Es preocupante lo poco o nada que ha avanzado Aragón en capacidad para resolver los conflictos de asignación del agua.
En diciembre de 1995 este mismo autor colaboró en un artículo, de este mismo periódico, titulado “Diez años para terminar los regadíos”. Recogía las esperanzas suscitadas por un Plan Nacional de Regadíos que, tras importantes recortes, preveía ampliar el regadío aragonés en 67.776 Ha hasta 2005. Aunque las expectativas del momento hacían que la cifra pareciera escasa, el artículo advertía del reto financiero que representaba. Pero sobre todo, destacaba la necesidad de lograr un consenso amplio ante la imposibilidad de abordar la tarea desde una sola instancia pública, desde un único nivel administrativo, desde un único sector y desde una sola opción política.
En Aragón, desde la misma Preautonomía, los sucesivos Departamentos de Agricultura han dedicado ingentes esfuerzos, que esperemos continúen, para ampliar el regadío. Pero lamentablemente, los frutos han sido escasos y las modestas 67.776 Ha se han quedado en la mitad. Sólo en Monegros II todavía hay 27.000 Ha pendientes de ejecución, todas ellas con proyecto y declaración de impacto ambiental aprobados. Sí se han cumplido en cambio, y al pie de la letra, las exigencias ambientales. Unas exigencias que nadie parece verse obligado a justificar que generan beneficios reales superiores a los costes sociales y económicos ocasionados.
En España, del Plan Nacional de Regadíos, Horizonte 2005, se pasó al del Horizonte 2008. Tras sucesivos “Planes de Choque”, se ha llegado a la “Estrategia Nacional para la Modernización Sostenible de los Regadíos, Horizonte 2015”, aprobada en marzo último por el Congreso de los Diputados. Un oscuro proceso en el que los nuevos regadíos, tras excluirse de la financiación comunitaria, han terminado por excluirse también de la planificación nacional. Los regadíos nunca gustaron en Bruselas; y en Francia mucho menos.
Pero seguramente, lo más preocupante es lo poco o nada que ha avanzado Aragón en capacidad y habilidad para resolver los conflictos de asignación del agua y de los recursos naturales en general. Porque conviene saber que la asignación eficiente de los recursos públicos, como la biodiversidad, o de los de carácter comunal, como el agua para riego, sólo puede lograrse a través del consenso, la negociación y la concertación entre todos los agentes interesados. Ni el mercado, ni la ciencia, ni la técnica pueden resolver el problema por sí mismos.
Como consecuencia de una extraña combinación de intereses, pero muy lejos del consenso y del acuerdo mínimo deseable, la política nacional de regadíos presta excesiva atención a una determinada y muy concreta idea de ahorro de agua, impuesta por quienes persiguen aumentar los caudales de los ríos y se oponen a los embalses. Una opción ideológica totalmente legítima, pero que no parece ser el fundamento más apropiado de una política de regadíos razonable.
Que el uso del agua debe ser eficiente y sostenible no es cuestionable. Pero ¿qué quiere decir eso exactamente? En realidad, nadie lo sabe ¿Quién o quiénes deciden lo que es más eficiente y sostenible? Ningún grupo social, ni ideología en particular tiene legitimidad bastante para hacerlo. A lo que debemos aspirar, salvo fraude, es a alcanzar soluciones concertadas, negociadas y consensuadas entre todos los interesados, sin olvidar que quienes, legítimamente, aspiran a desarrollar su territorio regando, también son interesados.
Limitar la política de regadíos a modernizar los ya existentes, excluyendo la creación de otros nuevos, por mucho que se haga bajo el pretexto de ahorrar agua, es cuestionable. Y lo es muy particularmente en Aragón. Porque no es cierto que el único objetivo que justifica la modernización sea ni deba ser el ahorro de agua. Y porque, en nuestro contexto, es más que discutible, no sólo que pueda reducirse el volumen total de agua utilizado por la agricultura, sino que convenga hacerlo.
El nuevo rumbo de productividad y competitividad tomado por la Política Agrícola Común (PAC) abre nuevas esperanzas para una política de regadíos más coherente eficaz. Pero de poco servirá si en Aragón no se avanza de modo que los pactos del agua sean mucho más que simple retórica y papel mojado.
Publicado por J. Olona. Heraldo de Aragón (9-10-2011)