente que sean y hagan. Hace referencia expresa a la cooperación horizontal, y también la vertical, para el establecimiento de plataformas logísticas y actividades en el contexto local dirigidas a promover y desarrollar el acortamiento de las cadenas de suministro y de los mercados locales. También considera la implementación de estrategias de desarrollo, distintas de las del enfoque Leader, y en particular mediante partenariados público-privados.
No estando en discusión la necesidad y utilidad de la cooperación, sí que hay que valorar muy positivamente toda iniciativa que ayude a interpretarla, incentivarla y extenderla, aplicando los incentivos económico-financieros apropiados, en toda su verdadera dimensión y sin limitarla a los enfoques excesivamente restringidos tradicionalmente aplicados. Porque, aun siendo una vieja receta, muchas de las soluciones a los problemas del sector agroalimentario y del mundo rural pasan por cooperar más y mejor, con menos complejos y restricciones y con más eficacia y decisión.
El verdadero reto de la cooperación está en lograr unas mejores y más intensas relaciones entre el campo y la ciudad, entre la empresa y la universidad, entre los conocimientos y su aplicación, entre los grandes y los pequeños, entre los que producen y los que consumen, entre los que compran y los que venden y, en general, entre todos los que compiten entre sí y con otros. Porque la competencia, que es tan necesaria y beneficiosa como imperfecta en los mercados reales, no debería excluir, en ningún caso, la cooperación, que no es otra cosa que aúnar esfuerzo e inteligencia para lograr fines comunes. Unos fines que, si son de verdadero interés general, normalmente sólo sulen resultar alcanzables con elevadas dosis de cooperación.
Publicado por J. Olona. Agronegocios, 7-13 de octubre de 2011.